El 12 de mayo de 2010 no sólo marcó un giro copernicano en la política económica del gobierno y, por tanto, en la lucha de clases en el Estado español, también exacerbó la venenosa campaña antisindical de la derecha, reforzada ahora por los canales de la televisión digital terrestre que tan tendenciosamente otorgó el PP cuando estaba en el gobierno. Un buen ejemplo de esta campaña lo tuvimos en el suplemento de negocios de El Mundo del domingo 20 de junio del año pasado. El titular del suplemento ya era toda una declaración de intenciones: "Más de 57.000 liberados sindicales en España". Evidentemente, cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta de la demagogia de semejante titular; basta con pensar que esa cifra equivale a una media de más de mil liberados por provincia. Pero, al fin y al cabo, sería extraño que a este respecto El Mundo tuviese un rigor del que carece toda la "información" que publica ese periódico. Partiendo de la cifra de los 250.000 delegados sindicales, en números redondos, que suman CCOO y UGT, y suponiendo una media de 30 horas sindicales al mes por delegado, El Mundo hace una multiplicación para calcular la bolsa total de horas, que dividida entre la jornada anual media efectiva (1.576,80 horas, según ellos) nos da la cifra de 57.000 liberados. Pero El Mundo realiza varias trampas. La más evidente, que la jornada real es bastante superior a esa jornada efectiva que ellos usan: según los convenios vigentes, en 2009 fue de 1.752,10 horas, casi 225 más. Además, en esa bolsa no se pueden meter las horas sindicales de todas las empresas de menos de 101 trabajadores, puesto que tienen un máximo de cinco delegados sindicales con 15 horas al mes cada uno, lo que suponen un total de 75 horas mensuales, insuficientes para liberar a una persona. Y no debemos olvidar que este tipo de empresas son la inmensa mayoría. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2010 las empresas con 20 o menos trabajadores representaban el 95,1% del total; incluso en la industria representaban el 91,8% (www.ine.es/prensa/np-611.pdf).
En el siguiente tramo (empresas de entre 101 y 250 trabajadores), en la práctica la liberación es casi imposible porque, aunque con un comité de empresa compuesto por 9 delegados con 20 horas cada uno nos salen 180 horas al mes, hay que tener en cuenta dos factores: 1) que las horas se acumulan por cada sindicato, y muchos comités de empresa están compuestos por más de uno; y 2) aun siendo un comité monocolor, los delegados no liberados van a necesitar alguna hora para acudir a reuniones, movilizaciones de delegados sindicales en horas de trabajo, etc. En las empresas de más de 251 trabajadores (comités de un mínimo de 13 miembros con un mínimo de 30 horas sindicales al mes), la acumulación de horas sindicales para una liberación es más viable matemáticamente, pero hay que tener en cuenta que según aumenta el tamaño de la plantilla también tiende a aumentar el numero de fuerzas sindicales representadas en el comité, lo que significa que las horas potencialmente acumulables a efectos de las liberaciones son muchas menos que las teóricas.
Otro aspecto relevante de esta campaña son las denuncias de la financiación pública de los sindicatos. La demagogia se vierte a raudales: que si son un derroche, que si no sufren recortes a pesar de estos tiempos de crisis, etc. Sin embargo, esos mismos medios callan ante las subvenciones que recibe la CEOE, ante las ingentes cantidades de millones de euros que se le entregan a la banca y las empresas privadas o ante el saqueo del Estado a través de las privatizaciones. Los marxistas creemos que es un error que las organizaciones obreras dependan de las subvenciones. Como es bien sabido, "quien paga, manda". Si la derecha hace tanto énfasis en este aspecto es porque saben que si la financiación pública de los sindicatos desapareciese o se redujese sustancialmente, el golpe a corto plazo sería tremendo. De hecho, la burguesía utiliza esa dependencia para chantajear a los sindicatos. El editorial de El País del 15 de diciembre de 2010 fue meridianamente claro: "Se suele olvidar que la patronal y sindicatos tienen atribuidos en la Constitución tareas de negociación que van más allá de la representación de sus asociados. Si la CEOE, UGT y CCOO son incapaces de aceptar la urgencia de este diálogo, tal vez deberían ser remitidos al Ministerio de Hacienda para que se negocie a la baja las cuantiosas subvenciones que reciben por su papel negociador" (el subrayado es nuestro). La autofinanciación de las organizaciones obreras debe ser un objetivo de primer orden porque es la única garantía para mantener la independencia. La importancia que un sindicato le dé a este aspecto dependerá de la dirección política que tenga.
Otra de las perlas de esta campaña antisindical es decir que los sindicalistas son unos privilegiados porque no van a su puesto de trabajo, son los últimos en ser despedidos, etc. No seremos nosotros los que neguemos que hay una capa de sindicalistas apoltronados. Ejemplos sobran, sobre todo en grandes empresas y en los aparatos sindicales. Pero en las medianas y pequeñas, donde se tiene que hacer frente a una presión continua de la patronal, ser sindicalista no es ninguna bicoca. Y también de esto sobran los ejemplos. En muchas de esas empresas, el mero hecho de presentarse a delegado ya es motivo de despido.
Por supuesto, El Mundo difunde todos los tópicos ideológicos de la derecha: los sindicatos ya no sirven, son cosa del pasado, etcétera, etcétera. En su afán por descalificarlos, la demagogia alcanza tal extremo, que un articulista, presentado bajo el pomposo epígrafe de "Opinión del experto", califica los convenios colectivos de "prácticamente el único legado del franquismo que nos queda". ¡La esencia del sindicalismo de clase en todo el mundo -la negociación colectiva de las condiciones de trabajo- calificada como legado de una dictadura antiobrera criminal! La libertad de expresión no debería servir para amparar la calumnia y la manipulación informativa.
Cualquier lector de El Militante sabe que desde estas páginas se ha criticado, en ocasiones duramente, la acción (o más bien la inacción) de los dirigentes sindicales. Pero nuestras críticas no tienen nada en común con las de los medios de comunicación burgueses, por un aspecto decisivo: la motivación de nuestras críticas es diametralmente opuesta a la motivación de las suyas. Las nuestras están motivadas por considerar que la acción sindical reformista no sirve para defender los intereses de los trabajadores. Sin embargo, las críticas de la derecha buscan desprestigiar ante los trabajadores la idea misma de la organización, de que nos unamos para luchar contra el enemigo de clase. Con nuestras críticas, los marxistas queremos ofrecer una alternativa que sirva para reforzar los sindicatos. Sin embargo, lo que busca la derecha es debilitar el movimiento obrero, para que así los empresarios tengan las manos más libres todavía.
Sí, los dirigentes sindicales se han equivocado mucho y siguen equivocándose, como por ejemplo cuando, a estas alturas, siguen intentando resucitar un diálogo social que está muerto. Pero a la hora de criticarlos no vale todo. La crítica debe estar al servicio del aumento de la conciencia de clase y de la organización del movimiento obrero, y esto incluye a los sindicatos, que son organizaciones fundamentales para los trabajadores, y más en estos tiempos de grave crisis. El cáncer del burocratismo sólo se puede combatir con una mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones, más debate político y más control sobre los dirigentes, o sea, con un sindicalismo combativo, de clase y democrático.
La peor consecuencia de la política de los dirigentes sindicales es precisamente que desprestigia a los propios sindicatos ante los trabajadores, abonando así el terreno para que entre ciertas capas calen las campañas antisindicales. Por eso la crítica por la izquierda a los dirigentes sindicales jamás puede hacerse eco de toda la basura que están vomitando los medios de comunicación burgueses.