El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una pesadilla para la clase obrera. No es solo ya una emergencia social que pone de manifiesto las brutales contradicciones de este sistema, que ahoga a millones de jóvenes y trabajadores en un pozo de empobrecimiento y ansiedad. Es también el mecanismo que facilita un trasvase formidable de plusvalía y que está configurando una parte esencial de la acumulación de las rentas más altas del estado español e internacional. Una expresión del parasitismo capitalista que aplasta nuestras condiciones de vida.
El cinismo y la complicidad de todos los poderes públicos, incluyendo a los partidos del régimen del 78, la judicatura, las fuerzas policiales y los medios de comunicación con este robo a mano armada es, sencillamente, nauseabunda. La votación del pasado 28 de abril en el congreso de los diputados, en la que PP, Vox y Junts unieron sus fuerzas para tumbar el decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler y contener parcialmente las subidas de precios, ha dejado a 2,7 millones de inquilinos a merced de los caseros rentistas, de los bancos y de los fondos buitres que dominan el mercado inmobiliario. Pero esta votación no ha sido una sorpresa para nadie.
Sabemos muy bien que la derecha no tiene ningún interés en defender el derecho de la clase obrera a una vivienda digna, sino que allí donde gobiernan, como en la Comunidad de Madrid, son los mayordomos de una oligarquía inmobiliaria que está transformando la geografía urbana de manera despiadada.
El Madrid del PP mira a Miami, y paso a paso se transforma en la capital de los multimillonarios latinos, estadounidenses, europeos, españoles… que se han apoderado de las partes céntricas y nobles de la capital, metiendo sus garras en los barrios más próximos a este vértice de oro para gentrificarlos y elevar el negocio hotelero, hostelero, y de las viviendas turísticas a lo más alto. Las consecuencias son evidentes: la expulsión de decenas de miles de familias a un extrarradio que también se somete a los dictados del mercado.
Pero Madrid no solo es un modelo para los territorios donde la derecha gobierna. Lo mismo sucede en aquellas ciudades donde el PSOE controla de la gestión municipal. Y la causa de ello es evidente: el Gobierno más “progresista de la historia” no tiene la menor intención de enfrentarse a los poderes económicos que están haciendo el negocio del siglo con la vivienda. Y esto es tan evidente, que incluso en el momento de la votación del decreto de prórroga los ministros de Sumar se encontraron en una absoluta soledad en sus asientos del banco azul. Pero eso también lo sabían de antemano Yolanda Díaz y sus colegas.
El paripé era un clamor. La ausencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de la ministra de Vivienda durante el debate puso en evidencia que todos ellos daban por asumida la derrota, con la que el PSOE se encontraba muy a gustito: le propocionaba la coartada para seguir culpando a la derecha de su nula voluntad de acabar con la peor crisis de la vivienda de la historia.
Lo ocurrido era la crónica de una muerte anunciada: cuando Pedro Sánchez decidió dividir en dos decretos las medidas para “paliar” los efectos económicos de la guerra de Irán, por un lado las rebajas fiscales para las grandes multinacionales de la energía y del petróleo, y por otro la prórroga extraordinaria de los alquileres y la limitación de las subidas de rentas, la decisión no fue ningún despiste, sino un plan consciente para sacar adelante la agenda que beneficiaba a los capitalistas, y blindar a los caseros rentistas. Algo tan evidente que incluso El País publicaba, el 20 de marzo, que PSOE y Sumar asumían que el decreto de alquileres “presumiblemente” sería rechazado.
Rentismo y acumulación inmobiliaria: el nuevo orden del capitalismo español
La vivienda se ha convertido en un mercado especulativo de primer orden con el que bancos, fondos de inversión, grandes empresarios y amplios sectores de la pequeña burguesía se está lucrando a manos llenas. Hablamos de un pilar central del proceso de acumulación capitalista en el Estado español. Los datos no pueden ser más claros.
Según refleja la estadística publicada por la Agencia Tributaria correspondiente a 2025, los ingresos a través de las rentas de capital (beneficios económicos, intereses, dividendos y ganancias obtenidas por la tenencia o venta de activos) han alcanzado máximos, superando ya los 100.000 millones de euros anuales.
Lo significativo del informe es que desagrega estas rentas en tres grandes segmentos y clarifica el asunto: el capital mobiliario (intereses de cuentas bancarias y depósitos, los seguros o los rendimientos de los bonos) que generó ingresos por valor de 31.500 millones; las rentas inmobiliarias por el alquiler de viviendas, que supusieron unas ganancias de casi 35.000 millones (un 8% más que el año anterior); y las ganancias patrimoniales (beneficios que surgen cuando se vende, dona o intercambian bienes, como viviendas, por un valor superior al de la compra), que este año han supuesto 41.600 millones de euros, una subida del 32%.
Es decir, los ingresos procedentes de la especulación inmobiliaria están aumentando desorbitadamente gracias a un trasvase de plusvalía formidable. Actualmente, los trabajadores y trabajadoras destinamos de media el 51,38% de nuestro salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, pero este porcentaje supera el 100% del sueldo en ciudades como Madrid o Barcelona según un informe elaborado por los analistas de pisos.com, tomando como referencia un salario bruto medio de 2.531,04 euros mensuales. Sin embargo, teniendo en cuenta que un 37% de los trabajadores cobra el SMI e incluso menos, 1.424,50 € brutos al mes, la realidad supera por mucho estos datos.
Millones de trabajadores no solo sufren la explotación en sus centros de trabajo, donde generan beneficios estratosféricos para las empresas, sino que después ven cómo la parte del león de su salario vuelve a ser absorbida por esos mismos empresarios, y por otros como ellos, que dominan impunemente el mercado del alquiler. El rentismo se ha convertido en un mecanismo tan eficaz de acumulación de riqueza, que solo con topes contundentes al precio de los alquileres, con la expropiación de los caseros rentistas, bancos y fondos de inversión, y con la creación de un parque de vivienda pública, universal y asequible, se podrá dar la vuelta a la tortilla.
Para entender por qué decimos esto, citaremos los datos que se han publicado en diferentes medios. Los compañeros de El Salto, en una crónica del 23 de abril, escribían:
“Los pequeños caseros que tienen tan sólo una vivienda en alquiler no llegan ni a cuatro de cada diez propiedades del total alquiladas. En concreto, tan sólo el 39% de las viviendas alquiladas pertenece a caseros con una sola propiedad, frente a un 61% que se encuentra en las manos de particulares con dos o más viviendas, personas jurídicas (empresas y fondos) o entidades públicas. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega un informe publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el CSIC, elaborado a partir del Panel de Hogares de 2023 (…)
Si dejamos los pequeños caseros de una vivienda a un lado, las cifras del informe muestran que más de la mitad del alquiler gestionado por particulares en España está en manos de multiarrendadores, es decir, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas. En concreto, la cifra asciende al 52,8%, por lo que, citando el informe, la figura del pequeño casero no es la predominante en nuestro país: más de la mitad del mercado de particulares está controlado por caseros que tienen dos o más viviendas en alquiler’ (…)
Según los datos obtenidos por el informe y elaborados por el CSIC, entre 2016 y 2023 el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1.900.883 a 2.570.845 propiedades. Pero, ‘este aumento no estuvo impulsado principalmente por pequeños caseros con una sola vivienda, sino por multiarrendadores con carteras más amplias’, explica el documento. La realidad es que los caseros con varias viviendas aumentaron su parque en un 39,9%, frente al 30,4% que aumentó el de los pequeños caseros que tan sólo obtienen una renta de una sola casa alquilada, una diferencia de casi diez puntos”[1]
En otro magnífico artículo escrito por Alejandra Martínez Velasco podemos leer:
“El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha avisado por carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, propietarios de aproximadamente 100.000 viviendas en alquiler, de la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los contratos de sus inquilinos que expiran entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027 y que así lo soliciten. Sin embargo, ni la información publicada en los medios ni el propio Gobierno aclara cuáles son estas empresas que acumulan un porcentaje significativo de las viviendas en alquiler en el Estado español (…)
Los datos de Civio indican que 737 empresas o grupos empresariales acumulan al menos 50 viviendas alquiladas en once comunidades autónomas; entre todos, superan los 178.000 alquileres (…) La mayoría de estas entidades son inmobiliarias (604 de las 737 empresas que suman más de 87.100 contratos de alquiler), sin embargo, quienes más viviendas acumulan son, “con mucha diferencia”, fondos de inversión estadounidenses (16 fondos con casi 32.200 viviendas en alquiler) y bancos (15 bancos con unas 40.500 casas alquiladas) (…)
Según los datos recopilados por Civio, CaixaBank es el mayor casero de España. CaixaBank es el arrendador de los inquilinos que viven en aproximadamente 22.000 viviendas alquiladas en 11 comunidades autónomas (…) A CaixaBank le sigue Blackstone. El fondo de inversión estadounidense es el segundo mayor rentista de las 11 comunidades analizadas al tener alquiladas unas 19.600 viviendas, a través de 27 filiales. De ellas, más de 13.000 están localizadas en la Comunidad de Madrid, donde es el mayor arrendador privado.
A distancia le sigue la compañía estadounidense de capital inmobiliario CBRE, con 8.096 viviendas alquiladas, el fondo de inversión Cerberus, con cerca de 7.000, y el Banco Santander con 5.001 casas en alquiler. Más abajo aparecen el fondo TPG Capital, con casi 1.700, Ares Management, Lone Star y Goldman Sachs, también estadounidenses…”.[2]
Intervenir el mercado del alquiler y construir vivienda pública: sí se puede, pero no quieren
Qué estamos ante la mayor crisis de la vivienda de las últimas décadas nadie lo discute, pero lo grave es que esta crisis no se ha agudizado bajo un Gobierno de derechas, sino con los encabezados por Pedro Sánchez y del que han formado parte desde 2019 diferentes formaciones a su izquierda, desde Podemos, a Sumar, Izquierda Unida, Los Comunes etc…
En estos ocho años de gobiernos “progresistas” no solo no se han tomado medidas efectivas para romper con la burbuja especulativa de los alquileres, intervenir el mercado, construir vivienda pública o prohibir realmente los desahucios por ley, sino que el negocio en torno a la vivienda se ha seguido fortaleciendo a costa del sufrimiento cada vez más insostenible de millones de jóvenes y trabajadores.
Que con Ejecutivos supuestamente de izquierda la construcción de vivienda pública haya colapsado, lo dice todo. ¡Basta ya de demagogia! Sus políticas capitalistas y su respeto reverencial por las leyes del mercado nos han llevado a esta situación: en 2023 se construyó la ridícula cifra de 8.847 viviendas de protección oficial en todo el Estado español; en 2024 fueron 14.371, y entre enero y septiembre de 2025 se iniciaron 11.567, un 6,4 % menos que en el mismo período de 2024. Estas cifras son un completo escándalo y una condena de las políticas gubernamentales.
Mientras millones destinamos nuestros salarios al pago de alquileres abusivos que enriquecen a una minoría. hay decenas de miles de viviendas que se han convertido en pisos turísticos de los que se obtiene una rentabilidad rápida y sustanciosa. Es decir, que no falta vivienda. Lo que sobra es especulación y parasitismo. Las viviendas existen, pero son utilizadas como mercancías al servicio de los beneficios privados y no de las necesidades sociales.
Ese es el problema de gobernar no para la base social que les aupó a La Moncloa, sino para los grandes bancos, los fondos buitre, las inmobiliarias y esos sectores de la pequeña burguesía que se han incorporado plenamente a esta lógica especulativa y que están completamente escorados hacia la derecha y la extrema derecha.
Huelga general para conquistar el derecho a la vivienda pública y universal
La política del Gobierno del PSOE y Sumar no puede explicarse simplemente como falta de valentía o incapacidad. Estamos ante una decisión política consciente. En ningún momento han querido enfrentarse seriamente a la banca, los fondos de inversión y los grandes propietarios inmobiliarios. Porque intervenir realmente el mercado de la vivienda significaría atacar una de las fuentes de ganancia fundamentales del capitalismo español. Y eso es precisamente lo que este Gobierno se niega a hacer, aunque eso signifique ir en contra de su base social.
Desde Izquierda Revolucionaria lo decimos claro: necesitamos un programa que apunte al corazón de este mercado especulativo y ponga el derecho universal a la vivienda pública, gestionada directa y democráticamente por sus inquilinos y organizaciones, por delante del lucro de los rentistas. Un programa que debe incluir, entre otras, las siguientes medidas:
1.-Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de bancos, fondos buitre, especuladores y caseros rentistas para que, junto con las que están bajo el control de la Sareb, se pueda constituir un parque público de más de 2 millones de viviendas para alquiler social y que este alquiler no sobrepase el 20% del SMI.
2.-Que estas viviendas públicas, por ley, no puedan ser enajenadas ni volver al mercado privado.
3.-Este parque de vivienda pública universal debe estar bajo control y gestión democrática de los inquilinos y los sindicatos, asambleas y colectivos de la vivienda implicados en la lucha.
4.-Establecer un tope inmediato a todos los alquileres, estipulando un máximo por metro cuadrado, que suponga una rebaja inmediata del 50% en la media de los precios actuales.
5.-Establecimiento de contratos indefinidos de alquiler que protejan a los inquilinos e impidan las subidas especulativas. Prohibición de todo tipo de cláusulas abusivas, con sanciones ejemplares a los caseros infractores.
6.-Expropiación sin indemnización del suelo urbano y urbanizable en manos de fondos de inversión, bancos y especuladores inmobiliarios.
7.-Expropiación de las grandes inmobiliarias y empresas de la construcción y creación de una red estatal de empresas públicas de la construcción en todos los territorios, bajo control obrero.
8.-Prohibición del alquiler turístico o de temporada en zonas con déficit habitacional.
9.-Prohibición real de los desahucios por ley.
10.-Autodefensa vecinal y obrera contra los escuadristas fascistas de Desokupa y su negocio inmobiliario.
Pero ninguna de estas medidas vendrá de la mano de acuerdos parlamentarios ni de negociaciones de despacho. La historia nos ha enseñado que nunca nos han regalado ningún derecho, todos los hemos conquistado con la lucha organizada.
Por eso necesitamos levantar un plan de movilizaciones que transformen el movimiento de la vivienda en la punta de lanza de un conflicto social de envergadura. No es suficiente convocar una gran manifestación anual, ni huelgas de alquileres dispersas. La obligación de los sindicatos de inquilinas y de la vivienda, y de todos los movimientos sociales y organizaciones que participamos en esta lucha, es impulsar una campaña masiva para que todos los sindicatos de clase convoquen una HUELGA GENERAL que paralice el país, y que ponga como reivindicación central un plan de choque de construcción de dos millones de viviendas públicas, en alquiler social y en las condiciones que antes hemos señalado, y la rebaja del 50% de los precios medios de los alquileres de manera inmediata.
Las movilizaciones de masas que hemos protagonizado estos últimos años —en defensa del pueblo palestino, frente al sionismo y las guerras imperialistas, levantando la bandera antifascista, cada 8M defendiendo un feminismo de clase y combativo—, o la rebelión sindical que estamos viviendo estas semanas en las huelgas educativas y de profesores en el País Valencià, Catalunya, Aragón, en la huelga indefinida de las educadoras infantiles de 0-3, en el metal gaditano contra las listas negras, en las luchas del metal en Pontevedra… demuestran la fuerza gigantesca de la clase trabajadora.
Una fuerza que ya comprobamos en las decenas de manifestaciones por el derecho a la vivienda que recorrieron el año pasado todos los rincones del Estado español, que marcaron la necesidad de una huelga de alquileres y que hicieron temblar a miles de rentistas parásitos e inmobiliarias. Las lecciones de ese gran movimiento nos interpelan para dar un nuevo paso al frente.
Solo así, extendiendo los métodos de nuestra clase, con un programa socialista y reivindicaciones claras, unificando el movimiento y golpeando con una huelga general a los especuladores, a la banca y a los diferentes Gobiernos responsables y cómplices, lograremos conquistar el derecho a una vivienda digna, pública y universal.
[1] El 61% de las viviendas en alquiler están en manos de multipropietarios y personas jurídicas
[2] ¿Qué 13 caseros privados acumulan 100.000 viviendas en alquiler en el Estado español?
