¡Ninguna confianza en el diálogo social ni en los tribunales! ¡Huelga general hasta tumbar la ley 406!
El conocido como el "Singapur latinoamericano", paraíso fiscal y de formidables negocios para los capitalistas, ha estallado en una oleada de movilizaciones sin precedentes en los últimos 40 años. Manifestaciones multitudinarias se han extendido por los 4 puntos cardinales, provocando cortes de carreteras y el bloque de las zonas portuarias. La economía se ha paralizado por completo ante la acción de las masas.[1]
Las protestas se desataron el pasado 20 de octubre cuando el presidente del Gobierno, Nito Cortizo, anunció la aprobación de la ley 406. Esta norma permite la renovación por 20 años, prorrogables hasta 40, de la concesión a Minera Panamá, una filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mayor mina a cielo abierto del mundo. Esta actividad minera supondría un desastre medioambiental, con innumerables daños ecológicos y sobre la salud de la población, además de afectar a terrenos de explotación agraria y de pesca, imprescindibles para la subsistencia en las áreas rurales.
Para colmo, la norma se aprueba después de que la Corte Suprema sentenciara que el acuerdo con la compañía era inconstitucional[2]. Pasando por encima de la voluntad popular y del mandato judicial, la promulgación oficial del texto se produjo en menos de 24 horas, un tiempo récord con el objetivo de evitar las protestas, pero fracasaron.
Tras la sanción presidencial del acuerdo, el mayor sindicato del país, SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria, de la Construcción y Similares) llamó a tumbar este nuevo ataque en las calles. Una convocatoria a la que se sumó la principal central de docentes (ASOPROF) además de colectivos de sanitarios, estudiantes, grupos indígenas y el movimiento ecologista, organizados dentro de la plataforma Alianza Pueblo Unido por la Vida.
Este llamamiento ha levantado una ola de simpatía que se ha extendido como la pólvora y ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Cortizo. La brutal represión, que ha dejado centenares de detenidos y decenas de heridos, no ha hecho más que avivar la rabia popular.
Ahora pretenden maniobrar burdamente para restablecer la paz social, anunciando la convocatoria de un referéndum el próximo 17 de diciembre para decidir el futuro de la mina. Además, han difundido a bombo y platillo el supuesto fin de la minería mediante la prohibición de nuevas licencias, eso sí, sin tocar una coma del acuerdo aprobado con la compañía canadiense. Se tratan de concesiones importantes obtenidas mediante la lucha, pero que no son suficientes. El objetivo de estas concesiones es conseguir una tregua para vaciar las calles y encauzar toda esta lucha ejemplar hacia las tranquilas aguas de las negociaciones institucionales, pero esta estrategia ha fracasado por el momento. SUNTRACS ha anunciado que intensificará su calendario de protestas hasta tumbar la ley y la ASOPROF está llamando a la huelga indefinida de los docentes.[3]
Esta radicalización del conflicto preocupa seriamente a la burguesía que no deja de reclamar diálogo y negociación[4] para tratar de frenar el estallido. Saben que esta lucha va mucho más allá del problema con las minas. Se está exigiendo terminar con la precariedad, la corrupción y la miseria que asolan la república. Esta enorme presión comienza a asfixiar al ejecutivo de Cortizo, quien busca soluciones desesperadas a solo unos meses de las elecciones presidenciales.
El Gobierno de Cortizo ahonda la desigualdad social
Laurentino Cortizo, más conocido como “Nito” Cortizo, es un empresario agrícola y de la construcción con una larga trayectoria en la política institucional. Llegó al Gobierno en 2019 de la mano del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el partido socialdemócrata panameño. Desde el principio dejó claras sus tendencias, poco sospechosas de izquierdismo, al firmar una alianza electoral con el partido derechista MOLINERA[5] (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista). No obstante, su victoria se basó en un programa donde defendía acabar con la corrupción, la creación de empleo de calidad y, sobre todo, reducir las enormes desigualdades sociales. Casi un lustro después, la situación no ha hecho más que empeorar en todos y cada uno de estos puntos.
Es especialmente sangrante la cuestión de la desigualdad. Para comprenderlo basta con contrastar los informes de ONG sobre la situación de emergencia existente en barrios y aldeas con el glamuroso estilo de vida de la élite social descrito en revistas y semanarios como Forbes, donde nos cuentan como los ricos de Isla Contadora o los grandes empresarios de Ciudad de Panamá viajan en jets privados todos los viernes a sus campos de golf, mientras un ejército de empleados atiende sus hogares.[6]
Pero la vida de la gran mayoría de la población es muy distinta a la que pintan los plumillas de la prensa burguesa. Hablamos del sexto país con mayor desigualdad social del planeta, donde los ricos perciben hasta 37 veces más ingresos que los pobres. Más allá de los lujos de Isla Contadora y de los rascacielos que coronan Ciudad de Panamá, está el Panamá de la miseria.
En las 3 comarcas más golpeadas, la pobreza alcanza al 87% y la pobreza extrema a seis de cada diez personas. En las zonas más humildes no existen los helipuertos ni los campos de golf. Para 1 de cada 4 panameños tampoco existe el acceso a la sanidad[7] y para un 5% ni tan siquiera al agua potable. Casi la mitad de la población trabaja de manera informal. Esta precariedad es una de las razones por las que más del 10% del país sufre desnutrición. El acceso a una vivienda digna es otro de los grandes problemas. En un país que no llega a los 4,5 millones de habitantes, 1.2000.000 son consideradas personas sin hogar.
La gota que ha colmado el vaso
En este contexto de empobrecimiento generalizado, mientras que los beneficios empresariales son cada vez más copiosos, es cuando se produce la firma de la ley 406. No ha sido un gran cambio en la situación, la explotación de la mina lleva produciéndose desde 1991. Pero la paciencia se ha terminado, ha sido el accidente que ha demostrado a cientos de miles que no pueden seguir tolerando este clima opresivo insoportable.
La ley minera ha sido para las masas un caso práctico y acelerado de como el único papel de las instituciones burguesas es salvaguardar el beneficio de los capitalistas, demostrando que los derechos democráticos son una mera formalidad a la que pueden renunciar cuando es necesario. La declaración de inconstitucionalidad en 2017 de la explotación minera se convirtió en papel mojado de la noche a la mañana. Todos los plazos legales, debates parlamentarios y demás garantías teóricas se suprimieron, abriendo los ojos a cientos de miles sobre la necesidad de pasar a la acción directa para hacer justicia.
Además de la indignación de clase que esto ha provocado, están los propios problemas derivados de la actividad minera, que no son pocos: proliferación de casos de cáncer, tumores y problemas renales, que ya son considerados una emergencia nacional[8]. Todos ellos han aumentado exponencialmente debido a la exposición a metales pesados.
A ello se suman los daños al patrimonio medioambiental. Panamá es uno de los tres únicos países del mundo con emisiones de carbono negativas[9], por lo que sus ecosistemas son considerados como un tesoro nacional, al que no están dispuestos a renunciar para que unos multimillonarios canadienses sigan llenándose los bolsillos.
Hay que extender las movilizaciones y huelgas a todos los sectores
El pueblo panameño ha entendido que solo pueden aspirar a una vida digna mediante la lucha revolucionaria en las calles. Una presión desde abajo que se ha filtrado a los grandes sindicatos. El llamamiento de ASOPROF el pasado 30 de octubre a la Huelga General indefinida, al se han sumado un gran número de organizaciones de maestros, es un claro ejemplo[10].
Esta es la vía que deben seguir el resto de los gremios, empezando por SUNTRACS. El llamamiento a continuar la movilización combativa es muy positivo, pero en el contexto actual no es suficiente. Es necesario dar un paso adelante, convocar una huelga general en el país para doblar el brazo de la patronal y del gobierno.
Confiar en la negociación y el dialogo como solución sería un craso error que podría costar muy caro. La experiencia de los acontecimientos del verano de 2022 lo demuestran. A medida que se aceptó constituir la Mesa de Diálogo Social[11] con la patronal y el gobierno, se fue desviando el foco de atención de las manifestaciones y acciones populares. Confiar en que la Iglesia se iba a poner de parte de los sindicatos de clase fue otro importante fallo. El clero es parte de la clase dominante, sus intereses están indisolublemente ligados a los de la burguesía y nunca harán nada en su contra.
Sin duda intentarán abrir esta vía de nuevo. Es lo que quieren los patrones, vaciar las calles y encauzarlo todo a la vía del diálogo, del parlamento y de los tribunales. No hay que consentirlo, hay que acabar con cualquier ilusión utópica de una solución pactada.
La victoria solo puede venir de la acción directa popular. La ocupación de zonas pesqueras en el distrito de Donoso[12]suponen una acción a destacar. No es casualidad que la patronal haya puesto el grito en el cielo, porque saben que si estas iniciativas se extienden tendrán un enorme problema. Hay que recuperar las tierras y la riqueza que los capitalistas arrancaron de las manos del pueblo y ponerlas al servicio de la mayoría social. Para ello será imprescindible constituir organismos democráticos para gestionar estos recursos. Estos son los métodos y medios que llevarán al pueblo a vencer.
Frente a la represión y las traiciones de las instituciones burguesas, es necesario levantar el poder obrero, creando comités de lucha en cada empresa, cada barrio y cada pueblo. Para exigir no solo la derogación de la ley 406 también la nacionalización de las principales palancas de la economía bajo control de los trabajadores, para que la riqueza panameña deje de ser patrimonio de unos pocos y pueda revertirse en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Notas:
[1] Puertos colapsados y poca conectividad, el saldo de las protestas en el sector marítimo
[2] Corte Suprema reitera que contrato con minera es inconstitucional
[3] Docentes se declaran en huelga indefinida
[4] APEDE pide a Gobierno acciones más concretas para solución de crisis
[5] Elecciones en Panamá: quién es "Nito" Cortizo, al que declaran ganador de la votación presidencial con sólo un 2% de ventaja
[6] Panamá vive su «momento»: el país podría cambiar para siempre el sector inmobiliario y hotelero latinoamericano
[7] Panamá: el sexto país más desigual del mundo
[8] Enfermedad renal crónica, 'un problema de salud pública en Panamá'
[9] El Banco Mundial en Panamá
[10] Huelga general indefinida
[11] Panamá: gremios rompen el acuerdo que levantaba el bloqueo de rutas firmado con el Gobierno
