En el mes de junio publicábamos una entrevista1 con los trabajadores de Coto Minero Cantábrico-Grupo Cerredo, empresa propiedad de Victorino Alonso. Entonces, los trabajadores llevaban cinco meses de huelga contra el despido del 90% de la plantilla y la imposición de recortes salariales que, tomados en conjunto, rondaban el 40%. En aquel momento los mineros a los que entrevistamos, miembros del comité de empresa, manifestaban su determinación de encontrar una salida “con o sin Victorino Alonso”, un empresario que a lo largo de las últimas décadas parece haberse especializado en “cobrar ayudas públicas y cerrar minas”.
Iniciado septiembre, de nuevo los trabajadores de Coto Minero vuelven a ser noticia, pues apenas terminada la huelga dos meses antes, y tras haber ganado una sentencia judicial que obligaba al empresario a la readmisión de los despedidos, se enfrentan a un nuevo chantaje de Victorino: o aceptar una rebaja salarial del 16,5% y un aumento de la jornada de una hora diaria o el cierre definitivo de la empresa. Estas draconianas condiciones ya consiguió imponerlas en su momento en otra empresa del grupo, UMINSA, y ese es el referente que quiere para toda su plantilla.
Este ultimátum llega después de que los administradores concursales de la empresa (en trámite de suspensión de pagos) llegaran a un acuerdo con el comité de empresa, pendiente de ratificar por los trabajadores, donde ya se aceptaba una reducción salarial del 11,5%, aunque se mantenía la jornada en las siete horas actuales. Un acuerdo que, a la vista está, supone en sí mismo un grave retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores, pero que a Victorino Alonso le sabe a poco.
Finalmente, su “propuesta” fue rechazada unánimemente por la plantilla en la asamblea realizada el 5 de septiembre, según el presidente del comité: “todos los trabajadores dijeron no al chantaje del empresario”. Al día siguiente Victorino presentó ante el juzgado la petición de liquidación de Coto Minero Cantábrico. El juez tiene ahora veinte días para dilucidar si lo acepta.
Resulta indignante comprobar cómo este individuo, a cuyo patrimonio la propia policía le atribuía ya en 1995 un origen turbio2, ha terminado siendo el dueño absoluto de la minería privada de este país, beneficiándose por un lado de las ingentes ayudas públicas que le han concedido durante estos años, y por otro, del deterioro ininterrumpido de las condiciones de trabajo en sus minas. Su trayectoria, de malversación de ayudas y fraudes varios, muestra a las claras el papel parasitario de la empresa privada, en este caso de la minería privada.
Desde estas páginas hemos defendido reiteradamente la necesidad de reivindicar la expropiación de las empresas de Victorino Alonso y su incorporación a una gran empresa pública (donde el control de los trabajadores garantice la viabilidad de la misma) como la única manera de frenar el terrible deterioro en las condiciones laborales que sufren estos trabajadores. Una vez más los hechos demuestran que no existe un límite al afán de beneficios de los capitalistas, salvo el que le imponemos los trabajadores mediante la lucha. Pero también hemos comprobado en multitud de ocasiones que incluso la lucha más abnegada y dura puede no ser suficiente si no defendemos a la vez una alternativa a la que nos pretenden presentar como la única “realista”.
Por este motivo, una vez más, frente al argumento de Victorino Alonso de que Coto Minero Cantábrico no es viable más que sobre los sacrificios interminables de los mineros y su amenaza de cerrar la mina, nosotros defendemos: Ninguna pérdida de puestos de trabajo, no a las rebajas salariales. Expropiación de la minería privada, incorporación de sus explotaciones a la empresa pública.
1. Puedes ver la entrevista en http://goo.gl/YxY6tQ
