Necesitamos un convenio, pero no este
El pasado 17 de mayo aparecía publicado en el BOE el I Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Si bien es cierto que la firma de un primer convenio era urgente ya que los trabajadores del sector no teníamos ningún convenio al que acogernos, no todo vale, la forma en que se ha firmado este convenio y su contenido son lamentables.
Necesitamos un convenio, pero no este
El pasado 17 de mayo aparecía publicado en el BOE el I Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Si bien es cierto que la firma de un primer convenio era urgente ya que los trabajadores del sector no teníamos ningún convenio al que acogernos, no todo vale, la forma en que se ha firmado este convenio y su contenido son lamentables.
Los trabajadores del sector de la intervención social habíamos conseguido, tras muchos años, la firma del I Convenio Colectivo de la Intervención Social, tras una larga lucha que incluyó una huelga general del sector en diciembre de 2007, convocada por CCOO, UGT, CGT, CNT, diversas asociaciones profesionales y apoyada por el Sindicato de Estudiantes en las facultades donde se forman los futuros profesionales. Un convenio mejorable, pero que suponía un gran avance para un sector enormemente precarizado y atomizado, donde la mayoría de los trabajadores ni siquiera tenemos representación sindical. Pero un sector de la patronal de "lo social", vinculada con el PP y el ladrillo (mostrando una vez más la cara reaccionaria de las empresas de la "solidaridad") impugnó el convenio.
Los sindicatos deberían haber aprovechado esta impugnación para, mediante un proceso decidido de movilizaciones, fortalecer la presencia sindical en el sector organizando nuevos comités de empresa y formando nuevas secciones sindicales. Pero no lo hicieron, así que los trabajadores esperábamos pasivamente una resolución judicial favorable.
Y en este contexto de impasse nos hemos visto sorprendidos por la aparición del I Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, firmado en solitario por la Federación de Enseñanza de CCOO. Esta incomprensible maniobra (salvo que existan inconfesables motivos por parte de dicha federación) supone una auténtica tragedia. En primer lugar se ha roto la unidad sindical forjada en la lucha (los demás sindicatos se oponen a este convenio, e incluso UGT ha amenazado con impugnarlo), y provoca enfrentamientos dentro del propio sindicato, ya que la Federación de Enseñanza ha pisado todo el trabajo de la Federación de Servicios, firmante del convenio de la Intervención Social. Además, divide orgánicamente a los trabajadores, separando a quienes desarrollamos nuestra labor en centros de menores del resto de compañeros que trabajan en la intervención social.
Y para colmo, el convenio es una bajada de pantalones en toda regla ante la patronal. Mantiene la figura del Auxiliar Técnico Educativo, que en la práctica realiza las mismas funciones que el Educador, pero cobrando unos 4.000 euros de media anual menos sobre el sueldo del educador, establecido en 18.000 euros brutos para protección y 22.600 para reforma. Además se legaliza la precariedad, fijando que la contratación por obra y servicio "para atender a las necesidades de aquellos puestos de trabajo que corresponda a programas, centros o servicios regulados a través de convenios, subvenciones, contratos, limitaciones y otras formas de contratación que estén sujetos a una duración determinada o tengan una financiación limitada temporalmente". Es decir, la práctica totalidad de las relaciones laborales establecidas en los ámbitos de aplicación del convenio, ya que la privatización de los centros de menores y demás servicios relacionados se ha desarrollado a través de convenios entre las empresas del sector y las diferentes administraciones autonómicas y locales.
En definitiva, un duro varapalo para los trabajadores, que probablemente tendrá un efecto desmoralizador en la lucha sectorial, al menos temporalmente.
La dirección confederal de CCOO debería desautorizar inmediatamente a la Federación de Enseñanza y denunciar este convenio. Y el resto de sindicatos tendrían que impugnarlo e iniciar la lucha por la aplicación del I Convenio de Intervención Social, levantando a su vez la bandera de la lucha contra la privatización de los servicios sociales y sus nefastas consecuencias tanto para los usuarios como para los trabajadores de "lo social".
