¡Hay que abandonar el pacto social y volver a un sindicalismo de clase, combativo y democrático!

El 14 de noviembre de 2012 los trabajadores del Estado español volvíamos a demostrar nuestra rotunda voluntad de alzarnos frente a la oleada de ataques del gobierno del PP. A pesar de la represión policial y de las generalizadas presiones empresariales para impedirlo, la huelga general fue un éxito total en la industria, la construcción y las principales actividades del sector servicios. Y como culminación de la jornada, las manifestaciones convocadas en las principales ciudades reunieron a millones de trabajadores.

En esta situación hay un hecho que resalta de una manera clamorosa: la ausencia de una respuesta sindical adecuada a la magnitud del ataque que estamos sufriendo. Después de la huelga general del 14-N, los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, los únicos con capacidad real para encabezar una lucha decisiva contra el gobierno del PP, se han refugiado en un silencio vergonzoso, que solo rompen ocasionalmente para realizar declaraciones inocuas.
Y por si esta pasividad fuese poco motivo para que la desconfianza en las direcciones sindicales se extienda entre los trabajadores, los últimos meses han sido pródigos en noticias sobre casos de corrupción que implican a sindicalistas. El escándalo de los EREs en Andalucía o las noticias de desviación hacia otros fines de fondos públicos destinados a la formación han sacado a la luz prácticas inaceptables en una organización obrera y han generalizado la sospecha de que tras estos casos hay una consolidada trama de irregularidades.
No es de extrañar que muchos trabajadores se pregunten cómo ha sido posible llegar a esta situación, y que expresen sus dudas sobre la utilidad de unos sindicatos que no luchan contra las políticas antisociales del PP y cuya honradez está siendo cuestionada. Los medios de comunicación de la burguesía aprovechan la confusión y cargan contra el sindicalismo en general, intentando asociarlo de forma indiscriminada a prácticas corruptas. La burguesía se frota las manos, y aprovecha la debilidad de los dirigentes sindicales para apostar abiertamente por la desarticulación del sindicalismo de clase.

El papel histórico de los sindicatos

Desde que en las primeras décadas del siglo XIX los trabajadores de los primeros núcleos industriales tomaron conciencia de su situación y decidieron organizarse para defender sus derechos, los sindicatos han sido un arma fundamental del movimiento obrero en todo el mundo. Avances como la prohibición del trabajo infantil, la jornada de 8 horas o la extensión de derechos sociales en la gran mayoría de los países capitalistas desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, fueron conquistas fundamentales del movimiento obrero organizado.
Los sindicatos fueron el primer medio por el que los trabajadores se unieron frente a los abusos de los patronos, y poco a poco, a partir de la experiencia de las luchas cotidianas, la organización sindical centrada en acciones reivindicativas propias de un oficio o sector abrió paso a una organización general de los trabajadores como clase que, sin renunciar a luchar por mejoras inmediatas, inscribió en sus banderas el objetivo de acabar con la explotación capitalista.
Precisamente porque la acción sindical es un primer paso hacia la acción política del proletariado, cuando en los años 30 la burguesía española recurrió al fascismo para aplastar el empuje revolucionario de la clase obrera, su primer objetivo fue erradicar a sangre y fuego las organizaciones sindicales y durante las casi cuatro décadas de la dictadura de Franco la actividad sindical fue duramente reprimida.
Una cruel represión que no pudo evitar que los trabajadores se organizaran en la clandestinidad, fundamentalmente en las Comisiones Obreras, y, a través de sucesivas oleadas de huelgas y manifestaciones, acabasen minando el régimen franquista. Bajo el empuje del movimiento obrero organizado, el franquismo tuvo que ir cediendo y los trabajadores fuimos conquistando el reconocimiento de algunos derechos básicos. Así, en 1958 se conquistó la primera Ley de Convenios Colectivos, en 1961 el Seguro de Desempleo, o en 1963 la aprobación de un Salario Mínimo.
Cada ola de huelgas socavaba los cimientos de la dictadura y finalmente la fuerza del movimiento obrero hizo imposible cualquier intento de darle continuidad. La conquista de las libertades políticas en 1977 no detuvo la movilización, y los trabajadores continuamos luchando por recuperar y ampliar nuestros derechos. Si hoy puede hablarse en el Estado español de “estado del bienestar” es gracias a que la lucha de los trabajadores en los últimos años de la dictadura desbordó ampliamente los márgenes del sistema capitalista y adquirió las características de una lucha revolucionaria. Y fue precisamente el terror de la burguesía a perder para siempre sus privilegios lo que la forzó a realizar importantes concesiones y a admitir avances sociales que unos años antes parecían impensables.
Esos avances en materia laboral, en pensiones, vivienda, sanidad o educación, son ahora el objetivo de las contrarreformas del gobierno del PP, apoyadas y secundadas por la CEOE y el resto de organizaciones patronales. Pero este ataque de la burguesía no podría realizarse con la facilidad con la que se realiza si no fuese por la política pactista de los dirigentes de CCOO y UGT.

La evolución de las direcciones sindicales

Es en estos momentos cuando más escandalosamente destaca la escisión entre lo que defienden Toxo y Méndez y lo que realmente necesitamos y demandamos los trabajadores. Las raíces de esta política se hunden en los tiempos de la Transición, cuando los dirigentes obreros reformistas consiguieron frenar el potencial revolucionario de la clase obrera del Estado español y estabilizar el sistema capitalista, considerado por ellos —en palabras de un ministro de Felipe González— el “horizonte insuperable de nuestro tiempo”.
Renunciando a plantear una alternativa al capitalismo y circunscribiendo su acción política y sindical a los avances que puedan conseguirse a través del pacto social, intentando limitar la movilización a un mecanismo de presión utilizado solo para agilizar el diálogo con la patronal, los dirigentes reformistas se ataron voluntariamente de pies y manos frente a la burguesía. Mientras el capitalismo experimentó una fase de expansión no faltaron medios para realizar algunas concesiones que facilitaran la paz social y los dirigentes sindicales se ufanaban de lo que consideraban logros de su habilidad negociadora y del reconocimiento por parte de la burguesía de su relevancia como “interlocutores sociales” que aseguraban con su moderación la buena marcha de la economía.
Pero la política de pacto social tenía un precio. Durante los años 80 se inició una oleada de reconversiones industriales que dejó a miles de trabajadores en la calle y a varias comarcas completamente desmanteladas. A pesar de la enorme resistencia desplegada por los trabajadores, a pesar de la dureza de las huelgas y movilizaciones, los dirigentes sindicales rechazaron la unificación de las luchas de todos los sectores con un programa de inversiones industriales masivas financiado a través de la nacionalización de la banca y el sector financiero. Solo así se podría haber frenado la masiva sangría de empleo, pero los dirigentes sindicales, temerosos de sobrepasar los límites impuestos por el sistema capitalista, se negaron a dar ese paso y acabaron firmando unos acuerdos de reconversión industrial que condenaron al paro a miles de trabajadores.
A partir de ese momento, la comprensión mostrada por los dirigentes sindicales con las empresas y sectores que planteaban despidos o recorte de derechos se generalizó y la teoría del “mal menor” se convirtió en doctrina oficial de los dos grandes sindicatos. Ya no se trataba de defender sin concesiones los puestos de trabajos amenazados o los convenios colectivos puestos en cuestión. Aceptar que el sistema capitalista es el único posible llevaba aparejado aceptar su lógica: si hay pérdidas, habrá que despedir trabajadores o habrá que renunciar a conquistas conseguidas años atrás. Este giro a la derecha se notó especialmente en las Comisiones Obreras durante el mandato de José María Fidalgo, que provocó una ola de malestar interno a causa de sus concesiones ilimitadas a la patronal y al gobierno.
Finalmente en el IX Congreso de CCOO, en 2008, Fidalgo fue derrotado por el actual secretario general Ignacio Fernández Toxo. Pero la ilusión en que la derrota de Fidalgo abriría una nueva etapa en CCOO duró poco. Pronto se comprobó que, a pesar de un cierto cambio en el lenguaje, el pacto social y el diálogo con la patronal y el gobierno continuaban siendo los ejes estratégicos de la política del sindicato.

Los dirigentes sindicales ante la crisis

La crisis general del capitalismo que se inició en 2007 ha dejado completamente al desnudo la inutilidad de la política sindical reformista para contener o paliar los ataques a los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. La crisis capitalista limita y dificulta la valorización del capital y por ello las empresas se lanzan a una carrera de incremento de beneficios a toda costa, y por el camino van quedando el empleo digno, los servicios públicos gratuitos y de calidad, y una gran mayoría de las conquistas sociales realizadas por la clase obrera a lo largo de décadas.
Pero también queda por el camino el diálogo social al que se aferran los sindicatos como a un clavo ardiendo. Los capitalistas ya no están en disposición de realizar concesiones, puesto que la crisis de su sistema les obliga a exprimir cada vez más a la fuerza de trabajo, de modo que los acuerdos a largo plazo con los sindicatos dejan de serles útiles. La incomprensión de esta realidad es el fundamento de las políticas defendidas por las direcciones sindicales. En su informe al Consejo Confederal del 15 y 16 de octubre, los dirigentes de CCOO insisten en que, a pesar de estar sujetos a las condiciones impuestas a raíz del rescate del sistema financiero “No por ello el consenso es hoy menos necesario. Antes al contrario, ahora es cuando el Diálogo Social podría mostrar todo su potencial pero para ello sería necesaria, como venimos demandando, una profunda reorientación de las políticas europeas y españolas”.
Lo que demanda la cúpula de CCOO es un imposible retorno al capitalismo de los años 60, un capitalismo con amplia intervención estatal y que, sometido a la doble presión de unos fuertes sindicatos en el interior y en el exterior, donde los avances derivados de la economía planificada en el bloque de países encabezados por la Unión Soviética (a pesar de la tremenda aberración de la burocracia estalinista), empujaban a la burguesía occidental a realizar concesiones para mantener el equilibrio social. Pero ese capitalismo es hoy impensable. Por eso la esperanza de que un “profundo giro” de las políticas de la Unión Europea reestablezca la prosperidad perdida es totalmente vana.
La carencia de una alternativa al capitalismo ha conducido al sindicalismo reformista a un endiablado dilema: o se adaptan a las necesidades reales del capitalismo, lo que significa hacerse corresponsables de la única política económica posible en ese sistema, o se ven sumidos en la más completa pasividad. Hace 73 años, Trotsky escribía que los sindicatos “deben enfrentar un adversario capitalista centralizado, íntimamente ligado al poder estatal. De ahí la necesidad que tienen los sindicatos —mientras se mantengan en una posición reformista, o sea de adaptación a la propiedad privada— de adaptarse al Estado capitalista y de luchar por su cooperación. A los ojos de la burocracia sindical, la tarea principal es la de ‘liberar’ al Estado de sus ataduras capitalistas, de debilitar su dependencia de los monopolios y volcarlos a su favor” (León Trotsky, Los sindicatos en la era imperialista).
Pero la “pasividad” de los dirigentes sindicales no es neutra. Tiene una grave consecuencia, y es que da aliento a la burguesía para profundizar y acelerar su ofensiva. Cada ataque que no es respondido de una manera firme es un estímulo para que empresarios y gobierno planteen un ataque aun mayor. La reforma de las pensiones de 2011, pactada con CCOO y UGT, allanó el camino a la propuesta de contrarreforma actual. Después de la huelga general del 29 de marzo y la del 14 de noviembre, impuestas desde abajo por el movimiento, los dirigentes de CCOO y UGT retomaron con fuerza el camino de la negociación con el gobierno y suspendieron sine die la continuidad de la movilización general. El efecto fue claro: las disposiciones más negativas de la contrarreforma laboral, como las que tienen que ver con la posibilidad de recurso judicial frente a un ERE o con las facilidades concedidas a multinacionales para realizar despidos, se empeoraron aún más el pasado mes de agosto; lo mismo con la reforma de las pensiones, o con la ley Wert, o con los ataques a la dependencia...

¿Hay o no ambiente de lucha?

Ante las protestas de sus afiliados, los dirigentes sindicales descargan la responsabilidad de su inacción sobre los propios trabajadores. Explican que los trabajadores aceptamos los recortes que se nos imponen y no mostramos la menor disposición a la lucha. El éxito de huelgas y manifestaciones se minimiza, en un patético intento de justificar la injustificable política de consenso y pacto.
Pero ¿hay algo de cierto en esa supuesta pasividad social? Para cualquier observador sin prejuicios es evidente que no. Todas las convocatorias de huelga general han tenido un extraordinario seguimiento, al igual que la inmensa mayoría de las luchas de ámbito sectorial. Es más, muchas de las movilizaciones sectoriales han tenido un amplísimo apoyo social, como pudimos ver con la reciente huelga general de la Enseñanza, o con las luchas de la minería y la marcha minera a Madrid, que despertó en los barrios obreros de la ciudad un entusiasmo desbordante, que culminó con la Puerta del Sol llena de manifestantes a la una de la madrugada de un día laborable. Por no hablar del gigantesco apoyo recibido por los profesores de las Islas Baleares después de declararse en huelga indefinida.
No solo es falso que no haya ambiente de lucha, sino que la pasividad de los sindicatos ha propiciado que la indignación social se exprese por otras vías. ¿Cómo entender si no el surgimiento del 15-M y el mantenimiento durante meses de su enorme capacidad de convocatoria? Fue precisamente al empuje del 15-M y su insistencia en la recuperación de los métodos asamblearios lo que ayudó a constituir esa nueva forma de movilización que son las Mareas —Verde de Educación, Blanca de Sanidad, Naranja de Servicios Sociales…— en la que los trabajadores de un sector confluyen con usuarios, vecinos y con el resto de la clase trabajadora.
Si alguna conclusión puede sacarse de las masivas movilizaciones que estamos viviendo es que los dirigentes sindicales van muy por detrás de la clase trabajadora y de sus propios afiliados. El atraso de los dirigentes sindicales y su desconexión de la realidad se comprueban, como no podía ser de otro modo, en el interior de sus propios sindicatos. En las últimas semanas, trabajadores de diversas empresas han tenido que de-sautorizar a sus dirigentes sindicales y echar abajo acuerdos gravemente lesivos firmados con la patronal. Desde el astillero de Navantia en Ferrol (donde el Sector Crítico de CCOO está dirigido por los marxistas de El Militante) hasta la factoría de Panrico en Santa Perpetua, pasando por el Metro Ligero Oeste de Madrid o RTVE, las asambleas de trabajadores han echado abajo convenios prefirmados y acuerdos con las empresas, y han exigido movilización y lucha. Y estos casos son solo el principio de una ola de rebeldía de las bases sindicales frente a sus dirigentes. Es inevitable que los trabajadores de empresas sujetas a los más fuertes ataques patronales —un cierre definitivo, despidos masivos, recortes salariales salvajes— decidan no rendirse sin lucha, y para ello intentarán utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo el sindicato. Y si los dirigentes sindicales se cruzan en su camino, no hay duda de que serán arrollados. Esta es la realidad ante la que los dirigentes sindicales cierran voluntariamente sus ojos.

¿Cuál es la alternativa sindical que necesitamos?

Ante la perspectiva de que el capitalismo, tanto en el Estado español como en el resto del mundo, va a continuar basando sus beneficios en un incremento desmesurado de la explotación de los trabajadores, no cabe ya otra política sindical que la que cuestiona el sistema capitalista y une las reivindicaciones básicas e inmediatas al logro de objetivos socialistas. Para resistir con éxito las peores agresiones de la burguesía no hay otra alternativa que romper con la aceptación de la propiedad privada como techo de nuestras reivindicaciones, y por eso solo dotando a los sindicatos de una política de transformación revolucionaria de la sociedad capitalista será posible que nuestras movilizaciones consoliden victorias.
Con esa política, las dos centrales mayoritarias, que hoy muchos trabajadores ven como un obstáculo, volverían a ser el instrumento de unión y lucha para el que fueron creados. En la construcción de CCOO y UGT están enterrados los esfuerzos y los sacrificios de cientos de miles de trabajadores honestos y combativos, que dedicaron gran parte de sus vidas a construir lo que tendría que ser la primera trinchera de la resistencia obrera a la explotación capitalista. El hecho de que esos sindicatos estén hoy en manos de los actuales dirigentes no resta valor a su enorme potencial como herramienta de lucha.
La experiencia nos enseña que construir un sindicato al margen de las grandes centrales sindicales no es tarea fácil, y que incluso, si se consiguiese, no existen garantías absolutas de que no sufrirá desviaciones reformistas. La única garantía de que un sindicato se mantiene fiel a sus objetivos fundacionales es su defensa de un programa revolucionario de transformación socialista de la sociedad y el respeto a los métodos de la democracia obrera. Un sindicato que no se constriñe a los límites impuestos por el capitalismo, un sindicato que no firma acuerdos a espaldas de sus bases, es un sindicato que puede respetar a las asambleas de trabajadores como máximo órgano de decisión, y que puede llevar la voluntad de lucha de sus bases hasta sus últimas consecuencias.
Quienes se planteen abandonar sin lucha los dos grandes sindicatos no debilitan a las direcciones reformistas, aunque esa sea su intención. Más bien ocurre lo contrario, ya que el debilitamiento de las bases coadyuva a dar un balón de oxígeno a los actuales dirigentes.
Por supuesto, un sindicato orientado a la lucha por el socialismo no necesita ni acepta otros métodos de financiación que no sean las aportaciones de sus afiliados y del propio movimiento obrero. Los casos de implicación sindical en asuntos turbios, esos casos que la prensa de derechas amplifica en un intento de desmoralizar a los trabajadores y hacerlos presa fácil de la explotación, han sido posibles porque las direcciones de UGT y CCOO se separaron de los principios organizativos y financieros que deben caracterizar a un sindicato obrero. Un sindicato de clase, armado de una política socialista, ni quiere ni necesita financiación desde el Estado burgués, ni acepta que una pequeña capa de dirigentes disfrute de unas condiciones de vida ajenas a la inmensa mayoría de los trabajadores y más cercanas a la de sectores privilegiados de la pequeña burguesía.
El ejemplo de la Caja de Resistencia de los profesores de Baleares, que consiguieron en unos días más de 400.000 euros para mantener su huelga indefinida, es prueba más que suficiente de que un sindicato combativo puede autofinanciarse y no comprometer su independencia con el Estado o la banca.
Pero ¿es posible que esa política sindical combativa y revolucionaria reconquiste las dos grandes centrales sindicales? La respuesta de los marxistas es SÍ. La condición es que reforcemos la construcción de una corriente sindical de izquierdas en el seno de CCOO y UGT, una corriente capaz de unir a esa inmensa mayoría de sindicalistas disconformes con la política pactista, que exponga abiertamente sus posiciones y que intervenga directamente en las luchas sindicales con su programa de combate y sus métodos de democracia obrera.
La tarea más inmediata es exigir, frente a la nueva oleada de ataques del gobierno (reforma de las pensiones, ley Wert, recortes presupuestarios cuantificados en 17.500 millones de euros en los próximos dos años, incremento de la represión con la reforma del Código Penal, etc.), la convocatoria inmediata de una nueva huelga general; una huelga que sea parte de una estrategia de lucha ascendente en la que la participación por abajo sea el motor fundamental y cuyo objetivo debe ser la dimisión del gobierno del PP, la convocatoria de elecciones anticipadas y la formación de un gobierno auténticamente de izquierdas que revierta todas las medidas impuestas por la derecha en los últimos dos años.

¡Hay que tumbar al gobierno de los banqueros y empresarios con la lucha!
¡Los dirigentes de CCOO y UGT tienen que abandonar ya su parálisis y convocar una huelga general!
¡Únete a la Corriente Marxista El Militante y lucha con nosotros por un sindicalismo de clase, democrático y combativo!
¡Por la transformación socialista de la sociedad!