El 25 de enero el ministro de Trabajo hacía públicas las cifras de paro facilitadas por el Servicio Público de Empleo (SPEE), que se sitúan en 3.923.603. Esta cifra supone un 16% de paro, y un aumento del 25% respecto al año 2008. Al margen de las declaraciones lamentables de Corbacho, que expresaba su satisfacción porque el desempleo "creciera más despacio", la realidad es que estos datos suponen por sí mismos un auténtico drama para millones de trabajadores, que se ven privados del único recurso de que disponen para poder vivir dignamente: un puesto de trabajo.

El 25 de enero el ministro de Trabajo hacía públicas las cifras de paro facilitadas por el Servicio Público de Empleo (SPEE), que se sitúan en 3.923.603. Esta cifra supone un 16% de paro, y un aumento del 25% respecto al año 2008. Al margen de las declaraciones lamentables de Corbacho, que expresaba su satisfacción porque el desempleo "creciera más despacio", la realidad es que estos datos suponen por sí mismos un auténtico drama para millones de trabajadores, que se ven privados del único recurso de que disponen para poder vivir dignamente: un puesto de trabajo.
Sin embargo, ni siquiera estos datos desorbitados reflejan la realidad sobre el desempleo en el Estado español. Tras la última reforma de febrero de 2008 introducida por el anterior ministro de Trabajo, Caldera, el informe, que se hace a partir de los trabajadores registrados en el Inem, excluye de las listas a numerosos colectivos. Por ejemplo, los DENOS (Demandantes de Empleo No Ocupados) no son considerados parados a efectos de su contabilización. ¿Quiénes se ocultan tras esta enigmática denominación? Entre otros muchos, todos aquellos que requieran trabajo por un periodo inferior a tres meses o 20 horas semanales, quienes cursen estudios reglados y sean menores de 25 años (aunque estén inscritos como demandantes de empleo) o aquellos de más edad pero que aún busquen su primer empleo. También los que hagan cursos formativos (aunque sean los ofertados por el Inem) salen de las listas, al igual que los que cobran el subsidio agrario. Y por último, todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), ya sea temporal o de extinción (éstos son considerados Demandantes de Empleo Ocupados).
Con todas estas triquiñuelas para restar parados como sea, no es de extrañar que estas cifras difieran en más de 400.000 personas con las que ha presentado la última Encuesta de Población Activa (EPA), hecha pública el viernes 29 de enero. Según ésta, el año 2009 terminó con 4.326.500 parados. Esta cifra supone en torno al 19% de paro. La EPA considera "parado" a todo aquel que se encuentre sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente trabajo durante la semana anterior a la realización de la encuesta, por lo que sus conclusiones se acercan mucho más a la realidad. Aún así, la EPA no tiene en cuenta a aquellos parados (casi siempre de larga duración) que no "buscan activamente empleo", porque han perdido toda esperanza de conseguirlo, al menos en este periodo, con lo que la cifra real de parados aún sería superior.
Lo que es innegable es que el desempleo es, en este momento, el mayor peligro para los trabajadores, y que su tasa no ha dejado de aumentar desde que comenzó la actual crisis económica. Además, hay que tener en cuenta que no es lo mismo la velocidad a la que se destruye empleo (casi dos millones de parados más en dos años) que el ritmo al que éste se crea en una hipotética recuperación económica. Por tanto, lo que parece claro es que los trabajadores tenemos por delante largos años de ataques, retrocesos y sacrificios, a menos que pasemos a la ofensiva, defendiendo con firmeza nuestros intereses y necesidades y obligando a que las direcciones de nuestros sindicatos no continúen como hasta ahora, mirando para otro lado como si la cosa no fuera con ellos.