El espejismo de las diferencias existentes entre la supuesta “derecha democrática” representada por el PP y la ultraderecha encarnada por Vox se ha disuelto como un azucarillo. La sintonía y afinidad entre ambas formaciones es total. La realidad se ha impuesto. El PP, partido fundado en su día por siete exministros de Franco, comparte el 100% de su ADN con el partido de Abascal.
Después de que hayan corrido ríos de tinta sobre la necesidad de que los “demócratas”, incluido el PP, levantaran “cinturones sanitarios” para frenar a la extrema derecha, relato que ha contribuido a construir con entusiasmo la izquierda parlamentaria e institucional, los populares y Vox unen sus fuerzas “por el bien de España”.
Objetivo prioritario: arrasar los derechos sociales, de la mujer y del colectivo LGTBI
La extrema derecha y la derecha extrema han pactado Gobiernos de coalición en 140 Ayuntamientos, de los que 5 son capitales de provincia y 25 tienen más de 30.000 habitantes: Toledo, Guadalajara, Valladolid, Burgos, Elche, Torrent (quinta ciudad valenciana), Talavera de la Reina, Móstoles, Alcalá de Henares (segunda y tercera ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid), Ciudad Real… En este último Ayuntamiento, por ejemplo, se ha decido eliminar la cartera de Igualdad para crear una de Familias que fomente “la natalidad”, otra de sus prioridades será “ampliar la subvención de Semana Santa”.
En Gijón, formarán un Gobierno tripartito con Carmen Moriyón, de Foro Asturias, como alcaldesa. Y no han tardado un minuto en declarar la guerra al asturiano, empezando por congelar las políticas de promoción lingüística “sin que puedan existir incrementos de las partidas presupuestarias destinadas a las mismas” y que “toda promoción de Gijón en territorio nacional se realizará en español”. Vox ha asumido la concejalía de festejos y ha vetado los espectáculos de quienes “utilicen la llingua asturiana en sus actuaciones”.
En ciudades como Valencia, Palma, Ceuta, Castellón, Sevilla, Albacete, Cáceres, Zaragoza, Alicante, Huesca o Segovia, el PP gobernará en minoría con el apoyo de Vox; también en Huelva, donde no han tardado en sellar un acuerdo programático con los de Abascal.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, gobernarán juntos la Generalitat Valenciana. Aquí el PP no ha tenido escrúpulos en negociar con Carlos Flores, representante de Vox y número uno por Valencia a las próximas elecciones generales, condenado por violencia machista —este energúmeno maltrataba y acosaba a su exmujer de forma explícita: “ladrona, secuestradora de niños, puta (…) te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo”— y al que Feijóo ha disculpado diciendo que “tuvo un divorcio duro”.
El documento programático que han elaborado rezuma franquismo por los cuatro costados. Derogación de “las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”; eliminación de “subvenciones a entidades o asociaciones que promuevan los Països Catalans”; creación de “una oficina especializada para (...) víctimas de la ocupación ilegal”; fomento de la enseñanza privada-concertada y ataque al valenciano eliminando cualquier iniciativa para fomentar su uso, bajo la demagógica formulación de “libertad de educación (...) y libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”. También impondrán el pin parental e instaurarán, en la práctica, la censura en los centros de estudio “sacando la ideología de las aulas”. Por supuesto, para estos reaccionarios misóginos, la violencia de género deja de existir y se convierte en “violencia intrafamiliar”.
No son solo palabras. Todo esto ya está en marcha. Iván Reboso (Vox), alcalde de Náquera (Valencia) gracias a los votos del PP, ha prohibido las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista, a la vez que se crean las concejalías de Festejos Taurinos, Caza y Familia y Vida, con la formación ultraderechista a la cabeza.
En Aragón, PP y Vox han acordado que el partido de extrema derecha ocupe la presidencia de las Cortes, colocando a la fascista confesa y abanderada de la derogación de la ley trans de Aragón, Marta Fernández, al frente.
En Baleares el PP, tras un fuerte tira y afloja, gobernará en solitario gracias a la abstención de Vox en la investidura de Marga Prohens. Esta abstención ha estado subordinada a la entrada de Vox en el Gobierno insular de Mallorca y Menorca y a la firma de un documento conjunto con 110 puntos programáticos. En el punto de mira de estos españolistas: el catalán. Para empezar eliminarán la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos pues, según ellos, “ha servido como instrumento de exclusión del castellano”. También exigirán la derogación de la Ley Trans y suprimirán en Baleares el impuesto de patrimonio…
El PP balear tampoco ha tenido el menor problema en ceder la presidencia del Parlament a Gabriel Le Senne (Vox), un declarado racista que insiste en que “hay una operación globalista para sustituir a los blancos católicos de Europa por africanos musulmanes”, un misógino que rechaza la existencia de la violencia machista y que escribe perlas como que “las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene”, o que se muestra como un ferviente antivacunas y negacionista del cambio climático, burlándose de lo que él llama “la brasa climática que nos están dando”.
En cuanto a la ruptura de las negociaciones PP y Vox en Extremadura ante la negativa inicial de María Guardiola —presidenta del PP extremeño y su candidata a presidir la Junta— a compartir Gobierno con “quien niega la violencia de género o discrimina al colectivo LGTBI”, no tenía nada que ver con diferencias ideológicas o programáticas. De hecho, en el acuerdo de 15 puntos que el PP había propuesto a Vox se recogía, entre otros aspectos, el compromiso de la derogación de la Ley extremeña de la Memoria Histórica y Democrática, la implantación de una educación “sin sesgo ideológico” o la defensa de la caza y la tauromaquia.
Todo este teatrillo no era más que una calculada maniobra. La presidenta del PP extremeño consideró que tenía claras posibilidades de conseguir mayoría absoluta si se repetían las elecciones, y lanzó este órdago para así no tener que compartir con Vox altos cargos, salarios, dietas, redes de control y prebendas clientelares.
Pero rápidamente la base electoral del PP en Extremadura, las decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, de agricultores que explotan a sus jornaleros, sobre todo a los inmigrantes; esos a los que se refería un alto cargo del PP extremeño al hablar del “votante normal (del PP) que considera al votante de Vox de los nuestros” (El País, 27/06/23), puso el grito en el cielo. En apenas cuarenta y ocho horas, después de esta sublevación interna y tras la intervención de la dirección estatal de los populares, entregada a las directrices marcadas por Isabel Díaz Ayuso, el plan de Guardiola ha sido fulminado y su discurso ha dado un giro de 180 grados.
En un correo electrónico dirigido a altos cargos del PP regional y a la militancia, escribía: “es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo pragmático con Vox en Extremadura. Compartimos una prioridad, pasar página a las políticas socialistas. Es lo que nos debe preocupar”[1]. Las negociaciones se retomaron; ahora la formación de Abascal ha entrado en el Gobierno extremeño y ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, con competencias que hasta ahora se incluían en Agricultura.
Frente al ideario y la acción ultraderechista, ¡organización y lucha!
Todos los acuerdos firmados a lo largo y ancho del Estado tienen la misoginia, la negación de la violencia machista, la homofobia, el odio al colectivo LGTBI, el españolismo más rancio, el racismo, el desprecio a las lenguas distintas al castellano, el negacionismo ecológico, recorte de los derechos democráticos más elementales... como denominador común. Y en el terreno económico, concentran todas las medidas que garantizan los intereses de los poderosos: bajada de impuestos a los ricos, subvenciones millonarias para los empresarios, recortes en las prestaciones sociales, privatizaciones de los servicios públicos, de la sanidad, la limpieza viaria, la atención a los dependientes, etc.
En definitiva, el programa de la reacción más oscurantista acompañado del nada disimulado deseo de revancha frente aquellos colectivos que en estos últimos años han sido punta de lanza indiscutible de la conquista de derechos, como el LGTBI, las mujeres trabajadoras.
Esta ola reaccionaria y sedienta de vendetta tenemos que enfrentarla con organización y lucha, solo así conseguiremos detenerla, hacerla retroceder y vencerla. La experiencia de las innumerables peleas de las y los trabajadores y sus familias por arrancar derechos y por una vida digna demuestra que nuestra fuerza está en la calle.
Nunca se ha ganado en las instituciones capitalistas lo que antes no hemos conquistado en la calle. Todos los engranajes del sistema están diseñados para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Solo con la más contundente y masiva movilización, cuestionando la propiedad privada de las fuentes de riqueza, defendiendo que pasen a ser propiedad de toda la sociedad y sean puestas al servicio de la satisfacción de las necesidades de la inmensa mayoría se podrá romper este siniestro mecanismo.
Por eso, la tarea principal es construir una izquierda combativa, revolucionaria, que esté ligada a la lucha social, que impulse un sindicalismo combativo y democrático y que batalle conscientemente contra el capitalismo y por la transformación socialista de la sociedad.
[1]Las 72 horas que llevaron a Guardiola a cambiar el tono con Vox en Extremadura: “Aquí los grupos de WhatsApp son un incendio”
(Ilustración de la portada, Miguel Rojas)
