Casi dos años después de que el Gobierno iniciara la tramitación de Ley de Memoria Democrática, y fruto de la presión y movilización incansables de las víctimas del franquismo, de activistas de la izquierda y las asociaciones memorialistas, el jueves 14 de julio se aprobaba en el Congreso de los Diputados, tras un acuerdo con EH Bildu, la abstención de ERC y los votos en contra de Ciudadanos, PP y Vox.
Las fuerzas de la derecha y la extrema derecha han jaleado cínicamente contra ella diciendo que es un “intento de fracturar la convivencia entre españoles”, “revanchismo” y “revisionismo histórico”. ¡Qué sinvergüenzas! Estos herederos del franquismo, los mismos que se niegan reiteradamente a condenar el golpe militar de 1936, los mismos que mintieron cuando los atentados del 11-M de 2004 para hacernos creer que había sido ETA... saben que la impunidad del franquismo no es un tema del pasado, sino que está más vivo que nunca.
Lo vemos todos los días en la judicatura, en la policía, en la Iglesia, en un aparato del Estado que sigue plagado de reaccionarios que utilizan esas posiciones para defender sus intereses y privilegios, su ideario reaccionario y fascista, y también su impunidad. La intervención del diputado de Vox en la sesión parlamentaria donde se votaba la Ley de Memoria justificando el asesinato de Salvador Puig Antich con garrote vil en 1974 y haciendo apología del régimen franquista ha sido muy ilustrativa. Y es tan solo el último ejemplo, que no el único, que pone encima de la mesa la impunidad de la que siguen gozando hoy los fascistas y el peligro real del avance de la extrema derecha.
Qué dice la nueva Ley
Entre los cambios introducidos en la normativa por la izquierda abertzale para dar su aprobación está el “declarar de manera explícita la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas”. Un hecho positivo, sin duda, y que junto a otras enmiendas añadidas por los grupos parlamentarios suponen en ciertos aspectos avances frente a la Ley de Memoria Histórica aprobada hace más de una década. Con todo, mientras la Ley de Amnistía de 1977 —que ha impedido el juicio y castigo a los responsables de la represión durante décadas— siga siendo intocable, esta nueva ley será absolutamente insuficiente para hacer justicia a las víctimas del franquismo.
La nueva legislación incorpora la condena explícita al golpe militar del 36 y a la dictadura; que la cultura y las lenguas vasca, catalana y gallega sean consideradas víctimas del franquismo; establece la retirada de títulos nobiliarios y condecoraciones concedidos por Franco, la creación de un mapa de fosas, un banco estatal de ADN y un censo de víctimas; permitirá que los hijos, nietos y bisnietos de personas que tuvieron que exiliarse por su condición sexual obtengan la nacionalidad.
Otro de los puntos más destacados es que, aunque la definición de víctima de la dictadura se limita a 1978, se amplía el periodo de investigación de los crímenes del franquismo y de violaciones de derechos humanos hasta 1983, incluyendo el primer año de Gobierno de Felipe González y de la creación de los GAL. Una época donde, ya en democracia, continúo la violencia policial y de la extrema derecha, siendo heridos y asesinados centenares de militantes de izquierdas a manos de los agentes del orden público y grupúsculos fascistas por realizar huelgas, asambleas, manifestaciones, o por el mero hecho de ser de izquierdas. El aparato del Estado franquista, que se mantuvo intacto, siguió actuando con completa impunidad.
En concreto, la ley dice: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos (…) que señale posibles vías de reconocimiento y reparación”. Pese a la calculada vaguedad de la redacción para que en la práctica no comprometa a demasiado o, como señala Jacinto Lara, abogado de las víctimas en la querella argentina, pese a una formulación “tan genérica e indefinida” que esa comisión caerá en saco roto, este aspecto ya ha levantado ampollas. Empezando por Felipe González al que —de la mano como en tantas ocasiones de la derecha y la extrema derecha,— el texto “no le suena bien”, no vaya a ser que se descubra quién fue el Sr. X o se recuerde el entierro en cal viva de los cuerpos torturados de Laza y Zabala. Y continuando por algo más de un centenar de “históricos” del PSOE; es decir, de exaltos cargos y exministros con González que han firmado un manifiesto exigiendo la retirada de esta ley (en sintonía con Feijóo, quien ya ha adelantado su derogación si llega al Gobierno) al considerar que “tergiversa” el “gran pacto constitucional”.
Para estos señores se trata de defender a capa y espada el régimen capitalista y monárquico del 78 impuesto por los pactos de la Transición, donde los dirigentes reformistas tanto del PSOE como del PCE aceptaron, entre otras cosas, mantener silencio y echar un tupido velo sobre los crímenes de la dictadura y el postfranquismo, y sobre sus ejecutores y cómplices.
Otra de las medidas supuestamente estrella es la creación en la Fiscalía General del Estado de una Sala para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Pero donde ponen el foco, y con razón, todas las críticas de las asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo es en que será papel mojado ya que, como hemos señalado, no toca el punto central, la impunidad de los crímenes franquistas, al no derogar la Ley de Amnistía de 1977. Una legislación que ha sido utilizada como ley de punto final para que no se juzgaran los crímenes de la dictadura en nuestro país.
Los dirigentes de Unidas Podemos —que como en otros aspectos han renunciado a exigir la derogación de la Ley de Amnistía— insisten en que ahora sí se podrán realizar dichos juicios. Argumentan que, gracias a una de sus enmiendas, la Ley de Amnistía deberá ser interpretada en base al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra y lesa humanidad no pueden ser amnistiables. Este tipo de planteamientos ya han demostrado en los hechos ser una completa trampa. Lo hemos visto con la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Mientras la jueza argentina Servini pedía la extradición del torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y del ministro franquista Martín Villa, tanto el Gobierno español (del PP y del PSOE) como el Tribunal Supremo se negaron a cumplir dicha petición, apelando a la Ley de Amnistía. De hecho, esta Ley fue utilizada por el Tribunal Constitucional para impedir en 2008 que el juez Baltasar Garzón juzgara más de 110.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, alegando que eran hechos “ya prescritos”. ¿Cómo pretenden solucionar este problema los dirigentes de Unidas Podemos?
La realidad es que los dirigentes del PSOE son un puntal fundamental del régimen del 78 y nunca se han propuesto juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país. Al igual que con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, hoy hacen una defensa a ultranza de la Transición y dejan claro que Ley de Amnistía es una de sus grandes conquistas, ratifican su vigencia y no la tocarán.
Luchar contra la impunidad del franquismo es luchar contra la derecha y la extrema derecha
Está muy bien que se pueda hablar de la represión franquista en las escuelas, que se reconozca a las víctimas de la dictadura, que se exhumen las fosas, que se declaren ilegales los juicios franquistas y se vaya a investigar sus crímenes... Pero mientras no se derogue la Ley de Amnistía ni se depure el aparato del Estado de los herederos de la dictadura —algunos disfrazados de demócratas y otros muchos, sin disfraz—, los criminales franquistas podrán seguir paseando por las calles y disfrutando de sus fortunas conseguidas con la sangre y el sudor de la clase trabajadora. No basta con condenar genéricamente la dictadura franquista, es necesario señalar a sus responsables y sostenedores, y a los herederos de los mismos, desde la Corona hasta la judicatura y la policía pasando por las grandes fortunas del Ibex 35, que se enriquecieron a costa del expolio, la corrupción y los asesinatos en masa de miles y miles de trabajadores que lucharon contra el fascismo. Queremos verdad, justicia y reparación real. Mientras no se dediquen los recursos económicos necesarios, no se podrá realmente indemnizar y reparar a las víctimas por su terrible sufrimiento.
Es un escándalo que mientras raperos por decir verdades como puños sobre el Rey y activistas sociales están en la cárcel, los torturadores franquistas que quedan vivos siguen libres. Lo vimos con Billy el Niño, que hasta el día de su muerte disfrutó de una pensión de lujo por sus medallas al “mérito policial” por torturar a estudiantes y trabajadores antifranquistas, o lo vemos con el propio comisario Villarejo, también miembro de la Brigada Político Social al servicio de Billy el Niño, pero que ha podido campar a sus anchas codeándose con la élite política, empresarial y periodística durante años.
Sin derogar la Ley de Amnistía, no habrá justicia para las víctimas ni se podrá sentar en el banquillo a los represores de la dictadura. Por eso, desde Izquierda Revolucionaria, nos unimos a todos esos colectivos memorialistas que piden su derogación. Porque fue una ley de punto y final para absolver los crímenes de la dictadura y proteger a esos criminales que hoy siguen en posiciones de enorme poder. Lo que queremos y por lo que luchamos es por poner punto y final a su impunidad.
No se trata de un debate histórico, no se trata solo de memoria, sino de futuro. Se trata de la lucha de clases, y tiene consecuencias para las actuales y siguientes generaciones. Por eso hay que vincular la exigencia de derogación de la Ley de Amnistía con la denuncia de todo el entramado franquista que sigue en activo, que actúa todos los días, y cada vez con más descaro; y lo hace en todas las instituciones del Estado, incluyendo por supuesto sus “cloacas”. ¿Cuántos militares, guardias civiles, jueces y “periodistas” que copan la mayor parte del tiempo en los “informativos” no tendrían hoy ningún inconveniente en impulsar o justificar otro golpe franquista y su cruenta represión si pudieran?
De hecho, no solo el discurso del Vox, sino el del PP en gran medida, sirve de preparación política para justificar cualquier retroceso en los derechos democráticos conquistados con la lucha del movimiento obrero. Las palancas legales están ahí, empezando por el rey, el heredero número uno del franquismo y “jefe de las fuerzas armadas”, con potestad para “convocar y disolver las cortes generales” según la Constitución.
La depuración del aparato del Estado, así como la aplicación de cualquier ley mínimamente progresista, solo puede venir con la lucha desde abajo, de un levantamiento masivo contra la cada vez más asfixiante represión estatal, contra eso que llaman democracia y, efectivamente, no lo es. La reparación de la memoria histórica vendrá de la mano de la lucha contra la evidente amenaza del fascismo y de la reacción.
¡Basta de excusas!
¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura!
