Según se acercan las elecciones generales del 20 de noviembre se suceden, una tras otra, diversas noticias que apuntalan el paso anunciado por la izquierda abertzale en febrero de 2010. En dicha fecha se presentó el documento Zutik Euskal Herria después de un intenso debate interno entre sus bases donde se acordó un cambio de estrategia apoyando en exclusiva los medios y las vías políticas y abandonando el apoyo a la estrategia de la lucha armada de ETA.

Este cambio de estrategia se materializó en el acuerdo de Gernika presentado en septiembre de 2010 donde se apostaba por la utilización de vías y medios exclusivamente políticos para lograr los derechos democráticos del pueblo vasco y se aceptaban los principios Mitchell que implicaban la defensa del final de ETA con una verificación internacional del desarme.
Los estatutos de Sortu no dejaban dudas sobre la determinación de continuar el camino emprendido y que no cejó a pesar de su ilegalización bajo las presiones, fundamentalmente, de la derecha española y de sectores del aparato del Estado. Cuando los magistrados más progresistas del Tribunal Constitucional legalizaron la coalición electoral Bildu cayó sobre ellos una lluvia de gravísimas acusaciones, como la de estar a favor de ETA, que provenían del mismo espectro político del PP y los grupos de extrema derecha que se mueven en su seno.
En la reciente celebración del primer aniversario del citado acuerdo de Gernika se ha mostrado públicamente el apoyo del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) al mismo y el 1 de octubre se  anunció la disolución de EKIN, organización juvenil donde se expresaron las mayores resistencias al nuevo giro. Más relevante si cabe –teniendo en cuenta la estrategia represiva del gobierno y la sentencia condenatoria de Otegi y Díaz Usabiaga en septiembre— ha sido el comunicado de ETA, del 2 de octubre, en el que acepta la verificación de su alto el fuego permanente.
Todos estos pasos adelante de la izquierda abertzale han sido rechazados una y otra vez con desprecio por el PP, para quien sólo sería aceptable el anuncio de la disolución definitiva de ETA y que habría que aplicar una política de vencedores y vencidos.

¿Qué busca realmente el PP?

La persistencia del terrorismo individual durante décadas ha sido consecuencia de la política de represión y negación de los derechos democrático nacionales de Euskal Herria por parte del Estado. Al mismo tiempo, las acciones de ETA eran una excusa extraordinaria para el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, que se extendía a cualquier colectivo o movimiento molesto para el sistema. Como hemos defendido desde estas páginas reiteradamente, no ha sido la vía policial y la represión las razones fundamentales del giro de la izquierda abertzale para este cambio de estrategia, por mucho daño que le haya podido hacer. A pesar de la represión, nuevas capas de jóvenes, empujados por la propia crisis orgánica del capitalismo, rejuvenecían la organización armada continuamente. La derecha reaccionaria española teme mucho más las acciones de masas que los atentados de un puñado de individuos; a estos últimos sabe sacarles partido. La razón fundamental del cambio en la izquierda abertzale ha sido propiciada por el éxito de la acción de masas, capaz de provocar cambios profundos y modificar o tumbar regímenes como se ha visto en América Latina y más recientemente en la revolución árabe, que ha tenido un impacto tremendo en toda Europa, donde las luchas y explosiones sociales se han ido extendiendo: Grecia, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Italia y al propio Estado español, marcando un nuevo camino y estimulando la lucha colectiva frente a la acción individual de unos comandos que lo único que logran es el fortalecimiento del aparato de represión del Estado, que es utilizado contra el conjunto de la clase obrera en sus luchas.
Al mismo tiempo el crecimiento electoral de Bildu, y el que se espera que obtenga la nueva coalición Amaiur en las elecciones del 20 de noviembre, es un espaldarazo a la izquierda abertzale para que no abandone el camino de la lucha política y de masas, que debería completarse con la defensa de un programa auténticamente socialista frente a la crisis del capitalismo.

Abrazo mortal del PP al PSOE

Tras la ruptura de la tregua de ETA en diciembre de 2006, con el atentado en la T4 de Barajas, el PSOE inició un acelerado y profundo acercamiento a los planteamientos del PP sobre la cuestión nacional. En la práctica el gobierno aceptó la tesis central de la derecha, impulsando la represión como única vía para presionar a ETA, a través del sufrimiento de sus presos y familiares y del endurecimiento de la legislación penal.
Zapatero, en lugar de apoyarse en su base social que, mayoritariamente, tanto en Eukal Herria como en el resto del Estado, apostaba por una salida política y estaba completamente predispuesta a movilizarse contra la política salvaje del PP, percibida claramente como parte del problema en lo concerniente a la cuestión nacional, claudicó enteramente a los postulados de la derecha y los sectores más reaccionarios del PP. Ese giro se completó, en el terreno social, cuando en mayo del 2010, con la agudización de la crisis económica, Zapatero se lanzó en brazos de los “mercados” para llevar a cabo una política de recortes sociales salvajes menguando aún más su apoyo social y electoral.
En relación a la cuestión nacional, calificada como cuestión de Estado, el PP ha ido poniendo sistemáticamente palos en las ruedas de cualquier avance en el proceso de paz. La instrumentalización de sectores del poder judicial afines al PP ha sido descarada, como hemos podido ver con la sentencia del caso Bateragune, por el que se condena a Otegi y Usabiaga a 10 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público, acusados de ser dirigentes de ETA, y a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto a 8 años de cárcel, acusados de pertenecer a la organización armada.

Terrorismo de baja intensidad

Es evidente que un sector de la clase dominante desea que persista un terrorismo de baja intensidad con el que poder polarizar la situación en líneas nacionales desviando la atención de las masas de los efectos de la crisis y los recortes sociales, y al mismo tiempo mantener la legislación regresiva con los derechos democráticos como por ejemplo la Ley de Partidos, un instrumento que permite ir mucho más allá que la ilegalización de la izquierda abertzale, o una serie de leyes que han ido recortando durante más de una década derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación o la doctrina Parot para los presos, que instaura de hecho la cadena perpetua.
El PP y el reaccionario aparato del Estado que representa, y que nunca ha sido depurado desde la dictadura franquista, necesitan apuntalar la política represiva, sobre todo en una época de crisis orgánica del capitalismo en la que vemos una fuerte resistencia social a su política de recortes. Las multas a dirigentes del SOC y a decenas de sindicalistas y activistas obreros y juveniles en todo el Estado ilustran algunas de las motivaciones de la derecha para mantener dicha legislación. Además,  la existencia de ETA permitió a un sector del aparato del Estado mover, sin tener que ser justificados, importantes fondos reservados para la lucha antiterrorista. Privilegios y prebendas que se extienden al sector de la seguridad privada que mueve millones de euros.
Con una situación social y económica al borde del desastre, Rubalcaba y Patxi López tratan de utilizar ahora sus “éxitos” en la lucha contra ETA. Cuando el PSOE se distanció del PP y apostó por la vía política para la solución del problema vasco recibió un apoyo decidido en el frente electoral, incluso en Gipuzkoa.
Es por esta razón que Patxi López ha presentado en el parlamento vasco un decálogo denominado “Unidad, Concordia y Convivencia” donde apuesta por una “orientación consensuada, dinámica y flexible” de la política penitenciaria que permita el acercamiento de los presos, a los que se exige que rompan con ETA y asuman la legalidad para que sea posible su reinserción. Esta medida, mediatizada por el apoyo que recibe del PP en el parlamento vasco, es muy pobre en el actual contexto.
Al haberse echado en brazos del PP ha sufrido el batacazo en las elecciones municipales y ven venir otro, aún mayor, en las generales. Mientras, crecen las expectativas de la coalición Amaiur, que recoge el testigo de la lucha de la izquierda abertzale a favor del derecho de autodeterminación, además del profundo descontento hacia la política de represión y recortes sociales.
Sólo la clase trabajadora unida por encima de fronteras nacionales en la defensa de un programa auténticamente socialista frente a la crisis del capitalismo puede dar una solución satisfactoria a los problemas que la burguesía ha sido históricamente incapaz de resolver, como la cuestión nacional en el Estado español.


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