Basta de pactos contra la clase obrera

El aval otorgado por los dirigentes de CCOO y UGT a la contrarreforma de las pensiones en febrero de 2011, con la firma del llamado Pacto Económico y Social con el gobierno y la patronal, no ha significado en absoluto que la cadena de ataques a la clase obrera se haya detenido. Al contrario, se ha allanado el terreno para que la ofensiva contra los derechos históricos del movimiento obrero se profundice, en un contexto en que la única barrera de contención posible es oponer a esta ofensiva un plan de movilizaciones contundente y continuado, ligado a la defensa de un programa alternativo a las recetas capitalistas.

La estrategia defendida por las cúpulas dirigentes de CCOO y UGT ha demostrado en la práctica su completa impotencia para hacer frente a los ataques. Al desactivar la perspectiva de continuidad de la movilización, dilapidando el impulso de la huelga general del 29-S, y aceptando los argumentos de fondo del gobierno, de los empresarios y de los banqueros de que no había más remedio que asumir más sacrificios para “salir de la crisis” o para, por lo menos, evitar la perspectiva del rescate de la Unión Europea (UE), los dirigentes sindicales se han plegado a la lógica capitalista.

Pero las consecuencias negativas para los trabajadores de esta política sindical no se han detenido en la aceptación del incremento de la edad de jubilación. En estos momentos Patronal, Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, están acordando la reforma de la negociación colectiva. Los términos de la negociación son bastante explícitos: acabar en la práctica con la ultraactividad (que permite mantener la continuidad legal de los convenios mientras no se renuevan, aplicando las conquistas obtenidas) dar más peso a los convenios de empresa frente a los convenios más amplios, (con lo que cientos de miles de trabajadores de pequeñas empresas quedarán prácticamente sin capacidad de presión para conseguir mejores condiciones de trabajo o frenar ataques del empresario), conseguir mayor capacidad de descuelgue de los convenios generales y tener aún más margen para “flexibilizar” las condiciones de trabajo de cada empresa en función de su situación particular.

A pesar de que nos encontramos ante un nuevo ataque de primera magnitud contra derechos básicos conquistados por los trabajadores, los representantes sindicales han declarado su optimismo por las negociaciones y ante la perspectiva de alcanzar un acuerdo en breve.

La dinámica de la política de concesiones permanentes por parte de las direcciones de CCOO y UGT ha llegado muy lejos y el abandono por parte de los actuales dirigentes de la defensa real de los derechos de los trabajadores es clamoroso. Esta política además de desprestigiar a los sindicatos ante la clase obrera y dificultar su respuesta, lleva inexorablemente a envalentonar a la patronal que busca acabar con todos y cada uno de los derechos conquistados por el movimiento obrero.

Mientras tanto, el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores avanza en todos los frentes. La publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA) es categórica: se supera el 21% de tasa de desempleo real, y el número de parados roza ya los cinco millones. El gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos siguen recortando duramente los gastos sociales, y la perspectiva de la implantación del copago sanitario y educativo suenan cada vez con más fuerza. La situación recesiva de la economía española empujará al gobierno y los capitalistas a adoptar nuevas medidas de ajuste, probablemente después de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Las medidas aprobadas por el gobierno catalán de CiU, planteando el recorte del 10% del presupuesto sanitario y educativo, es una seria advertencia de lo que está por venir. De la misma manera, la reacción de los trabajadores del sector sanitario y educativo de Catalunya, y de miles de trabajadores y jóvenes que han llenado las calles de Barcelona en protesta por estas medidas, señalan con claridad que el único camino para frenar estos ataques es la movilización más contundente, incluida un nueva huelga general, y que las condiciones objetivas, es decir, la disposición a la lucha de la clase obrera, están plenamente presentes.

El problema no es la clase obrera es la política de las direcciones sindicales

Cuando el pasado 29 de septiembre millones de trabajadores secundaron la huelga general contra la contrarreforma laboral y llenaron las calles de todo el Estado en una gran demostración de fuerza, la voluntad de dar continuidad al combate iniciado para frenar los ataques del gobierno se convirtió en un clamor demostrando en los hechos que la idea propagada por las cúpulas sindicales de que no se puede cambiar la situación actual es falsa de principio a fin. De la misma manera, las huelgas generales convocadas el pasado 27 de enero en Euskal Herria y Galiza por ELA, LAB y la CIG respectivamente, y que contaron con un apoyo considerable de los trabajadores vascos y gallegos, dejan claro que el problema no está en la falta de conciencia o disposición a la movilización de la clase obrera.

La percepción general de los trabajadores de lo que está sucediendo y de lo que habría que hacer va en una dirección totalmente contraria a la practicada por los dirigentes sindicales. Hay un sentimiento muy crítico hacia el capitalismo entre un amplio segmento de los trabajadores y de la juventud. La base social de este sentimiento se ensancha todavía más respecto a la política de rescates continuos a los banqueros y aún más respecto a la política de recortes sociales, donde la oposición es abrumadoramente mayoritaria.

Eso no quiere decir que la política desmovilizadora de los dirigentes sindicales no tenga efectos políticos y en el ambiente, en ambos casos en sentido negativo. Por supuesto, todo lo que hagan los dirigentes sindicales, en un sentido o en otro, por acción o por omisión, tiene muchísima incidencia en la situación política. ¡Esa es precisamente la clave de la cuestión y lo que hay que cambiar! La política desmovilizadora de los dirigentes sindicales es, hoy por hoy, el factor en la ecuación política más importante de todos. Si los dirigentes sindicales de CCOO y UGT hubiesen optado por la continuidad de la huelga general del 29-S el gobierno tendría muchas más dificultades para aplicar sus planes. Por supuesto, la lucha no garantiza una victoria de inmediato, no está exenta de obstáculos que superar, pero sí es el marco más favorable para que un sector decisivo de los trabajadores y de la juventud saquen conclusiones cada vez más avanzadas, se organice mejor y arrastre tras de sí a la inmensa mayoría de la sociedad. La lucha es el mejor medio, además, para poner a cada uno en su sitio, incluida, por supuesto, a la derecha, que está utilizando demagógicamente la crisis para obtener réditos electorales.

La ofensiva patronal y del gobierno se ha beneficiado, y mucho, de la política de parálisis practicada por los máximos dirigentes estatales de CCOO y UGT, aunque esta política, al igual que la del gobierno, no tenga una base de apoyo social firme y activa. La fuerza de los capitalistas sería muchísimo más relativa si la clase obrera pudiese desplegar plenamente su propia fuerza, potencialmente mucho mayor. Para empezar a poder hacerlo, la primera tarea es que la orientación estratégica de los sindicatos dé un viraje de 180 grados.

Organizar la izquierda de CCOO y UGT en defensa de un sindicalismo combativo, de clase y democrático

Los derechos de la clase obrera se han conquistado a través de enormes sacrificios y de una voluntad decidida. Esa es la experiencia del movimiento obrero y por supuesto esa es la historia también de CCOO y UGT, que se forjaron en un duro combate contra la patronal y la dictadura.

Desde la Corriente Marxista Revolucionaria (El Militante), llamamos a todos los trabajadores conscientes, a los sindicalistas, a los delegados a oponernos con todas nuestras fuerzas a esta política de pactos contra los trabajadores y organizar, dentro de CCOO y UGT, una fuerte corriente sindical de izquierdas, que levante una alternativa basada en un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Debemos organizar un fuerte movimiento de oposición desde abajo, desde los comités, los delegados sindicales, desde las secciones sindicales para cambiar este sindicalismo de paz social por el que necesita la clase obrera: un sindicalismo basado en la movilización, en la democracia de la base y en la defensa de un programa de clase que unifique a todos los trabajadores y vincule el rechazo a todas estas contrarreformas con la lucha por cambiar la sociedad, por el socialismo.

• No a la contrarreforma de las pensiones. Por la jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para los jóvenes parados. El dinero para defender las pensiones públicas debe salir de un incremento drástico de los impuestos a las grandes fortunas, los beneficios empresariales y la banca. Basta de regalar dinero público a los grandes capitalistas.
• Fuera la contrarreforma laboral. En defensa de un puesto de trabajo digno y contra la precariedad del empleo.
• Ningún retroceso en materia de negociación colectiva.
• Plan urgente contra el paro y el deterioro de las prestaciones sociales: Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes; reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial
• Nacionalización de todas las empresas en crisis bajo control obrero.
• Aumento drástico del gasto público en sanidad, educación y prestaciones sociales.
• Puesta en marcha de un plan económico para crear empleo (inversiones e infraestructuras, servicios sociales y otras industrias) no basado en los intereses de los capitalistas, sino en los intereses de la mayoría:
• Nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.