La reforma laboral del Gobierno

Abaratamiento del despido y recorte de los derechos, se mire como se mire

Las propuestas que el Gobierno llevó a la mesa del diálogo social el lunes 12 de abril iban dirigidas a reducir el coste de las indemnizaciones por despido con cargo a los recursos públicos. Se van concretando así las presiones que banqueros, empresarios y el sector financiero internacional están ejerciendo sobre el gobierno de Zapatero. La Vanguardia y El País dedicaron sendos editoriales a saludar la reforma, orientada a enmendar, por lo visto, un mercado de trabajo "obsoleto e ineficaz". Así, para estos señores, la culpa de que actualmente haya más de un 20% de la población activa en el paro, de que el número de parados desde el inicio de la crisis (septiembre 2007) haya crecido un 140%, más que la media europea, se debe sólo y exclusivamente al "elevado" coste del despido (!) y no al carácter particularmente parasitario de la banca y el empresariado español, que es la auténtica razón.
El gobierno ha presentado tres opciones:
1) Generalizar el contrato de fomento del empleo, con indemnización de 33 días por año trabajado (este contrato ha ido acompañado normalmente de bonificaciones en las cuotas empresariales con la excusa de fomentar la contratación indefinida).
2) Subvención del 40% de la indemnización con cargo al FOGASA (actualmente ya se da en las empresas de menos de 25 trabajadores; la medida se extendería al conjunto de las empresas).
3) El llamado "modelo austríaco", por el que se dotaría de un fondo individual a cada trabajador para la indemnización por despido o como pensión. (No se sabe muy bien de dónde saldría el dinero para el fondo, los empresarios sólo aceptarían esta opción a cambio de una rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social).
Como se ve, las tres opciones consisten en rebajar el coste del despido con cargo a los presupuestos públicos (dinero que sale del bolsillo de los trabajadores, principalmente) o de fondos, como el FOGASA, que también se nutren de cotizaciones de los trabajadores.

Sí afecta derechos sociales

Aún así, el Gobierno defiende que ninguna de las tres medidas afectaría a los derechos sociales de los trabajadores con contrato indefinido ordinario en la actualidad. Pero, incluso, eso no es cierto. Muchos trabajadores que hoy están en el paro (y a los que evidentemente afectaría la reforma laboral en ciernes) hasta ayer eran trabajadores con contrato indefinido ordinario. El paso del empleo fijo al paro es un paso que se da con mucha más facilidad que la que sugieren los académicos y los periodistas cuando hablan de la dualidad del mercado laboral (unos trabajadores con más derechos, por estar fijos, en contraposición a los eventuales, en condiciones más precarias).
Las medidas que se aprueben con la reforma laboral afectarán a toda la clase trabajadora y, lo presente como lo presente el gobierno, la reforma laboral que se está cocinando es un recorte claro y evidente de los derechos laborales. Y lo mismo se puede decir del regalo a los empresarios que puede representar hacer una definición más amplia de las causas de despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado. En la práctica, otro modo de rebajar el coste del despido.
La respuesta de los dirigentes de UGT y CCOO a las propuestas del gobierno ha sido tibia y ambigua. Por un lado han mostrado su rechazo, "no gusta ni el tono ni la música", pero en ocasiones han defendido alguna de las medidas, como lo del "modelo austríaco", con la condición que lo pague el empresario, etc.
Defender los intereses de los trabajadores requiere dejar las cosas claras, levantarse de una mesa de diálogo social de la que sólo pueden salir retrocesos en los derechos de los trabajadores y preparar a conciencia y desde ya una respuesta lo más amplia y contundente posible. Lo de mantenerse en las negociaciones para "evitar males mayores" y acabar aceptando retrocesos con la excusa del "mal menor" no sirve más que como antesala de ataques más profundos y salvajes.