Continuar la lucha para defender los puestos de trabajo y unos servicios públicos de calidad es más necesario que nunca
El miércoles 29 de diciembre, se aprobó la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, derivada del RD 14/2021, más conocida como “Icetazo”, y que ha concretado el acuerdo firmado por CCOO, CSIF y UGT con el Gobierno del Estado.
Esta Ley castiga a una parte de quienes, mayoritariamente jóvenes y mujeres, a pesar del abuso, llevamos años demostrando nuestro mérito y capacidad y, a pesar de todo, hemos hecho funcionar la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios de empleo y prestaciones, etc., durante toda la pandemia de la Covid-19, que, por cierto, aún no ha acabado.
Las medidas recogidas sobre el papel contra la temporalidad, como la indemnización al personal temporal en fraude, la limitación de la temporalidad a 3 años o el facilitar la estabilización de quienes lleven más de 5 años en fraude, dejando fuera al resto, no soluciona en absoluto el problema.
Es más, libera de responsabilidad a las diferentes Administraciones, verdaderas culpables del fraude en la temporalidad. Con este “ERE” encubierto, en el mejor de los casos se estabilizarán plazas, no personas trabajadoras, creando temporales de primera y de segunda.
A quienes somos temporales de segunda, mayoritariamente jóvenes y mujeres se nos exige, aun llevando tiempo demostrando nuestro mérito y capacidad, que nos sometamos a un proceso selectivo sin garantías y que prostituye el principio de igualdad en el acceso al empleo público.
Una vez más, los sectores más precarios del sector público, junto a la población a la que atendemos, pagaríamos los platos rotos de una Administración pública mal gestionada y orientada a su privatización, favoreciendo a empresas y entidades privadas que se lucran a costa de nuestras necesidades.
Las huelgas generales y movilizaciones de este año en el sector público en defensa de los puestos de trabajo y de unos servicios públicos de calidad han forzado la mejora de algunos de estos aspectos, pero sigue siendo completamente insuficiente. La carga de trabajo va a recaer en su totalidad, en gran medida, sobre las espaldas de nuestros compañeros fijos, machacando su salud, empeorando la atención al público que prestamos y retrasando, aún más si cabe, la aprobación y pago de prestaciones sociales.
Esto siempre y cuando no se privaticen servicios directamente, como ya se está haciendo, especialmente aquellos que garantizan una vida digna a la clase trabajadora, y que, como consecuencia, van a destruir empleo público y a empeorar la calidad de los servicios que prestamos.
La Administración y la dirección de los sindicatos mayoritarios han tratado de dividir a la plantilla, pero ahora, además, se separa de esta norma marco a los sectores más precarios, sanidad y educación. Se comprueba que no tienen interés real en solucionar los problemas y que no quieren perder sus lucrativos negocios en la preparación de oposiciones.
Con la nueva Ley, se hace un llamamiento al sálvese quien pueda, segregándonos generacionalmente y dejando la pelota en el tejado de cada Administración para que decida cómo va a reducir su temporalidad. Esto significa que no se garantizan los puestos de trabajo, que no se garantizan unas condiciones laborales mínimas, que no se garantiza el desarrollo profesional, que no se garantiza la conciliación y que no se garantiza un funcionamiento mínimamente eficiente de los servicios públicos. La puerta a los recortes y las privatizaciones nunca ha estado más abierta y viene de la mano del Gobierno del PSOE y UP, el “más progresista de la historia”.
Desde Sindicalistas de Izquierda vamos a continuar luchando, junto a todas las organizaciones de clase, colectivos, trabajadores y usuarios en defensa de los puestos de trabajo, contra las privatizaciones y en defensa de unos servicios públicos de calidad. En consecuencia, teniendo en cuenta la magnitud del problema y lo que nos estamos jugando decenas de miles de trabajadoras y trabajadoras, así como millones de usuarias y usuarios, proponemos la elaboración de un plan de lucha que ponga en el centro de sus reivindicaciones la defensa de los servicios públicos y que unifique las demandas del personal fijo y del temporal, de quienes opositan por primera vez y de la población a la que atendemos diariamente.
Un plan de lucha que defienda la reversión de todos los servicios privatizados, que tienen que ser devueltos a la gestión pública, manteniendo los actuales puestos de trabajo, y creando los nuevos puestos necesarios para ofrecer un servicio de calidad. Y, como reivindicación esencial, que exija la fijeza inmediata de todas y todos los temporales de las Administraciones Públicas, sin ninguna excepción.
Este plan de lucha tiene que ser difundido en todos nuestros centros de trabajo y debatido y aprobado en asambleas. Sólo así podemos ganar esta lucha.
Contra la privatización ¡LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!
Contra la precariedad en el sector público ¡FIJEZA YA!
