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El incendio de las discotecas Teatre y La Fonda Milagros en Murcia se ha cobrado la vida de 13 personas y ha destapado un escandaloso caso de corrupción: ninguno de los locales contaba con las licencias adecuadas pero seguían abiertos y haciendo de oro a sus dueños, con el beneplácito del Consistorio, tanto cuando gobernaba el PSOE como con el PP.

Este crimen, como tantos otros perpetrados al abrigo del ocio nocturno, prueba que las ansias de beneficios de los empresarios siempre están por encima de nuestra seguridad e integridad. Y esto es así por la complicidad permanente de las instituciones y de los partidos del sistema, que lo consienten y encubren.

Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria queremos enviar todo nuestro pesar y solidaridad a los familiares, amigas y amigos de las víctimas, a las personas heridas y a todas las y los jóvenes que tuvieron que pasar por esa horrible situación.

El lucro empresarial y el amiguismo institucional son los culpables

Lo que ha sucedido este pasado sábado es una tragedia anunciada: en 2009 ya se produjo un incendio en esta misma discoteca fruto de una mala infraestructura eléctrica, y los responsables Juan Inglés Rojo, el dueño del local, y el Ayuntamiento de Murcia siguieron como si tal cosa.

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Este nuevo crimen perpetrado al abrigo del ocio nocturno, prueba que las ansias de beneficios de los empresarios están por encima de nuestra seguridad. Y esto es así por la complicidad permanente de las instituciones y de los partidos del sistema. 

La empresa de la que este personaje es dueño (Teatre SL) pidió al Consistorio en 2019 dividir el espacio que ocupaba la discoteca Teatre en dos para crear un nuevo garito, La Fonda Milagros. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca concedió ese permiso, y de hecho, canceló su licencia a comienzos de 2022, fecha desde la cual las discotecas han operado sin permiso. Es decir, desde hace más de un año y medio, no ha habido ninguna inspección efectiva por parte de la Concejalía de Urbanismo bajo control del PSOE para cerrar los garitos. No era ningún secreto que estos espacios estaban abiertos, ya que han promocionado fiestas  en las redes sociales continuamente.

Juan Inglés Rojo es un mafioso con un largo historial criminal y ha estado vinculado durante la última década a varios escándalos que incluso le han llevado a la cárcel.

Bajo su gestión de otro local en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, el establecimiento ardió y luego siguió operando también sin licencia. Fue socio de Créditos Murcia (ahora Omacux), una empresa prestamista a través de la cual realizó actividades usureras en las que se concedían préstamos de rápido vencimiento con intereses muy altos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad económica de las familias que los contrataban y quienes eran obligadas a establecer su vivienda como aval. Por todo eso, Rojo estuvo en prisión provisional en 2013 acusado de delitos de escrituras falsas, estafa y apropiación indebida.

Este hombre ha creído durante años que Murcia es suya y que puede hacer y deshacer a su antojo y enriquecerse impunemente. Y si ha podido actuar así es precisamente por la complicidad y el amparo que ha recibido para sus cambalaches por parte del Ayuntamiento de Murcia, tanto del PP como del PSOE, cuyas relaciones con empresarios  explotadores y corruptos está más que demostrada.

Ahora, desde Urbanismo quieren depurar responsabilidades, y mostrar como único responsable al dueño del establecimiento. La rueda de prensa que hicieron el lunes dos de octubre el exconcejal del PSOE y el actual del Partido Popular es un insulto a la memoria de todas las víctimas y a la inteligencia de todas las personas que estamos consternadas con el caso. Se atrevieron a decir que sí, que la actividad era ilegal pero que no sabían que seguía en funcionamiento, que cuando un inspector se personó el local estaba cerrado porque era de día… ¡Hay que tener poca vergüenza! De hecho, Teatre superó una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de 2023, cuando todavía gobernaban los “socialistas”. O sea, que sí que sabían que estaba abierto. Ahora ya se entiende el silencio que el PSOE, tanto en la Región como a nivel estatal, están manteniendo.

Estos días también hemos visto cómo los medios de comunicación del sistema y sensacionalistas convierten esta tragedia en un circo mediático, reproduciendo en bucle imágenes y audios de las víctimas antes de morir, llegando incluso a emitir la noticia con un código QR para que la gente pueda acceder directamente al último mensaje que mandó una joven a su madre antes de ser consumida por el fuego. Es vomitivo.

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La rueda de prensa del exconcejal del PSOE y el actual del Partido Popular es un insulto a nuestra inteligencia y a la memoria de las víctimas. Se atrevieron a decir que la actividad era ilegal pero que no sabían que seguía en funcionamiento. 

¡Que este crimen no quede impune! ¡Responsabilidades YA!

Mientras la juventud es empujada a este tipo de locales por la falta de una alternativa de ocio sano, donde poder bailar y disfrutar sin poner nuestras vidas en peligro, los empresarios y políticos de turno sacan beneficios millonarios. Luego se producen asesinatos como este y todo el mundo se lamenta o se intenta decir que ha sido “mala suerte”. ¡Mentira! Como ya ocurrió en Alcalá 20, el Madrid Arena o en el Medusa Sunbeach Festival, esto no es más que el resultado de una gestión patronal mafiosa.

Queremos justicia para las víctimas y sus familias, queremos espacios de ocio seguros libres de las garras de la mafia hostelera. Por eso exigimos la imputación inmediata de todos los responsables políticos del PSOE y del PP implicados, que sean juzgados y encarcelados, y que este empresario criminal corra la misma suerte.

Pero muy probablemente la justicia capitalista tapará estos crímenes como ha hecho con otros anteriores. Por eso solo podemos confiar en nuestras fuerzas. La izquierda y los sindicatos combativos, los movimientos sociales, asociaciones de inmigrantes y vecinales, deben llamar a movilizaciones masivas para exigir justicia real, la depuración de todas las responsabilidades políticas y penales, la expropiación de todos los bienes de ese empresario mafioso, y las indemnizaciones justas que estos familiares merecen y necesitan.

¡No ha sido un accidente es un asesinato!


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