¡No a la unidad nacional con el ultraderechista Noboa! ¡Hace falta una alternativa revolucionaria!
El inicio de año en Ecuador ha supuesto el culmen a una escalada delictiva sin precedentes en el que hasta hace poco era conocido como uno de los países más seguros de Latinoamérica. La voz de alarma saltó en medio del incremento de la violencia asociada al narcotráfico, los numerosos motines en las principales cárceles del país y el posterior asesinato de Fernando Villavicencio en agosto del 2023, candidato a las elecciones presidenciales que se celebraron dos semanas después de su muerte.
Sin embargo durante los primeros días del 2024 la situación ha dado un salto cualitativo. La fuga de alias “Fito”, el mayor capo del país, varios motines sincronizados en las principales cárceles y el decreto de “conflicto armado interno” ordenado por el presidente Daniel Noboa, desencadenaron decenas de masacres, incursiones de sicarios en edificios públicos, secuestros, tiroteos y hasta la toma en directo de un canal de televisión por parte de las bandas de narcotraficantes.
Este escenario coincide con el inicio del mandato de Noboa, hijo del mayor magnate del país, que tiene una agenda profundamente reaccionaria, continuista con los Gobiernos neoliberales de Lenín Moreno y el banquero Guillermo Lasso. Las políticas de recortes, liberalización económica y austeridad, de la mano con la penetración de las mafias en las instituciones, han sembrado el terreno para convertir el Ecuador en un nuevo narco-Estado.
La descomposición social abre paso a la violencia y la criminalidad
Durante el periodo de mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), denominado la Revolución Ciudadana en la que el partido homónimo concentró gran poder institucional y regional, se produjeron conquistas sociales importantes. A pesar de sus limitaciones, los avances como la eliminación del analfabetismo en tiempo récord, el incremento en el gasto social y la reducción de la pobreza tuvieron un gran impacto en la inclusión social. De 2006 a 2017, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes pasó del 17,7 a 5,81.
Coincidiendo con la crisis económica, especialmente tras la pandemia del COVID, el país se ha ido convirtiendo en una ruta principal para la salida de cocaína en dirección a México, EEUU o Europa. El jugoso negocio del narcotráfico encontró en los capitalistas y los altos mandos militares y judiciales socios hambrientos con los que establecer vías de transporte seguras, al igual que eficaces redes para lavar el dinero en la dolarizada economía ecuatoriana.
Los capos de las mafias locales, convertidos rápidamente en nuevos capitalistas, sin ningún escrúpulo, recurren a la juventud más desesperada y golpeada para crear ejércitos personales que entregan su vida para garantizar el negocio. No es casualidad que esta ola criminal coincida con un nivel de desocupación juvenil del 24% (sin acceso a educación o empleo).
El 2023 cerró con una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto es casi 8.000 muertos, un homicidio cada hora. Un crecimiento del 800% desde 2019. No hace falta tener una gran comprensión en matemáticas, estadística o sociología para apreciar la relación entre la destrucción de los derechos sociales, especialmente la educación pública y el acceso al empleo, y el crecimiento de la violencia asociada a las bandas del narco.
Los narcos y los capitalistas son la misma clase social
Siguiendo la estela de sus predecesores en Colombia o México, los grandes capos del narco se han convertido en exitosos capitalistas, que funden sus negocios con la “respetable” burguesía ecuatoriana. El 70% del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero. Y no estamos hablando de migajas. Según una aproximación del periódico virtual PlanV, este es un negocio que anualmente mueve en torno a los 40 mil millones de dólares, algo menos del 40% del PIB del país. Rápidamente, el narcotráfico se ha convertido en una parte esencial de la economía ecuatoriana, siendo clave para el capital financiero que lava y absorbe sus activos.
Citando a El País, “se han hecho con los puertos, con barrios completos, comercios y flotas de taxistas. Por el camino se han infiltrado en las principales instituciones: tienen en nómina a jueces, policías, generales, fiscales y congresistas. Mandan matar a candidatos presidenciales y concejales que no les son afines. En sus zonas, el furgón de la morgue no entra a recoger los cadáveres hasta que recibe autorización. En ocasiones la propia familia levanta al muerto y lo entierra en una caja de pino, sin que conste ningún certificado de defunción”.
Nada de esto sería posible si no fuera por la connivencia de la burguesía y el aparato del Estado, fundidos con las bandas de narcotraficantes, para defender sus negocios. No es casualidad que así como los Gobiernos de Moreno y Lasso reprimieron salvajemente las movilizaciones sociales en 2019 y 2021, varios líderes indígenas y campesinos hayan sido amenazados o asesinados por orden de los narcotraficantes que se hacen con el negocio petrolero o con la minería ilegal.
El historial del vínculo entre el narco, el Estado y la burguesía en sus negocios y en la unidad de acción para aterrorizar a los movimientos sociales es muy amplio en Latinoamérica. Como definió Lenin siguiendo a Engels, en última instancia, el Estado se compone de grupos de hombres armados en defensa de la propiedad privada.
La “guerra contra el narco” es una forma de militarizar la sociedad
Noboa no tiene ninguna intención de acabar con el narcotráfico. El poderío militar del Estado es muy superior al de los narcotraficantes, si quisiera acabar con ellos, sabría dónde encontrarlos y cómo hacerlo. Depuraría ampliamente el aparato del Estado y aplicaría un ambicioso plan de reinserción social en los barrios marginados de Guayaquil y Quito. Pero el heredero de la dinastía que controla el país no lo hará, porque sus intereses están vinculados a los del narco. Como mucho, disciplinará a los capos díscolos cuando se extralimiten y garantizará que los suyos se llevan parte del pastel a repartir.
Su demagogia se basa en perseguir salvajemente a los jóvenes que nutren las filas de los grandes mafiosos, encarcelar a algún chivo expiatorio de envergadura para mantener su credibilidad, mientras crea un clima de terror que le facilite imponer su agenda derechista. Esta demagogia fue clave para el triunfo de Bolsonaro, lo hemos visto también en Argentina con Milei, y especialmente en El Salvador con Nayib Bukele. En menos de dos semanas se han registrado más de 1.500 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, además de amplias denuncias por parte de ONG como Amnistía Internacional.
La prueba inicial de los planes reales de Noboa es el nuevo proyecto de subir drásticamente el IVA, con la excusa de financiar “la guerra contra el crimen”. Este es el primero de los muchos ajustes que quiere aplicar la derecha en un contexto de crisis capitalista y ofensiva reaccionaria. No debería sorprendernos que en un breve plazo de tiempo, la “Operación Fénix” de Noboa se convierta también en un avance de las posiciones estadounidenses en el país.
En un escenario de pérdida de influencia yankee en el que ha sido históricamente su patio trasero, una de las últimas decisiones del anterior Gobierno derechista de Lasso fue firmar un acuerdo el 1 de octubre de 2023 con EEUU que autorizaría “el envío de tropas terrestres y marítimas al país” con la excusa del narcotráfico. (Europa Press, 1/10/23). Tras las últimas jornadas de violencia el Gobierno estadounidense no ha tardado en ofrecer su “colaboración” a Noboa.
Correa y la oposición se pliegan a la reacción ¡No a la unidad con Noboa y el narco-estado!
El candidato de centro Fernando Villavicencio, que tenía un tímido discurso contra las mafias, fue asesinado impunemente. Aunque no representaba un peligro para estos, nadie puede salirse del guión. Finalmente los sicarios encarcelados por el crimen acabaron liquidados en prisión, para garantizar su silencio. El homicidio, que fue atribuido al correísmo en un burdo montaje judicial, facilitó el triunfo de Noboa frente a la candidata de la izquierda conciliadora.
La renuncia de la candidata correísta a romper claramente con las políticas capitalistas, haciéndose eco además del discurso del reaccionario Noboa respecto a la violencia y otros temas como la lucha feminista o la oposición indígena a los megaproyectos, facilitó aún más la estrategia de la derecha y su victoria electoral con un discurso duro centrado en la represión.
El fiscal que investigaba la toma del canal de TC Televisión, casus belli para que Noboa declarase el estado militar, también fue víctima del sicariato. No es de extrañar teniendo en cuenta que la toma vino como anillo al dedo al presidente: culminó sin víctimas y con todos los asaltantes detenidos en un par de horas. Un guión perfecto.
A pesar de estas claras evidencias de implicación estatal y capitalista en la industria narcotraficante, los tres actores principales de la oposición han cerrado filas con el Gobierno. Rafael Correa y su partido han pedido “firmeza” a Noboa, es decir, más represión y militarización, llamando a la unidad nacional en torno al Gobierno ultraderechista para afrontar esta crisis. La misma postura han tomado el movimiento indígena, la CONAIE, y su principal dirigente, Leónidas Iza, al igual que la mayor central sindical, el FUT.
¡Es una auténtica vergüenza! Carta blanca al Gobierno reaccionario de Noboa que utilizará, no para combatir al narco, del que son cómplices, sino para aplastar a los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones revolucionarias que ponen en cuestión sus negocios capitalistas y el de los narcos. Estas lamentables posiciones, que se hacen eco de la propaganda burguesa más reaccionaria, tendrán duras consecuencias para la izquierda y cualquier movimiento social.
Estos poderes militares cuasi dictatoriales acumulados serán utilizados para conjurar cualquier lucha o levantamiento revolucionario, mientras se llega a acuerdos con el narco sobre el reparto del pastel, tal y como ya hemos visto en Colombia, México y muchos otros países de Latinoamérica.
La auténtica guerra contra las mafias es la lucha contra el capitalismo y la putrefacción que emana de él. Los acontecimientos recientes, así como la experiencia con las bandas del narco en el continente nos demuestran que para acabar con estos capitalistas degenerados, la clase trabajadora y los campesinos sólo pueden basarse en sus propias fuerzas, como nos recuerda el ejemplo de las Autodefensas y las policías comunales en México. Es necesario acompañar la autodefensa armada de la población con un programa socialista, exigir la expropiación de la tierra y los bienes de los narcos, así como la nacionalización de los bancos y las palancas de la economía, para ponerlas bajo control democrático de los trabajadores.
Las podridas raíces del sistema capitalista son las bases para un sin fin de lacras, entre las que destaca el narcotráfico. ¡Socialismo o barbarie!
