Los servicios sociales fueron creados, fruto de importantes luchas en los años 70, para garantizar la atención de las necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión social o con mayores dificultades, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar social. Por tanto, su naturaleza es fundamentalmente pública, es decir, al margen de criterios económicos de carácter privado. Sin embargo, el modelo de funcionamiento de la intervención social es a día de hoy, y en casi su totalidad, la privatización. Esto pervierte radicalmente su carácter social pasando a ser una fuente de negocio más para multitud de empresas privadas. En el sector de la intervención social la mayoría de los puestos de trabajo los ocupamos mujeres. Este hecho está relacionado con la tradicional asignación de la atención de los cuidados a las mujeres a lo largo de la historia.
Feminizar y precarizar, dos caras de la misma moneda
Las trabajadoras y trabajadores del sector nos vemos sometidas a un nivel de explotación que impone la competencia empresarial y que, vinculado a la política de recortes de los gobiernos, ha llevado al desmantelamiento de numerosos programas, condenando así la calidad de los servicios públicos.
A modo de ejemplo, en el último periodo nos hemos visto condenadas a un nivel de precariedad, parcialidad y temporalidad superior a la media estatal y a salarios un 28% inferiores al salario medio del Estado español. El 87% de las trabajadoras de la intervención social somos mujeres, también hemos sido nosotras uno de los principales sectores de población objeto de atención ante el incremento brutal de la pobreza —también feminizada—, los malos tratos o la precariedad laboral, gravemente acusados durante estos años de crisis y políticas antisociales. Además hemos sido la diana de numerosos despidos, superamos en 6,5 puntos porcentuales la media total en el periodo 2010-13, y es importante señalar que el 85% de los despidos en el sector afectaron a mujeres. Estos datos revelan el continuo desprecio y el maltrato institucional con el que somos tratadas tanto las trabajadoras como las personas a las que atendemos, y muy especialmente a quienes cargan con las consecuencias de estos ataques, que somos también las mujeres.
Los testimonios son estremecedores y destapan una realidad de la que tanto trabajadoras como mujeres “atendidas” por estos servicios somos conocedoras. En los recursos residenciales para personas drogodependientes, de salud mental y emergencia social a personas sin hogar, por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres es muy inferior a la de los hombres, un argumento utilizado como excusa para no desarrollar y mejorar los programas de atención. Pero, la gran pregunta es: ¿por qué existe esa demanda inferior?, y en la respuesta encontramos nuevamente la clave. En primer lugar, las mujeres demandantes de plazas en centros de tratamiento se enfrentan a una política de cupos irrisorios, o a exigencias de ruptura con su entorno social o familiar que implican la incomunicación con sus propios hijos durante meses, bajo el pretexto de posibles recaídas o fracaso en los tratamientos. Se dan casos tan aterradores como los de mujeres víctimas de violencia de género que por el hecho de tener adicciones al alcohol o las drogas son derivadas a centros de desintoxicación poniendo en riesgo su protección y su integridad física. Son estas condiciones, y no su falta de implicación, las que llevan a las mujeres a no plantearse demandar estos servicios o fracasar en los mismos. Es, en definitiva, el fracaso de las políticas sociales las que arrinconan, marginan y maltratan nuevamente a las mujeres.
Sindicalismo feminista y feminismo de clase
Hay que partir de la realidad y no de abstracciones, y la realidad es que cerca de 800 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en los últimos diez años, somos nosotras las que cargamos con los cuidados de los sectores más indefensos fruto de los recortes en dependencia, subsidios, etc. Somos nosotras las que sufrimos con más dureza la precariedad laboral, los despidos, el paro y la pobreza, y cuando nos vemos obligadas a recurrir a una mínima ayuda o protección institucional nos encontramos con más machismo, más maltrato y más excusas para no hacer nada.
Y es que las administraciones definen el mundo desde una perspectiva concreta: la privatización. Y las empresas tienen intereses de solvencia económica, no la satisfacción de necesidades sociales. Desde esta perspectiva los servicios sociales privatizados legitiman la opresión y se convierten en otro mecanismo de control social. Necesitamos construir un poderoso movimiento en las calles y en los centros para cambiar la situación y llevar adelante nuestras reivindicaciones. Las trabajadoras y trabajadores organizados en la defensa del sector explicamos que la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas y una intervención social de calidad, no asistencialista y separada de la tradicional caridad cristiana, es mediante la gestión pública y directa de todos los recursos y servicios, así como la participación directa de los trabajadores y trabajadoras en la elaboración de los pliegos, planes y políticas, combatiendo el lucro patronal y los intereses privados. La intervención social tiene un fin social, y no es salvar la cuenta de resultados de las grandes empresas que se lucran con nuestra salud y el deterioro de nuestras condiciones de vida.
¡Somos un derecho, no un negocio!
¡Fuera empresas privadas de los servicios públicos y la intervención social!
