Desde principios de noviembre el pueblo chileno ha puesto en jaque al gobierno reaccionario de Piñera impugnando con su movilización el sistema capitalista. No solo se han producido las manifestaciones más masivas de la historia, y hasta seis huelgas generales impuestas por el movimiento a la dirección de la CUT, la juventud se ha levantado librando una batalla heroica en las calles. Chile continúa en rebelión pero la burguesía, con la escandalosa colaboración de las direcciones reformistas del Partido Socialista y el Partido Comunista, está maniobrando a fondo para descarrilarla.
El Gobierno de Piñera lo ha intentado absolutamente todo. Recurrió a una represión salvaje que se ha cobrado la vida de 30 manifestantes asesinados por las fuerzas militares y policiales, miles de heridos —de los que cientos han perdido la visión— y más de 22.000 detenidos. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se han interpuesto un total de 1.383 denuncias vinculadas a la represión contra manifestantes, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y otros tratos crueles y 787 por uso excesivo de la fuerza. En estos momentos hay más de 3.000 presos políticos en las cárceles de Piñera.
El aparato del Estado chileno se ha quitado su máscara democrática dejando al descubierto la total pervivencia del espíritu pinochetista en sus instituciones. Pero este despliegue de fuerza se ha mostrado impotente frente a la determinación del pueblo. Ante el avance de la revolución, Piñera se vio forzado a realizar algunas concesiones formales pero se negó en redondo a dimitir. Ahora pretende desarmar la lucha convocando a un plebiscito sobre la reforma de la Constitución. Una nueva farsa disfrazada bajo la apariencia de transición democrática, que reproduce la estrategia utilizada en los años 90 tras la caída de la dictadura.
Los dirigentes reformistas de la izquierda chilena están salvando a Piñera
El Gobierno, acorralado por la presión de las masas, no ha tenido más opción que aferrarse al único salvavidas disponible para evitar su total hundimiento: el ofrecido por los partidos de la izquierda parlamentaria chilena.
El pasado 15 de noviembre el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) firmaron, junto a los partidos de la derecha, el llamado “Acuerdo por la paz social y nueva constitución”. Esta traición ha partido en dos al FA, dejando dentro de la coalición al sector más derechista. El Partido Comunista (PCCh) se desmarcó inicialmente de la firma del acuerdo por la enorme presión de las calles, pero su dirección ha anunciado ya su apoyo “crítico” al proceso de renovación constitucional bautizado como Convención Constituyente.
La “nueva transición democrática chilena” comenzaría con la celebración de un referéndum el próximo 26 de abril para apoyar o rechazar la elaboración de un nuevo texto constitucional, y decidir también sobre el tipo de órgano que debería redactarla. Tras esta primera consulta se deberá esperar hasta el mes de octubre para elegir a los miembros de la futura Convención, y una vez elaborado el nuevo texto constitucional sería sometido a un posterior refrendo. Es decir, la izquierda reformista chilena propone regalar casi un año de paz social a un criminal como Piñera a cambio de una reforma legislativa bajo su estricto control.
Las únicas exigencias del PC ante las maniobras de la reacción han sido pedir que exista “paridad de género” entre los representantes, establecer una cuota para pueblos indígenas en la misma, asegurar la participación de diputados constituyentes independientes y un quórum para las votaciones menor del impuesto por la derecha y sus socios (previsto en 2/3). El Senado ya ha rechazado estas medidas. La postura del PC la resumía su senador Daniel Núñez antes de la votación en la cámara: “Votaré contra el proyecto ‘Acuerdo por La Paz’ porque se hizo a espaldas del pueblo movilizado. Pero como los comunistas somos parte del proceso constituyente, aprobaré el plebiscito del 26 de abril, pese a sus limitaciones. Seguiremos luchando por una verdadera nueva Constitución”.
Esto es una completa capitulación envuelta en argumentos falsos. Los revolucionarios jamás deberían ser parte de un “proceso constituyente” que busca salvar al régimen capitalista y mantener a un asesino como Piñera en el Gobierno. El deber de una dirección que se llama comunista no sólo es estar hombro con hombro junto a los miles de chilenos que se movilizan, es también poner todas las fuerzas del partido al servicio de una estrategia para transformar la sociedad.
La Mesa de Unidad Social (MUS), principal agrupación de movimientos sociales y sindicatos del país, ha mantenido una postura semejante. Aunque formalmente está contra el “Acuerdo de Paz”, no ha hecho llamamientos a la huelga ni a grandes movilizaciones en las últimas semanas y no es por falta de motivos desde luego. El peso del PC y de la burocracia sindical de la CUT dentro de la MUS es muy grande, lo que sin duda está siendo determinante para evitar una nueva oleada huelguística que haga saltar por los aires la paz social que tanto les está costando imponer.
Ahora más que nunca ¡Todo el poder para los trabajadores y el pueblo chileno!
Las direcciones reformistas de la izquierda han convertido desde el principio la consigna de la Asamblea Constituyente en el punto central. Obviamente, para la población que está jugándose la vida en las calles esta consigna tiene un contenido muy concreto: romper definitivamente con el actual estado de cosas y transformar radicalmente sus condiciones de existencia. Sin embargo, la “Asamblea Constituyente”, ya vaya acompañada del adjetivo “popular”, “libre” o “soberana”, solo ofrece un marco parlamentario para “debatir” sobre las cuestiones en litigio.
Un nuevo parlamento capitalista no alterará la naturaleza del poder real, que se concentra en las manos de una oligarquía parasitaria que nadie ha votado ni elegido, y que ejerce su dictadura sobre la sociedad a través de la propiedad de los medios de producción y el control del aparato del Estado. Si este nuevo parlamento —tenga el nombre que tenga— y la nueva constitución respetan el orden capitalista y deja intacto el poder económico de las 10 familias que controlan Chile, nada sustancial cambiará para los millones de trabajadores y jóvenes que luchan heroicamente.
Mientras la burguesía habla de “reformar la Constitución”, paralelamente refuerza su aparato represivo para asestar un golpe al movimiento cuando las condiciones sean más favorables. Por eso es una completa vergüenza que los diputados de la izquierda hayan apoyado, o se hayan abstenido como han hecho los del PC, la nueva legislación antihuelga presentada por la derecha como “Ley antisaqueos”, y que endurece las penas previstas en el código penal contra los manifestantes.
La tarea estratégica de la izquierda militante y clasista en Chile es profundizar y dar consistencia a este poderoso levantamiento, uniendo a un plan de lucha para organizar la huelga general indefinida —con ocupaciones de los centros de trabajo y estudio—, un programa consecuente que de respuesta a las necesidades del pueblo: Nacionalización de la banca, de los monopolios y de la tierra, sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones; educación y sanidad públicas, dignas, gratuitas y universales; salarios dignos y empleo estable; derecho a una vivienda pública asequible; jubilaciones dignas cien por cien públicas, y fin de las AFP; libertad para todos los presos políticos y depuración inmediata de fascistas del ejército, la policía y la judicatura; juicio y castigo a los responsables de la represión y los crímenes de la dictadura; todos los derechos al pueblo mapuche. ¡Por la Federación Socialista de América Latina!
En lugar de un parlamento capitalista, controlado por el régimen, hay que extender los cabildos y las asambleas populares, y promover los comités de acción en todas las fábricas, centros de trabajo, de estudio, barrios… Estos organismos deben ser coordinados nacionalmente, mediante delegados elegibles y revocables, en una Asamblea Revolucionaria que elija un gobierno de los trabajadores para romper con el régimen capitalista.
La correlación de fuerzas sigue siendo favorable para lograr estos objetivos. Ni siquiera las festividades navideñas han parado las protestas. El viernes 28 de diciembre moría un joven manifestante al intentar huir de los gases lacrimógenos y los cañones de agua empleados por los milicos y la policía. La tradicional celebración de fin de año en la Plaza Italia fue transformada en una enorme protesta donde se exigió una vez más la renuncia de Piñera. Es una gran inspiración ver como se mantiene la resistencia popular a pesar de la enorme presión de los dirigentes para descarrilarla.
La clase obrera y la juventud chilena están reatando el nudo de su propia historia, y no cabe duda de que la caída del sistema capitalista sería una realidad en Chile si existiese un partido de los trabajadores dispuesto a liderar este tremendo potencial revolucionario. Y esta es la tarea más importante del momento: construir esa organización con el programa del marxismo para convertir el potencial en una fuerza arrolladora.
