La guerra entre Rusia y Ucrania está sacudiendo los cimientos de la economía mundial agudizando la crisis del capitalismo en todos los países. Uno de sus efectos más notables es el aumento de la inflación, que se ha agravado como no se veía desde los años 80.
Argentina ha sido uno de los países más afectados, alcanzado una tasa de inflación interanual del 58%, el peor registro desde el año 1992 bajo el Gobierno de Menen. Junto al aumento de la pobreza, la miseria y el descontento social, la inestabilidad política se ha expresado en una profunda división en el Gobierno del peronista Frente de Todos, sumado a un aumento vertiginoso del apoyo para la ultraderecha encabezada por Javier Milei.
La causa última de la crisis inflacionaria es el carácter parasitario del capitalismo argentino. Un país rico, exportador de alimentos que condena a buena parte de su población a la malnutrición y la miseria. La fuga masiva de capitales a manos de los capitalistas empuja al Estado regularmente a un déficit de financiación; escasean los dólares en una economía en la que conviven dos monedas en la que una, el peso, pierde valor mientras que la otra, el dólar, que es la divisa con la que ahorran los argentinos, se aprecia. En los últimos meses el dólar “blue” que se adquiere en el mercado negro aumentó su precio en un 39%.
Para sortear el déficit fiscal, el Gobierno utilizando uno de los recursos habituales del Estado argentino en estas situaciones, imprimió más papel moneda. En 2021 el tesoro facilitó al Estado 2,1 billones de pesos, el equivalente al 4,8% del PIB, profundizando la devaluación del peso. Tal es la depreciación que debido a alza del precio del níquel y del cobre en el mercado mundial, la moneda argentina tiene un valor superior como metal por las aleaciones que contiene que como medio de pago. Así aunque Argentina tuvo un incremento del PIB del 10% en 2021, sus efectos quedan vaporizados por el alza de los precios.
El Gobierno de Alberto Fernández, en la medida que acepta la lógica del capitalismo, está atado de pies y manos por las condiciones del préstamo de 40.000 millones de dólares que el anterior Gobierno de Macri (2015-2019) firmó con el FMI.
En marzo de este año ante la imposibilidad de hacer el pago de 19.000 millones de dólares, entre capital e intereses del préstamo, que tiene que hacer este año, tuvo que renegociar las condiciones del mismo a cambio de toda una serie de recortes presupuestarios. A esto se suma que el Gobierno tiene prácticamente cerrado los mercados de deuda; la prima de riesgo de Argentina superaba los 19.000 puntos el 17 de mayo.
División en el Gobierno
Los resultados de la renegociación del préstamo del FMI obligan al Gobierno a reducir el déficit fiscal del 3% al 0,9% en 2025. Ajuste que la parte kirchnerista del mismo rechazó porque consideraba que el ajuste implica un recorte del gasto social, perjudicando a los sectores más desfavorecidos, y que pavimentaba una derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2023.
Uno de los recortes principales a los que se comprometió el Gobierno con el FMI es la reducción de los subsidios a la energía que suponen entre un 3 y un 4% del PIB y mantienen los precios del gas y la luz prácticamente congelados. Si bien se anunció que el 10% de los usuarios con mayores ingresos dejaran de percibir los beneficios del subsidio, y que durante un año no se subirá la “tarifa social” del gas, se estima que la subida de la luz será de aproximadamente un 17% y del gas un 21% con variaciones entre regiones.
El sector encabezado por Cristina Fernández de Kirchner se oponía criticando la política de “concentración de ingresos y salarios bajos” y reivindicando la congelación del precio del gas y electricidad que se aprobó durante el segundo Gobierno de Kirchner ante el alza de los precios en 2011.
Aunque se oponen a estos ajustes, los kirchneristas no proponen como alternativa el no pago de la deuda y romper con el capitalismo expropiando a los capitalistas sin indemnización. Sus planteamientos no pasan de reivindicar un abstracto “capitalismo de rostro humano”, lo que convierte su programa reformista en una utopía, que también, como la política del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, lleva a un callejón sin salida.
Recientemente el senado argentino, presidido por Cristina Fernández, y con mayoría oficialista (peronista), aprobó un proyecto para el pago de la deuda al FMI con los bienes no declarados en el exterior. Se justificó su aprobación con la creación de un fondo estatal compuesto con el 20% del capital fugado que -según los senadores- podría llegar a recaudar 20.000 millones de dólares. Ese fondo sería aportado por particulares y empresas que tienen bienes no declarados en el exterior. Lo que no explicaban los senadores era el mecanismo a través del cual iban a convencer a los evasores del pago del mismo.
Polarización social
La crisis afecta sobre todo a la clase obrera. No es accidental que el consumo de hierba mate haya aumentado en los últimos meses entre la población más pobre con el fin de suplir una comida o cena. El mate da sensación de llenar el estómago cuando no hay nada que comer. Y es que para una buena parte de la clase obrera los salarios no dan para cubrir la canasta básica. Alimentos y bebidas subieron un 28% en los primeros 4 meses del año, y el mate es uno de los pocos productos que se ha resistido a la inflación, (en marzo la subida del IPC fue del 6,7%, la mayor desde la crisis del corralito de 2001). No es de extrañar estas noticias en un país en que el 40% de la población vive en la pobreza y un 8,2% malvive en la indigencia.
La mayor parte de las subidas salariales pactadas en convenio van desde un 45% y pocas llegan al 60%, quedando por debajo del incremento de la inflación. Mientras, el salario mínimo (SM) aumentó solo un 45% (en el mes de abril el SM asciende a 437 dólares mensuales).
En realidad la situación de las masas también se hace más insostenible precisamente por la política de recortes del Gobierno. Ejemplo de ello es la caída de la población que recibía subsidios, esta pasó de 8,9 millones de personas en 2020 a 7,5 en la actualidad, generando gran malestar.
Esta crisis social y política ha generado una fuerte polarización social que se ha expresado por un lado con el auge explosivo, alimentado por la profundización del giro a la derecha de amplios sectores de las capas medias, del ultraderechista Partido Libertario Argentino, del ultraliberal Javier Milei. A este los sondeos le otorgan un 23% de los votos, frente al 27% del oficialismo y al 26% de Juntos por el Cambio, la alianza de la derecha.
Como Trump y Bolsonaro, el racista y ultrarreaccionario Milei tiene un discurso contra la casta política, propone liberalismo al máximo así como la eliminación del peso como moneda, dejando solo el dólar. En 2021 consiguió el 17% de los votos en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires.
A la izquierda, la movilización de la clase obrera se está radicalizando contra la política de Alberto Fernández. El uno de mayo se congregaron 200.000 trabajadores mayoritariamente oficialistas en Buenos Aires que azuzados por la división del Gobierno, marcharon en protesta contra las medidas de ajuste del Ejecutivo. El 10 de mayo comenzó una “marcha federal” de 3 días convocada por organizaciones sociales a la izquierda del Gobierno de Alberto Fernández, para confluir en Buenos Aires y protestar “contra el ajuste y el Fondo monetaria internacional”, congregando a miles de trabajadores, piqueteros y sus familias de todo el país.
El potencial para que una alternativa revolucionaria, que luche decididamente por la transformación socialista de la sociedad, pueda desarrollarse decisivamente es claro.
Para ello es necesario arrancar a la clase obrera de la influencia de las organizaciones que hoy predominan en el movimiento obrero. Esto solo se puede lograr mediante una crítica seria y rigurosa de la política de estas organizaciones y sus líderes y proponiendo a los sectores más combativos del peronismo un frente único de lucha por las reivindicaciones inmediatas que afectan a la vida de las masas.
El callejón sin salida del capitalismo vuelve a traer a escena la posibilidad un nuevo estallido social como el Argentinazo de 2001, mostrando los límites de las políticas reformistas de casi dos décadas de kirchnerismo. La putrefacción del sistema capitalista que la política del reformismo alarga, está dando alas, como en otros países, a la extrema derecha. Tarea de la clase obrera Argentina es dotarse de una autentica dirección revolucionaria que acabe con esta pesadilla recurrente.
