El pasado 12 de mayo, Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso el plan de choque con el que el gobierno pretende llevar a cabo un salvaje ajuste presupuestario, cargándolo a las espaldas de los pensionistas, las personas con discapacidad y los empleados públicos. Como todo el mundo sabe, éstos son, con sus desmanes, los "culpables" de la crisis económica y no los bancos y el sector financiero.
El pasado 12 de mayo, Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso el plan de choque con el que el gobierno pretende llevar a cabo un salvaje ajuste presupuestario, cargándolo a las espaldas de los pensionistas, las personas con discapacidad y los empleados públicos. Como todo el mundo sabe, éstos son, con sus desmanes, los "culpables" de la crisis económica y no los bancos y el sector financiero.
Las medidas anunciadas por el gobierno han caído como un mazazo en el ya bastante castigado sector de las administraciones públicas. La indignación de los empleados públicos es muy grande. Siempre en el centro de la demagogia de la derecha, que los presenta como un sector privilegiado frente a la inseguridad de ir al paro en el sector privado, la realidad del empleado público dista mucho del tópico que convenientemente explotan los poderes económicos y financieros a través de sus medios de comunicación. Como ha denunciado UGT, desde 1982 la pérdida acumulada de poder adquisitivo del empleado público es de un 41%.
La UAB se anticipó en los recortes
En el caso de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ya antes del plan de choque anunciado por el gobierno, había iniciado su particular plan de recorte. Se pretendía ahorrar 4 millones de euros de reducir sustituciones y refuerzos, tanto de Personal de Administración y Servicios (PAS) como de personal docente. En lo referente a la docencia, se pretendía amortizar unas 60 plazas de profesor ayudante, que se sumarían a unas 40 jubilaciones, que tampoco se cubrirían. Todo esto, antes del severo recorte anunciado por el gobierno. De esta operación de "adelgazamiento" resulta que los grupos (las clases) se propone que sean de 140 alumnos como norma, y de más de 140 si las instalaciones lo permiten. ¡Y esto después de "vendernos" Bolonia como la gran revolución pedagógica, con grupos tipo seminario y las prácticas del estudiante como elementos centrales de la "nueva" programación docente!
Pero por si no fuera suficiente despropósito masificar las aulas como consecuencia de los recortes de plantilla, mientras la universidad envía al paro de 60 a 100 docentes, la dirección sigue adelante con el plan de cátedras. Para el 2010, la UAB prevé sacar 20-25 plazas de catedrático. Está claro que la crisis se ceba con los más débiles mientras que no parece existir a un nivel más alto.
En lo referente al PAS, 2 de cada 10 son interinos. Esto implica que por un sueldo mileurista se hacen trabajos cualificados y de responsabilidad. ¿Quién va a decir que no si tu continuidad laboral depende del informe de un superior? Esta es la realidad de los empleados públicos del sector de la universidad, extrapolable al conjunto de las administraciones públicas.
¡Todos a la huelga el 8 de junio!
Para hacer retroceder al gobierno en los ataques a los empleados públicos es necesario que la huelga del próximo 8 de junio sea extraordinariamente masiva. La rabia, el descontento y la incorporación de fuerzas jóvenes en las administraciones públicas, juegan a favor de una respuesta masiva y contundente. La huelga del 8 de junio tiene que formar parte de un plan de lucha más amplio y ambicioso. Si el objetivo es hacer retroceder al gobierno en sus ataques, ni la lucha puede limitarse a una cuestión sectorial (sólo de las administraciones públicas), ni la movilización puede limitarse a un sólo día de huelga.
El recorte y congelación salarial del sector público forma parte de un conjunto de ataques a la clase trabajadora en general. A la patronal le ha faltado tiempo para anunciar que ellos también van a aplicar su propio plan de choque (si el gobierno se salta los acuerdos con los sindicatos, ¿por qué no van a hacer ellos lo mismo con los convenios?). Pensionistas, personas con discapacidad, reforma laboral, subida del IVA, jubilación a los 67 años, prestaciones por desempleo... No sólo somos los empleados públicos los que tenemos que salir a la calle, ¡es toda la clase obrera!
En todas las asambleas de delegados, en las asambleas de centros de trabajo, tenemos que defender un plan de lucha más amplio, que contemple la Huelga General de 24 horas para hacer retroceder al gobierno.
