Hace 18 años desapareció en Sudáfrica el brutal régimen del apartheid, que permitió a una minoría blanca (apenas un 10% de la población) someter y explotar durante décadas a la mayoría negra. Además de la ausencia de derechos políticos (voto, libertad de expresión o reunión), los trabajadores negros fueron utilizados como mano de obra barata, en condiciones casi de esclavitud, para el enriquecimiento de la adinerada élite blanca que gobernaba el país.
Hace 18 años desapareció en Sudáfrica el brutal régimen del apartheid, que permitió a una minoría blanca (apenas un 10% de la población) someter y explotar durante décadas a la mayoría negra. Además de la ausencia de derechos políticos (voto, libertad de expresión o reunión), los trabajadores negros fueron utilizados como mano de obra barata, en condiciones casi de esclavitud, para el enriquecimiento de la adinerada élite blanca que gobernaba el país.
Cuando por fin la mayoría negra pudo votar ganó de forma aplastante el Congreso Nacional Africano (ANC), que gobierna el país desde entonces. Dieciocho años después, el ANC no ha conseguido solucionar ninguno de los problemas más acuciantes que padecen los trabajadores y jóvenes sudafricanos. Es verdad que se han conseguido algunos avances, se ha extendido la electricidad, el agua potable, los servicios sanitarios, pero las condiciones de vida siguen siendo tan míseras que la mayoría no puede disfrutar de estos servicios básicos porque no pueden costearlos.
Cada vez más desigualdad
Los indicadores sociales demuestran que la desigualdad social y económica característica de la época del apartheid no sólo permanece, sino que se ha incrementado durante estos últimos años. Un 70% de la población vive bajo el umbral de pobreza, la tasa oficial de desempleo es del 25%, pero la real está en el 36%. Estas condiciones económicas y sociales han sido el motor de multitud de conflictos laborales y sociales. En julio, agosto y septiembre de 2010, coincidiendo con el mundial de fútbol, estallaron multitud de conflictos laborales; además 1,3 millones de empleados públicos protagonizaron una huelga que duró cuatro semanas. 2011 también fue un año de intensas luchas en sectores como el acero o la minería, con ocupaciones de fábricas, el ejemplo más destacado se dio en Krugersdorp, cerca de Soweto, donde los trabajadores ocuparon la empresa para evitar su cierre. Los conflictos laborales han ido acompañados de rebeliones de masas en muchos barrios obreros contra la ausencia de servicios básicos y para evitar desahucios o cortes de electricidad por impago.
La matanza de Marikana
El asesinato de 34 mineros a manos de la policía el 16 de agosto en la mina de platino de Marikana, refleja la dureza a la que se enfrentan los trabajadores cuando deciden luchar para mejorar sus condiciones laborales. Aunque al principio se presentó como una lucha entre los dos sindicatos con presencia en la mina, por un lado el NUM, el poderoso sindicato minero afiliado al Confederación de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), y por otro lado el AMCU, un sindicato más combativo surgido de una escisión del NUM. Lo cierto es que el 10 de agosto hubo serios enfrentamientos entre los dos sectores que provocaron ocho muertos a manos de la policía. Esto fue aprovechado por Lonmin, la multinacional británica propietaria de la mina, y por el gobierno, para enviar a la policía, atemorizar a los mineros y utilizar la represión para poner fin a la huelga.
La huelga se inició cuando 3.000 perforadores de roca dejaron de trabajar para exigir un aumento salarial. Las condiciones en las que trabajan los mineros son espantosas, escasas medidas de seguridad, largas jornadas y bajos salarios. Los mineros de Marikana exigen que sus salarios pasen de 4.000 (480 dólares) a 12.500 rand. A pesar de la matanza, de las amenazas de despido que ha hecho la empresa, de los llamamientos de ambos sindicatos a negociar, en el momento de escribir este artículo la huelga aún continúa.
Corrupción sindical
El NUM ha jugado un papel lamentable en este conflicto, aplaudiendo la represión policial y jugando el papel de rompehuelgas. Durante estos últimos años el NUM ha ido perdiendo apoyo a favor del AMCU debido a su política colaboracionista con las multinacionales mineras. Además tiene multitud de intereses económicos con estas empresas a través del Mineworkers Investment Trust, un fondo creado en 1995 por el NUM y que posee activos por valor de 2.800 millones de rands en estas multinacionales, entre ellas en Lonmin. Eso explica que el anterior presidente del NUM, Cyril Ramaphosa, hoy sea uno de los cincuenta hombres más ricos del país, además de accionista de Lonmin. La dirección del NUM está totalmente alejada de los intereses de sus afiliados, sólo basta con saber que su actual secretario general cobra un sueldo de 105.000 rands, 25 veces más de lo que percibe un perforador de roca. Eso es lo que explica su pérdida de apoyo y el incremento de la influencia del AMCU.
Los acontecimientos de Marikana se han convertido en un catalizador de la lucha de clases y las huelgas en las minas se están extendiendo como una bola de fuego, la minería es uno de los principales sectores económicos del país, en él trabajan más de 800.000 mineros dispuestos a luchar para cambiar radicalmente sus condiciones laborales. Precisamente la extensión de la lucha y el peligro de contagio a otros sectores de trabajadores han hecho que el gobierno retire los cargos contra los 250 mineros detenidos en Marikana y la fiscalía ha dado marcha atrás en su escandaloso intento de culpar a los huelguistas de la muerte de los 34 mineros. En las últimas semanas algunos portavoces del gobierno y de la burguesía sudafricana han mostrado su temor al contagio de la “primavera árabe” y que lo sucedido en Marikana, como sucedió con la matanza de Soweto en 1976, se convierta en el acelerador de ese proceso. La clase obrera sudafricana es una de las más poderosas del continente africano, como demostró en su lucha contra el apartheid, una vez irrumpa en la lucha de clases será difícil detenerla y será un punto de referencia para el resto del continente.
