La lucha sirve: primera victoria tras un año de movilización jornalera. El gobierno rebaja de 35 a 20 las peonadas necesarias para solicitar el subsidio compensatorio en Andalucía y Extremadura. Una medida positiva pero insuficiente.

La lucha sirve: primera victoria tras un año de movilización jornalera. El gobierno rebaja de 35 a 20 las peonadas necesarias para solicitar el subsidio compensatorio en Andalucía y Extremadura. Una medida positiva pero insuficiente.

Inicialmente la medida del gobierno excluía injustamente 100 pueblos andaluces; por eso el debate en el parlamento andaluz se inició con la intervención del diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien defendió que la Junta instase al Gobierno central a que modifique los términos del Real Decreto de 19 de marzo a fin de que la reducción de 35 a 20 días trabajados para que los trabajadores agrarios de Andalucía puedan solicitar la percepción del subsidio y de la renta agraria sea extendida a los trabajadores de todos los municipios de Andalucía.

El hecho es que las peonadas totales anuales en el campo no superaban en 2004 los 48 millones de jornadas laborales disponibles. Esto se debe a las relaciones de producción capitalistas en el campo andaluz y extremeño. En los últimos 5 años se ha perdido una cantidad enorme de jornales, debido a un conjunto de factores. La dominación de las multinacionales de la distribución y el comercio, que estrangulan a cientos de miles de pequeños agricultores y a todos los jornaleros, la subcontratación con las ETTs, la mayor explotación de la mano de obra. La política agrícola de la unión europea, la PAC: subvenciones a la gran propiedad de la nobleza, subvenciones para no producir. Si dividimos la cantidad de peonadas disponibles, que no para de caer en picado, por la masa laboral del medio rural andaluza y extremeña, resulta que ya era imposible juntar las 35 peonadas para tener derecho al subsidio compensatorio. Las peonadas han caído entre 2009 y 2010 este año en 10 millones, la cuarta parte del total. No es ningún misterio que muchos trabajadores, debido a la falta de trabajo, se ven obligados a la práctica humillante de comprar las peonadas al empresario para lograr juntar la cantidad requerida para acceder al subsidio. Dijo Sánchez Gordillo en el parlamento andaluz que "no se puede hablar de la dignidad del jornalero cuando éste tiene que seguir comprando las peonadas, o cuando los alcaldes estamos teniendo que ir en busca del empresario para pedirle que ponga las peonadas a algunas criaturas".

El acceso al subsidio (de 6 meses) requiere haber cotizado al régimen especial agrícola unos 83,50€ al mes durante los 12 meses anteriores. En los últimos dos años decenas de miles de trabajadores de la construcción, del transporte, etc. han vuelto a sus pueblos desempleados. Antes del boom de la construcción, muchos de ellos eran jornaleros o hijos de jornaleros. Se les está acabando a todos el subsidio de desempleo, y no pueden haberse pasado por arte de magia al régimen agrícola. El resultado es que, aún rebajando las peonadas a 20 (que es una medida positiva), la mayor parte de estos trabajadores y trabajadoras no tendrán beneficio de esta medida. La situación es grave.

Las relaciones de producción capitalistas en el campo hacen que el subsidio agrícola sea absolutamente necesario si se quiere que en los mercados haya aceite, frutas, fresa, aceitunas, naranjas, melocotones, frambuesas, ciruelas, ajo, tomates, remolacha, etc. El subsidio es una compensación, un derecho que el movimiento jornalero está obligado a defender año tras año de las amenazas de la derecha y del capital. El movimiento jornalero critica que los trabajadores del Régimen Agrario no se beneficien de la ayuda extraordinaria de 426 € mensuales para los parados que agoten su prestación por desempleo. Las pensiones contributivas en el medio rural son tan bajas que se parecen a las pensiones mínimas. Al estado este subsidio le cuesta muy poco, si lo comparamos con lo que reciben otros. 360.000 trabajadores andaluces cobran al año menos que 300 terratenientes. En cuanto a subvenciones europeas a la gran propiedad, 165 grandes empresas españolas recibieron en solitario aportaciones por más de 1 millón de euros. Las mayores de estas empresas pertenecen a apellidos conocidos como Alba, Osborne, Conde y Domecq. La Duquesa de Alba y parientes recibieron en 2008 más de 2 millones de euros (Euroexplotaciones Agrarias y Eurotécnicas Agrarias). El 80% de la ayuda europea a la agricultura y ganadería va a parar como mucho al 15-20% de las explotaciones agrícolas. Esperanza Aguirre habla en nombre de los verdaderos privilegiados (www.soc-andalucia.com/nobleza.htm).

Las reivindicaciones de la huelga del próximo 14 de abril en la Sierra Sur de Sevilla.

Por lo que tiene que ver con los jornaleros y los cientos de miles de parados del medio rural, las reivindicaciones de la huelga general convocada por el SOC-SAT son:

- Plan de formación y de reciclaje profesional para jóvenes y mayores (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, Formación Ocupacional...).

- Que las pensiones mínimas sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional.
- Que la jubilación se adelante a los 60 años

- Un PER especial que de trabajo durante 4 meses a todos los parados agrarios y del Régimen General.
- Eliminar el requisito de las 35 peonadas para poder cobrar el Subsidio Agrario y la Renta Agraria.
- Condonación de la cuota de la Seguridad Social Agraria mientras se esté en paro.
- Moratoria en el pago de las hipotecas por vivienda mientras se esté en paro
- Que la duración del subsidio agrario y renta agraria sea de 10 meses (actualmente es de 6)

Trabajar sin contrato y sin estabilidad laboral, por un jornal diario como hace 100 años, dependiendo de la voluntad del manijero que reclutaba a los trabajadores en los bares y en las esquinas del pueblo (ahora lo hace con un simple teléfono móvil): estas son las condiciones impuestas a los obreros del campo en la producción agraria sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción. Son las condiciones mediante las que el capital extrae la plusvalía en el medio rural y mediante las que la gran patronal mantiene su tasa de beneficios. Ahora, la patronal ha dado una vuelta de turca más a la explotación mediante una serie de intermediarios añadidos (ETTs y otros intermediarios en los pueblos) y la vuelta del trabajo a destajo, es decir pagando por caja a cuadrillas de jornaleros cada vez más reducidas y jornadas cada vez más largas, es decir un paso atrás con respeto al jornal. Esto ha llevado al esclavismo en Andalucía, que de Almería y Huelva se ha extendido a las demás provincias como Sevilla y Córdoba.

Igual que hace siglos y más aún que en los años treinta, la característica de las explotaciones agrícolas en particular en Andalucía y Extremadura, sigue siendo la gran propiedad terrateniente. El 3% de los propietarios dispone de la titularidad del 54% de las tierras cultivables a escala estatal, lo que supone unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie mayor que Andalucía y Extremadura juntas.

A estas enormes extensiones hay que añadirles una parte importante de los millones de hectáreas de terreno forestal que también acumulan estas notables familias, generalmente descendientes de la nobleza y, en todos los casos, influyentes capitalistas como la duquesa de Alba. Estos propietarios además concentran la gran parte de las subvenciones. Una contradicción que condena a la ruina a centenares de miles de pequeños agricultores, que condena a la sobreexplotación a cientos de miles de jornaleros y que ha llevado al campo a una situación insostenible.

No hay solución, mientras la tierra esté en manos de latifundistas. En estas condiciones, la única forma seria de defender la necesaria Reforma Agraria es la reivindicación de expropiar sin indemnización a los grandes latifundios, empezando por aquellas tierras que permanecen sin cultivar y perciben cuantiosas subvenciones por ello. La nacionalización de la tierra bajo la administración pública y el control por los propios trabajadores del campo sería el primer paso. Esto supone la posibilidad de planificar la producción agrícola sobre bases socialistas, es decir, según los intereses de los propios trabajadores y de los consumidores en general, y no del mercado como ocurre ahora.

La nacionalización de la banca proporcionaría los medios para financiar las inversiones y, de paso, permitiría también a las pequeñas explotaciones librarse de la tiranía de los créditos privados y las grandes multinacionales de la distribución. Mientras que la derecha ladra en contra del subsidio agrario a los jornaleros, la realidad es que desde el decretazo del PP (año 2002) unas 70.000  personas han sido expulsadas del subsidio agrícola.