El pasado 19 de julio y después de siete jornadas de huelga, los
dirigentes sindicales del Metro de Madrid presentaron a la asamblea de
trabajadores para su ratificación un preacuerdo alcanzado con la
dirección de Metro en el que se contemplaba la reducción salarial de un
1%, se veían afectadas 200 mil horas de formación, no se cubrían las
bajas vegetativas y dejaba en el aire, como una espada de Damocles, los
expedientes abiertos contra 1.200 trabajadores. Después de una tensa
asamblea, tanto por la mañana como por la tarde, los trabajadores
votaron a favor del preacuerdo poniendo fin a la huelga que durante
semanas atrajo la atención de trabajadores de Madrid y de todo el
Estado.
El pasado 19 de julio y después de siete jornadas de huelga, los dirigentes sindicales del Metro de Madrid presentaron a la asamblea de trabajadores para su ratificación un preacuerdo alcanzado con la dirección de Metro en el que se contemplaba la reducción salarial de un 1%, se veían afectadas 200 mil horas de formación, no se cubrían las bajas vegetativas y dejaba en el aire, como una espada de Damocles, los expedientes abiertos contra 1.200 trabajadores. Después de una tensa asamblea, tanto por la mañana como por la tarde, los trabajadores votaron a favor del preacuerdo poniendo fin a la huelga que durante semanas atrajo la atención de trabajadores de Madrid y de todo el Estado.
Es cierto que la rebaja salarial de un 5% planteada en un principio por el gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM), quedó al final en ese 1%, algo impensable sin la contundencia de las dos jornadas de huelga total sin servicios mínimos. Pero como señalaron numerosos trabajadores en las asambleas, la CAM había conseguido imponer la ruptura unilateral del convenio colectivo firmado pocos meses antes, sentando un peligroso precedente para todos los trabajadores, no sólo los de Metro de Madrid.
Los trabajadores de Metro dan una lección de combatividad
Independientemente de que al final se aceptara mayoritariamente el planteamiento de la mayoría del comité de huelga el sentimiento más extendido era el de que habiendo tenido al alcance de la mano la victoria frente a la CAM, ésta se les había escapado de entre los dedos.
Efectivamente, la huelga de Metro causó un gran impacto y fue seguida con enorme interés por millones de trabajadores en la capital y en todo el Estado: 7.600 trabajadores respondieron como un solo puño el ataque del gobierno del PP de la CAM. Señalaron el único camino por el que se pueden derrotar ataques de este calado: el de la movilización obrera consciente, organizada, masiva y contundente.
La no aceptación de los servicios mínimos fue una auténtica sacudida que demostró la fortaleza de los trabajadores y provocó el pánico, no sólo dentro del PP madrileño sino del gobierno del PSOE y del conjunto de la burguesía. Lo que estaba en juego no sólo era imponer los recortes a los trabajadores de Metro de Madrid; esta lucha podría hacer caer toda la estrategia de ataque general a las condiciones de vida y trabajo del conjunto de la clase obrera si no era descarrilada de forma rápida y clara. Para ello lanzaron una intensa campaña de descrédito contra la huelga y los trabajadores, sin escamotear insultos y tachándolos de insolidarios por no hacer "sacrificios" en favor de los parados. La no aceptación de los servicios mínimos provocó auténticos ríos de tinta acusando a los trabajadores casi de terroristas, intentando echarles encima al resto de trabajadores madrileños y a la población en general. El ataque contra la huelga no quedó en palabras. Se abrieron expedientes a 1.200 trabajadores, se presentaron denuncias contra sindicalistas por declaraciones hechas a la prensa, etc.
Sólo había una forma de neutralizar los efectos de esta campaña y derrotar al gobierno de la CAM: incrementar la fuerza de la movilización. Los sindicatos debían plantear la continuación de la huelga, con contundencia y firmeza, y al mismo tiempo CCOO y UGT deberían de haber puesto al servicio de los trabajadores de Metro todos sus recursos e infraestructuras para sacar decenas de miles de hojas que los piquetes pudieran distribuir en intercambiadores, paradas de autobús, estaciones de Renfe, Cercanías, etc., explicando las razones del conflicto y combatiendo todas las mentiras que se oyeron durante esos días. A la vez se podían haber organizado asambleas en todos los centros de trabajo para que los trabajadores de Metro pudieran explicar los motivos de su lucha y conseguir de esta forma un apoyo activo masivo de la clase obrera madrileña.
La huelga de los días 29 y 30 de junio (jornadas en las que no se cumplieron los servicios mínimos) marcaron el camino a seguir. La masividad de la huelga fue total, hasta el punto de que la ciudad de Madrid quedó paralizada y la dirección de la empresa no pudo mentir en las cifras de seguimiento de paro. Con esta estrategia contundente se dio un fuerte puñetazo en la mesa y las organizaciones sindicales dieron la sensación de que estaban dispuestas a mantenerse firmes hasta el final. Así, todos los trabajadores de Metro fueron a la huelga superando las posibles dudas, el peligro de sanciones, etc.
Lamentablemente los dirigentes sindicales cedieron a la campaña de difamación y presión contra los trabajadores, orquestada por la CAM y sus aliados, y en vez de dar un paso adelante en la lucha, en el momento decisivo plantearon dar un paso atrás, aplazando una nueva convocatoria de huelga que finalmente se realizó pero respetando los abusivos servicios mínimos, lo que cedió la iniciativa a la CAM e introdujo la duda entre muchos trabajadores sobre si los sindicatos realmente estaban dispuestos a llevar la lucha hasta el final.
Perdida la iniciativa, la huelga entró en una pendiente descendente que ninguna de las organizaciones sindicales que formaban parte del comité de huelga planteó seriamente revertir, acabando el proceso el pasado 19 de julio con la aprobación por la asamblea de trabajadores, anteriormente mencionada, del preacuerdo entre la Comunidad de Madrid y la mayoría de los sindicatos de Metro, que pusieron toda la carne en el asador para que fuera aprobado. Sólo Solidaridad Obrera que también estaba comprometida con toda la estrategia seguida en la lucha hasta ese momento, se opuso a su ratificación y propuso como alternativa la vuelta a las movilizaciones aunque de forma muy inconcreta, y acudir a los tribunales. Aunque un significativo 30% de los asistentes a la asamblea se posicionó en contra del preacuerdo, la mayoría no consideró lo suficientemente consistente la alternativa presentada por Solidaridad Obrera y el acuerdo fue ratificado.
La CAM mantiene los expedientes y reclama 6,5 millones de euros
La situación hoy es que los trámites para sancionar a los trabajadores que no cumplieron los servicios mínimos siguen adelante y, por si fuera poco, el gobierno de Esperanza Aguirre ha presentado una denuncia contra los trabajadores y los sindicatos de Metro para conseguir que la huelga de los días 29 y 30 de junio sea declarada ilegal, pidiendo una indemnización de 6,5 millones de euros por daños y perjuicios.
La derecha quiere dar un escarmiento y sentar un precedente para evitar que trabajadores de otros sectores sigan el ejemplo de los de Metro y así poder seguir utilizando la imposición de los servicios mínimos para romper las huelgas.
Consideramos que es posible enfrentar esta situación y conseguir que esta arrogancia reaccionaria de la CAM, se vuelva contra ellos. Para ello los sindicatos de Metro tienen que volver a la carga, empezando por recuperar la confianza de los trabajadores, reconociendo honestamente los errores cometidos en la lucha de este verano, iniciando una campaña pública de solidaridad contra la represión de la que están siendo objeto y vinculándose al resto de trabajadores para dar respuesta a la batería de agresiones a la que está siendo sometida la clase obrera de Madrid y del resto del Estado.
Es cierto que la rebaja salarial de un 5% planteada en un principio por el gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM), quedó al final en ese 1%, algo impensable sin la contundencia de las dos jornadas de huelga total sin servicios mínimos. Pero como señalaron numerosos trabajadores en las asambleas, la CAM había conseguido imponer la ruptura unilateral del convenio colectivo firmado pocos meses antes, sentando un peligroso precedente para todos los trabajadores, no sólo los de Metro de Madrid.
Los trabajadores de Metro dan una lección de combatividad
Independientemente de que al final se aceptara mayoritariamente el planteamiento de la mayoría del comité de huelga el sentimiento más extendido era el de que habiendo tenido al alcance de la mano la victoria frente a la CAM, ésta se les había escapado de entre los dedos.
Efectivamente, la huelga de Metro causó un gran impacto y fue seguida con enorme interés por millones de trabajadores en la capital y en todo el Estado: 7.600 trabajadores respondieron como un solo puño el ataque del gobierno del PP de la CAM. Señalaron el único camino por el que se pueden derrotar ataques de este calado: el de la movilización obrera consciente, organizada, masiva y contundente.
La no aceptación de los servicios mínimos fue una auténtica sacudida que demostró la fortaleza de los trabajadores y provocó el pánico, no sólo dentro del PP madrileño sino del gobierno del PSOE y del conjunto de la burguesía. Lo que estaba en juego no sólo era imponer los recortes a los trabajadores de Metro de Madrid; esta lucha podría hacer caer toda la estrategia de ataque general a las condiciones de vida y trabajo del conjunto de la clase obrera si no era descarrilada de forma rápida y clara. Para ello lanzaron una intensa campaña de descrédito contra la huelga y los trabajadores, sin escamotear insultos y tachándolos de insolidarios por no hacer "sacrificios" en favor de los parados. La no aceptación de los servicios mínimos provocó auténticos ríos de tinta acusando a los trabajadores casi de terroristas, intentando echarles encima al resto de trabajadores madrileños y a la población en general. El ataque contra la huelga no quedó en palabras. Se abrieron expedientes a 1.200 trabajadores, se presentaron denuncias contra sindicalistas por declaraciones hechas a la prensa, etc.
Sólo había una forma de neutralizar los efectos de esta campaña y derrotar al gobierno de la CAM: incrementar la fuerza de la movilización. Los sindicatos debían plantear la continuación de la huelga, con contundencia y firmeza, y al mismo tiempo CCOO y UGT deberían de haber puesto al servicio de los trabajadores de Metro todos sus recursos e infraestructuras para sacar decenas de miles de hojas que los piquetes pudieran distribuir en intercambiadores, paradas de autobús, estaciones de Renfe, Cercanías, etc., explicando las razones del conflicto y combatiendo todas las mentiras que se oyeron durante esos días. A la vez se podían haber organizado asambleas en todos los centros de trabajo para que los trabajadores de Metro pudieran explicar los motivos de su lucha y conseguir de esta forma un apoyo activo masivo de la clase obrera madrileña.
La huelga de los días 29 y 30 de junio (jornadas en las que no se cumplieron los servicios mínimos) marcaron el camino a seguir. La masividad de la huelga fue total, hasta el punto de que la ciudad de Madrid quedó paralizada y la dirección de la empresa no pudo mentir en las cifras de seguimiento de paro. Con esta estrategia contundente se dio un fuerte puñetazo en la mesa y las organizaciones sindicales dieron la sensación de que estaban dispuestas a mantenerse firmes hasta el final. Así, todos los trabajadores de Metro fueron a la huelga superando las posibles dudas, el peligro de sanciones, etc.
Lamentablemente los dirigentes sindicales cedieron a la campaña de difamación y presión contra los trabajadores, orquestada por la CAM y sus aliados, y en vez de dar un paso adelante en la lucha, en el momento decisivo plantearon dar un paso atrás, aplazando una nueva convocatoria de huelga que finalmente se realizó pero respetando los abusivos servicios mínimos, lo que cedió la iniciativa a la CAM e introdujo la duda entre muchos trabajadores sobre si los sindicatos realmente estaban dispuestos a llevar la lucha hasta el final.
Perdida la iniciativa, la huelga entró en una pendiente descendente que ninguna de las organizaciones sindicales que formaban parte del comité de huelga planteó seriamente revertir, acabando el proceso el pasado 19 de julio con la aprobación por la asamblea de trabajadores, anteriormente mencionada, del preacuerdo entre la Comunidad de Madrid y la mayoría de los sindicatos de Metro, que pusieron toda la carne en el asador para que fuera aprobado. Sólo Solidaridad Obrera que también estaba comprometida con toda la estrategia seguida en la lucha hasta ese momento, se opuso a su ratificación y propuso como alternativa la vuelta a las movilizaciones aunque de forma muy inconcreta, y acudir a los tribunales. Aunque un significativo 30% de los asistentes a la asamblea se posicionó en contra del preacuerdo, la mayoría no consideró lo suficientemente consistente la alternativa presentada por Solidaridad Obrera y el acuerdo fue ratificado.
La CAM mantiene los expedientes y reclama 6,5 millones de euros
La situación hoy es que los trámites para sancionar a los trabajadores que no cumplieron los servicios mínimos siguen adelante y, por si fuera poco, el gobierno de Esperanza Aguirre ha presentado una denuncia contra los trabajadores y los sindicatos de Metro para conseguir que la huelga de los días 29 y 30 de junio sea declarada ilegal, pidiendo una indemnización de 6,5 millones de euros por daños y perjuicios.
La derecha quiere dar un escarmiento y sentar un precedente para evitar que trabajadores de otros sectores sigan el ejemplo de los de Metro y así poder seguir utilizando la imposición de los servicios mínimos para romper las huelgas.
Consideramos que es posible enfrentar esta situación y conseguir que esta arrogancia reaccionaria de la CAM, se vuelva contra ellos. Para ello los sindicatos de Metro tienen que volver a la carga, empezando por recuperar la confianza de los trabajadores, reconociendo honestamente los errores cometidos en la lucha de este verano, iniciando una campaña pública de solidaridad contra la represión de la que están siendo objeto y vinculándose al resto de trabajadores para dar respuesta a la batería de agresiones a la que está siendo sometida la clase obrera de Madrid y del resto del Estado.
