Las medidas aprobadas por el Gobierno a lo largo del mes de junio constituyen una nueva agresión a los derechos de los trabajadores, en la medida que debilitan la negociación colectiva, aumentan el poder empresarial y abaratan el despido, todo lo cual contribuye directa o indirectamente a propiciar un trasvase todavía mayor de rentas del trabajo a rentas del capital. Asimismo, estas medidas son una demostración más (y van unas cuantas) de la absoluta bancarrota del modelo sindical practicado por los dirigentes de CCOO y UGT, cada día más débiles ante el gobierno y la patronal a causa de sus propias claudicaciones y errores.
Las medidas atañen a dos aspectos: los EREs y los convenios. En cuanto a los EREs, el gobierno aprobó definitivamente su reglamento, fijando que las empresas podrán despedir no sólo cuando prevean pérdidas permanentes (como recogía el decreto de reforma laboral del año pasado), sino también cuando prevean pérdidas transitorias. Esto significa que una parte de los despidos improcedentes (indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades o 33 con un tope de 24, dependiendo del contrato) se convertirán en procedentes (20 días por año con un tope de 12 mensualidades), con la consiguiente pérdida económica para los trabajadores y el consiguiente ahorro para el empresario, que todavía será mucho mayor porque el 40% del importe de la indemnización será asumido por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o sea, será pagado con el dinero de todos. Esto se parece al mal llamado “impuesto de solidaridad” del gobierno griego: una subida de impuestos a los trabajadores con empleo para costear la cobertura económica a los parados, mientras el dinero público se le entrega a espuertas a empresarios y banqueros.
Contenido de la reforma
Y en cuanto a la negociación colectiva, los contenidos más importantes de la nueva legislación son los siguientes:
· Limitación de la prórroga indefinida de los convenios: Si hasta ahora, al finalizar su vigencia, los convenios se prorrogaban automáticamente por tiempo indefinido (la llamada ultractividad), con el decreto se establece un plazo de entre ocho meses (para convenios de duración inferior a los dos años) y catorce (para convenios de más de dos años) para que las dos partes acuerden un nuevo convenio que sustituya al vencido. Es decir, a partir de ahora los trabajadores negociaremos los convenios con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
· Arbitraje obligatorio: Si se supera ese plazo de hasta 14 meses, el convenio se resolverá mediante un arbitraje de obligado cumplimiento. Pero como el arbitraje obligatorio fue declarado inconstitucional por una sentencia de 1981 del Tribunal Constitucional, el Gobierno, bordeando la inconstitucionalidad, recurre a un truco para imponerlo. El truco consiste en que el arbitraje obligatorio será transitorio (transitoriedad que lo hace constitucional, según el Gobierno) mientras los convenios no recojan la nueva exigencia que fija el decreto: contener obligatoriamente un mecanismo de arbitraje en caso de desacuerdo en la negociación. Yo no te obligo a un arbitraje, pero te obligo a que lo pactes “voluntariamente”. El propio ministro de Trabajo, unos días antes de la aprobación del decreto, reconoció sin rubor que se estaba buscando “una fórmula jurídica que imponga su uso por la fuerza de los hechos sin que llegue a ser obligatorio legalmente” (El País, 7/6/11). Como siempre se dijo, quien hace la ley hace la trampa. Así es la legalidad burguesa.
· Prevalencia del convenio de empresa frente al provincial: Los empresarios podrán firmar en cualquier momento un convenio de empresa, que prevalecerá sobre el convenio provincial y que podrá rebajar los contenidos de éste. Es fácil imaginar lo que va a pasar en muchas pequeñas empresas, donde el movimiento sindical es muy débil o, todavía peor, los delegados, aunque se hayan presentado por un sindicato, pueden haber sido seleccionados en realidad por el patrón: la empresa rápidamente “negociará” un convenio a la baja que abarate los costes laborales y aumente en la misma medida sus beneficios. Si tenemos en cuenta que en 2010 el 70% de las empresas y el 50% de los trabajadores con convenio estaban acogidos a un convenio provincial, nos podemos dar cuenta del calado de esta medida.
· Convenios franja: Se facilita la existencia de varios convenios dentro de una misma empresa a condición de que así lo decidan la mayoría de los delegados sindicales de un colegio electoral. Esto le da a las empresas una baza más para la política del “divide y vencerás”.
· Flexibilidad interna: Se facilita la modificación por parte de las empresas de la jornada laboral, las bolsas de horas y la movilidad del puesto de trabajo. Específicamente, el decreto establece que el 5% de la jornada anual podrá ser distribuida a criterio del empresario, que podrá así prolongar la jornada más allá del límite diario, ahorrándose por consiguiente el sobrecoste de las horas extras.
· Descuelgue salarial: Se facilita que las empresas no respeten los salarios marcados en los convenios sectoriales de ámbito superior.
Como se ve, el contenido del decreto es muy lesivo para los trabajadores. Especialmente graves son la imposición de límites a la prórroga del convenio, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los provinciales y el arbitraje obligatorio en caso de falta de acuerdo entre las partes, que tiene un tufo a los laudos arbitrales del franquismo.
Estas medidas se suman a otras que tuvieron menor difusión, como que el Fogasa, además de asumir el 40% del coste de la indemnización en los despidos procedentes, lo asuma también en los improcedentes no disciplinarios, o sea, cuando el empresario despida por capricho. O el cambio en la Ley General Tributaria para eliminar el requisito del mantenimiento de las plantillas para que una empresa se acoja a la libertad de amortización (no pagar impuestos cuando en un ejercicio el coste de sus inversiones fue mayor que los beneficios y poder deducirse ese saldo negativo en futuros ejercicios fiscales).
La negociación colectiva, clave del sindicalismo
En los últimos veinte años, los trabajadores venimos sufriendo ataques que han mermado considerablemente nuestros derechos. La crisis capitalista actual está agravando esos ataques. Pero esta agresión contra el derecho a la negociación colectiva no es un ataque más, es un ataque cualitativamente superior porque es un aspecto central del sindicalismo. La clase obrera avanzó históricamente gracias a la lucha para imponerles a los empresarios la negociación colectiva frente a la negociación individual. Uno a uno siempre somos más débiles, pero la negociación conjunta de las condiciones laborales de todos permite aunar nuestras fuerzas y estar así en condiciones de retar el poder empresarial. Sólo cuando los trabajadores nos unimos y nos organizamos para luchar podemos vencer. Por eso este decreto es tan grave, porque ataca las bases mismas del sindicalismo de clase.
Lamentablemente, los dirigentes sindicales llevan muchos años sin cumplir su función, es decir, sin ser el dique de contención que protege los trabajadores. O peor aún, en muchos casos, como en el reciente pacto de pensiones, han colaborado en los recortes. No parece que este decreto vaya a sacarlos de su tran-tran. Su alternativa es penosa: pedirle a la CEOE que recupere el diálogo sobre la negociación colectiva “por el interés general del país y el buen desarrollo de las relaciones laborales”, impulsar la negociación colectiva para proteger los derechos de los trabajadores (!?) y mantener encuentros con los grupos parlamentarios para corregir el proyecto del gobierno (Gaceta Sindical de CCOO, nº 50). En fin, es bien sabido que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Organizar una corriente combativa en CCOO y UGT
En el editorial de El Militante de febrero de 2010 decíamos: “Si los dirigentes sindicales no cambian de rumbo, se podrían encontrar antes de lo que se imaginan entre la espada del descontento [de los trabajadores, por la pasividad sindical ante la crisis] y la pared de un gobierno y una patronal que no les hagan ninguna concesión fundamental”.
Pues bien, ya hemos llegado a esa situación. Y no por la segunda parte de la ecuación, puesto que hace mucho tiempo que el diálogo social no sirve para obtener ninguna mejora para los trabajadores, sino por la primera. Si alguien se cree que el 15-M no tiene nada que ver con el movimiento obrero y el ambiente que se respira en las fábricas, está muy equivocado. Al igual que ocurre en el plano político, cada vez está más claro que muchos dirigentes sindicales están completamente separados del sentir y las aspiraciones de la inmensa mayoría de los trabajadores. Cuando la economía funciona y la gente puede ir tirando aunque sea malamente, las cosas pueden discurrir por cauces institucionales. Pero en este contexto, cuando el sindicalismo de pasteleo y despacho no sirve para absolutamente nada (excepto para avalar los recortes) y cuando, por otro lado, la cada vez mayor presión sobre los trabajadores hace inevitable una explosión en la lucha de clases, se está poniendo en evidencia que muchos dirigentes sindicales no sólo no representan a nadie, sino que incluso son despreciados por los trabajadores.
En un clima de contestación social como el actual, no responder a una agresión tan grave como esta reforma de la negociación colectiva se verá todavía más como una abierta claudicación, que ya no puede ser justificada con una supuesta apatía social. Además, esta reforma, a diferencia de la de las pensiones, tendrá un efecto inmediato e implicaciones mucho más directas para los delegados sindicales en las fábricas, que sufren una doble presión: la del descontento de las bases y la de la prepotencia patronal. La situación de los dirigentes de CCOO y UGT es francamente precaria y sólo puede conducir a una crisis en ambas organizaciones. CCOO y UGT necesitan una limpieza interna para que los apoltronados y los desmoralizados dejen de ser un freno para que nuestros sindicatos cumplan la misión histórica para la que fueron creados: ser herramientas de lucha de la clase obrera, una lucha que hoy es más necesaria que nunca.
Por eso lo más útil para la defensa de nuestros intereses como trabajadores es implicarnos en la lucha para transformar los sindicatos de clase, creando en su seno una corriente combativa que dé respuesta a lo que la situación actual demanda. Se puede y se debe criticar la política de Toxo y Méndez, pero el objetivo debe ser construir una dirección alternativa en los sindicatos, no destruirlos. Este es el objetivo de los marxistas de El Militante porque ayer, hoy y mañana el debilitamiento de los sindicatos sólo puede ocasionarnos perjuicios a los trabajadores.
