El torbellino de la lucha de clases se revela con fuerza y está dejando su huella en numerosos países, con un detonante común: la carestía de la vida unida al desabastecimiento energético. La guerra imperialista en Ucrania está acentuando los grandes desequilibrios que el conjunto del sistema capitalista ya padecía.
Huelga general en Grecia: «el salario no alcanza, las cuentas no salen»
La inflación en Grecia ha registrado la mayor subida en 25 años, situándose cerca del 9%. La electricidad aumentó a principios de año un 56%, el combustible 21,6% y el gas natural un 156%.
A finales de febrero, 10.000 personas se manifestaron frente al Parlamento de Atenas y en las principales ciudades contra la subida de los precios. A mediados de marzo, miles de agricultores se movilizaron durante semanas y cortaron los accesos a Atenas el viernes 18. Pero el punto álgido de este malestar social se expresó en la huelga general convocada por los dos principales sindicatos el 6 de abril. Los transportes, escuelas y hospitales de todo el país quedaron paralizados y decenas de miles de trabajadores y jóvenes salieron a las calles exigiendo subidas salariales que impidan un empobrecimiento mayor de la población.
La clase obrera griega, tras casi dos décadas sufriendo las políticas capitalistas de privatización, austeridad y recortes salvajes, ha vuelto a demostrar no estar dispuesta a seguir pagando la factura de la crisis. Bajo el lema «el salario no alcanza, las cuentas no salen», han denunciado el ridículo aumento del 2% del salario mínimo aprobado en enero por el Gobierno de la derecha de Mitsotakis, mientras entrega millones de euros en subsidios para el combustible a las empresas.
Albania: la población se rebela contra el oligopolio del petróleo
Durante cinco días seguidos de marzo, miles de jóvenes y trabajadores participaron en protestas por todo el país contra el alza de los precios de combustibles y alimentos, culminando el día 13 con una gran manifestación en Tirana, la capital.
En el punto de mira, el oligopolio petrolero y el Gobierno socialdemócrata del primer ministro Edi Rama, que permite a los capitalistas forrarse gracias a la especulación a costa de la degradación de las condiciones de vida de la población. En tan solo una semana el precio de la gasolina subió un 40%, en un país donde el coche es vital pues la red de transporte público es prácticamente inexistente, y donde el salario medio es 490 euros.
El Gobierno trató de desactivar la movilización prometiendo una ayuda de 24 euros a jubilados y grupos vulnerables. Una auténtica burla. Así, el 19 de marzo, de nuevo decenas de miles tomaron las calles de la capital. Dos días después, Rama anunciaba ayudas al pago del combustible en el sector de la agricultura, la reducción del impuesto sobre la renta para más de la mitad de los trabajadores del sector público y privado, pero se negó a bajar los impuestos sobre los hidrocarburos de los que se benefician las petroleras y que suponen el 53% del precio de comercialización.
A la vez, el Gobierno ha acusado al movimiento de violento y minoritario, además de utilizar la represión, con decenas y decenas de detenidos. Sin embargo, la rabia contra los capitalistas y especuladores, que se expresaba muy bien en el grito que ha marcado las protestas: “dejad de robarnos” no solo no ha desaparecido, sino que se extenderá.
Indonesia, Sri Lanka, India… El sudeste asiático en el ojo del huracán
El sudeste asiático lleva varios años siendo protagonista de constantes rebeliones muy profundas. Los días 28 y 29 de marzo, millones de trabajadores, campesinos pobres y oprimidos de la India plantaron cara al Gobierno del ultraderechista Modi con una huelga general de 48 horas contra las privatizaciones, las leyes laborales y el fuerte aumento de los precios de alimentos y combustible. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso en un país aquejado de paro masivo, pobreza endémica, ausencia de servicios públicos básicos, y después de una gestión criminal de la pandemia.
Trabajadores del acero, petróleo, telecomunicaciones, correos y salud rural, o mineros del cobre y del carbón tuvieron un papel destacado, especialmente los de empresas públicas amenazadas por la privatización, como Carbón India o los bancos estatales.
La población de Sri Lanka lleva soportando hace meses el desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos, combustible, además de cortes de luz de más de 13 horas. El encarecimiento de los carburantes ha provocado la quiebra del Estado, que no pudo importar durante semanas combustible a la isla, llevando al colapso de la economía.
Este escenario dio lugar a una movilización espontánea el 31 de marzo frente a la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa. Cientos de personas asaltaron el edificio y pronto las protestas se extendieron por la capital y otras ciudades. Miles de jóvenes y trabajadores se enfrentaron al despliegue del ejército, el toque de queda y el uso de gases lacrimógenos. Esta determinación obligó a cancelar el estado de emergencia a los cinco días. El 3 de abril, todo el Gabinete —menos el presidente y el primer ministro— dimitió y dos días después, 42 parlamentarios de la coalición gubernamental renunciaron, dejando el Gobierno suspendido en el aire.
El 9 de abril, una vez más, las masas inundaron las calles del país. Si el régimen ha podido mantenerse ha sido por la ausencia una oposición revolucionaria que planteara un plan ascendente de lucha y una huelga general hasta su caída completa.
Como si de una réplica se tratara, el 11 de abril decenas de miles de estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores indonesios salieron a las calles de Yakarta y de otras ciudades como South Walesi y West Java enfrentando la represión de los cañones de agua y la policía. Las protestas se convocaron contra los planes de la burguesía de que Joko Widodo gobierne una tercera legislatura, a pesar de que la constitución lo prohíbe, y continúe aplicando la agenda de ataques y recortes.
Esta situación sumada al rápido encarecimiento de la cesta básica ha impulsado unas protestas que recuerdan las movilizaciones estudiantiles que desencadenaron la caída del dictador Suharto en 1998. El 70% de los indonesios rechazan la idea de continuidad de ‘Jokowi’. Indonesia vive hoy la continuación de la rebelión obrera que paralizó el país en octubre de 2020 contra la Ley Ómnibus, una contrarreforma laboral que abarató más el despido y aumentó las horas extras legales. Hasta el momento, las masivas manifestaciones han obligado al Gobierno a declarar que no modificará la constitución ni pospondrá las elecciones de 2024.
Todos estos acontecimientos demuestran la fuerza de los oprimidos, de la clase obrera y las masas pobres cuando se ponen en marcha, que es posible acabar con la barbarie que provoca el capitalismo. Pero para ello la tarea más urgente es construir un partido revolucionario dotado de un programa y una estrategia de lucha que permita desplegar toda esa potencia y transformar de arriba abajo la sociedad.
