El lunes 31 de marzo, el Tribunal Correccional de París hacía pública la sentencia del caso sobre malversación de fondos europeos de Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, imponiendo una condena de 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para la dirigente ultraderechista. La decisión, de mantenerse, supondría la imposibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales, previstas para el mes de abril de 2027.
La sentencia ha caído como una bomba en un panorama recorrido por una polarización política sin precedentes, y con una fuerte movilización de la izquierda en estos últimos años. Que el aparato judicial francés inhabilite a la cara pública de la ultraderecha, que además cuenta con sólidas posibilidades de disputar la segunda vuelta de las presidenciales, es un síntoma evidente de la profundidad de la crisis del régimen capitalista francés.
Un sector de la clase dominante piensa que con este tipo de artimañas puede introducir moderación y estabilidad, pero logrará justamente lo contrario. Es importante subrayar que esta decisión judicial de ninguna manera significa un paso adelante para combatir a la ultraderecha. Pensar que el Estado capitalista y sus tribunales son el instrumento para derrotar a esta formación reaccionaria y antiobrera es absurdo.
La burguesía francesa, la derecha gaullista y el macronismo han recurrido a las alianzas con Le Pen siempre que les ha interesado, hasta el punto de que la decisión de evitar la formación de un Gobierno del Nuevo Frente Popular (NFP) tras su triunfo electoral, se realizó gracias al apoyo de Le Pen y con su absoluto acuerdo.
No debemos olvidar que RN es un partido que ha votado junto a las formaciones liberales y de la derecha tradicional cada una de las contrarreformas sociales y agresiones a los derechos democráticos que han sido presentadas en la Asamblea Nacional. Por eso es fundamental mantener en este asunto una posición de independencia de clase, y no dejarse arrastrar tampoco por la idea estúpida de que defendiendo a Le Pen contra esta decisión judicial, defendemos la democracia. Es absurdo pensar que la ultraderecha es nuestra aliada en ningún terreno y mucho menos en el combate contra un capitalismo decadente que socava a cada paso las libertades y derechos políticos conquistados por la clase obrera.
Divisiones en la clase dominante
Tras hacerse pública la sentencia, RN se apresuró a convocar movilizaciones contra la misma, con un resultado bastante limitado. De hecho, la dirección del partido está sosteniendo una estrategia que pasa por ganar el recurso planteado en los tribunales, y desgastar públicamente a Macron insistiendo en la incapacidad del Gobierno para frenar a la izquierda.
La derecha tradicional y la mayoría presidencial macronista también están actuando con suma prudencia. Al margen de algunos llamados a respetar las decisiones judiciales de diputados rasos del partido de Macron, otros como Gerald Darmanin, ministro de Justicia y uno de los pesos pesados del Gobierno, ha sido cristalino en este asunto, declarando “no ver normal” la inhabilitación de Le Pen. El primer ministro Bayrou, salpicado recientemente por un grave escándalo de abusos a menores en un internado mientras era ministro de Educación, ha planteado la revisión de la ley que ha permitido inhabilitar a la líder del RN.
En cuanto a la izquierda reformista que está pactando con Macron, esto es el PS y Los Verdes, ha salido con toda celeridad a mostrar su entusiasmo con la decisión y su “respeto por la justicia”. No cabía esperar otro tipo de reacción por parte de un PS que en la práctica avala la gestión de Bayrou al frente del Ejecutivo, negándose a apoyar una moción de censura contra el Gobierno. La socialdemocracia francesa y sus aliados íntimos creen que así se debilita las opciones del RN, cuando en realidad solo sirven para fortalecerlas.
Pese a lo que plantean numerosos medios de comunicación burgueses, esta decisión judicial contribuirá a movilizar a la base social de la extrema derecha gala. Al igual que sucedió con la derrota de Trump en 2016, los medios de comunicación capitalistas vuelven a hablar del final del RN y del clan Le Pen, etc… pero, desgraciadamente, las condiciones objetivas sobre las que se levanta el ascenso de la ultraderecha siguen presentes en el Estado francés.
Las clases medias y los pequeños propietarios que se hicieron de oro en las décadas de auge económico del siglo pasado, y que sirvieron para dotar de estabilidad al capitalismo francés sosteniendo a la derecha gaullista y apoyándose cuando era necesario en la socialdemocracia, están sufriendo una convulsión interna.
Al igual que sucede en EEUU con la base social del trumpismo, son estos mismos elementos los que están girando violentamente hacia la extrema derecha, culpando a la inmigración del declive nacional y agitando la bandera de la islamofobia más radical. Son los antiguos votantes de la derecha tradicional en la Francia interior, de base agraria, la que nutre las filas de RN, junto a capas de trabajadores duramente golpeados por el empobrecimiento y que apoya la demagogia racista como una alternativa para salir del hoyo. Algunos piensan que esta base refleja tendencias antiestablishment, pero en realidad no son más que la carne de cañón que catapulta a la extrema derecha en todo el mundo.
La crisis del sistema, las políticas macronistas y socialdemócratas que han llenado los bolsillos de la plutocracia, del capital financiero y los especuladores, la campaña permanente del Gobierno a favor de la violencia policial para mantener el orden, los planes militaristas y las leyes antiinmigración dan fuerza a RN y su demagogia.
La clase dominante enfrenta un panorama muy sombrío con una economía al borde de la recesión. Las raquíticas cifras de crecimiento de 2023 (0,9 %) y 2024 (1,2 %) no tienen visos de ser superadas: el Banco de Francia prevé un avance ridículo del 0,7 % en este 2025 y de un 1,1 % en 2026, perspectivas que podrían ser mucho más negativas en la medida que la guerra comercial se extienda golpeando al sector del automóvil y al conjunto de la industria francesa.
Por otro lado, la polarización social salvaje a derecha e izquierda está imposibilitando a la burguesía francesa imponer una paz social duradera sobre la que basar su política de ajustes y recortes. La rebelión obrera que recorrió el conjunto de Francia durante el año 2023 fue una seria advertencia, pero no la única.
En poco más de una década hemos visto movimientos masivos que han sacudido la lucha de clases de arriba abajo: el Nuit Débout, las protestas contra la reforma laboral de Hollande, las huelgas estudiantiles, los chalecos amarillos, las huelgas y manifestaciones multitudinarias contra la reforma de las pensiones, y las movilizaciones antifascistas de masas… batallas que han marcado a fuego la conciencia de millones y que cristalizaron en los avances electorales de la Francia Insumisa (FI) y en la victoria del NFP en las elecciones legislativas de 2024.
En este contexto, los grandes capitalistas enfrentan un dilema central: ¿mantener al Gobierno de Bayrou o dar un paso más en las políticas antiobreras y represivas colocando a RN al frente? Obviamente un sector considera que proponer un Gobierno aún más autoritario que la dupla Macron-Bayrou espolearía la movilización social y amenazaría con una explosión de la lucha de clases que, atendiendo a los precedentes, podría acabar en una crisis abiertamente revolucionaria.
El carácter cada vez más bonapartista del régimen de Macron es la demostración de las enormes dificultades que tiene la clase dominante para asegurar la estabilidad. En los hechos, el mayor ataque a los derechos democráticos en Francia en el último periodo no tiene nada que ver con esta sentencia judicial, sino con la decisión presidencial de negar al NFP, y en consecuencia a su partido más importante en aquel momento, la FI, la posibilidad de formar Gobierno. Esa decisión, que supuso un golpe institucional en toda regla, contó con el respaldo de Marie Le Pen.
Son estas razones la que explican esta decisión judicial, y que ni mucho menos constituye un punto y final de nada. Los sectores decisivos de la burguesía están optando, por el momento, a favor de mantener el control mediante acuerdos entre la derecha tradicional, el macronismo, y el PS, pero se verá obligada igualmente a tomar medidas excepcionales. En cualquier caso, esta opción no frenará las posibilidades de la extrema derecha y abren un nuevo periodo de lucha de clases encarnizada.
Derrotar a la ultraderecha y al macronismo con la movilización y la huelga general
Como ya hemos visto en otros países, basar la estrategia contra la reacción en que las instituciones podridas del capitalismo actúen es un grave error.
La lucha contra los neofascistas y las formaciones de extrema derecha tiene que apoyarse en dos pilares. Uno, en la movilización social masiva, que desenmascare a estos pretendidos antiestablishment como lo que son, unos perfectos defensores de este sistema, dentro del cual tienen aliados muy fiables en la judicatura, en el ejército, en la policía y en la patronal. Dos, en la defensa de un programa de clase, socialista, antirracista e internacionalista.
Por eso la responsabilidad de los sindicatos combativos, de la Francia Insumisa y de la izquierda revolucionaria, de las organizaciones estudiantiles es evidente: tienen que organizar un plan de lucha ascendente, incluyendo la huelga general, para barrer a esta escoria fascista y racista, y preparar así las fuerzas de una poderosa alternativa anticapitalista.
Las últimas movilizaciones que han sacado a las calles a decenas de miles de jóvenes y trabajadores demuestran las mejores condiciones para enfrentar a estos reaccionarios, y ofrecen también una conclusión fundamental: derrotar al fascismo es inseparable del combate por el socialismo.
