La privatización y los recortes sociales que se vienen aplicando hace muchos años en todo el Estado han alcanzado en la Comunidad de Madrid, después de décadas de Gobiernos del PP, un desarrollo y extensión especialmente lacerantes. Con Ayuso como presidenta, la falta de recursos en los servicios públicos y el nivel de control de empresas privadas de prestaciones sociales básicas han experimentado un notable impulso.
Con la concesión a empresas privadas de la gestión de servicios sociales esenciales —sanidad, educación, atención a personas sociodependientes, actividades deportivas, etc.—, en un porcentaje cada vez mayor, el Gobierno de la CAM transfiere miles de millones de euros de dinero público a los empresarios. Y mientras la patronal se lucra escandalosamente y su cuenta de resultados alcanza cotas astronómicas, la calidad del servicio es más deficiente y las condiciones laborales de los profesionales no dejan de deteriorarse.
Los testimonios de trabajadores y trabajadoras que reproducimos a continuación ilustran muy gráficamente los nefastos resultados de esta política privatizadora.
En el sector de limpieza hospitalaria, al que yo pertenezco, estamos saturados, con una clamorosa falta de trabajadores. Además, el poco personal que contratan no tiene experiencia y tampoco le dan una formación. La formación corre de nuestra cuenta, lo que conlleva retraso en nuestras funciones porque tenemos que explicarles y formarlos para todo lo que es el trabajo de limpieza. Creo que hay que parar esto, no podemos seguir como hasta ahora, callados y poniendo en bandeja al PP la vía de la privatización de los servicios públicos. Creo que ahora es más que necesario una huelga general y que volvamos a estar en la calle como en la manifestación del día 13, donde se demostró que si nos unimos tenemos fuerza.
La privatización del sector de la atención a personas con discapacidad ha traído consigo la drástica reducción de la calidad del servicio en todos sus aspectos, tanto en la alimentación de las y los usuarios como en la atención psicológica, educativa y asistencial, etc. También ha supuesto una escandalosa degradación de las condiciones laborales de los profesionales que atendemos a las y los usuarios en residencias, centros ocupacionales, especiales de empleo, de atención temprana y de día.
Las empresas reciben cuantiosas cantidades de dinero a través de los conciertos económicos, recursos que solo repercuten en engordar los suculentos beneficios de la patronal del sector, mientras el servicio prestado y las condiciones laborales siguen degradándose.
Seguimos en la lucha por recuperar la titularidad y la gestión pública y directa de estos y todos los servicios sociales, por el incremento de las plantillas y por unas condiciones de trabajo dignas.
¡Solo movilizándonos juntos, con otros sectores, podremos frenar los ataques y revertir las privatizaciones que ponen en riesgo el nivel de vida de los y las trabajadoras y el de los y las usuarias y sus familias!
Según cifras oficiales, el 52% de los médicos y otros facultativos de Atención Especializada del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) somos temporales, pero sabemos que no son cifras reales pues diversas modalidades de contratos precarios no contabilizan como estructurales. El SERMAS ha obstruido la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de una temporalidad ilícita, ley que confiere más peso a los méritos profesionales y antigüedad que las habituales oposiciones con exámenes eliminatorios. Nuestro futuro laboral queda supeditado a la superación de alguno de los procesos selectivos convocados. La mitad de los especialistas de Madrid seremos desplazados, perdiéndose la continuidad asistencial y desmantelándose servicios y equipos de trabajo. Esto repercute en la calidad asistencial: no somos intercambiables. El pasado 10 de mayo nos vimos forzados a convocar una huelga indefinida tras meses de protesta. A día de hoy, no se han cumplido los compromisos adquiridos por parte de la Consejería.
