El próximo 6 de octubre, fecha de las elecciones generales, finalizará el cuarto año de mandato del gobierno portugués, un gobierno del PS que despertó en el momento de su constitución, en noviembre de 2015, grandes ilusiones entre círculos de la izquierda europea. Las elecciones celebradas un mes antes marcaron un significativo giro a la izquierda, reflejando en las urnas el malestar social ante las políticas de austeridad que se había expresado previamente en cuatro huelgas generales y en las manifestaciones más multitudinarias vividas en el país desde los días de la Revolución de los Claveles.
El dirigente socialista António Costa consiguió el apoyo del Partido Comunista Portugués (PCP) y del Bloco de Esquerda (BE) para constituir una cómoda mayoría parlamentaria, aunque el gobierno se constituyó únicamente con ministros socialistas. Costa inauguró su mandato con la solemne promesa de “interrumpir el camino del empobrecimiento y retroceso social que las políticas de austeridad impusieron”. Sin embargo, cuatro años después su gobierno no solo no ha revertido las políticas de recortes, de austeridad y de supeditación a los intereses del gran capital, sino que en los últimos meses ha agudizado sus políticas antiobreras y represivas, como lo demuestra su abierta violación del derecho de huelga en las recientes luchas de los enfermeros y los transportistas de mercancías peligrosas.
¿En qué ha consistido el “milagro portugués”?
El mejor indicativo sobre lo que realmente ha sido la obra del gobierno “progresista” portugués son los elogios desmedidos que se le dedican desde las asociaciones patronales, especialmente desde la patronal española.
Con motivo de las negociaciones entre PSOE y Podemos para la constitución del nuevo gobierno, Pedro Sánchez ha puesto como ejemplo precisamente al gobierno portugués, intentando así que Unidas Podemos le garantice la investidura y un cheque en blanco. Esta visión de Sánchez recibió rápidamente el apoyo del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien señaló que el nuevo gobierno socialista “debe hacer una política económica como la que está haciendo el Gobierno de Portugal”.
Unos meses antes, en mayo, otro importante empresario, Manuel Pizarro, antiguo presidente de Endesa, Ibercaja y la Bolsa de Madrid, consejero de Telefónica, y asesor económico del PP, no solo instaba a Pedro Sánchez a seguir el ejemplo del gobierno portugués, sino que advertía de la posible fuga de empresas españolas a Portugal para aprovechar los menores costes laborales y fiscales de ese país.
El gobierno portugués ha mantenido con perfecta continuidad los tres ejes principales del plan de ajuste impuesto por la troika desde 2011 hasta 2014: la reducción salarial, el recorte salvaje del gasto público y los incentivos fiscales a los inversores de todo tipo y a los ricos en general.
Se ha publicitado mucho el aumento del salario mínimo legal durante el Gobierno de Costa, y efectivamente entre 2014 y 2019 el salario mínimo pasó de 485 a 600 euros mensuales, un aumento nominal del 23,7% que, ajustado a las subidas de precios, se queda en un incremento real del 19,2%. Puede parecer mucho pero, teniendo en cuenta que un estudio realizado por la Universidad de Lisboa en 2016 marcaba en 800 euros mensuales por persona el límite de la pobreza, todavía faltaría mucho para que el salario mínimo legal portugués permitiese una vida mínimamente digna.
Pero la realidad de la evolución de los salarios es incluso mucho peor, porque solo un pequeño porcentaje de esta insuficiente subida del salario mínimo legal se ha trasladado a los salarios reales. Gracias a la generalización del trabajo precario, los empresarios han podido limitar la subida real de los salarios entre el primer semestre de 2014 y el mismo periodo de 2019 a un escaso 5,8%.
Si algo ha caracterizado el mandato de Costa ha sido la extensión del trabajo precario, la segunda mayor de Europa en los últimos años, solo superada por Croacia. Gracias a esto ha sido posible durante los cuatro años de gobierno del PS seguir reduciendo los costes laborales unitarios, es decir el coste laboral por unidad producida, y así atraer inversiones masivas.
Esas inversiones se han dirigido básicamente al sector turístico y al sector inmobiliario, que han constituido la médula del llamado “milagro económico portugués”, que no es otra cosa que aprovechar los salarios de miseria para atraer capital especulativo, que igual que llega se va. Eso sí, se va con los bolsillos bien llenos.
El sector turístico emplea ya a más de la quinta parte de la fuerza laboral portuguesa. Su futuro dependerá casi exclusivamente de la capacidad de sus empresarios para igualar costes con los de otros países del Mediterráneo cuyos salarios son considerablemente más bajos que los de Portugal. Países como Túnez que, con un salario mínimo mensual de 227 euros, está recibiendo importantes inversiones extranjeras en el sector turístico, podrían ejercer una fuerte presión sobre el futuro del sector en Portugal.
Vinculado al turismo también se ha está viviendo en Portugal un “boom” del sector inmobiliario, que se está traduciendo en alzas desmesuradas del precio de la vivienda. Siendo en los últimos años el país europeo con mayores subidas de los precios inmobiliarios. Sólo el año pasado el precio de la vivienda en Lisboa y Oporto subió más de un 20%, lo que ha provocado un gravísimo problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las familias con menores ingresos y un importante aumento de los desahucios.
Rebajas fiscales para los ricos y aniquilación de la inversión pública
La situación de la clase trabajadora se ve agravada por la drástica caída del gasto y la inversión públicas. Los gastos corrientes del Estado han pasado de representar el 48,2% del PIB en 2015 al 44% en 2018. Respecto a la inversión pública, solo en 2016 el gobierno socialista la redujo en un 16,5% hasta caer al 1,8% del PIB, el menor porcentaje desde 1960.
Esta reducción de gasto e inversión públicas ha afectado fundamentalmente a los servicios sociales y a las infraestructuras, añadiendo más sufrimiento a una clase trabajadora ya muy castigada por los salarios de miseria y la precariedad.
Gracias a estos recortes, realizados en nombre de la sagrada necesidad de reducir el déficit público, el gobierno del PS y sus socios PCP y BE han podido aprobar un amplio plan de incentivos fiscales para las grandes fortunas, en un intento de convertir a Portugal en un nuevo paraíso fiscal para millonarios de todo el mundo. Algunos potentados españoles como Marcos de Quinto, expresidente de Coca-Cola España y actual diputado de Ciudadanos, muy conocido por su papel en el ERE de su antigua empresa, o Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador Franco, ya han decidido trasladar su residencia al país vecino, y no precisamente por sus simpatías “progresistas”.
Pero la tan cacareada “disciplina fiscal”, que se aplica sin piedad cuando se trata de la educación, la sanidad o los transportes públicos, se relaja todo lo que haga falta cuando se trata de echar una mano al sector financiero. El pasado mes de mayo el Novo Banco, una entidad creada con los activos sanos del quebrado Banco Espírito Santo, tuvo que recibir una nueva inyección de capital de 1.150 millones de euros. El Novo Banco fue privatizado por el gobierno socialista en abril de 2017. Su comprador, el fondo norteamericano de capital riesgo Lone Star, no solo no pagó un céntimo al Estado portugués, sino que en 2018 ya recibió una ayuda de 450 millones de euros. ¡Un negocio maravilloso que se está pagando con el sufrimiento y la pobreza de la clase trabajadora portuguesa!
Pasividad de los dirigentes de la izquierda portuguesa y los sindicatos
Si hay algo en Portugal que pueda con toda justicia calificarse de “milagro” es la sumisión incondicional al gobierno socialista de los dirigentes de las dos grandes organizaciones que, supuestamente, se ubican a la izquierda del PS, el PCP y el BE. Estos dirigentes, junto con los de la gran central sindical CGTP, han servido de coartada de izquierda al gobierno y con su pasividad y silencio han dejado a Costa las manos libres para aplicar su batería de medidas antisociales.
Han permanecido mudos cuando el gobierno aplicó a los enfermeros y a los transportistas de mercancías peligrosas la ley de Requisición Civil, una ley de excepción que permite al gobierno forzar la vuelta al trabajo de trabajadores en huelga bajo penas de cárcel y utilizar al ejército contra los huelguistas. Incluso, han admitido la humillación de que el PS buscara el pasado mes de mayo los votos de la derecha para derrotar la propuesta apoyada por el PCP y el BE de actualizar los salarios de los profesores.
El triste papel jugado hasta ahora por los dirigentes del PCP, el BE y la CGTP ha sido el de ayudar al PS a tratar de reducir las protestas en las calles y a desmovilizar a la clase trabajadora y la juventud, extendiendo la desmoralización y el escepticismo. Su excusa ha sido que estas políticas, a pesar de su contenido antisocial, generaban crecimiento económico y empleo, y que era preferible un empleo precario a cifras de paro cercanas al 20%. Ante los síntomas cada día más innegables de que una nueva crisis económica se avecina, las excusas de los dirigentes de la izquierda portuguesa se están viniendo abajo, dejando al descubierto que las políticas de Costa en modo alguno han resuelto los problemas de fondo de la economía portuguesa, sino que se han aprovechado momentáneamente de una coyuntura favorable gracias a que los costes salariales en Portugal han caído más drásticamente que en el resto de países de la zona.
Ante las próximas elecciones de octubre estas organizaciones deberán escoger entre seguir apoyando la política antiobrera del Partido Socialista, contribuyendo así a reforzar su mayoría parlamentaria, o bien escuchar la voz de la calle, que se expresa en la movilización de sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora y en la creación de nuevos sindicatos sectoriales al margen de la CGTP, y presentar una alternativa socialista capaz de verdad de poner fin a las políticas de austeridad.
