Mientras el gobierno --jaleado por los banqueros, los empresarios y los capitalistas internacionales- acelera y profundiza los ataques contra la clase obrera, los dirigentes de CCOO y UGT, con su giro hacia un "pacto global" con el gobierno, la patronal y la derecha, han adoptado una orientación profundamente desmovilizadora y dañina para los intereses de los trabajadores.

A pesar del entusiasmo mostrado por los dirigentes sindicales los últimos días, realmente no ha habido ninguna "negociación" con el gobierno, es un trágala puro y duro. El gobierno no ha variado en absoluto su rumbo. Después del 29-S no sólo mantuvo la reforma laboral sino que puso fecha a la reforma de las pensiones (enero) y la reforma de los convenios colectivos (marzo). En el consejo de ministros del 3 de diciembre, puso fin a la ayuda a los parados de larga duración, aprobó la privatización de AENA y Loterías y Apuestas del Estado y concedió más ayudas fiscales a los empresarios. A todo eso hay que sumar las subidas de la luz y la larguísima lista de ataques anteriores, como la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios y por supuesto el brutal recorte de los gastos sociales contemplado en los presupuestos generales de 2011, que además pueden empeorar por el también anunciado "plan de B" de nuevos recortes. El desempleo afecta ya a 4,6 millones de personas y la inflación se sitúa casi al 3% mermando el poder adquisitivo de la mayoría de la población. La situación es cada día más insoportable para centenares de miles de familias obreras. La morosidad, los desahucios y las colas en los comedores asistenciales crecen sin parar. ¿Realmente "este es un tiempo de negociación" como titula un artículo de la web de UGT? No, es un tiempo de lucha, más que nunca.

En vez de adoptar una posición de fuerza, ante el mayor ataque lanzado contra los derechos de los trabajadores en 35 años, convocando otra huelga general y trazando así una perspectiva de lucha ascendente, basándose en el éxito del 29-S, han emprendido una táctica paralizante, completamente nefasta que debilita al movimiento obrero. Mientras el gobierno ha ido a más, endureciendo los ataques, los dirigentes de CCOO y UGT han ido a menos. Después del 29-S desaparecieron de la escena varias semanas; luego se convocaron las manifestaciones de diciembre, con una orientación muy confusa y con la desgana y falta de preparación que ya es habitual; también en ese periodo se lanzó la Iniciativa Legislativa Popular, con la que pretendían que el mismo parlamento que aprobó la reforma laboral, la rechazara; finalmente esto ha culminado con la propuesta de un "pacto global" con el gobierno, los empresarios y el mismísimo PP, enterrando la expectativa de una nueva huelga general.

El giro ha sido completo. Con este "gran pacto", que tendría "características de Estado" y que se pretende cerrar antes del 25 de enero, los dirigentes sindicales no sólo abandonarían la cada vez más tibia oposición a los ataques sino que pasarían a avalarlos. Ya no se trata de una táctica de lucha insuficiente o incorrecta, sino un espaldarazo al plan de ataque más profundo que ha sufrido la clase obrera en las últimas décadas. Se trata de una claudicación completa. Es un error que debe ser corregido con urgencia.

Argumentos falsos

Todos los argumentos para justificar este giro como algo positivo para los trabajadores no tienen absolutamente ninguna base.

En unas declaraciones realizadas a la Cadena Ser, el 11 de enero, Toxo afirmó que veía el escenario actual "de forma muy distinta al previo de la reforma laboral", que acabó en la huelga general del pasado 29 de septiembre. "Las elecciones (municipales de mayo) estaban mucho más alejadas en aquel momento de lo que están en este momento", y por ello hay "una mayor oportunidad de acuerdo ahora". Se daba a entender que las elecciones serían un factor de presión para que el gobierno rectificara. Sin embargo, el propio Zapatero dejó bien claro desde el principio que estaba dispuesto a inmolarse electoralmente si ese era el precio de aplicar las reformas. Las elecciones catalanas, en las que hubo un desplome del PSC, con un descenso a un mínimo histórico del 23%, no ha variado ni un grado el rumbo de la política del gobierno, que está única y exclusivamente determinada por la urgencia de satisfacer las exigencias de los banqueros y los empresarios, en una situación de crisis aguda del sistema capitalista. En la presentación del Informe Económico 2010, el 12 de enero, delante de los grandes empresarios y banqueros, y coincidiendo en el tiempo con las reuniones de los sindicatos con el gobierno, Zapatero volvió a reafirmar de forma clara y solemne, y por enésima vez, que "cumplirá sus compromisos de reformas". ¿Acaso los dirigentes sindicales creen que Zapatero está engañando a los selectos representes del capital a los que se dirigía?

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, al igual que Toxo, insistió en que es "capital" que el PP se sume a esta negociación. ¿Pero "capital" para qué? ¿Acaso creen los dirigentes sindicales que podrán apoyarse en la derecha, que tiene una profunda hostilidad hacia el movimiento sindical y son representantes directos de la burguesía, en la lucha contra las medidas del gobierno? ¿Creen que las maniobras electorales, demagógicas y calculadas, planteadas por el PP, CiU y PNV pueden ser una base de la estrategia contra los ataques a la clase obrera? ¡Toda la derecha apoya sin ningún tipo de fisura los ataques! ¡Son enemigos acérrimos y declarados de los trabajadores y de la lucha sindical! ¿En qué cabeza cabe que puedan ser aliados tácticos de la clase obrera para evitar los ataques o siquiera suavizarlos?

La reforma de las pensiones

pacto_social.jpgOtro de los lamentables argumentos que se están planteando para justificar este giro desmovilizador es que el gobierno está dispuesto a hacer "concesiones", como aceptar la jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión a los que hayan cotizado 41 años; también podrían hacer excepciones en el retraso a la jubilación para profesiones de riesgo o insalubres y hacer más gradual la aplicación de la reforma. En realidad son intentos burdos de maquillar los ataques. La "flexibilidad" del gobierno deja intacta la profundidad y la naturaleza de fondo que tiene la reforma de las pensiones, que tiene como objetivo reducir drásticamente el gasto social y favorecer el negocio de las pensiones privadas de la banca, necesario para compensar el agujero dejado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Se trata de otra medida que implica, como todas las demás, una transferencia de riqueza de los que menos tienen a los más ricos. A pesar de todo, parece que será bastante fácil para el gobierno sortear los "obstáculos" para llegar a un acuerdo con los sindicatos en la reforma de las pensiones, al menos si nos basamos en las declaraciones,del secretario general de la UGT de Euskadi,  Dámaso Casado, que en una asamblea de delegados en enero pronosticó que habría un acuerdo «en diez, doce o quince días», o por lo menos «se sentarán las bases del mismo». Señaló que el escollo de la edad de jubilación a los 67 años se solventará con medidas de flexibilidad para que determinados colectivos accedan antes a esa jubilación. Así, con algunos cambios completamente secundarios los dirigentes sindicales se muestran dispuestos a aceptar una reforma que, según sus propios análisis, supondrá una disminución entre un 15 y un 20% de las pensiones. La misma dinámica estamos viendo con supuestas "concesiones" en otros puntos, como en la regulación de los despidos objetivos.

Los motivos de fondo

Lo más grave es que realmente el motivo de fondo del giro desmovilizador de los dirigentes sindicales es que estos han aceptado los argumentos fundamentales del gobierno: que los "sacrificios" son inevitables y necesarios. Las declaraciones en este sentido han sido muy claras, y lo están siendo cada vez más.

Toxo, dirigiéndose al Consejo Confederal de CCOO para defender el giro hacia pacto social argumentó que "la situación económica aconseja enviar al país, a la ciudadanía y a las instituciones internacionales un compromiso firme en aras de solventar la situación, y al mismo tiempo prepararnos ante un eventual desacuerdo informando a los trabajadores y a la sociedad sobre nuestras propuestas" (web de CCOO). Toni Ferrer, en la jornada de Acción Sindical y Negociación Colectiva organizada por UGT-Catalunya, defendió que el pacto global era necesario "para la recuperación de la actividad económica", que era una "respuesta a los retos de globalización en un periodo de crisis, y a la internacionalización de la economía". Los líderes de UGT y CCOO han vinculado la necesidad de acuerdos en materia laboral para dar una imagen de unidad en el exterior y que "conjuren al menos parte de los riesgos a los que nos vemos expuestos cada vez que sale una emisión de deuda pública", según Toxo.

En toda estas declaraciones, y muchas otras, están contenidos y asumidos los ejes centrales de los argumentos del gobierno para justificar las reformas: los sacrificios de hoy son la garantía del mañana; hay que tranquilizar a los mercados internacionales para evitar un rescate; hay que hacer "un esfuerzo" (menos salarios y menos gastos sociales) para ser más competitivos en el mercado internacional; en esta crisis estamos todos en el mismo barco, empresarios y trabajadores, etc.

marcha_minera_espaa.jpgJusto en el momento más decisivo, en vez de adoptar una postura consecuente en defensa de los trabajadores, en un contexto en el que además, existe una predisposición clara de lucha por parte de la clase obrera, los dirigentes sindicales se erigen como responsables "hombres de Estado", aceptando la lógica del capitalismo con todas sus consecuencias. Los dirigentes sindicales, en un intento de nadar y guardar la ropa, han declarado que si las negociaciones fallan, se volverá a barajar la huelga general. Y se quedan tan anchos, como si la sociedad fuera un laboratorio y la movilización de los trabajadores fuera un grifo que se puede abrir y cerrar cuando uno quiera. Ni siquiera son capaces de valorar la gravedad de sus actos y la dinámica que imprimen. El gobierno ha jugado a  la carta de la negociación sabiendo que, acabe como acabe, saldrá ganando. Si llegan a un acuerdo conseguirán que los sindicatos avalen los ataques. Si finalmente se rompen, tomarán las medidas igualmente como tenían previsto, pero en mejores condiciones para el gobierno porque los dirigentes sindicales, con su afán de llegar a un acuerdo, le habrán dado la razón en lo fundamental: los sacrificios son necesarios e inevitables. Por esa misma dinámica, los sindicatos, en cambio, después de haber enfriado el ambiente e introducido mucha confusión, saldrán más debilitados.

Vuelta al "mal menor"

Se mire como se mire, el pacto social propuesto por los sindicatos ni siquiera garantiza que no haya ataques más graves todavía en un futuro inmediato. La política del "mal menor" aplicada en los últimos años, incluso en un periodo de boom económico, ha sido completamente impotente para frenar los retrocesos en los derechos de la clase obrera. Recientemente, el mismo gobierno con el que se está negociando, rompió unilateralmente el pacto que había firmado con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios. Si los dirigentes sindicales creen que con este acuerdo van a poner un "tope" en los ataques, están equivocados una vez más. Con la huelga general del 29 de septiembre, los dirigentes de CCOO y UGT tenían una excelente oportunidad para recuperar su autoridad perdida durante años de pactos y consensos que sólo sirvieron para ir de mal en peor. Si ahora vuelven por esta vía no conseguirán otra cosa que hundir su prestigio entre los trabajadores, debilitar a los sindicatos y su capacidad de respuesta y facilitar nuevos ataques, no sólo a nivel general sino en todas las fábricas y centros de trabajo, donde la ofensiva patronal es brutal.

El giro de los dirigentes sindicales hacia el "pacto global" tampoco servirá para evitar que la crisis persista e incluso se agrave, independientemente de que haya rescate o no. El capitalismo se encuentra ante un largo periodo de crisis y el capitalismo español, debido al carácter parasitario de la burguesía española, más aún. Haga lo que haga el gobierno, la perspectiva de estancamiento o recesión no se va a despejar en los próximos años. Los propios estrategas de la burguesía lo dicen. A pesar de algunos momentos de euforia en la bolsa, muy probablemente veremos nuevos episodios de crisis financiera y otras situaciones de "emergencia" que volverán a poner sobre la mesa nuevos ataques. Para los capitalistas, la importancia de los ataques consiste en que son necesarios para preservar sus beneficios y que el dinero del Estado siga fluyendo sin contratiempos para salvar a los bancos. No se trata de una "solución" a la crisis, que probablemente se agravará en la medida que el consumo se deprima todavía más, sino de la "solución" para los bolsillos de una minoría de privilegiados. La política de "realismo" y de "altas miras", propia de "hombres de estado" de los dirigentes de CCOO y UGT se reduce a favorecer esta cruda e injusta realidad.

Hay que organizar la oposición en CCOO y UGT

huelga_general_espaa.jpgLos dirigentes de CCOO y UGT se han optado por un camino tremendamente negativo para los trabajadores. Es necesario reaccionar con la máxima rapidez para obligarles a rectificar completamente. Estamos en un momento decisivo para la clase obrera y para el sindicalismo. Todos los trabajadores conscientes, todos los sindicalistas, todos los delegados debemos oponernos con todas nuestra fuerzas a este giro hacia el pacto social, un pacto social que se va a hacer en contra y a espaldas de la inmensa mayoría de la sociedad. Los máximos dirigentes de CCOO y UGT tienen que sentir, en cada asamblea y en cada fábrica, que su política cuenta con una firme oposición desde la base.

Hay que exigir la salida inmediata de CCOO y UGT de todas las mesas de negociación y la convocatoria de una nueva huelga general, que tenga como objetivo claro la retirada de todas las contrarreformas aprobadas y que se están poniendo en marcha. Sólo con un fuerte movimiento de oposición desde abajo podremos obligar a las direcciones sindicales a rectificar y, en caso de que no lo hagan, organizar una dirección alternativa al movimiento sindical, basada en la lucha.

En ese sentido la corriente marxista El Militante quiere dar su apoyo claro y firme a la convocatoria de huelga general en Euskal Herria y Galicia, realizada por la mayoría sindical vasca y la CIG respectivamente, para el día 27 de enero. Pensamos que este es el camino correcto y que esto es lo que CCOO y UGT deberían estar haciendo en todo el Estado. Pensamos que estas huelgas, aunque estén limitadas a estas comunidades, deben ser apoyadas activamente por los afiliados de CCOO y UGT, también con el objetivo de fortalecer la oposición a la política de consensos dentro de sus propios sindicatos y exigir una huelga general en todo el Estado.

El papel de IU es muy importante

El papel de Izquierda Unida es muy importante en la lucha por rectificar la deriva de los dirigentes de CCOO y UGT. El día 10 de enero, Cayo Lara, en una rueda de prensa en la sede de IU, declaró: "Salvo que la negociación que se está produciendo con los sindicatos avance en sentido contrario a las intenciones del Gobierno y su hoja de ruta, desde Izquierda Unida consideramos que en este momento concreto existen más razones de las que existían cuando se convocó la huelga del 29 de septiembre que justifiquen otra posible huelga general". Efectivamente, el gobierno no ha cambio para nada su hoja de ruta y la propuesta de huelga general sigue siendo completamente necesaria. Si Cayo Lara hiciese un llamamiento a la base de los sindicatos para obligar a los dirigentes de CCOO y UGT a cambiar de postura y a convocar la huelga general tendría un grandísimo impacto. Si los dirigentes sindicales no rectifican IU debería convocar movilizaciones en todo el Estado contra las medidas del gobierno y oponiéndose a cualquier pacto que refrende los ataques. Una posición firme de IU en ese sentido encontraría un enorme eco entre los trabajadores y jóvenes. Efectivamente, este pacto social que se está fraguando es un paso más en el distanciamiento de la política oficial y el sentir de la mayoría de los trabajadores. Existe un malestar social muy hondo y una crítica cada vez más extendida hacia el sistema capitalista y las condiciones para levantar una bandera de lucha, basada en una alternativa socialista están más presentes que nunca.

Existe una alternativa

La experiencia de los últimos meses confirma una idea importante que hemos defendido los marxistas: no hay caminos intermedios, o se defienden los intereses de los capitalistas o se defienden los intereses de los trabajadores. Efectivamente, no se puede defender seriamente los derechos más elementales de la clase trabajadora sin un sindicalismo combativo, y no puede haber un sindicalismo combativo consecuente sin una perspectiva política de transformación socialista de la sociedad, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, la democracia obrera y la supresión de las fronteras nacionales. La disyuntiva es capitalismo o socialismo, nunca esta cuestión ha adquirido tanta importancia práctica para la clase obrera como ahora.

La crisis capitalista está poniendo de manifiesto que es necesaria una táctica y una estrategia que sirva para agrupar y fortalecer el movimiento obrero, dotándole de una perspectiva y un programa de lucha claro, basado en una alternativa de clase frente a la crisis del capitalismo. Pero este cambio está ligado a la necesidad de transformar profundamente las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera. La práctica ha demostrado que ni el reformismo socialdemócrata en el terreno político, ni la política del "mal menor" en el terreno sindical, sirven para defender los intereses de la mayoría de la sociedad.

huelga_general_eswpaa_1.jpgLa crisis capitalista, que no es coyuntural, condicionará todo el próximo periodo histórico. Está poniendo en evidencia que la única política realista y consecuente con la defensa de los intereses de la mayoría es la lucha por una sociedad socialista. De ahí que en esta nueva etapa de la lucha de clases, la necesidad de construir y fortalecer una corriente marxista revolucionaria en los sindicatos y organizaciones políticas de la clase obrera se ha convertido en una cuestión decisiva.

Sí hay una alternativa al capitalismo: una economía planificada en función de los intereses de la mayoría de la sociedad, en la que las palancas fundamentales de creación de riqueza (el sistema de crédito, las grandes industrias, la producción de energía, la comunicación y los transportes) estén nacionalizados, bajo control de los trabajadores. No hay ningún obstáculo, salvo los intereses particulares y mezquinos de una ínfima minoría de la sociedad, para que todos podamos trabajar y hacerlo en condiciones dignas. Ya es hora de dejarlo claro, ya es hora de levantar la bandera de un genuino programa socialista.

CCOO y UGT deben convocar una huelga general para exigir la retirada de todas las reformas y medidas de ajuste. Sí hay una alternativa:

  • Plan urgente contra el paro y el deterioro de las prestaciones sociales:
  • Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes.
  • Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial.
  • Nacionalización de todas las empresas en crisis bajo control obrero.
  • Aumento drástico del gasto público en sanidad, educación y prestaciones sociales.
  • Puesta en marcha de un plan económico para crear empleo (inversiones e infraestructuras, servicios sociales y otras industrias) no basado en los intereses de los capitalistas, sino en los intereses de la mayoría:
  • El dinero público al servicio de la mayoría, no de los banqueros y grandes empresarios.
  • Incremento drástico de los impuestos a las grandes fortunas, los beneficios empresariales y la banca. Combatir el fraude fiscal y la fuga de capitales con la confiscación de los patrimonios y de las cuentas de los ricos implicados.
  • Nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.
27 de enero – Todos a la huelga general en Euskal Herria y Galicia

 


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