El pasado 4 de enero el Ministerio de Trabajo resolvió el ERE presentado por la multinacional Roca después de seis meses de movilizaciones, negociaciones truncadas y de que empresa y sindicatos no llegaran a ningún acuerdo. En lo esencial el gobierno da la razón a la multinacional y permite despedir a 504 trabajadores, que podrán llegar a ser 629 y, además, suspende a otros 200 compañeros durante un año, hasta febrero de 2011. En defensa de la empresa, el gobierno alega que ésta no cerrará ninguna de las tres plantas (Gavà, Alcalá de Henares y Alcalá de Guadaira). Esta decisión es una vergüenza: el gobierno se pone del lado de los poderosos y permite que el grupo Roca se salga con la suya dejando en la calle a los trabajadores. Esta sentencia demuestra que la posición del gobierno con los EREs no es "objetiva" ni "neutral", ni es un árbitro entre las partes.
Tras la marcha a Madrid organizada por los sindicatos de Roca el pasado 28 de noviembre, el comité de empresa no tenía que haber dejado las manos libres al gobierno, confiando en una resolución que defendiera a los trabajadores. Aprovechando el éxito de la movilización, tenían que haber intensificado la presión para dejarle claro al gobierno que no se iba a consentir ni un solo despido. No fue así y el gobierno pudo emitir un dictamen sin notar la presión de la movilización. Por ejemplo, los sindicatos podrían haber convocado una huelga general que paralizara las tres localidades afectadas para recabar el apoyo de la clase obrera de Gavá, Alcalá de Henares y Alcalá de Guadaira, y de esta manera llegar a la base social del PSC y PSOE y presionar a su dirección.
Uno de los argumentos señalados por el gobierno para dar la razón a la empresa ha sido precisamente la posición de los dirigentes de CCOO y UGT ante los EREs (fundamentos del derecho, tercero, 4º): "(...) se aprecia por parte de los citados representantes el entendimiento y consideración de las causas del expediente, aún cuando no muestran su conformidad con los términos de las medidas definitivas planteadas". Éste ha sido un factor central en toda la lucha de Roca. Los dirigentes de CCOO y UGT han aceptado la lógica implícita en los EREs, que es la de que los trabajadores tenemos que pagar un precio por la crisis, en vez de ofrecer un plan contundente de lucha.