Guatemala: prosigue la violencia de clase contra las comunidades campesinas

Hace poco se han cumplido los 100 días del gobierno Álvaro Colom en Guatemala. A las enormes desigualdades sociales que persisten desde hace décadas, hay que añadir la transformación de un país hace 10 años autosuficiente en la producción de alimentos a uno fuertemente dependiente de los grandes monopolios internacionales. La producción de frijol cayó un 25,9% entre 1990 y 2005, el maíz un 22,2%, el trigo un 80,4%, el arroz un 22,7%. La producción de todos estos productos alimentarios, básicos de cara al abastecimiento de la población, cayó en beneficio de la producción de la caña de azúcar, que aumentó en el mismo período en un 98,6%. Los grandes proyectos agrícolas orientados a la exportación (principalmente de caña de azúcar y palma africana) han comportado la expulsión de miles de familias del campo. Hoy, el 75% de los trabajadores se encuentran en el sector informal (según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos del 2004 un 75.4% de la Población Económicamente Activa trabajaban en actividades informales), sin ningún tipo de protección social. Unos 3 millones de guatemaltecos padecen de desnutrición (la mitad son niños menores de 5 años) y entre la población indígena la desnutrición llega a afectar al 70%. Pero no sólo se ha agravado de manera alarmante las condiciones de vida de la mayoría de la población. También se suceden los actos de violencia de clase ejercida por el aparato del Estado en beneficio de una minoría que disputa las tierras a las comunidades campesinas. Como revela la incursión militar a la comunidad indígena de Ensenada Puntarenas, Livingston (departamento de Izabal) los desalojos, las detenciones, los allanamientos, las órdenes de captura e intimidaciones, los asesinatos, todo esto persiste en contra de las comunidades campesinas e indígenas, en una clara muestra de que, a pesar del cambio de gobierno, continua la política de criminalizar la lucha del movimiento campesino.

Detrás de esta violencia de clase se encuentran los intereses de finqueros (latifundistas), "chaleteros" (los dueños de casas de verano que tienen las élites nacionales y extranjeras) y madereros de la región, que disputan las tierras a las comunidades campesinas e indígenas pobres. Los "chaleteros" son en un 40% extranjeros y el resto provienen de familias de la capital con poder económico y político, que en muchos casos se obtuvo a través del desempeño de cargos públicos. Éstos cuentan con yates y helipuertos, y para construir un chalet llevan a cabo talas exageradas, con autorización de las autoridades, mientras que las familias campesinas son perseguidas judicialmente y llevadas a la cárcel acusadas de delitos ambientales por unas talas incomparablemente inferiores.

Las comunidades asentadas en las orillas de Río Dulce y el Golfete en el municipio de Livingston, dónde se produjo la incursión militar del pasado 15 de marzo, están asentadas en el lugar desde que en 1952, en el marco de la Reforma Agraria del presidente Jacobo Arbenz, se les entregara las tierras que fueron expropiadas a la Unit Fruit Company. Pero, después del golpe militar que acabó con el gobierno progresista de Arbenz, a las comunidades campesinas se les ha negado sistemáticamente la adjudicación de las tierras. Agravando aún más la situación, a finales de los 80, importantes extensiones de tierras habitadas por familias campesinas fueron dadas para su administración a empresas privadas.

Incursión militar en Livingston: los antecedentes. Detención e intento de asesinato de Ramiro Choc

El 21 de junio de 2007, 400 agentes de la Policía Nacional Civil acompañados de la guardia privada de una antigua funcionaria del INTA (Instituto de Transformación Agraria), señora Lemus de Castellán, desalojaron a ochenta familias del barrio Buena Vista La Esperanza, situado en la cabecera municipal de Livingston y cuyas tierras son de propiedad municipal. La policía no sólo desalojó a las ochenta familias, sino que también destruyeron todas las viviendas. La señora Lemus de Castellán tiene antecedentes de apropiarse de tierras pertenecientes al Estado, como un terreno llamado "Varadero" situado frente a la costa de Livingston, valorado en 136.7 millones de euros.

Dos semanas más tarde, las familias desalojadas, que se habían refugiado en las montañas cercanas, volvieron al barrio Buena Vista La Esperanza. Tres guardias privados de la señora Lemus de Castellán intentaron intimidar a los pobladores con disparos al aire. Apareció más tarde un funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que lejos de ayudar a los pobladores, les ataca con insultos racistas, llamándolos "indios" y amenazándoles con que él mismo se iba a encargar de que los desalojaran. Los campesinos, que ya habían desarmado a los guardias privados, retuvieron al funcionario y reclamaron la presencia de Ramiro Choc, un líder campesino reconocido, para actuar como mediador ante las autoridades. A raíz de la intervención en la mediación del conflicto, Ramiro Choc es presentado en la prensa nacional como el que encabezó la protesta y, posteriormente, es denunciado por la señora Lemus de Castellán de usurpación agravada y robo agravado y por el funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios de detención ilegal.

El 14 de febrero pasado, agentes de la División de Protección a la Naturaleza, de la Policía Nacional Civil (PNC) pararon la camioneta en la que viajaba Ramiro Choc hacia la capital. Registraron la camioneta y le detuvieron. Ramiro Choc alcanzó a realizar una llamada para informar a una persona de su comunidad. En lugar de ser puesto inmediatamente a disposición del juez, el líder campesino fue conducido a dependencias policiales donde le preguntaron de forma insistente "dónde estaban las armas". Más tarde fue trasladado a otro lugar, completamente solitario. En el trayecto fue continuamente intimidado, amenazándole con hacer daño a su familia si no se prestaba a colaborar. "Aquí vamos a hacer el trabajito", le dijeron los elementos de seguridad pública cuando se detuvieron. Ramiro Choc se libró de ser asesinado en el último minuto cuando sus captores verificaron que éste se había comunicado ya con su comunidad a través del móvil. Éste pudo escuchar comentarios como: "no es posible hacer el trabajito, se va a seguir la vía legal". Posteriormente, fue presentado ante el juez, donde fue presionado para que firmara un documento de acusación lleno de imprecisiones (fecha de detención, nombre del detenido), a lo que la víctima se negó. De allí fue trasladado a la cárcel de Zacapa en un convoy en el que participaron ocho radiopatrullas. A medio camino, el convoy se detuvo. Las amenazas continuaron: "no te vas a librar, te van a dar agua". En ese momento los policías recibieron noticias de lo que estaba pasando en Livingston. Las comunidades K'ekchi' habían procedido a inmovilizar a la jueza local y a dos guardas del biotopo Chocón Machacas para exigir la liberación de Ramiro Choc. Las autoridades exigieron a Ramiro Choc que se comunicara con las comunidades para que liberaran a la jueza y a los guardas, lo que hizo, logrando que los soltaran de forma inmediata. A pesar de las promesas de una pronta liberación por parte del fiscal del Ministerio Público, Ramiro Choc sigue encarcelado sin ningún tipo de pruebas acerca de lo que se le acusa. Se tiene conocimiento de que su caso ha sido discutido en esferas gubernamentales y que continúe detenido sólo se puede explicar desde la perspectiva de que se quiere tratar este caso como un precedente hacia otros líderes del movimiento campesino e indígena. La política de criminalizar al movimiento campesino es evidente en las declaraciones del Fiscal del Ministerio Público, Noé León López: "Aprovecharemos la captura de Choc para que el juzgado lo ligue a proceso judicial por delito de destrucción de áreas protegidas, pues son incalculables e irreparables el daño y devastación... esa gente es como un cáncer en la zona selvática, pues corrompe todo el lugar" (Prensa Libre, 23.02.2008). El mismo presidente de la República, Álvaro Colom, se hace partícipe de esta política de criminalización del movimiento campesino al calificar a las comunidades K'ekchi' de "terroristas" o declarar que "...el gobierno no va a negociar con ningún grupo ilegal" (Nuestro Diario, 24.2.2008).

Incursión militar en Livingston y ejecución extrajudicial

El 15 de marzo pasado, se produjo la incursión en la comunidad Ensenada Puntarenas, por parte de la PNC, el Ejército Nacional y la Marina. Cercaron la comunidad habitada por unas cincuenta familias, dispararon gases lacrimógenos contra sus pobladores, niños, mujeres y ancianos, entre ellos. Rompieron los vidrios de la escuela y dañaron tres casas. Durante los disturbios, el campesino Mario Caal Bolón resultó muerto. Lo que sigue es el relato que hace la Convergencia en Derechos Humanos:

[Las fuerzas de seguridad] "...no portaban armas de fuego, pero sí armas tipo escopeta con bocacha, que se adaptan para lanzar bombas lacrimógenas. Refirió que estas bombas se lanzan hacia el suelo para que suelten los gases, pero en este caso les dispararon a Mario Caal, el campesino, a una distancia menor de tres metros. Este impacto le habría causado el estallido de órganos vitales. El cuerpo de Caal presentó tres impactos, uno en el costado, uno en el corazón y el otro, aún no se tiene la certeza dónde. El campesino habría sido estrangulado con su propia camisa...". (El Periódico, 28.03.2008).

A partir de aquel momento, los esfuerzos de las comunidades para que el Ministerio Público realizara las investigaciones que permitieran levantar el cadáver de Mario Caal fueron totalmente infructuosos. Dos días después de los hechos, el viceministro de Gobernación negaba la ejecución extrajudicial de Mario Caal, así como la detención ilegal de tres indígenas, entre ellos un menor de edad, contra los cuales no había ninguna orden judicial. El mismo día, 17 de marzo, se produjeron allanamientos contra las comunidades de Nueva Generación, Puntarenas, Creek Maya y El Cedro. La orden dada por la juez no tenía ni hora de emisión (con lo que el tiempo de vigencia de 24 horas no se podía determinar) ni establecía el motivo de la captura de personas individuales. "Por casualidad", los siete campesinos que habían participado en la mesa de diálogo con las autoridades en febrero estaban todos ellos entre los "afortunados" por la orden de allanamiento y registro de sus casas.

Está claro que la política del Estado de perseguir, criminalizar y asesinar a líderes que participan en las manifestaciones y protestas perdura a pesar del cambio de gobierno. El gobierno de Álvaro Colom, que es presentado como un dirigente de la izquierda moderada en los medios de comunicación internacionales, sólo tiene en realidad dos caminos: o plegarse a los intereses económicos y políticos de una minoría privilegiada que ejerce la violencia de Estado en su beneficio, o enfrentarse a esa minoría oligopólica con el apoyo de los trabajadores y del movimiento campesino para llevar a cabo el programa necesario para resolver las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad: la Reforma Agraria Integral, el control de los precios de los alimentos, la depuración del aparato del Estado de los elementos implicados en la guerra sucia contra el movimiento campesino e indígena, la expropiación de los capitalistas que sabotean la economía, evaden capitales o especulan con los productos de primera necesidad. Si la UNE de Álvaro Colom sigue el primer camino, como parece por los hechos expuestos, se encontrará más temprano que tarde enfrentada a la misma base social que la puso en el gobierno confiando en que mejoraría la situación de la gran mayoría de la población. Aquí no hay término medio, o se lleva a cabo una política de cambios profundos y estructurales, que necesariamente van a contar con la resistencia y el sabotaje violentos de la clase dominante, o nada va a cambiar, limitándose el gobierno de la UNE a ser un mero puente hacia un gobierno de la derecha pura y dura.

Fuente:

Incursión militar a comunidad indígena y ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón. Ensenada Puntarenas, Livingston, Izabal. Marzo, 2008. Comité de Unidad Campesina (CUC) y Bloque Antiimperialista. Guatemala.