En dos meses al frente del Gobierno, Donald Trump se ha apresurado a aplicar su programa. Ha firmado 156 órdenes ejecutivas, casi dos diarias, contando las 45 que firmó el primer día. No hay un precedente así en la historia de los Estados Unidos.
Toda esta batería normativa está plagada de ataques a los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas migrantes y a la clase trabajadora en general. Se trata de una estrategia en la política interna para golpear con fuerza a los trabajadores, empezando por los migrantes, su eslabón más débil y desprotegido, crear un clima de parálisis y temor, y tratar de imponer sin apenas resistencia su proyecto de extrema derecha en beneficio de la oligarquía dominante.
Evidentemente es una apuesta arriesgada: echar más leña al fuego de una realidad social y económica de empobrecimiento masivo, desigualdad rampante y máxima polarización, alimenta la posibilidad de un estallido social.
Si Trump actúa de esta forma tan decidida y arrogante es también porque sabe que cuenta con el oxígeno que le otorga la supuesta “oposición” demócrata y las cúpulas sindicales que, en lugar de trazar un plan de lucha en los centros de trabajo, las barriadas y localidades más oprimidas, las universidades y centros de estudios, huyen de ello y se dedican, en el mejor de los casos, a denunciar la “ilegalidad” de las órdenes de Trump y poner todas las esperanzas en que sean los jueces quienes paren los pies a este plutócrata ultraderechista.
Pero como la experiencia ha dejado claro, esos mismos jueces le han otorgado impunidad en las múltiples causas judiciales que le acechaban hace tan solo un año, han tratado con guante de seda a los escuadristas que asaltaron el Capitolio en enero de 2021, protegen la brutalidad de la policía racista y no cesan de criminalizar a la izquierda combativa.
Leyes de excepción. Un Gobierno que recurre a los métodos del bonapartismo
El Partido Republicano, una formación tradicional de la clase dominante y trumpista hasta la médula, controla el Senado, la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo, además de contar con poderosísimos vínculos con la Administración federal y estatal. Puede hacer y deshacer a su antojo. Pero incluso cuando no le alcanza una mayoría cualificada suficiente, el Partido Demócrata viene en su ayuda. Así sucedió el 14 de marzo con los presupuestos, aprobados con diez votos de representantes demócratas con el pretexto de evitar el cierre parcial de la administración y actuar de “la mejor manera para minimizar el daño que la Administración Trump hará al pueblo estadounidense”[1].
Pese a contar con esta contundente mayoría, no es ninguna casualidad que Trump opte por usar diariamente su poder presidencial y dicte órdenes ejecutivas sin ningún trámite previo. Es una forma autoritaria y bonapartista de gobernar que conecta con su base social, esas capas medias radicalizadas a la extrema derecha y un sector de trabajadores furiosos, desmoralizados y desmovilizados, que piensan en Trump como un gran hombre que les devolverá a un pasado esplendoroso.
La web de la Casa Blanca es una buena muestra de estas tendencias: imágenes triunfales de Trump y el lema “EEUU ha vuelto”, decenas de órdenes firmadas por el mismo presidente y toneladas de propaganda nacionalista donde no se corta un pelo en hacer gala de su ideario reaccionario. Nada que ver con un antisistema, sino lo propio de un demagogo populista convertido en líder de la extrema derecha global.
Otro punto que ilustra el carácter autoritario del trumpismo es la invocación a las leyes de excepción para llevar a cabo su programa. En materia migratoria ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con la excusa de combatir a miembros del Tren de Aragua, un cártel venezolano del que se duda que pueda tener una actividad coordinada y organizada en EEUU. Si se aplica esta ley, con solo una acusación aunque sea sin pruebas, cualquier ciudadano venezolano mayor de 14 años que viva en Estados Unidos puede ser vinculado al Tren de Aragua sin la posibilidad de impugnar la decisión ni defenderse. Un abuso de poder que se podrá utilizar contra inmigrantes que no han cometido ningún delito y que residen de forma legal en EEUU.
Pero hay mucho más. Se han desplegado 5.000 soldados en activo y miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur, y la intención es aumentar esta cifra en las próximas semanas. Se ha ampliado el centro de operaciones de Guantánamo y se está empezando a deportar a cientos de presos a El Salvador, para internarles en las famosas y terroríficas cárceles de Bukele.
También se han revocado los contratos con ONG que proporcionaban abogados a los menores migrantes no acompañados, dejando en un limbo legal a 26.000 niños y niñas en procesos legales de deportación. Trump ha firmado un decreto que pone fin al “derecho de ciudadanía por nacimiento” y ha ordenado que se impida la cancelación de los préstamos a estudiantes que trabajen en organizaciones que estén desaprobadas por el Gobierno.
Con toda esta normativa racista se está imponiendo un régimen de terror en las comunidades migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persigue y hace redadas en todos los espacios: autobuses, colegios, campus universitarios, centros de trabajo, iglesias, barrios… Entre el 21 de enero y el 13 de febrero se realizaron más de 15.000 detenciones, unas 700 diarias, el doble del ya preocupante ritmo habitual. Incluso un senador de Misuri ha propuesto fomentar la figura del cazarrecompensas para encontrar migrantes. Un reclamo a la base social de trumpismo para movilizarla y usarla una vez más como fuerza de choque contra la clase obrera.
Las familias migrantes se encierran en sus casas y evitan salir incluso para las tareas más cotidianas por temor a ser detenidos y deportados. Por ejemplo, en Denver los colegios públicos han reducido su asistencia un 10%; en el distrito escolar de Los Ángeles durante la primera semana de febrero la asistencia cayó al 66%, un 28% menos que la media registrada la semana anterior.
Al igual que en Europa y en el resto del mundo, la intención de la extrema derecha no es librarse por completo de una mano de obra migrante que le proporciona inmensos beneficios mediante una explotación descarnada, sino atemorizarla y disciplinarla para imponer peores condiciones laborales, sofocar cualquier tipo de oposición y sembrar aún más la semilla de la división dentro de la clase trabajadora. Los inmigrantes convertidos en chivo expiatorio de la crisis y decadencia social estadounidense para desviar así la atención de los verdaderos responsables de la misma, los capitalistas y su sistema.
Trump también ha puesto en el punto de mira a las universidades públicas. El Gobierno ha mandado una carta a 60 universidades acusándolas de no tomar medidas para “proteger a los estudiantes judíos” y amenazando con cortarles la financiación si permiten protestas contra el genocidio sionista en Palestina. Esto ya lo hizo con la universidad de Columbia, a la que canceló 400 millones de dólares en subvenciones. La ICE también ha sembrado aquí el terror, deteniendo ya a dos estudiantes, uno de ellos el activista propalestino Mahmoud Kalil, que residía legalmente en EEUU, pero que aun así será deportado.
Trump ha asegurado que aquellos estudiantes que protesten “serán expulsados permanentemente o, dependiendo del delito, arrestados”. El Departamento de Estado ha anunciado que utilizará herramientas de inteligencia artificial para revocar visados de estudiantes extranjeros que considere que apoyan a Hamás u otros grupos terrorista.
Elon Musk y la “eficiencia gubernamental”
Toda la propaganda de Donald Trump y su colega Elon Musk, al frente hasta ahora del Departamento de Eficiencia Gubernamental, no es más que una burda repetición de los planteamientos demagógicos de la extrema derecha internacional sobre la necesidad de terminar con el derroche del Estado.
Evidentemente sus intenciones no son las de reducir el tamaño del Estado capitalista, si fuera así, no estaríamos asistiendo a la ampliación de las estructuras militares y policiales. Se trata, por un lado, de despedir miles de empleados publicos para privatizar servicios esenciales y conceder más recursos estatales a los empresarios. Y por otro, garantizar su dominio total del aparato del Estado, de la judicatura, la policía y sus secciones claves para derrotar cualquier resistencia a sus planes. Es decir, utilizar las instituciones para afianzar su agenda reaccionaria y totalitaria
Trump no es ningún líder antiestablishment. Esa paparruchada diseminada por la propaganda antiwoke, que algunos majaderos han comprado, sirve para blanquear el fondo de su política: la de un reaccionario anticomunista, enemigo declarado de la clase obrera y de sus organizaciones de lucha.
Igual que si muy estimado amigo Milei en Argentina, el presidente Trump ha dirigido su furia a desmantelar el Departamento de Educación golpeando a los sectores más combativos del profesorado y con el objetivo de socavar un servicio público esencial. También ha cargado con fuerza contra el de Salud, con un recorte enorme de su presupuesto, y respecto a la Administración Federal tiene en mente despedir a 200.000 trabajadores que estan en periodo de prueba. Aunque legalmente Musk no puede despedir ni contratar, los despidos ya se están produciendo. Mientras tanto, los sindicatos dirigidos por una cúpula controlada por los demócratas se dedican a predicar que hay que confiar en la justicia y con su pasividad echan una mano a Trump.
Los sindicatos también están en el punto de mira. El 27 de marzo Trump firmó una orden ejecutiva por la que se suprimía el derecho a la negociación colectiva en más de 30 agencias: “Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos es un deber constitucional fundamental, y el presidente Trump se niega a permitir que la obstrucción sindical interfiera con sus esfuerzos por proteger a los estadounidenses y nuestros intereses nacionales”. Una buena muestra de la esencia del trumpismo y de que no tiene problema en liberarse de los formalismos de la democracia capitalista para ejecutar su programa.
Tanto la AFGE, el sindicato mayoritario del sector público, como la AFL-CIO han hecho declaraciones señalando que evidentemente se trata de una represalia por denunciar los despidos de la Administración Trump. Sin embargo, vuelven al planteamiento erróneo de que serán los jueces quienes paren los pies a Trump.
El futuro no está escrito
El shock inicial que el trumpismo ha desencadenado es muy grande, pero eso no significa que la clase trabajadora estadounidense esté derrotada. De hecho, es completamente posible levantar una resistencia masiva contra Trump.
En estas semanas Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez están protagonizando una gira de actos públicos con el lema “Luchando contra la oligarquía”, y han abarrotado espacios con decenas de miles personas, 24.000 en Arizona, 34.000 en Denver... Aquí está la prueba del potencial para levantar un movimiento masivo contra Trump y la extrema derecha global.
Y todo ello a pesar de las oportunidades perdidas por estos dirigentes de la izquierda reformista demócrata, que renunciaron a levantar una alternativa de izquierdas independiente y, como parte del Partido Demócrata, respaldaron a Joe Biden y Kamala Harris, facilitando en los hechos el avance del trumpismo entre sectores de la clase trabajadora.
Ahora Sanders y Ocasio-Cortez critican la pasividad del Partido Demócrata y conectan con un sector muy amplio que ve en los demócratas a los campeones de la paz social, a los responsables de permitir el genocidio sionista contra el pueblo palestino, a esa aristocracia liberal conectada con el gran capital que ha dado la espalda a las masas de la clase obrera y la juventud, y que son los más acérrimos militaristas e imperialistas. Pero Sanders y Ocasio siguen sin romper con esa maquinaria podrida, y obviamente carecen de una alternativa de clase y socialista consecuente.
También en la web de los Demócratas Socialistas de América (DSA) podemos leer: “El Partido Demócrata está dividido en su respuesta, y sus líderes, como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni montar una defensa creíble contra Trump. Esto no sorprende viniendo del partido que entregó la Casa Blanca a los republicanos, haciendo campaña basándose en un statu quo fallido en lugar de luchar por aumentar los salarios y frenar la especulación de precios. Para vencer al fascismo, necesitamos el socialismo”.
Estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la conclusión de estos planteamientos? ¿Que no hay que romper con la burocracia demócrata, que hay que seguir dentro de su paraguas actuando como su leal ala izquierda? No. Esa no es la solución, y por eso el declive del DSA es tan acusado y su pérdida de credibilidad ha sido meteórica.
La conclusión de todo lo ocurrido estos años nuestra un camino: hay que construir una alternativa de combate que levante la resistencia contra Trump apoyándose en los sectores más avanzados del movimiento obrero y la juventud, desarrollando un sindicalismo combativo y de clase, interviniendo en los movimientos sociales, en la lucha antirracista y feminista con un programa socialista claro.
La enorme rabia e indignación que late en la clase obrera estadounidense de abrirá paso. Las movilizaciones de personas migrantes del 3 de febrero, desafiando a la ICE y al terror, son una buena muestra de que se puede levantar la resistencia contra Trump y de que sin duda esta se hará más masiva a partir del desengaño y la experiencia amarga de los próximos meses.
En los últimos años hemos visto hitos muy importantes de autoorganización que han llegado a desafiar al aparato demócrata y a la burocracia sindical. Empezando por las movilizaciones históricas de Black Lives Matter, continuando por el desarrollo de un movimiento sindical joven y radicalizado que se ha extendido de forma enérgica, y llegando a las manifestaciones y acciones multitudinarias contra el genocidio del pueblo palestino.
Trump representa una seria amenaza para los oprimidos de todo el mundo. Y solo lograremos derrotarlo construyendo una alternativa revolucionaria, socialista e internacionalista consecuente.
[1]Los demócratas ceden ante Trump para evitar la parálisis presupuestaria en EEUU
