En los últimos meses, los servicios de atención, tratamiento o prevención de drogodependencias adjuntos a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se han ido quedando medio vacíos. La Agencia argumenta que no se ajusta el perfil del servicio con el de los usuarios, justificando de esta manera el cierre y desmantelamiento de los mismos. Sin embargo, este argumento choca de frente con la ocupación de servicios de igual perfil que dependen de la red del Ayuntamiento de Madrid, estando éstos saturados. En definitiva, estamos asistiendo al desmantelamiento de la red: recortes en prevención, reducción de los tiempos de tratamiento, aumento de la penalización por abandonos y, ahora, el cierre de once de los dieciocho pisos existentes, que supondrá que más de dos tercios de los actuales usuarios de la red de drogas de la Comunidad de Madrid se encontrarán hacinados en albergues, serán derivados a ambulatorios que se verán desbordados o se quedarán en la calle.
Estos recortes y la deficiente gestión de recursos llevada a cabo revela una línea de acción orientada exclusivamente a la medicalización de los tratamientos, eliminando la parte psicosocial, esencial para una adecuada atención y reinserción de las personas drogodependientes, y que necesariamente requiere más recursos materiales y humanos.
Los recortes se concretan en el cierre de pisos de tratamiento y otros dispositivos como la Comunidad Terapéutica de Batán, que atiende cada año a unas 180 personas, o la narcosala de las Barranquillas, entre otros. En este caso se trata del primer Dispositivo Asistencial de Venopunción de España (DAVE), que cerrará sus puertas después de 11 años de funcionamiento, consecuencia del tijeretazo del gobierno regional de Esperanza Aguirre, que ha reducido en un 35% las ayudas públicas destinadas a financiar programas, centros y actividades para drogodependientes. De hecho, otros pisos de tratamiento y recursos que de momento no van a ser cerrados, ven amenazados seriamente su continuidad, pudiendo no ser renovados el próximo año. También es el caso de recursos de la red municipal, que en el año 2012 no percibirán las subvenciones del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, temiendo por ello su continuidad.
Esta situación supondrá, a su vez, el despido de 250 trabajadores, que ven amenazada la posibilidad de volver a trabajar debido a los continuos recortes en este y otros servicios  sociales. Trabajadores que vivimos en la más absoluta precariedad laboral hasta el despido, ya que no disponemos de convenio propio (el último fue declarado nulo en 2008 tras la denuncia de la Asociación Empresarial Estatal de Servicios de Emergencias Sociales e Intervención Social) y hemos visto congelados nuestros salarios; muchas veces hemos continuado dedicados a nuestra labor a pesar de estar sin cobrar durante meses. 
Pero no sólo hay recortes en la CAM. Los servicios sociales han sido la diana de numerosos ataques por parte de las administraciones. Numerosas ONG, que cubren la mayoría del servicio,  denuncian retrasos en los pagos en autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha, País Valencià o Catalunya.

Tenemos que organizarnos

En Madrid, el pasado 16 de noviembre, trabajadores, usuarios y familiares nos manifestamos frente a la Consejería de Sanidad en protesta por el creciente cierre de servicios de atención psicosocial y sanitaria para personas drogodependientes, convocados por el “Colectivo de afectados/as por el cierre de la red de drogas de la Comunidad de Madrid”. 
Todos estos cierres y recortes están suponiendo una regresión de los servicios sociales en labor de drogodependencias a la década de los 80. En esta época muchos jóvenes cayeron en la autodestrucción por las drogas. Sin embargo, gracias a la lucha, como la que encabezaron las madres contra la droga en Galicia, denunciando entre otros a los propios traficantes y la pasividad de las autoridades, así como la de miles de vecinos en muchos barrios obreros duramente afectados por esta lacra, se terminaron conquistando unos derechos que hoy están amenazados, además de hacer frente a la estigmatización y marginación que conllevaba ser drogodependiente.
Los trabajadores del sector estamos organizándonos para denunciar esta situación y luchar contra el desmantelamiento de los servicios de drogodependencia. Desde la Secretaría de Política Social e Igualdad de Comisiones Obreras se ha manifestado el apoyo del sindicato a esta lucha. Sin embargo es necesario empezar por organizar a los trabajadores, usuarios y familiares en defensa de unos servicios de drogodependencia públicos, y con los medios humanos y materiales necesarios para un adecuado tratamiento y reinserción.
Por otro lado, esta batalla no la podemos dar solos, siendo responsabilidad de los sindicatos unificar las luchas en defensa de los servicios públicos (sanidad, educación, Canal de Isabel II, etc.), planteando una batalla seria y continuada en el tiempo contra los recortes en todo el Estado, y con la perspectiva de que los inmensos recursos que generamos los trabajadores queden en nuestras manos para atender a las necesidades sociales, y no sean regalados a los banqueros para salvar su cuenta de resultados.