El pasado 26 de abril de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomó la decisión de vender un 15,5% de sus acciones en Sadiel, empresa afincada en Sevilla, reduciendo su participación en la propiedad de la misma al 22%. El negocio de Sadiel consiste en la realización de software, tanto en su planta de Sevilla como en su filial SDS (Sadiel Desarrollo de Sistemas) en el Puerto de Santa María, donde gracias a un coste inferior de la mano de obra consigue maximizar beneficios. La empresa tiene desde hace tiempo el objetivo de externalizar su actividad, es decir, abrir la puerta a que el trabajo se traslade a otros países con salarios más baratos y donde los derechos laborales apenas existen. La insaciable sed de beneficios de los empresarios combinada con la crisis económica y el crecimiento explosivo del desempleo, están siendo utilizados en multitud de centros de trabajo para imponer retrocesos en las condiciones laborales de muchas plantillas. Por ello, somos conscientes de que este cambio en el accionariado puede desembocar en un intento de reducciones salariales, empeoramiento de las condiciones de trabajo, despidos e incluso una posible deslocalización. Así, desde el primer momento los comités de empresa han dicho ¡NO! a la venta de acciones.
Sin la colaboración activa de la Junta sería prácticamente imposible malvender por 4,64 millones de euros el grupo Sadiel a Ayesa, empresa ésta última que se convertirá en la nueva accionista mayoritaria. Esta venta de acciones nada tiene que ver con la crisis: Sadiel logró en 2009 una cifra de negocio de 100 millones de euros, aumentando la del año anterior. No hay por tanto dificultades económicas, sino la mezquina ambición de ganar todavía más sin importar las terribles consecuencias que ello pueda acarrear a los casi 1.500 trabajadores que integran ambas plantillas. El dueño de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, afirma que la venta es buena para la empresa. Efectivamente, es un muy buen negocio para él, pero, como ya sabemos por experiencia, lo que es bueno para los empresarios no lo es para los trabajadores. El Sr. Manzanares dejó clara su visión sobre nuestros derechos en unas declaraciones a Europa Press el 04/03/2010: “…alguien tiene que decirle a la gente que no es un país rico, sino pobre y si es algo es gracias al trabajo de su gente y se deje de pedir tantos derechos, preocupándose por sus deberes… el trabajador debe olvidarse del ocio, que ya no es el motivo fundamental de vivir, y luchar desesperadamente como en los años 60 y 70.”
De culminarse esta venta de acciones supondrá que una empresa financiada con dinero público se privatiza para incrementar los beneficios privados de un empresario. Esta situación, de por si escandalosa, es aún más sangrante si tenemos en cuenta que la Junta presentó la apertura de SDS como un ejemplo de reindustrialización de la Bahía tras el conflicto de Delphi, para lo cual se desembolsó una gran cantidad de dinero público en subvenciones.
Aunque todo este proceso se ha realizado a espaldas de los comités de empresa, estos, desde el primer momento, se han posicionado firmemente contra la venta de acciones y así se lo han intentado hacer saber al Consejero de Innovación de la Junta. Sin embargo, este señor ha preferido sentarse largo y tendido con los empresarios, mientras se ha negado a reunirse con los trabajadores. Los dirigentes del Partido Socialista, a pesar de haber llegado al gobierno -estatal y autonómico- gracias al voto de millones de trabajadores y jóvenes de izquierdas, están desarrollando una política de ataque permanente contra las familias trabajadoras mientras regalan dinero a manos llenas a empresarios y banqueros. A esta situación se suma la actuación de nuestros máximos dirigentes en UGT y CCOO, que avalando retrocesos como la reforma de las pensiones, no hacen más que allanar el camino para que los ataques contra la clase obrera continúen.
Frente a esta situación, la IV Conferencia Sindical del Militante quiere expresar su apoyo y solidaridad con los trabajadores de SDS y Sadiel y su compromiso a dar la máxima publicidad a su lucha por el mantenimiento de sus derechos laborales y sus puestos de trabajo.
