Ha pasado un año desde la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU. Su campaña se basó en la promesa de revertir las contrarreformas sociales y ataques a los derechos democráticos realizados por la administración Trump, entre ellas la histórica bajada de impuestos a los más ricos. Pero, ¿ha cumplido?
"Soy capitalista, si puedes ganar un millón o mil millones de dólares, bien por ti”.
Estas fueron las palabras de Biden al salir de una reciente reunión con los congresistas demócratas. Toda una declaración de principios que condiciona su acción presidencial.
Lo cierto es que la agenda política doméstica de Biden se apoya en dos elementos clave. El primero sería el plan de inversión en infraestructuras públicas, a simple vista muy necesario dada la situación en la que se encuentran muchas carreteras, puentes, aeropuertos o sistemas de agua y electricidad en todo el país, en su mayoría construidos en la década de los años cincuenta o incluso antes, ahora degradados o en ruinas debido a la falta de inversión de las últimas décadas.
El Congreso acaba de aprobar una versión edulcorada del plan originario que ha pasado de los 2,6 billones iniciales a 1,2 billones de dólares para los próximos diez años, de los que solo 550.000 millones será nueva inversión, el resto ya estaba presupuestado anteriormente. Las grandes empresas de la construcción o el transporte han apoyado entusiastamente esta ley porque se beneficiarán de la mayor parte del dinero que recibirán en forma de contratos gubernamentales, subvenciones y bajadas de impuestos.
El paquete económico incluye 110.000 millones para carreteras y puentes, 66 millones para ferrocarril, 40.000 millones para transporte, 73.000 millones para modernizar la red eléctrica y 55.000 millones de dólares para renovar la red de agua. Son cantidades considerables de dinero pero muy insuficiente ya que de acuerdo con la Asociación de Ingenieros Civiles los 300.000 dólares anuales del plan no alcanzarían ni de lejos para cubrir el mantenimiento de dicha infraestructura, menos aún para la reparación o construcción de nueva.
De acuerdo con el informe anual de esta asociación, el 43% de las carreteras del país está en un estado “pobre o mediocre”, las presas y embalses tienen una media de 57 años y cientos de caminos rurales están cerrados por que están en ruinas. Tan solo en el estado de Michigan, uno de los principales centros industriales del país, una cuarta parte de los puentes se encuentra en buenas condiciones. Según cálculos oficiales reparar carreteras y mejorar puentes requerirían de 786.000 millones de dólares.
Aunque algunos se hayan apresurado a equipararlo con el New Deal de los años treinta, este plan de infraestructura no tiene nada que ver. No solo porque el contexto político, económico y social sea completamente diferente, sino porque el proyecto de Biden es un conjunto de medidas dirigidas esencialmente a impedir que China siga tomando la delantera al capitalismo estadounidense. La parte más importante del plan está formado por subvenciones públicas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas norteamericanas y mantener la cadena de suministros que hoy en gran parte dependen del gigante asiático.
Una de las partidas más importantes son los 120.000 millones de dólares que se destinarán a investigación y desarrollo de tecnologías claves, que beneficiará a los monopolios privados ya que los liberará de la costosa tarea de dedicar dinero a la innovación y el desarrollo, aprovechándose de los resultados que obtenga la inversión pública en este terreno.
La “expansión de la infraestructura humana”
El segundo elemento es la política social y climática englobada en el proyecto Build Back Better World (Reconstruir un mundo mejor), también denominada con el eufemismo de “expansión de la infraestructura humana”.
Al principio, el programa incluía la enseñanza preescolar universal, la utilización del poder de compra del Medicare para negociar directamente con las farmacéuticas la bajada de precios de los medicamentos, la inclusión en la sanidad pública de la salud dental, auditiva y oftalmológica. El aumento del gasto en vivienda, incremento del dinero destino a la lucha contra la pobreza o la extensión de la sanidad pública a aquellos sectores sin seguro médico. Ambos programas, infraestructura y política social, se financiarían con el aumento de los impuestos a los más ricos y grandes empresas. Según la revista Formes cada año el 1% más rico de EEUU evade 160.000 millones de dólares en impuestos.
Pero las promesas del presupuesto de la agenda social en pocos meses ha pasado de 6 billones a 1,75 billones de dólares durante los próximos diez años, una cantidad realmente ridícula si se compara con los más de 8 billones de dólares que se gastarán en defensa en el mismo período o con los 105.000 millones de dólares que cada mes inyecta la Reserva Federal en los mercados financieros.
No son un secreto los vínculos directos de las grandes empresas con el establishment del Partido Demócrata y en esta ocasión se han podido ver sin ningún tipo de disimulo. Era previsible que estas propuestas de Biden no tendrían ni un solo voto a favor del bando republicano, pero en esta ocasión la oposición más feroz también ha llegado del campo demócrata, de los senadores y congresistas más derechistas del partido.
Los demócratas tienen una mayoría muy ajustada en ambas cámaras y por esa razón se ha optado por aprobar ambos planes mediante el llamado “procedimiento de reconciliación”, un método que permite aprobar la financiación de cualquier ley con la mayoría simple del senado y con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Teniendo en cuenta que en el Senado los demócratas sólo tienen un senador más que los republicanos no se pueden permitir ninguna deserción en sus filas.
La oposición demócrata a los planes de Biden está encabezada por los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. El primero ha sido responsable de echar atrás todas las medidas relacionadas con el cambio climático: el propio Manchin el año pasado ganó 500.000 dólares con su propia empresa de carbón sucio. En cuanto a Sinema, antigua dirigente del Partido Verde y con vínculos directos con las empresas financieras, se opone radicalmente al aumento de impuestos a los ricos y a cualquier medida que implique la reducción de los precios de las medicinas.
En todo este proceso ha sido visible la batalla feroz de las grandes empresas que no están dispuestas a renunciar a ni un solo dólar de sus cuantiosos beneficios. Sólo el lobby farmacéutico ha dedicado 1.500 personas a presionar a los senadores y congresistas y ha gastado millones de dólares para evitar que saliera adelante cualquier medida que implicase la reducción de precios de los medicamentos.
Un artículo titulado Corrupción al estilo norteamericano (Forbes, 22/1/2009) afirmaba que “el lobbying no se diferencia demasiado de la ‘corrupción del Tercer Mundo’ donde el narcotráfico y otras actividades ilegales son una parte integral de la economía”. En 2014 había registrados 11.800 grupos de presión y sólo ese año gastaron colectivamente, en nombre de sus clientes, 3.400 millones de dólares.
Según un estudio de la Fundación Sunlight, una organización destinada a defender la transparencia de los gobiernos, en 2010 las empresas más grandes de EEUU disfrutaron de una reducción de impuestos de 11.000 millones de dólares con relación al año 2007. También señala que el reembolso obtenido por estas empresas de su inversión en lobbies para que ejercieran presión en su nombre fue del 2.000%. (Lobby More, Pay Less, Sunlight Foundation. 16/4/2012)
El senador Bernie Sanders en una entrevista al programa This Week de la ABC lo explicó con claridad: “No estamos tratando con el senador Manchin o la senadora Sinema. Estamos tratando con toda la clase dominante de este país. Las empresas farmacéuticas, las aseguradoras sanitarias, la industria del combustible fósil están gastando cientos y cientos de millones de dólares para impedir que hagamos lo que quiera la población norteamericana. Realmente es una prueba de si puede funcionar o no la democracia estadounidense”.
Los ricos están muy tranquilos
Lo más significativo de los planes de Joe Biden es la renuncia a uno de los mantras de su campaña electoral: no sube ni un solo dólar los impuestos a los más ricos. Un claro recordatorio de quién manda realmente en EEUU.
Aunque la partida más grande será la dedicada al cambio climático, 555.000 millones de dólares, a un lado han quedado propuestas como el impuesto al carbono o las multas a las empresas contaminantes. Más de la mitad, 320.000 millones de dólares, serán créditos para los fabricantes de vehículos eléctricos y las empresas que produce baterías para los mismos. Otros 10.000 millones se destinarán a subvenciones directas a los productores de “baterías solares y otros materiales” y “estimular la competitividad de las actuales industrias, como el acero, cemento o aluminio”. Una vez más se trata de no quedarse atrás frente a sus competidores extranjeros.
Lejos de ser una legislación que reducirá la pobreza y mejorará las condiciones de vida de los trabajadores, la realidad es que la falsa agenda social de Biden se amolda a los intereses actuales de la clase capitalista. De hecho, los subsidios y ayudas que originalmente estaban incluidos en la ley para ayudar a los más necesitados se han eliminado en su gran mayoría.
Una de las consecuencias de las malas condiciones laborales y los bajos salarios ha sido que casi 4 millones de trabajadores durante la pandemia han renunciado a su puesto de trabajo, lo que representa el 2,7% de la fuerza laboral y es la cifra más alta desde que se empezó a registrar el dato en el año 2000. El motivo es que los salarios son tan bajos que a muchos trabajadores, sobre todo mujeres, no les compensa seguir trabajando porque les sale más caro llevar a sus hijos a la guardería o los costes del transporte.
Esa es la razón de que la educación preescolar universal gratuita para niños de 3 a 4 años de edad sea una de las pocas medidas sociales que se mantiene. Otras, como el permiso familiar remunerado de 12 semanas ha desaparecido porque evidentemente iría en contra de esta ansiada reincorporación al mercado laboral. La inclusión del cuidado dental en el Medicare se limitará a un vale de 800 dólares, la visión y la audición parece que tampoco estarán incluidas.
Al mismo tiempo que se conocían los detalles del plan, la revista Forbes publicó que durante los primeros 19 meses de la pandemia la riqueza de los millonarios estadounidenses había aumentado 2,1 billones de dólares (más de un 70%). Y el número de multimillonarios crecía en 131 personas, pasando de 614 a 745. En el mismo período millones de trabajadores sufrían los estragos de la crisis económica, el paro y de una pandemia que sólo en EEUU ha causado más de 750.000 muertos.
El mismo artículo explica que los ricos no han pagado impuestos por este gran aumento de su riqueza. La mayoría de sus ingresos procede del “aumento del valor de sus inversiones en acciones o bienes raíces”. En 2020, las cincuenta empresas más grandes de EEUU pagaron cero dólares en impuestos, mientras colectivamente tenían unos beneficios superiores a los 40.000 millones de dólares.
Derrota Demócrata en Virginia Occidental
En este contexto, el martes 2 de noviembre los demócratas sufrieron su primera derrota electoral en la elección del gobernador de Virginia Occidental, a pesar de la participación de Obama, Kamala Harris y Biden en la campaña. El estado ha estado controlado por los demócratas los últimos ocho años y en las elecciones presidenciales Biden sacó 10 puntos a los republicanos. Donde sí mantuvieron el control fue en Nueva Jersey, logrando una vitoria ajustada después de ganar Biden por 15 puntos. La debacle del voto demócrata es consecuencia de la enorme abstención en las zonas obreras de ambos estados.
El apoyo a Biden se ha desplomado: en octubre era sólo un 42%, el nivel más bajo de cualquier otro gobierno en esta etapa de la presidencia. Según la última encuesta de la cadena NBC, solo el 18% de los votantes apoya totalmente a Biden y el 46% lo desaprueba. Todo esto cuando falta un año para las elecciones de mitad de mandato y donde es más que posible que los Demócratas pierdan el control de ambas cámaras.
Lamentablemente, Sanders, Ocasio Cortez y otros representantes de la izquierda en lugar de movilizar en las calles a la juventud y a la clase trabajadora para exigir una política social que beneficie a la mayoría de la población, se han dejado arrastrar por el filibusterismo parlamentario y las intrigas palaciegas, y en el camino realizan constantes concesiones al establishment demócrata.
La oleada de luchas obreras que durante estas últimas semanas recorre el país es también un buen ejemplo del desgaste del gobierno Biden. Cada vez son más los jóvenes y trabajadores descontentos con el statu quo, que comprenden el carácter capitalista del Partido Demócrata y entienden la necesidad de crear un partido de los trabajadores independiente: las últimas encuestas señalan que el apoyo a un tercer partido es del 60%.
