Rompiendo la tónica veraniega tradicional, este mes de agosto estuvo lleno de novedades, en lo que constituye otra prueba indirecta de la gravedad de la crisis que padece el capitalismo. La novedad de más impacto fue la reforma de la Constitución, pero también tuvimos un decreto de reforma laboral, aprobado en el consejo de ministros del viernes 26. Y mientras el gobierno sigue actuando con decisión, los dirigentes de CCOO y UGT no paran de reclamar, ilusamente, la resurrección del diálogo social. El último ejemplo de su “responsabilidad” lo tenemos en su anuncio de estar dispuestos a prorrogar el pacto de moderación salarial hasta el año 2014, si los empresarios hacen lo propio con sus beneficios.

Las medidas del gobierno atañen a cinco aspectos: los 400 euros para parados que hayan agotado la prestación y/o el subsidio, las limitaciones al encadenamiento de contratos temporales, un nuevo contrato de aprendizaje y formación, el fomento de la contratación indefinida y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Contenido de la reforma

· 400 euros: Se prorroga la vigencia de esta ayuda seis meses más.
· Limitaciones al encadenamiento de contratos: El artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores queda suspendido durante dos años. Este artículo establece la conversión en fijos de los trabajadores que en un período de treinta meses hayan tenido dos o más contratos para el mismo puesto de trabajo en la misma empresa durante más de 24 meses.
· Contrato de aprendizaje y formación: Hasta el 31 de diciembre de 2013, la edad para este contrato será hasta los 30 años; después, hasta los 25. Además, si el contratado estaba en el paro, el decreto establece una bonificación del 100% (75% en las empresas de más de 250 trabajadores) de las cuotas a la Seguridad Social durante toda la duración del contrato. El salario de este contrato es el mínimo interprofesional.
· Fomento de la contratación indefinida: El período para la conversión de contratos temporales en fijos (en la modalidad de fijo barato, es decir, con una indemnización por despido de 33 días/año con un tope de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades del fijo antiguo) se prorroga un año, hasta el 31 de diciembre de 2012.
· Fogasa: Se prorroga por año y medio (hasta el 31 de diciembre de 2013) el período durante el cual el Fogasa asume ocho días del monto de la indemnización por despido objetivo, con la salvedad de que a partir del 1 de enero del año que viene sólo será de aplicación a los despidos procedentes. Esta medida fue una de las aprobadas en la reforma laboral que condujo a la huelga general del 29 de septiembre del año pasado, y originalmente era de aplicación en todos los despidos excepto en los disciplinarios.
Como se ve, a excepción de la prórroga de los 400 euros, todas las medidas son dañinas para los trabajadores, puesto que favorecen la precariedad laboral y los bajos salarios. El gobierno las justifica con el manido argumento de que es mejor tener un contrato precario que estar parado, pero en realidad estas medidas no servirán para crear ni un solo puesto de trabajo.
Para empezar, los empresarios no contratan si no tienen necesidad de hacerlo. Y tal como está la economía, no parece que esté próximo un repunte de las contrataciones. Además, es una falacia presentar como alternativa al paro un contrato eventual, cuando el grueso del ajuste del empleo en los últimos 3-4 años de crisis se hizo a costa precisamente de los trabajadores eventuales, que fueron despedidos en masa en mucha mayor medida que los fijos, como demuestran los datos (ver cuadro), provocando con ello la disminución de la tasa de temporalidad desde el escandaloso 31,8% de 2007 a “solamente” un 25,5% este año.
Un rumbo sindical equivocado. Por la convocatoria de otra
huelga general

Desde que en el otoño de 2007 empezó esta crisis, la actuación de los dirigentes de CCOO y UGT deja mucho que desear. En 2008 y 2009, cuando el paro aumentaba a razón de un millón de personas al año, los marxistas, conscientes de las brutales presiones que los capitalistas ejercían sobre el gobierno, defendíamos la necesidad de la movilización obrera para contrarrestar esas presiones y en demanda de una política económica favorable a nuestra clase. Por el contrario, las direcciones de CCOO y UGT no hicieron absolutamente nada, confiando en la palabra y la buena voluntad de Zapatero.
Las cosas siguieron su curso lógico, y el 12 de mayo de 2010 Zapatero anunció un ajuste brutal cuya medida estrella era el recorte del sueldo a los trabajadores de la función pública. Pero en vez de convocar una huelga general, tras muchas indecisiones se limitaron a convocar una huelga de funcionarios, transmitiendo una señal de debilidad. Y como la debilidad invita a la agresión, la siguiente medida fue un decreto de reforma laboral, que condujo a la huelga general del 29 de septiembre. Pero el gobierno se mantuvo firme, a lo que también contribuyó que los sindicatos no le diesen ninguna continuidad al 29-S hasta las movilizaciones de mediados de diciembre, lo cual obligaba a nuevo paréntesis por la cercanía de las navidades.
Para esas alturas, la burguesía ya tenía nuevo ataque en la agenda: una reforma de las pensiones que, entre otras muchas cosas, incluía la elevación de la edad de jubilación a los 67 años. En las movilizaciones de diciembre, Toxo rugió como un león y amenazó con otra huelga general si se cruzaba la línea roja de la edad de jubilación. Sin embargo, mes y medio más tarde firmaba como un corderito el recorte de nuestras pensiones.
Situados nuevamente en la “responsabilidad”, Toxo y Méndez se embarcaron en unas negociaciones con la patronal sobre la negociación colectiva. En este caso volvió a haber desacuerdo, pero sólo porque la CEOE les dio con la puerta en las narices en el último momento. Así que, en vista de que los agentes sociales no se ponían de acuerdo, el gobierno se vio “obligado” a actuar, y este junio tuvimos el decreto de reforma de los convenios, ataque al que ahora se le sumaron esta nueva reforma laboral y la reforma de la Constitución.

Hay que transformar los sindicatos

Las perspectivas para la economía son francamente negras. Y esto vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de que los dirigentes sindicales cumplan con su función, que no es otra que el defender a los trabajadores. No basta con decir de vez en cuando que se está muy enfadado, ni con editar boletines con titulares contundentes —como el “La resignación no es una opción, lucha”, del Gaceta Sindical de CCOO de julio, ni con convocar unas cuantas manifestaciones para cubrir el expediente, como fue el caso de la reforma constitucional. Hay que defender los intereses de la clase obrera día a día y tajo a tajo, y, tal y como están las cosas, cada vez está más claro que hay que defenderlos intransigentemente. Los consensos y el diálogo social sirven en general para muy poco, pero, aunque sirviesen para mucho, su tiempo ya pasó porque los empresarios nos han declarado la guerra. Y cuando el PP llegue a La Moncloa, los ataques, además de agravarse, tendrán como objetivo a los propios sindicatos.
La política de los dirigentes de CCOO y UGT es un suicidio; la única alternativa que tenemos los trabajadores es plantarle cara a los ataques. Los dirigentes de CCOO y UGT deben abandonar inmediatamente sus ilusiones en el diálogo social y dar un giro firme hacia la izquierda, convocando una nueva huelga general que marque el inicio de una lucha de resistencia contra los intentos de que la clase obrera pague los platos rotos de la crisis del capitalismo. Esto es lo que la situación les demanda, pero si no lo hacen, que sepan que los trabajadores no van a estar eternamente esperando por ellos; más pronto que tarde, habrá un 15-M laboral, el movimiento obrero se pondrá en marcha e intentará transformar sus sindicatos en auténticas herramientas de lucha, desplazando para ello a los dirigentes que se mantengan pasivos y arrollando a los que pretendan frenarlo, para sustituirlos por dirigentes dispuestos a luchar.


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