Después de seis años de colapso económico y ajustes brutales, la clase dominante griega ha sido incapaz de contener, desmoralizar o doblegar un movimiento de contestación social cada vez más amplio y radicalizado encabezado por la clase obrera, y que ha puesto encima de la mesa la posibilidad de transformar la sociedad en líneas socialistas. Una parte decisiva de la población ha sacado la conclusión de que bajo la dominación del capital financiero la única perspectiva de futuro es la extensión de los elementos de barbarie ya hoy presentes en la sociedad griega, y no está dispuesta a tolerarlo. De hecho, el país vive una situación prerrevolucionaria. Esta heroica resistencia se está produciendo a pesar de los dramáticos efectos sociales de los recortes, de las múltiples maniobras políticas de la burguesía para tratar de estabilizar un sistema en crisis y del recurso cada vez más frecuente e intenso a la represión estatal y a la acción intimidatoria de las bandas fascistas de Amanecer Dorado (AD).

Incremento de la represión del Estado y de los grupos fascistas

Los capitalistas han sacado la conclusión de que la democracia burguesa ya no es tan eficaz como en el pasado para mantener su dominación; por eso utilizan de forma mucho más descarnada la baza del autoritarismo y la represión, revelando que el apego de la burguesía a los principios democráticos, cuando están en peligro sus intereses fundamentales, brilla por su ausencia. Estas tendencias represivas encuentran una base de apoyo activo en las bandas fascistas y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado que no fueron depurados tras la caída de la Dictadura de los Coroneles, en 1974. De hecho, ambos están completamente interrelacionados.
La intensa actividad desplegada por Amanecer Dorado —que tiene como bandera política fundamental el racismo contra los inmigrantes y el odio a la izquierda y que se nutre de los elementos más lumpenizados de la sociedad—, no sería posible sin el respaldo activo del aparato estatal, especialmente de la policía, y la financiación de los empresarios. Es vox populi que en muchas comisarías se recomienda de forma abierta recurrir a los servicios de los miembros de Amanecer Dorado para “resolver” problemas de delincuencia común a cambio de una “voluntaria” donación. El pasado otoño el periódico británico The Guardian publicó un reportaje sobre abusos policiales y la complicidad entre esta formación ultraderechista y miembros de las fuerzas de seguridad. El ministro de Orden Público, Dendias, amenazó con acciones legales contra el diario sin que se hayan hecho efectivas. En el reportaje se denunciaban torturas de la policía a unos quince detenidos en una manifestación antifascista. El abogado de algunos de ellos, Dimitris Katsaris, afirmaba: “Esto no es sólo un caso de brutalidad policial. Esto sucede todos los días a las personas arrestadas por protestar contra el aumento del partido neonazi en Grecia. Este es el nuevo rostro de la policía, con la colaboración de la justicia”. Los testimonios de los detenidos hablan por sí solos del ambiente de reacción que se respira en las comisarías: “me escupieron y me dijeron que iba a morir como nuestros abuelos en la guerra civil”.
En el mismo reportaje, un oficial superior de la policía griega denunciaba que Amanecer Dorado está infiltrado en la policía y que los sucesivos gobiernos y mandos policiales han hecho la vista gorda ante estos “focos de fascismo”, señalando que el Estado, a través del Servicio Nacional de Inteligencia, ha sido plenamente consciente de estas actividades desde hace años. El Estado mantenía a los elementos fascistas “en reserva” para utilizarlos contra la izquierda. Este oficial expresó su convicción de que los grupos fascistas actúan como agentes provocadores en las manifestaciones para generar enfrentamientos entre manifestantes y policía, o incluso entre los propios manifestantes. Según datos que se publicaron inmediatamente después de las elecciones, el 50% de los policías votaron a Amanecer Dorado.
La actuación de estos grupos fascistas cada vez alcanza una gravedad mayor. Se sienten tan impunes que las agresiones han llegado a afectar a los propios diputados de Syriza, como por ejemplo a Dimitris Stratulis, que fue agredido en el mes de diciembre por tres miembros de Amanecer Dorado en el descanso de un partido de fútbol, al grito de “te vamos a matar”. El 4 de enero se organizó un ataque por parte de militantes de AD a un barrio de gitanos en el que participó un diputado de la ultraderecha, que ya había protagonizado otros ataques a inmigrantes, y que mantiene su escaño en el parlamento con total impunidad. El 17 de enero dos de sus simpatizantes asesinaban a un joven paquistaní. Un portavoz de la comunidad paquistaní ha denunciado repetidamente que si recurres a la policía ante las constantes agresiones de AD “te detienen por no tener los papeles en regla”. También señaló que “si un empresario quiere hacerte chantaje, amenaza con llamar a Amanecer Dorado”.
La lucha contra las bandas fascistas de AD no se puede dejar en manos de la legalidad burguesa. Como ocurrió en los años treinta, el Estado capitalista, protege, financia y arma a estas organizaciones. La clase obrera, sus sindicatos y sus partidos, son los que deben encabezar el combate contra estos elementos, a través de comités de autodefensa que se deben crear en las fábricas y barrios.

Oleada de ‘atentados’ y criminalización de la izquierda

La ultraderecha se siente completamente amparada no solo por la policía sino por la derecha “democrática” en el gobierno, que está incorporando como uno de los ejes centrales de su discurso la criminalización de Syriza y el KKE. El andamiaje de este discurso es la vinculación de la izquierda con la violencia terrorista, la inestabilidad y el caos. Así sucedió tras una sospechosa cadena de atentados contra periodistas, políticos e instituciones a mediados de enero, que incluía una amenaza de bomba en el Tribunal Supremo y un supuesto atentado contra el primer ministro Samarás, en cuyo despacho se encontraron casquillos de balas disparadas por un Kaláshnikov. Justo en estos días, con la violencia en el centro del debate político, el Parlamento aprobaba 21 leyes por decreto, sin ningún debate ni publicidad.
Esta oleada de “atentados” tiene todo el aspecto de ser una maniobra organizada por sectores del propio aparato del Estado con el objetivo de crear un clima de tensión que paralice la protesta social (no olvidemos que el gobierno de Samarás en sus ocho meses de existencia ha tenido que enfrentarse ya a tres huelgas generales, una de ellas de 48 horas, y a multitud de conflictos sectoriales y paros parciales) y cree las condiciones para justificar una intervención “excepcional” de las fuerzas represivas para poner en orden la situación. La historia está llena de actuaciones similares organizadas por los servicios secretos del Estado, con la excusa de “luchar contra los extremismos”, y que buscan aplastar al movimiento obrero y sus organizaciones, cercenar las libertades democráticas, incluso propiciar golpes de Estado.
De hecho, tras los atentados, Nueva Democracia no tardó ni un segundo en acusar a Syriza de incentivarlos, vinculando cualquier crítica a las medidas del gobierno con la violencia y el terrorismo.
Mientras se acusa de violencia a la izquierda, la permisividad y la connivencia de los dirigentes de ND con los fascistas es pública y notoria. El ministro de Orden Público defendió la legalidad de que los diputados de Amanecer Dorado entren armados en el parlamento cuando ocho de ellos lo intentaron en diciembre con el argumento de que “tenían licencia de armas”. La mujer del líder de AD, dueña de un prostíbulo de Atenas, famosa por sus declaraciones refiriéndose a los inmigrantes como “subhumanos que han invadido la patria contaminándola de enfermedades”, acaba de ser colocada en el Consejo de Europa gracias a la abstención de Nueva Democracia. El reciente entierro de Nikolaos Dertilís, penúltimo superviviente de la Junta Militar y responsable directo de la muerte de un estudiante en 1973, se convirtió en un acto de reivindicación de la dictadura en el que participaron ocho diputados de AD; Nueva Democracia fue el único partido que no condenó esta apología de una dictadura que persiguió, torturó y asesinó a miles de activistas y trabajadores griegos.
El clima represivo que el gobierno está impulsando afecta también a la propia libertad de expresión. En octubre se hizo muy conocido internacionalmente el caso del periodista griego Vaxevanis, que estuvo a punto de ir a la cárcel por hacer pública la conocida como “lista Lagarde” en la que se daban nombres y apellidos de 2.000 millonarios griegos que evadieron su capital a Suiza. Otro golpe a la libertad de expresión se produjo también este mes, cuando dos presentadores de la televisión pública fueron despedidos tras hacerse eco del ya citado caso de torturas policiales publicado por The Guardian. Cabe destacar la reacción de la plantilla que secundó una huelga de 24 horas exigiendo la readmisión de sus compañeros.

Huelgas en el Metro de Atenas y en la Marina Mercante. De la represión brutal a la convocatoria de huelga general

Toda esta ofensiva antidemocrática tiene como principal objetivo el movimiento obrero y sus sectores más avanzados. Hay una campaña sistemática, impulsada desde el gobierno y de la que se hacen eco todos los medios afines, consistente en repetir una y otra vez que “lo peor de los ajustes ya ha pasado”, que se está “a punto de salir de la crisis” y que lo único que pone en peligro esta perspectiva, por otro lado completamente infundada, son las huelgas y manifestaciones de protestas de la clase trabajadora y los planteamientos de la izquierda, predisponiendo a los sectores más atrasados y pasivos de la sociedad contra la lucha y asociándola al caos, la violencia y la inestabilidad. Esta campaña política ha sido acompañada de medidas propias de una dictadura como ha puesto de manifiesto la militarización para poner fin a las huelgas del Metro de Atenas y de la Marina Mercante, a finales de enero y principios de febrero respectivamente.
La huelga de Metro de Atenas empezó el 17 de enero, con carácter indefinido y sin servicios mínimos. Su reivindicación fundamental era oponerse a una reducción salarial de entre el 25% y el 50%, preservando el derecho a un convenio colectivo propio. A pesar de los continuos ataques del Gobierno y de los medios de comunicación el apoyo social a la huelga fue tremendo. Todo el engranaje del Estado empezó a funcionar para criminalizar, aislar y dar un golpe ejemplar a estos trabajadores; así, un tribunal dictaminó que la huelga era ilegal, autorizando al Gobierno a recurrir a la Ley de Movilización Civil de 1974, una medida de excepción que contempla penas de cárcel de entre tres meses y cinco años para quienes desobedezcan la prohibición de la huelga. La implicación directa de Samarás revela claramente el temor de que la lucha de Metro se convirtiera en el detonante de un movimiento huelguístico que se extendiera a más sectores, impulsado por abajo y con un alto grado de radicalización que acabara paralizando completamente el país e incluso haciendo caer al gobierno. Samarás dijo: “El pueblo griego ha hecho grandes sacrificios y no puedo permitir ninguna excepción”; efectivamente, si el gobierno hubiera hecho una concesión en esta lucha el dique de contención se habría roto. Así, en la madrugada del 25 de enero, cientos de antidisturbios asaltaron la cochera ocupada y pusieron fin a la huelga.
Sin embargo, a pesar de la represión, la perspectiva de una nueva oleada huelguística contra el gobierno no está en absoluto descartada. Los trabajadores de autobús y ferrocarriles, en una actitud desafiante, continuaron en huelga hasta el 29 de enero. La acción despótica del gobierno incrementó las simpatías hacia los trabajadores del Metro sucediéndose huelgas de solidaridad en otros sectores, como la de los trabajadores de la compañía estatal de electricidad, que convocaron inmediatamente una huelga de 24 horas. Los días 31 enero y 1 de febrero se sucedieron más huelgas, de 24 horas entre los médicos y enfermeros de los hospitales estatales; de 48 horas los trabajadores de la marina mercante, y ADEDY, principal sindicato del sector público, convocó un paro parcial de 4 horas. El 5 de febrero tras seis días consecutivos de huelga de los trabajadores de la Marina Mercante, y tras decidir seguir adelante con ella, el Gobierno nuevamente recurrió a la militarización. En respuesta, la Confederación Panhelénica de Marinos (PNO) bloqueó los tres puertos del Ática (la región de Atenas), incluyendo el Puerto de El Pireo, donde unos 1.500 trabajadores se concentraron, y GSEE y ADEDY se vieron obligados a convocar de inmediato una huelga de 24 horas en la región del Ática para el miércoles 6 de febrero.
La lucha de clases en Grecia ha llegado a un punto crítico. El recurso a medidas represivas tan graves por parte del gobierno no es un síntoma de su fortaleza, al contrario, indica una extrema debilidad y desesperación frente a la persistencia y tenacidad del movimiento obrero. La militarización de las huelgas ha radicalizado aún más a los trabajadores. El látigo de la contrarrevolución ha animado a la revolución y es en este contexto en el que, finalmente, las centrales sindicales GSEE y ADEDY han anunciado la convocatoria de huelga general para el 20 de febrero. Una huelga contra un gobierno que se encuentra suspendido en el aire, que es visto como una mera terminal de los dictados del capital financiero y más odiado que nunca por la población debido, precisamente, a la utilización de la represión contra los trabajadores.

Un programa revolucionario. Los trabajadores deben tomar el poder

En las actuales circunstancias históricas del capitalismo mundial las bases para una democracia burguesa estable se están descomponiendo, sobre todo en los eslabones débiles del sistema. Es obvio que las tendencias bonapartistas se están reforzando en el seno de la clase dominante griega, aunque otra cosa es que vayan a jugar, a corto plazo, la carta de una dictadura. Si lo hicieran, podrían precipitar la revolución en Grecia e incluso radicalizar todavía más la protesta social en todo el sur de Europa creando las condiciones de una situación prerrevolucionaria. El movimiento obrero griego está  muy activo y alerta, para nada ha dicho su última palabra. La correlación de fuerzas es claramente favorable a la clase obrera, debido al ambiente general de lucha y al profundo descrédito de las instituciones burguesas y del propio sistema capitalista. Eso no significa que las tendencias represivas del Estado combinado con las agresiones de las bandas fascistas no sean una seria advertencia, ni que esta situación favorable para la revolución vaya a durar indefinidamente.
El brutal nivel de destrucción de las fuerzas productivas y de empobrecimiento de la población al que ha llevado la crisis capitalista al pueblo griego no ha tocado fondo y amenaza con llevar a la sociedad a una situación de verdadera barbarie. La dinámica infernal de recortes y profundización de la crisis dista mucho de haberse detenido. Desde que se firmara el memorando para el primer rescate en 2010, la economía se ha contraído un 20% —y según cálculos del gobierno lo hará un 4% más durante 2013—, el índice de desempleo se ha duplicado, afectando ya al 27% de la población activa (diez puntos más según fuentes no oficiales) y al 56,6% entre los menores de 25 años.
En 2011 el 21,4% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza, sobreviviendo con menos de 500 euros al mes y el 28,4% no podía cubrir sus necesidades básicas (comida, vivienda, calefacción…). Los ingresos disponibles de las familias han caído un 10,6% y el salario medio en el sector público se ha reducido un 20%. Sin embargo, en 2012 el precio del gasóleo para calefacción había aumentado más del 40% respecto a 2011, y el gobierno ha retirado el subsidio para su compra a 50.000 personas que lo habían solicitado. También en 2012 más de 60.000 empresas cerraron, todos los días 2.800 personas pierden su empleo y todos los meses se corta la luz a 30.000 hogares y negocios por impago. Más de 500.000 niños pasan hambre y una de cada tres familias piensa en emigrar. Mientras la mancha de la miseria y la descomposición social se extienden, la evasión de impuestos por parte de los ricos alcanza anualmente 28.000 millones de euros y otros miles de millones se llevan fuera del país.
La cuestión central en este momento es la necesidad de que los partidos de la izquierda, el KKE y, especialmente, Syriza, formación en la que en el último año han confluido gran parte de las expectativas de transformación de la sociedad, defiendan una alternativa claramente socialista, lleven a cabo un frente único, y organicen a las masas la clase obrera para derrocar el capitalismo, haciéndose con el control directo de las palancas de poder político y económico. Lo que está en juego en Grecia es la lucha por quién controla esta sociedad, los capitalistas o los trabajadores. Como señalamos en la declaración de la Corriente Marxista Revolucionaria de marzo de 2012: “al poder de la burguesía hay que oponer el poder de los trabajadores: impulsar la formación de comités revolucionarios en todas las empresas, industrias, tajos, escuelas, universidades y barrios. Comités basados en las asambleas, cuyos miembros deben ser elegidos democráticamente por los trabajadores y la juventud para llevar a cabo las tareas de la revolución socialista: el control obrero de la producción, y de la vida social; la organización de una huelga general indefinida y con ocupaciones para tomar el control de los centros de poder económico y político; el establecimiento de un Parlamento Revolucionario integrado por los delegados de todos estos comités para adoptar las medidas descritas anteriormente; la organización de la autodefensa de la clase obrera, en cada fábrica, en cada sindicato, en cada centro de estudio, en cada barrio; un llamamiento fraternal a los soldados e incluso a los miembros de los sindicatos de la policía a servir al pueblo, estableciendo comités revolucionarios y plenos derechos democráticos en su seno; y la extensión de este plan de acción al conjunto de la clase obrera europea: bajo la UE de los capitalistas y los banqueros no hay salida, pero bajo una Grecia fuera de la UE pero capitalista tampoco. Es necesario levantar la bandera del internacionalismo proletario que lleva inscrita la consigna de los Estados Socialistas de Europa”.