Esta represión, que se ha cebado estos años con organizaciones como el SAT-SOC, y en una persecución sañosa contra Diego Cañamero, Sánchez Gordillo y los activistas del movimiento jornalero, ahora se ha extendido también a decenas de militantes de CCOO, UGT, CIG, CGT y militantes obreros. Desde dirigentes, como la secretaria general de CCOO de Baleares, hasta trabajadores sin afiliación sindical, pasando por miembros de comités de empresa, como los de Airbús de Getafe o el recién dimitido presidente del comité de Navantia San Fernando. Ya hay condenados en firme: Carlos y Serafín (Vigo), Carmen y Carlos (Granada) o Ana y Tamara (Pontevedra), a 3 años de cárcel cada uno. Las penas superiores a 24 meses implican el ingreso en prisión aunque no se tengan antecedentes. Además, hay múltiples expedientes administrativos con multas (la mayor, 60.000 euros en Huelva).

Estas condenas se basan en el artículo 315.3 del Código Penal, que establece que se podrá imponer prisión de seis meses a tres años a quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Este artículo proviene del viejo Código Penal franquista, en concreto de su artículo 496, introducido en julio de 1976 (los sindicatos de clase todavía eran ilegales) para “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”. O sea, como evidencian tanto la fecha como la argumentación, su objetivo era intentar mantener la dictadura tras la muerte del dictador. Por tanto, el artículo 315 es herencia directa del franquismo, y no fue suprimido ni enmendado por ninguna reforma del Código Penal en los 37 años que llevamos de “democracia”.  Otro debe en la cuenta de la llamada Transición política.
La inmensa mayoría de los continuos abusos y violaciones de los derechos legales que cada día sufrimos millones de trabajadores, incluidos numerosos accidentes laborales, quedan impunes porque los fiscales no persiguen penalmente a sus responsables, los empresarios y grandes capitalistas que cuentan con todo el amparo del PP y los tribunales. En cambio, como parte de una estrategia muy meditada para romper la movilización, se dan instrucciones para perseguir duramente a quienes luchan para defender unas condiciones dignas para los trabajadores, igual que se hacía en tiempos de la dictadura e incluso recurriendo a la misma legislación franquista.
En esta persecución hay un ensañamiento brutal. El caso de Ana y Tamara es revelador. Durante una huelga de trabajadores de las instalaciones deportivas de Galicia en 2010, un piquete echó pintura en una piscina. El fiscal de Pontevedra abrió expediente y fueron condenadas a 6 meses y un día, ¡a pesar de que no se demostró que la pintura la hubiesen echado ellas, sólo que estaban en el piquete! Para la fiscalía fue insuficiente y recurrió la sentencia. La Audiencia Provincial subió la condena a 3 años y un día. ¡Tres años y un día de cárcel para dos trabajadoras por participar en un piquete! ¡En cambio, si eres un banquero que robas millones de euros en Bankia o en Caixa Nova, nadie te condena y puedes seguir disfrutando de la vida!

El PP quiere instaurar un régimen semipolicial

La deriva autoritaria del PP no es casualidad, y afecta a todos los derechos democráticos fundamentales. Los últimos ejemplos los tenemos en Madrid durante la proclamación del nuevo rey (prohibición de las manifestaciones convocadas contra la monarquía, decenas de detenidos por llevar una bandera republicana, coacción policial a quienes la colgaban en sus balcones, etc.) y en las denuncias de los trabajadores de RTVE sobre la censura y la manipulación en los informativos. Con la ley de seguridad ciudadana, la reforma del código penal y otras medidas en marcha la derecha pretende restringir duramente el derecho a manifestación y expresión. El siguiente paso será una ley antihuelga.
A pesar de la propaganda oficial sobre el fin de la crisis y de la política de ajustes los banqueros y los grandes empresarios saben perfectamente que los demoledores efectos sociales de la crisis capitalista van a continuar de forma indefinida y que la labor de acoso y derribo contra las conquistas sociales todavía no ha terminado. El escenario para el que se está preparando la burguesía es el del incremento de la movilización social, de la lucha de la clase obrera y de la juventud.
Es cada vez más aguda la contradicción entre el sistema capitalista y los derechos democráticos fundamentales. Aunque el gobierno del PP esté totalmente deslegitimado, parece claro que pretende aprovechar al máximo lo que le queda de legislatura para sentar las bases legales de un régimen semipolicial, más represivo y autoritario, en el que cualquier huelga o manifestación pueda ser objeto de multas o encarcelamiento de forma sistemática y generalizada, que es lo efectivamente ya está empezando a suceder.

La transformación radical de los sindicatos, más urgente que nunca

La situación de represión contra los activistas sindicales es también una condena de la política de desmovilización y pacto social de los dirigentes de CCOO y UGT. De hecho, la gravedad de esta ofensiva de la derecha y la patronal contrasta con la absoluta pasividad de la cúpula de CCOO y UGT, que siguen implorándoles que vuelvan al “diálogo social”. Esa actitud,  totalmente divorciada de la base sindical y de los trabajadores, es precisamente lo que envalentona a los capitalistas.
La represión desatada contra la lucha obrera y la protesta social requiere una respuesta contundente: no se puede parar a estos reaccionarios con buenas palabras o con llamamientos al diálogo. El enjuiciamiento de sindicalistas no es más que la continuación, en el terreno legal, de los planes de austeridad y los recortes. Por eso, frenar los ataques en ambos terrenos exige la convocatoria urgente de una huelga general que tenga como uno de los puntos fundamentales la anulación de todas las causas, todos los juicios y todas las sentencias contra los sindicalistas y trabajadores por luchar. Hay que exigir la retirada de todas las medidas represivas en marcha, así como la derogación de la reforma laboral, de la LOMCE y de los recortes y de todas las medidas antisociales impuestas por la derecha y el último gobierno del PSOE. En las actuales circunstancias todo ello equivale a exigir la dimisión del gobierno del PP y la convocatoria de elecciones anticipadas para elegir a un gobierno de izquierdas con un verdadero programa de izquierdas. La convocatoria de una huelga general enfocada de esta manera tendría un impacto brutal.
Los trabajadores debemos rescatar nuestros sindicatos, para que la fuerza real de la clase obrera pueda expresarse y posibilite una defensa contundente y organizada de nuestros intereses. Necesitamos una transformación radical de los sindicatos obreros, convirtiéndolos en baluartes de la lucha contra el capitalismo y por la transformación social. Y la mejor manera de impulsar esta transformación en los sindicatos es construyendo dentro de ellos una fuerte corriente marxista que impulse decididamente el sindicalismo combativo, de clase y democrático que los trabajadores necesitamos.


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