En los últimos meses Raúl Castro ha dado un impulso muy importante al llamado proceso de reformas en Cuba, que vuelven a poner sobre la mesa el trascendente debate sobre las implicaciones que estas tienen para el destino de la revolución. El 25 de octubre de 2010 se publicaban nuevas disposiciones del gobierno cubano, que concretaban la propuesta de reducción de las “plantillas infladas” en el sector público y la ampliación de los ámbitos de actuación de la actividad económica privada en la Isla.
Impulso al negocio privado
Según las previsiones del gobierno, en los próximos seis meses se eliminarán medio millón de puestos de trabajo, con el objetivo de que en los próximos años el Estado cuente con 1.300.000 empleados y funcionarios menos, un 25% del total. También se han producido modificaciones drásticas que afectan a la percepción del subsidio del desempleo, hasta ahora indefinido. Las nuevas medidas establecen que quien quede desempleado recibirá un subsidio equivalente a su salario íntegro durante un mes. Luego se reducirá un 60% prorrogándose de uno a cinco meses más en función del tiempo trabajado. Respecto a los que mantienen su trabajo, se acelerará la política de diferenciación salarial, que estará mucho más determinada por la “cantidad y calidad” de lo producido.
Paralelamente a las medidas que afectan al empleo y los salarios en el sector estatal se ampliarán las licencias de trabajo por cuenta propia, además de aumentar el número de sectores en los que éste podrá operar. Lo novedoso y más significativo es que por primera vez desde la nacionalización de la economía cubana tras la revolución se legaliza la contratación privada de trabajo asalariado y la formación de pequeñas empresas. Además, los trabajadores por cuenta propia podrán comercializar sus bienes y servicios a entidades estatales y tendrán acceso al crédito bancario; podrán alquilar locales y activos del Estado o de otros ciudadanos; una persona tendrá la facilidad de disponer de varias licencias para ejercer más de una actividad por cuenta propia, tanto en su municipio de procedencia como en cualquier lugar del país; se eliminará la restricción para alquilar el total de una casa o departamento; se permitirá el arrendamiento de viviendas y vehículos a las personas que disponen de un permiso de residencia en el exterior (PRE) o a aquellos que, viviendo en Cuba, salgan del país por más de tres meses, para lo cual podrán nombrar un representante; y el tamaño autorizado para los paladares (restaurantes privados) aumentará de 12 a 20 plazas.
¿Qué efectos sociales van a tener estas medidas? A finales de 2009 había, según cifras oficiales, 144.000 “cuentapropistas”, y es posible que exista una cifra similar de establecidos ilegalmente. De estos, es complicado que todos opten por legalizar su actividad ya que el pago de impuestos la haría, en muchos casos, inviable. Con todo, el negocio privado recibirá un impulso, aunque con efectos desiguales en la población. Según estimaciones del gobierno, 250.000 personas engrosarán el cuentapropismo en 2011, con lo que quedarían en la incertidumbre otras 250.000. “Todo parece indicar que la economía deberá convivir en el corto plazo con altas tasas de desempleo, lo cual es un reto desde varios puntos de vista”, admiten economistas cubanos, muy proclives a las reformas favorables al mercado.1 Sólo un sector de la sociedad, el que esté en condiciones de acceder más fácilmente al crédito, a los suministros y a las redes de distribución, podrá prosperar.
Las concesiones al cuentapropismo hay que analizarlas como parte de una dinámica. Algunos economistas cubanos la señalan con mucha claridad: “La descentralización, unida a la liberalización de precios y flujos de divisas, son metas a las que debe tender la política económica si quiere propiciar los incentivos y la autonomía necesaria para impulsar la productividad y el salario en la empresa estatal. En algún momento, el mercado mayorista empresarial deberá poder fijar sus precios de acuerdo al principio de oferta y demanda, tal y como lo hacen las actividades por cuenta propia. Ello requerirá un estudio cuidadoso de las estructuras monopólicas, una mayor apertura externa y una corrección de los tipos de cambio del peso convertible y del peso cubano en la empresa”.2 Todas estas propuestas van en la línea de que el Estado se convierta en un mero “regulador” de la economía, tesis asumida por economistas de relevancia en Cuba.
Las medidas de incentivo a la actividad económica privada no se limitan al trabajo por cuenta propia y a la legalización de pequeñas empresas. A finales de agosto se aprobaron modificaciones legales con el fin de “facilitar el proceso de participación de la inversión extranjera en el turismo internacional”, y se extendía el tiempo de arrendamiento de la tierra para inversores extranjeros de 55 a 90 años.
Planificación versus autonomía empresarial
El 9 de noviembre se hizo público el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, que será el documento fundamental del VI Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) a celebrarse en marzo de 2011. Este escrito es bastante clarificador sobre el sentido en que las reformas piensan orientarse. Especialmente significativo es todo lo referido a la autonomía empresarial. Aunque se dice que “el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional”, se afirma, al mismo tiempo, que “las finanzas internas de las empresas no podrán ser intervenidas por instancias ajenas a las mismas” (punto 12). Respecto al control de la gestión empresarial se plantea la reducción de los mecanismos administrativos y los gastos que estos acarrean por “mecanismos-económicos financieros” (punto 14). Así, en lugar de combatir el problema del burocratismo con más participación del conjunto de la clase obrera y la población, se refuerza el criterio de rentabilidad propia del mercado. En ese sentido, las empresas no rentables serán liquidadas (punto 16). En general, las empresas “no recibirán financiamiento presupuestario” (punto 17). Se plantean criterios autónomos en la distribución de los beneficios ya que las empresas “podrán crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores” (punto 18). “Los ingresos de los trabajadores de las empresas estatales estarán vinculados a los resultados finales que se obtengan” (punto 19). Las empresas podrán decidir sobre el tamaño de las plantillas y tendrán flexibilidad en la fijación de precios (punto 23). Se da un impulso a las cooperativas, en la que sus miembros serán “propietarios de los medios de producción” (punto 25) y podrán unirse entre ellas para crear cooperativas más grandes (punto 29). En un capítulo especial dedicado a la parte de la economía que funciona en base a asignaciones presupuestarias del Estado, determinante en una economía planificada, se afirma: “No se crearán unidades presupuestadas para prestar servicios productivos ni para la producción de bienes” (punto 32).
Todas estas medidas tienen enormes implicaciones en la desorganización de la economía planificada. Un dato muy revelador es que el gobierno tiene como objetivo declarado que en los próximos años la mayoría de la fuerza laboral esté encuadrada en sector privado de la economía.
También hay que tener en cuenta, para el análisis de las tendencias fundamentales que se están produciendo, la naturaleza de las medidas adoptadas en los años precedentes. En 2008 se aprobó la eliminación de los topes salariales en las empresas estatales; en 2009 empezó la entrega en usufructo de tierras ociosas a particulares y cooperativas, que ahora podrán comercializar su producción por canales privados ya que entre la lista de oficios por cuenta propia aprobados en octubre está el de “vendedor de producción agrícola en puntos de venta y quioscos”. También en 2009 el gobierno anunció los primeros pasos para la supresión de los comedores obreros y sustituirlos por una asignación monetaria; también se anunció una reducción progresiva de la cartilla de racionamiento. La sustitución de determinadas importaciones por producción interna, como la alimentación (Cuba importa el 85% de alimentos que consume) está ligado a un plan de paulatina liberalización de la producción agrícola. Una de las primeras medidas de Raúl fue la entrega de tierras ociosas en régimen de usufructo a agricultores privados.
Campaña contra el “igualitarismo”
Las reformas económicas se han acompañado de una campaña oficial contra lo que se denomina el “paternalismo” estatal, los gastos sociales “irracionales”, las excesivas gratuidades, las inconveniencias del “igualitarismo”, etc.3 En julio de 2008, Raúl Castro afirmó en la Asamblea Nacional: “Socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún por el vago”.4 Raúl Castro también calificó el sistema de antes descrito como correspondiente al “principio socialista, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. “Hay que eliminar el gasto que es simplemente insostenible, que ha crecido año tras año y que, además (...) está provocando que la gente sienta que no tiene necesidad de trabajar”, afirmó Raúl Castro en septiembre de 2009.5 Por su parte Ramiro Valdés, comandante de la Revolución, vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, señaló en verano de 2009: “Tenemos que tratar (...) que las masas participen en la solución de sus propios problemas y no esperar que papá Estado venga a resolverles y como los pichones: abre la boca que aquí tienes tu comida. Así no es’”. También el viceministro de Trabajo, Carlos Mateu, señaló en junio de 2008, justificando la reforma salarial: en Cuba “ha existido una tendencia a que todo el mundo reciba lo mismo, y ese igualitarismo no es conveniente”. El director del periódico Granma, Lázaro Barredo Medina, afirmaba el 9 de octubre en un artículo: “El intercambio de opiniones que ha habido en las cartas a nuestro diario, por ejemplo, sobre los temas de la libreta de abastecimientos o de los comedores obreros, son una prueba meridiana de hasta qué punto han calado en nuestra conciencia algunas concepciones equivocadas sobre la justicia social. La justicia social no es el igualitarismo, es la igualdad de derechos y oportunidades, es en el socialismo la distribución bajo el principio ‘de cada cual según su capacidad, y a cada cual según su trabajo”. En este mismo artículo se defiende que se proteja y se garantice “el acceso de las personas de bajos ingresos a esa canasta básica y estimule al resto a trabajar para obtener beneficios salariales a partir de los resultados”, admitiendo implícitamente la normalidad de que exista gente “con bajos ingresos”, diferenciados de los demás. Más adelante, denunció el “síndrome del pichón” que padece la sociedad cubana: “andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo. Usted no va a la bodega a comprar, va a que le den lo que le toca; usted no repara su casa o su apartamento en el edificio, porque además de que no tiene cómo adquirir los materiales, las cosas están concebidas para que le den las facilidades de esa reparación y así es en la mayoría de los asuntos de nuestra vida cotidiana”.
Por supuesto que cualquier revolucionario serio no puede poner en duda que la eficiencia y la meticulosidad en el gasto es una cuestión de enorme trascendencia en una economía planificada. Los enormes progresos sociales derivados de la nacionalización de los recursos no significan que se pueda gastar más de lo que se ingresa, esto también es evidente. Pensar de otra manera sería tener una visión idílica e inútil para la causa de la revolución. El desarrollo limitado de la economía cubana tiene causas objetivas e históricas evidentes, que incluso una economía planificada no puede superar aisladamente. Como los marxistas siempre hemos señalado, no se puede construir el socialismo en las estrechas fronteras nacionales de un solo país, es necesario extender la revolución internacionalmente.
Sin embargo, de la búsqueda de la eficiencia no se deriva automáticamente cuáles deben ser las prioridades en la inversión, ni cómo alcanzarla. Esto son decisiones políticas estratégicas y no puramente técnicas. Cuando hablamos de eficiencia y rentabilidad éstas se consiguen con métodos y objetivos distintos según el sistema social. Los capitalistas también persiguen la eficiencia y rentabilidad de sus empresas con el fin de poder competir y obtener un beneficio individual, y para ello no dudan en explotar a los trabajadores hasta la extenuación o despedirlos. Estos fines (beneficio privado) y estos métodos (intensificación de la explotación) son incompatibles en una economía socialista que tiene como fin productivo el incremento del bienestar social general, salvo a costa de socavar sus propios fundamentos. La participación consciente de la población en la planificación de la producción, y su capacidad para ejercer un control efectivo sobre la misma, es el único sustituto del mercado en una economía planificada. La democracia obrera se convierte en un factor político decisivo para el funcionamiento eficiente de la economía planificada. El látigo del mercado no puede ser sustituido eficazmente por órdenes burocráticas.
A su vez, la participación y la implicación de los trabajadores en la solución de los problemas de la producción, el control del gasto y la distribución dependen, y mucho, de factores políticos, entre otros de la percepción de que su esfuerzo redundará en un beneficio general para toda la sociedad y será distribuido de forma equitativa entre todos los individuos. Y aquí llegamos a un punto fundamental: la lucha por la igualdad en la distribución de la riqueza es objetivamente revolucionaria, no es simplemente una idea romántica. La lucha por la igualdad y contra cualquier tipo de privilegio es un elemento político fundamental para mantener la tensión revolucionaria, la moral y la participación de amplias capas de la sociedad, algo imprescindible en una economía en la que no rigen las relaciones de producción y distribución capitalista.
Esto no quiere decir que se pueda alcanzar una igualdad total y rigurosa de forma inmediata. Ciertos niveles de desigualdad son inevitables, y se explican por el atraso económico y los vestigios del pasado capitalista. Son tolerables siempre y cuando su tendencia sea a desaparecer y exista un control real de los trabajadores sobre las palancas fundamentales del Estado, jugando un papel decisivo en la distribución. Pero una cosa es la existencia de un cierto grado de desigualdad, en las condiciones arriba descritas, y otra cosa totalmente distinta son las medidas que tienden a incrementar la desigualdad, y que se justifican económicamente (eficacia) y políticamente como medidas socialistas, culpabilizando a los trabajadores (la gente es “vaga”, “irresponsable”, “se han acostumbrado a vivir sin trabajar”). El incremento de la desigualdad, de la competencia individual y su justificación abierta y oficial se convertirán, inevitablemente, en una fuente de debilitamiento de las bases sociales, políticas y económicas de la revolución, haciéndola mucho más vulnerable a una involución capitalista.
El principio de la igualdad limitado a las “oportunidades” y desligado de una política efectiva de búsqueda de la igualdad social, es una concepción burguesa, no socialista. Por otra parte, la teoría socialista jamás ha planteado la formulación “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” como la norma de la economía socialista. Todo lo contrario. En realidad este planteamiento está tomado directamente de la burocracia estalinista en la URSS, y fue utilizado en los años treinta para justificar las desigualdades económicas y el sistema de trabajo a destajo.
Según el esquema del gobierno cubano, el combate contra el “igualitarismo” estimulará la productividad y permitirá al Estado liberar más recursos para la inversión. Eso propiciaría una dinámica de crecimiento económico que permitiría salvaguardar las conquistas de la revolución y aumentar los salarios en el futuro. Sin embargo, un crecimiento, en la hipótesis de que se produjese, basado fundamentalmente en una mayor apertura al mercado y un incremento de la desigualdad social (lo que implica la acentuación y cristalización de intereses sociales contrapuestos y un inevitable incremento de la corrupción y de la asociación de intereses entre sectores de la burocracia estatal y los capitalistas privados), sienta las bases objetivas —con independencia de las intenciones de quienes lo promuevan— para la restauración capitalista, como ocurrió en la URSS o en China.
La corrupción y el peligro de restauración capitalista
La corrupción está estrechamente vinculada al peligro de la restauración capitalista. En abril de 2010, Esteban Morales, académico cubano de prestigio completamente comprometido con la revolución, militante histórico del PCC y director honorario del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, publicó un artículo titulado: Cuba: corrupción, ¿la verdadera contrarrevolución?. Merece la pena reseñar algunos extractos: “Hay gente en posiciones de gobierno y estatal que se está apalancando financieramente para cuando la revolución se caiga, y tener todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como ocurrió en la antigua URSS”. Señala claramente donde está el peligro: “En realidad, la corrupción es mucho más peligrosa que la llamada disidencia interna. Esta última aun se encuentra aislada: carece de programa alternativo, no tiene líderes reales, no tiene masa. Pero la corrupción resulta ser la verdadera contrarrevolución, la que más daño puede hacer, porque resulta estar dentro del gobierno y del aparato estatal, que son los que realmente manejan los recursos del país. Si no veamos algo muy simple: ¿Cuando hay leche en polvo en el mercado negro, que ha ido subiendo de precio hasta llegar a 70 pesos el kilogramo? Cuando la leche en polvo llega a los almacenes estatales. No hay mejor ejemplo que ese. Y así es con todos los productos que se adquieren en el mercado negro por parte de la mayoría de la población. Es decir, a cuenta de los recursos estatales, existe un mercado ilegal, del cual todos se benefician, menos el Estado. Y que me dicen, de los vendedores en los alrededores de las grandes tiendas en divisas, proponiendo de todo. Se trata de una corrupción de las que casi todos participan, generada por la corrupción de funcionarios estatales. Porque, que sepamos, en Cuba hay un solo importador: el Estado. No creo que lo que viene en los paquetes de Miami sirva para generar un mercado tan grande, mucho menos, de productos duraderos. Es decir, de manera evidente, existe un flujo ilegal de productos entre el comercio mayorista estatal y el comercio en la calle”. Esteban González sigue profundizando: “Se trata entonces, esta última, de una forma de contrarrevolución que sí cuenta con líderes ocultos, ofrece alternativas a las del Estado y cuenta con una masa que la practica”. El problema, señala el académico “… no está abajo, sino arriba, en los propios niveles del gobierno y del aparato estatal. Formada por los corruptos, ya no de poca monta, que se van descubriendo, en altísimos cargos y con fuertes conexiones personales, internas y externas, generadas por decenas de años ocupando las mismas posiciones de poder”.
En otro artículo, publicado en julio, Esteban Morales señala que la táctica fundamental del imperialismo en la actualidad es de “acumulación de información y lazos internos ligados a la corrupción”. Señala que “por medio del funcionario corrupto, el enemigo puede penetrar al gobierno y al Estado e incluso, al Partido”. Más adelante: “La corrupción, forja un ambiente, que en nuestro caso, ya en parte existe, aunque no sin retroceso (algunos la consideran generalizada, yo no) dentro del cual, el individuo pierde valores, poniéndolo en condiciones de aceptar aquellas variantes de comportamiento que sustentan de manera prioritaria, la comodidad, el privilegio no ganado, y el beneficio personal”.
Imposible mantener el status quo indefinidamente
Están confluyendo varios factores que, en un momento determinado, pueden llevar la situación política, económica y social de Cuba a un punto crítico, en el que sea imposible mantener el status quo. Uno de esos factores que puede precipitar los acontecimientos es la grave situación económica. Entre 2003 y 2007 el proceso revolucionario y la orientación del gobierno de Venezuela fueron determinantes para sacar la economía cubana del estancamiento en que se encontraba. No obstante, los efectos positivos de las relaciones comerciales con Venezuela (que apenas revelaron el potencial que supondría la planificación conjunta de ambas economías) no han sido suficientes para contrarrestar las consecuencias adversas de la crisis económica mundial sobre Cuba.
Además de los efectos devastadores de los huracanes en 2008, en 2009 los precios mundiales del níquel, principal rubro cubano, descendieron un 40%; también cayeron las remesas del exterior y, si bien el número de turistas aumentó, sus gastos disminuyeron un 12%. La crisis económica está agravando los problemas de escasez. Combinado con la política de recortes y la pérdida de autoridad del gobierno, esto podría acabar desencadenando movimientos sociales de protesta y finalmente un resquebrajamiento del régimen. No podemos descartar esta perspectiva.
En los momentos más duros del periodo especial (principios de los 90) hubo agitación y descontento entre sectores pobres en La Habana. Fueron rápidamente abortados, no por la represión, sino por la autoridad política y moral de Fidel, que se implicó directamente. Ahora la situación es diferente. Es difícil pronosticar con exactitud las perspectivas, que además dependen del contexto internacional y particularmente del triunfo o no de la revolución venezolana. En todo caso es imposible que la dirigencia cubana mantenga indefinidamente el status quo actual. La disyuntiva fundamental es contrarrevolución capitalista o la extensión de la revolución socialista en América Latina y una auténtica democracia obrera en Cuba. Sin embargo, como ocurre en Venezuela y otros países, este proceso no tiene por qué concluir rápidamente. En Cuba se abrirá una etapa de turbulencia donde la búsqueda y defensa de las genuinas ideas del marxismo y del leninismo, y de las mejores tradiciones de la revolución cubana, encontrarán apoyo entre capas muy amplias de la vanguardia revolucionaria del PCC, de la clase obrera y la juventud.
La base material de las conquistas de la revolución reside en la planificación económica, imposible sin la propiedad estatal de los medios de producción. Esta fue la gran conquista de la revolución cubana y ahora se ve la importancia de extender esta gran lección a la revolución bolivariana. Mientras en Venezuela la economía dependa del sector privado, la burguesía y el imperialismo seguirán utilizando el sabotaje empresarial y la huelga de inversiones con el fin de minar la revolución bolivariana, socavando indirectamente, la propia revolución cubana. El futuro de la revolución cubana está íntimamente vinculado a la supresión del capitalismo en Venezuela y al establecimiento de una auténtica democracia obrera en la Isla. Internamente, no hay nada más eficaz contra el despilfarro, la corrupción y la rutina burocrática que el control obrero y la involucración efectiva de las masas en las decisiones políticas fundamentales. Así, de las condiciones extremadamente complicadas de la economía cubana, debido fundamentalmente a su aislamiento y a su desarrollo relativamente atrasado, no se deriva automáticamente la necesidad de más mercado. Esa es una opción política. La otra es el impulso de la revolución mundial y la democracia obrera, la única vía para salvaguardar las conquistas de la revolución.
