Por su interés, reproducimos este artículo publicado en el periódico elsaltodiario.com, el viernes 25 de febrero. Pincha aquí para acceder al original.
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Por cada trabajador que se adhiera a los planes privados de empleo, la Seguridad Social recibirá 400 euros menos al año. El movimiento pensionista clama contra un plan que debilita el sistema público de pensiones y derivaría, en el caso de tener éxito, miles de millones de euros a las grandes entidades financieras privadas.
La aprobación del macrofondo de pensiones de empleo impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido una de esas noticias escondidas entre titulares sobre la crisis del PP y el ataque ruso a Ucrania.
Fue el 22 febrero en el Consejo de Ministros, en donde el Gobierno dejó lista la ley para su debate y votación en el Parlamento, una iniciativa impulsada al margen de la negociación con sindicatos y patronal. En el contenido de la ley se han cumplido las peores previsiones y el texto final ha recogido más ayudas públicas para fomentar este fondo privado de pensiones. En el caso de que estos planes de empleo se extiendan supondría un agujero de millones de euros en las cuentas de la seguridad social, según denuncian desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).
El macrofondo de Escrivá, según la Coespe, agravará el déficit de la Seguridad Social y “solo favorecerá a las rentas altas y a la oligarquía financiera, la cual se capitalizará y verá incrementado su negocio con miles de millones de euros”
Los planes de pensiones de empleo son productos financieros de ahorro pensados para la jubilación, promovidos por las empresas y los sindicatos, y puestos a disposición de los trabajadores para que cuenten con un complemento a su pensión pública. Existen desde hace años en España, pero su incidencia es mínima: solo participan en este tipo de planes 1,9 millones de personas, mientras que los planes privados individuales llegan a 7,4 millones, una cifra también baja para los estándares europeos y de otros países de la OCDE.
El plan de Escrivá, ya convertido en proyecto de ley, prevé la creación de un macrofondo de pensiones de empleo que cuente con el apoyo y promoción del Estado pero en manos de bancos o gestores de fondos. Según Escrivá, este macrofondo serviría para acercar el ahorro complementario a las “rentas medias y bajas”, a los autónomos y a las pymes, sectores que hasta ahora se habían quedado fuera de los planes de empleo. La ley, dijo el ministro en la rueda de prensa después del Consejo de Ministro, “tiene como objetivo fundamental que se aumenta la población” que accede a este tipo de planes privados siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y los acuerdos con Bruselas que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin embargo, las buenas palabras e intenciones no cazan con la realidad de un macrofondo de pensiones privadas avalado por el Estado que, según la Coespe, agravará el déficit de la Seguridad Social y de todo el sistema público de pensiones y que “solo favorecerá a las rentas altas y a la oligarquía financiera, la cual se capitalizará y verá incrementado su negocio con miles de millones de euros”.
Estos descuentos de 400 euros anuales en la base de cotización de los trabajadores que participen de planes de empleo arrojan una ecuación perversa: cuánto mejor le vaya al macrofondo de Escrivá peor le irá al sistema público de pensiones
El principal obstáculo al que se enfrenta el macrofondo de Escrivá es la falta de tradición o de posibilidades de contar con un plan complementario de pensiones. “Para que el invento pueda funcionar y personas con altos ingresos puedan tener pensiones complementarias, entre toda la ciudadanía hemos de costear la puesta en marcha de este sistema con aportaciones públicas iniciales, con desgravaciones fiscales para los que suscriban el plan y, lo que es más grave, con descuentos para las empresas en la base de cotización”, denuncian desde esta plataforma de pensionistas.
A través de estos instrumentos, critican, el Estado compromete los ingresos de Hacienda y de la Seguridad Social para hacer atractivos unos planes privados de pensiones que hasta ahora casi nadie ha querido o se ha podido permitir. Las desgravaciones fiscales para las personas que se acojan a estos planes de empleo, ya incluidas en los presupuestos de este año, permiten elevar el límite en la deducción de la base imponible hasta los 10.500 euros al tiempo que bajaban ese límite hasta los 1.500 euros para los planes individuales de pensiones.
Sin embargo, la principal novedad del proyecto de ley presentado este martes es la elevación a 115 euros mensuales de la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Dicho de otro modo y según los cálculos del Ministerio, las empresas pagarán 400 euros menos a la Seguridad Social por cada trabajador que participe de estos planes colectivos de empleo.
Estos descuentos en la base de cotización de los trabajadores arrojan una ecuación perversa: cuánto mejor le vaya al macrofondo de Escrivá peor le irá al sistema público de pensiones cuya viabilidad y sostenibilidad es tema de debate continuo por la precariedad laboral, los cambios demográficos y la jubilación de la generación del baby boom.
Según los cálculos del Ministerio, las empresas pagarán 400 euros menos a la Seguridad Social por cada trabajador que participe de estos planes colectivos de empleo. “¡De nuevo recortando ingresos públicos en la Seguridad Social!”, denuncian las plataformas de pensionistas
Si las cosas salen como las pensaba Escrivá cuando lanzó su idea del macrofondo de pensiones de empleo, para 2030 más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, deberían contar con un plan de empleo. Este sueño de Escrivá se traduciría en unas pérdidas para la Seguridad Social y las pensiones públicas de 5.200 millones de euros, y eso sin contar con los perjuicios para el Estado de las desgravaciones fiscales para fomentar estos planes.
“¡De nuevo recortando ingresos públicos en la Seguridad Social! Es el anuncio de futuros recortes en las pensiones públicas. Es contradictorio que el Gobierno se embarque en un aumento de los ingresos (factor de equidad intergeneracional) y al mismo tiempo prevea su disminución con la implantación de los planes de pensiones de empresa. Mal vamos”, apunta la Coespe.
Desde este movimiento de pensionistas tienen que claro que lo hay que hacer es “potenciar el sistema público de pensiones, aumentando sus ingresos y mejorando todas las pensiones, especialmente las mínimas, las no contributivas y las de viudedad”. Cualquier intento de “favorecer con dinero público las pensiones privadas” va en la dirección contraria de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La apuesta por los planes de empleo privados, añaden, “supone un aumento de la desigualdad y el trasvase de rentas desde las personas que menos ingresos tienen a los de mayores ingresos”.
