A principios de junio, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para regular el fondo de reserva de la Seguridad Social, un tema pactado con la CEOE y los dirigentes sindicales. Hasta el momento, ese fondo solamente se invierte en deuda pública, tanto del Estado español como de otros países europeos con economías fuertes (Alemania, Holanda...). Ahora se trata de que parte del dinero se invierta en renta variable, o sea, se dedique a la especulación en la ruleta bursátil.
En concreto, la idea del gobierno es destinar a este fin un 10% del fondo, que actualmente ronda los 40.000 millones de euros. La justificación de este proyecto de ley es, supuestamente, obtener una mayor rentabilidad financiera, pero esto supone que esa parte del fondo, que es dinero de todos los trabajadores, va a ponerse en riesgo en mayor o menor medida, lo cual es una irresponsabilidad.
Y por si la Bolsa no entrañase suficiente riesgo (es obvio que sus vaivenes dependen en gran medida de operaciones especulativas), éste aumentará porque la gestión de esas inversiones va a estar en manos privadas (bancos y compañías aseguradoras), lo cual es una barbaridad, fundamentalmente por dos razones: 1) porque representa un paso más en el proceso de privatización del sistema de seguridad social de este país; y 2) porque los pingües ingresos que esos gestores privados se van a embolsar como pago a sus servicios saldrán de las arcas públicas, bien sea por la vía de los presupuestos generales del Estado o por la vía de reducir la rentabilidad de las inversiones del fondo. Y por si estas razones políticas no fuesen suficientes, hay una tercera de carácter técnico: no hay ninguna garantía de que esa rentabilidad vaya a existir, como demuestra el hecho de que el 66% de los fondos privados de pensiones no obtienen ninguna ganancia real, ya sea porque su rentabilidad es inferior a la inflación o, directamente, porque generan pérdidas puras y duras. El gobierno alega que se adoptarán cautelas para evitar aventuras, pero lo cierto es que el riesgo es inherente a la inversión bursátil y la preocupación exclusivamente por el propio beneficio es inherente a la empresa privada.
La inversión en Bolsa del fondo de reserva sólo responde a los intereses económicos de los capitalistas. De hecho, es paradójico que se ponga en manos privadas el dinero del Estado, cuando un destino importante del capital privado es precisamente la deuda pública (según el Ministerio de Economía, a finales de 2005 esta deuda equivalía al 43,1% del PIB y el pago de sus intereses supondrá este año 15.925 millones de euros, más de 2,64 billones de las antiguas pesetas).
El futuro de las pensiones
El debate sobre el futuro de las pensiones no es nada inocente. Desde hace años, los recortes que vienen sufriendo se justifican por la supuesta existencia de dos tendencias contrapuestas: la tendencia al aumento del número de pasivos y la tendencia a la disminución del número de activos, cuya combinación en el tiempo dificultaría, según la burguesía y sus acólitos, el pago de las pensiones futuras. La conclusión, por tanto, parece obvia: la única manera de garantizar la viabilidad futura del sistema es recortando las pensiones, lo que, de paso, tiene la santa virtud de empujar a aquellos que quieran una vejez digna -y se lo puedan permitir económicamente- a suscribir un fondo de pensiones privado complementario.
Dejando a un lado el hecho de que el fenómeno de la inmigración masiva ha provocado que la Seguridad Social haya obtenido en el último período superávits históricos, producto de que el número de afiliados aumentó un 50% en los últimos diez años, lo que desmiente los argumentos de la burguesía, la gran trampa de ese discurso es que parte de un supuesto falso y perverso: las pensiones no dependen de las cotizaciones sociales de los activos, sino que dependen de las cotizaciones del propio pensionista antes de jubilarse. Las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto las que paga el propio trabajador como las que paga la empresa, son salario diferido, es decir, el trabajador, durante su vida laboral, renuncia a una parte de sus ingresos para que el Estado gestione ese dinero y se lo vaya devolviendo en forma de pensión cuando se jubile. Precisamente porque ésta es la filosofía del sistema público de pensiones, dos parámetros decisivos en el cálculo de la pensión son el importe de las cotizaciones y el número de años cotizados. Por tanto, las pensiones no dependen de la situación del mercado de trabajo ni de la demografía, sino que su garantía es el Estado porque el pago de una pensión no es más que la devolución al trabajador de un dinero suyo que previamente había depositado en manos del Estado.
Esta nueva medida responde a la lógica que caracteriza la política económica desde hace ya unos cuantos años, sin que lamentablemente se noten diferencias sustanciales entre los diferentes gobiernos: privatizarlo todo, política que sólo está sirviendo para que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres. Es lamentable que un gobierno elegido con el voto de los trabajadores tome este tipo de medidas, pero todavía es más lamentable que los dirigentes sindicales las aprueben. Bueno, en realidad, aunque pueda parecer increíble, se han quejado. Pero no por la medida en sí ni por la privatización de la gestión de esas inversiones, sino porque... ¡el gobierno no negoció con ellos el porcentaje máximo a invertir! Se ve que el 10% les parece demasiado poco.
