La lucha de los trabajadores franceses contra la política reaccionaria de Emmanuel Macron comenzó en septiembre con grandes protestas y manifestaciones rechazando la nueva ley del trabajo que permitirá a los empresarios explotar aún más a los trabajadores y reducir los salarios, en la práctica, una receta para la generalización de la precariedad.
Desde entonces no han parado las movilizaciones. Está habiendo huelgas en multitud de centros de estudios y universidades contra los recortes en financiación y personal. También el 25 de septiembre hubo huelga de camioneros que bloqueó autopistas, fábricas e incluso refinerías, para protestar porque la nueva ley permite reducir sus salarios, facilitar los despidos e incrementar la edad de jubilación en el sector, que es ahora de 57 años. La CGT junto con la formación de izquierdas Francia Insumisa ha convocado tres grandes manifestaciones en el último mes.
La contrarreforma laboral aprobada es el principio de una ofensiva general contra la clase obrera y sus conquistas históricas: derechos laborales y sindicales, vivienda, subsidio de desempleo, educación, sanidad, pensiones o empleados públicos, todos los sectores de la población se verán afectados, excepto lo más ricos.
Al día siguiente de convertirse en presidente Macron anunció su intención de aplicar rápidamente sus planes. Y así lo está haciendo. Después de aprobar la contrarreforma laboral ha anunciado la reestructuración del sector público francés. Durante décadas una de las letanías del capitalismo europeo y francés ha sido la necesidad de reducir el enorme peso que el sector público tiene en la economía francesa, el 57% del PIB en 2016, uno de los más grandes del mundo.
Los empleados públicos en pie de guerra
Macron, además de continuar con el programa de privatizaciones y liberalización de la economía que ya inició cuando era ministro en el gobierno de Hollande, ahora pretende congelar los salarios y despedir a 120.000 empleados públicos. Mientras, los grandes beneficiados son las grandes empresas y fortunas del país que, por lo pronto, van a disfrutar de una bajada de impuestos de nada menos que 18.000 millones de euros. Sólo en los primeros seis meses de este año los beneficios de las grandes empresas habían ascendido a 52.000 millones de euros.
La reacción de los trabajadores ha sido inmediata. El 10 de octubre los empleados públicos participaron en una huelga nacional convocada por todos los sindicatos y 400.000 salieron a las calles en las más de 100 manifestaciones convocadas en todo el país. Macron ha logrado que por primera vez en diez años se dé la unidad sindical. Hubo huelgas en enseñanza, sanidad, transporte aéreo, ferroviario, empresas públicas, ministerios, etcétera.
Además, se anunció un plan de lucha con nuevas movilizaciones los días 18 y 24 de octubre. El secretario general de la CGT, Philippe Martinez señaló que “estamos decididos a ir hasta el final”, hasta derrotar los planes de Macron. En las últimas décadas hemos visto en varias ocasiones la fuerza de los trabajadores del sector público francés, como en el extraordinario movimiento huelguístico de 1995 que derrotó los ataques del gobierno de Alain Juppé.
La movilización de este sector podría ser un revulsivo para los trabajadores del sector privado, donde ya existe una elevada tasa de conflictividad laboral debido a la aplicación de esta contrarreforma laboral. Sin embargo, las direcciones sindicales no han dado el paso de unificar la multitud de luchas y protestas para convocar una gran huelga general en todo el país. Esta sería la mejor y más contundente herramienta para derrotar los planes de Macron y la burguesía francesa.
En el frente político, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon se ha convertido en un punto de referencia para la juventud y los trabajadores, y su poder de convocatoria en las calles actualmente es mayor que el de los sindicatos. El 23 de septiembre congregó a más de 100.000 personas en París y defiende la necesidad de salir a las calles para luchar contra la política reaccionaria de Macron. No es casualidad que se haya convertido en el blanco de los ataques del gobierno y de la prensa capitalista, que le acusan de “no seguir las reglas” y de “oponerse al avance social de Francia”.
El 65% de los franceses se oponen a las medidas impuestas por Macron, 7 puntos más que hace un mes. Si hace pocos meses él era la gran esperanza del capitalismo europeo y francés, ahora su popularidad ha caído por debajo del 30%. Su política, calificada por Mélenchon como un “golpe de Estado social”, prepara un enfrentamiento frontal contra la clase obrera.
