A finales de 2008, cuando el Euríbor —que había alcanzado su máximo histórico en julio de ese año rondando el 6%— empezó a desplomarse, cientos de miles de consumidores oyeron hablar por primera vez de las cláusulas suelo y empezaron a sufrir las terribles consecuencias de las mismas: imposibilidad de hacer frente a las cuotas de sus hipotecas, embargos, desahucios…
Esta cláusula, introducida sistemáticamente por los bancos en los préstamos firmados durante la burbuja inmobiliaria, establece un interés mínimo a aplicar en las cuotas que impide al comprador beneficiarse de las bajadas reales de los tipos de interés acordados con la entidad, lo que incrementa considerablemente el importe final del crédito. Según datos del Banco de España, el número total de clientes afectados ascendería a unos 3,3 millones y a 4.000 millones de euros la cantidad defraudada.
La lucha en las calles consigue sus primeros frutos
El 9 de mayo de 2013, después de años de denuncias interpuestas por distintas asociaciones de consumidores, y tras la lucha titánica de la PAH y los movimientos sociales, el Tribunal Supremo (TS) declaró nulas las cláusulas suelo en los casos en los que existiera falta de transparencia. De esta manera se obligaba al BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar a retirarlas de sus contratos al considerar que los clientes no habían sido debidamente informados de sus consecuencias. Asimismo, condenó a las tres entidades a devolver las cantidades cobradas de más por este concepto, aunque estableció la devolución de los importes a partir de la fecha de la sentencia. 590.000 afectados se beneficiaron pero, puesto que la sentencia sólo obligaba a las entidades demandadas, el resto de afectados se vio obligado a recurrir a los tribunales, corriendo distinta suerte según donde se tramitara su demanda.
Distintos juzgados se han pronunciado en contra de la tesis del TS y han condenado a las entidades a abonar los importes íntegros cobrados indebidamente e incluso las costas judiciales; otros, aun dando la razón a los demandantes, se han ceñido a la fecha establecida en su sentencia. Finalmente el TS ratificaba mediante una nueva sentencia que la retroactividad de la nulidad de las cláusulas quedaba limitada a mayo de 2013. El argumento para justificar esta decisión pone de manifiesto una vez más al servicio de quién está la justicia: devolver todo lo cobrado de más le supondría a la banca un enorme “trastorno económico”.
El pasado 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) corrigió al TS obligando, ahora sí, a las entidades a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente desde la firma de la hipoteca.
PP y PSOE, al servicio de la banca
El gobierno del PP y el PSOE dijeron coincidir en la necesidad de buscar un procedimiento extrajudicial para que los afectados pudieran recuperar el dinero cobrado de más. El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, planteó la aprobación de un Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras con el que resolver “con celeridad” la devolución de dichas cantidades. La adhesión al código —que establecía que todas las cláusulas de todas las entidades se considerarían nulas sin sentencia judicial— sería voluntaria para los bancos. Como no podía ser de otra manera, la Banca se opuso rotundamente y el gobierno decidió sumisamente retirar el proyecto y buscar otra solución más acorde a los intereses de los banqueros.
El resultado final ha sido el Decreto-ley del pasado 20 de enero, aprobado con la lamentable colaboración del PSOE, y que no obliga a los bancos a nada, tratando de minimizar sus pérdidas con mecanismos que les permitan intentar incumplir lo indicado por la sentencia del TJUE. No exige que informen a los afectados más que a través de sus webs y de anuncios en sus oficinas. No se les multa por el fraude cometido ni se establece ningún tipo de sanción para los que decidan incumplir la sentencia o el propio Decreto, ni para los que se nieguen a devolver todo el dinero a los afectados. El propio banco será el encargado de calcular las cantidades que ha de devolver o se puede negar a pagarlas, alegando que no son cláusulas abusivas, sin tener que proporcionar a los afectados un cálculo de las mismas, y no tiene que responder a las reclamaciones hasta pasados tres meses. Son los propios bancos los que en el procedimiento extrajudicial determinarán qué hipotecas están afectadas y cuáles no. Vamos, que los bancos, autores del fraude, se lo guisan y se lo comen.
Ningún decreto va a garantizar los intereses de la clase trabajadora. Sólo con la movilización en las calles, como ha demostrado la PAH, se puede combatir a los banqueros, y sólo mediante la nacionalización de la banca, bajo el control de los trabajadores, podrá evitarse los constantes abusos y tropelías de los banqueros.
