¡Frente a ataques globales, unificar en la lucha al sector público y privado!
El pasado 12 de mayo, Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso el plan de choque con el que el gobierno pretende llevar a cabo un salvaje ajuste presupuestario, cargándolo a las espaldas de los pensionistas, las personas con discapacidad y los empleados públicos. Como todo el mundo sabe, éstos son, con sus desmanes, los "culpables" de la crisis económica y no los bancos y el sector financiero.
¡Frente a ataques globales, unificar en la lucha al sector público y privado!
El pasado 12 de mayo, Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso el plan de choque con el que el gobierno pretende llevar a cabo un salvaje ajuste presupuestario, cargándolo a las espaldas de los pensionistas, las personas con discapacidad y los empleados públicos. Como todo el mundo sabe, éstos son, con sus desmanes, los "culpables" de la crisis económica y no los bancos y el sector financiero.
Las medidas anunciadas por el gobierno han caído como un mazazo en el ya bastante castigado sector de las administraciones públicas. La indignación de los empleados públicos es muy grande. Siempre en el centro de la demagogia de la derecha, que nos presenta como un sector privilegiado frente a la inseguridad de ir al paro en el sector privado, la realidad del empleado público dista mucho del tópico que convenientemente explotan los poderes económicos y financieros a través de sus medios de comunicación.
Cerca del 26% de los trabajadores del sector público tienen un sueldo igual o inferior a los 1.000 euros. Las categorías medianas y administrativas cobran entre 1.100 y 1.300 euros mensuales. Los trabajadores del sector asistencial (ayuda a la dependencia, residencias...) no llegan a los 900 netos mensuales de media. En Correos no llegan tampoco a los 1.000 euros, como las categorías de conserje y auxiliar administrativo.
Estos bajos niveles salariales son resultado de una pérdida de poder adquisitivo que se ha ido acentuando con el paso del tiempo. Desde 1982 la diferencia acumulada entre el incremento salarial y la inflación es de un 41%.
A esto hay que añadir un importante porcentaje de eventuales (interinos). Por ejemplo, en la Universitat Autònoma de Barcelona, por lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios (PAS), 2 de cada 10 son interinos. Esto implica que por un sueldo mileurista se hacen trabajos cualificados y de responsabilidad. ¿Quién va a decir que no si tu continuidad laboral depende del informe de un superior? Esta es una realidad común en el conjunto de las administraciones públicas.
En Catalunya, además, el gobierno de la Generalitat ha planteando extender el recorte salarial al personal de las empresas públicas (televisión, TMB, Ferrocarrils de la Generalitat, emergencias...) y al personal de la red de hospitales y centros de salud concertados, así como a los profesores de las escuelas privadas-concertadas.
Una ‘progresividad' un tanto peculiar
El gobierno ha previsto un recorte "progresivo" en función de la escala. Pero se trata de una "progresividad" limitada y un tanto sui generis. Así, el recorte (sobre el salario base, trienios y la paga extra de diciembre) va de un 7% en la escala de técnicos superiores al 2,75% para los auxiliares administrativos (el 0,56% en la escala E, la más baja). Pero, sobre el complemento de destino y el complemento específico, que representan una parte importante de las retribuciones en los niveles más altos (sólo en el complemento de destino hay 30 niveles diferentes), la "progresividad" ya ha desaparecido y es de un 5% para todas las escalas, excepto para la escala E, que es de un 1%. Desde luego, este aspecto, el de un reparto "progresivo" que no es tal, no es lo más importante de este ataque sin precedentes, pero no deja de ser ilustrativo de la manera tramposa en que el gobierno presenta las medidas que pretende aplicar.
¡Todos a la huelga el 8 de junio!
Para hacer retroceder al gobierno en los ataques a los empleados públicos es necesario que la huelga del próximo 8 de junio sea extraordinariamente masiva. La rabia, el descontento y la incorporación de fuerzas jóvenes en las administraciones públicas, juegan a favor de una respuesta masiva y contundente. La huelga del 8 de junio tiene que formar parte de un plan de lucha más amplio y ambicioso. Si el objetivo es hacer retroceder al gobierno en sus ataques, ni la lucha puede limitarse a una cuestión sectorial (sólo de las administraciones públicas), ni la movilización puede limitarse a un sólo día de huelga.
El recorte y congelación salarial del sector público forma parte de un conjunto de ataques a la clase trabajadora en general. A la patronal le ha faltado tiempo para anunciar que ellos también van a aplicar su propio plan de choque (si el gobierno se salta los acuerdos con los sindicatos, por qué no van a hacer ellos lo mismo con los convenios). Pensionistas, personas con discapacidad, reforma laboral, subida del IVA, jubilación a los 67 años, prestaciones por desempleo... No sólo somos los empleados públicos los que tenemos que salir a la calle, ¡es toda la clase obrera!
En todas las asambleas de delegados, en las asambleas de centros de trabajo, tenemos que defender un plan de lucha más amplio, que contemple la huelga general de 24 horas para hacer retroceder al gobierno.
