El domingo 4 de febrero miles de personas abarrotaron la plaza da Quintana, en Santiago de Compostela, contra la modificación que el gobierno de Feijóo pretende llevar a acabo de la Ley de Salud de Galicia aprobada en 2008 por el bipartito del PSOE-BNG. Una modificación que pretende consolidar el negocio de la industria privada en Galicia y por tanto empeorar la calidad de un sistema público que ya se encuentra en una situación muy mala como consecuencia de los recortes aplicados durante los años de crisis. Desde la llegada de Feijóo a la Xunta, en 2009, y hasta el 2016, el presupuesto para la sanidad pública descendió un 18,3%, mientras que la financiación del sector privado aumentaba más de un 40%. Durante su gobierno se han eliminado más de 450 camas, más de 120 plazas de especialistas y alrededor de 200 de personal de enfermería.

El 6 de febrero se inició el debate en el parlamento gallego de la nueva ley, aprobada en diciembre por el consello de la Xunta. Desde que se anunció este anteproyecto se vienen realizando múltiples movilizaciones por toda Galicia, y no sólo en las comarcas más afectadas. Y es que el relato que ha tratado de popularizar Feijóo, según el cual esta reforma no va a afectar a los usuarios, ya que sólo pretende modernizar el sistema sanitario público sobre la base de una simplificación de las estructuras (pensadas para otro tiempo) y la eliminación de barreras burocráticas que dificultan la colaboración entre el sector público y privado, no se lo cree nadie.

Una reforma contra los más débiles…

La realidad es que esta contrarreforma se sustenta sobre dos patas fundamentales que se complementan. Por un lado, pretende desmantelar la red de hospitales comarcales —se van a cerrar 4 de las 11 áreas sanitarias actuales: A Mariña y Monforte en Lugo, O Barco en Ourense y O Salnés en Pontevedra— para concentrarlo todo en los hospitales de las 7 ciudades y, por otro lado, se ponen los servicios más relevantes (y con mayor capacidad de gasto) de estos grandes hospitales al servicio del sector privado. Según la plataforma SOS Sanidade Pública (principales impulsores de la movilización), las empresas farmacéuticas, tecnológicas, informáticas y los fondos de inversión se quedan ya con más del 50% del presupuesto sanitario gallego.

El cierre de estas áreas concluiría un proceso que se viene dando en los últimos años como consecuencia de los recortes: pérdida de especialidades, de servicios y de personal, que han provocado que miles de usuarios se tuvieran que desplazar a los hospitales de las ciudades para hacer pruebas, tratamientos o simplemente diagnósticos que antes realizaban en estos hospitales comarcales.

Manuel Martín, presidente de la plataforma SOS Sanidade, explica cómo se las ingenió la Xunta para justificar el cierre de las especialidades más comunes: “Hace año y medio todos los embarazos con nacimiento previsiblemente prematuro se derivan también a Lugo (desde el hospital de A Mariña). ¿El resultado? Las estadísticas dicen que aquí no nacen prematuros, por lo que será fácil decir que no es necesario un servicio específico. Y se olvida que un nacimiento prematuro obliga a la madre a hacer constantes viajes a Lugo, y que cuando el niño nace queda ingresado, por lo que su madre debe hospedarse en un hotel. Esos gastos corren a su cargo. Y eso sin contar los desplazamientos del padre y del resto de familiares”. En este mismo hospital se ponían (y hacían revisiones) de los marcapasos, ahora esto se hace en el hospital de Lugo. No es difícil imaginar el impacto que tendrá eliminar definitivamente estos hospitales, en unas comarcas que son las más empobrecidas y envejecidas de Galicia. Y la cosa no termina en las especialidades, ya que como explican las portavoces de la plataforma en Monforte, “esto no se va a limitar a los hospitales, también vienen a por la atención primaria”.

El vaciamiento de especialidades de los hospitales comarcales fue el primer paso, ahora llega la puntilla definitiva para terminar con su cierre: convertirlos en dependientes de los hospitales de las grandes áreas. De llevarse a cabo, el impacto sería brutal. Sólo con el cierre del hospital de O Salnés ya obligarían a más de 100.000 personas a desplazarse al de Pontevedra con el consiguiente coste. En A Mariña, donde se ponían y hacían la revisión de los marcapasos, más de 80.000 personas estarían afectadas. En total serían más de 200.000 personas afectadas.

…y a favor de los poderosos.

Y estos recursos, ahorrados a costa de abandonar sanitariamente a los sectores más vulnerables y empobrecidos, van a ir a parar al bolsillo de la industria, especialmente la farmacéutica. Esto lo fundamentarán mediante un cambio de gran calado en el objetivo del Servicio Sanitario Público de Galicia, que dejará de estar orientado a dar un servicio sanitario de calidad a las personas para dirigirlo a la creación y comercialización de patentes.

Los mecanismos para llevarlo a cabo son diferentes, empezando por la financiación de las investigaciones de nuevas patentes, que serán propiedad de las farmacéuticas, pero utilizando fondos y centros públicos, o sea: la Xunta compra con dinero público una innovación (aún inexistente) que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. Si la investigación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria privada.

Otro de los mecanismos serán las nuevas figuras de contratación, que permitirán que tanto las universidades como los profesionales estén al servicio de las multinacionales de la industria farmacéutica pues, entre otras cosas, incrementa la discrecionalidad y el enchufismo en la contratación (creando la posibilidad de acceso al sistema a través de la libre designación).

Y para tener todo controlado al más alto nivel se abrirá la mano a que los gerentes puedan ser autoridad sanitaria (hasta ahora tan sólo se consideraba así a los altos cargos dependientes de la consellería), en muchos casos captados del sector privado y vinculados a lobbies como SEDISA (el gerente de Lugo es directivo de dicho lobby), e incluso a directivos de organismos de gestión privada como GALARIA o los institutos de investigación, asociados a multinacionales.

Finalmente, para garantizar que todo esto va por el cauce adecuado también tienen previsto dejar en manos de la industria un control total sobre la gestión del sistema público de salud: expulsando a la ciudadanía de los órganos de participación comunitaria y blindando el control del sistema por organismos mixtos con gran presencia indirecta de la industria alimentaria (Nestlé, Coca-Cola,…).

A lo largo de los últimos días, y especialmente en el debate que se ha dado en el parlamento, el gobierno de Feijóo ha tenido que salir a comprometerse con el mantenimiento de los hospitales comarcales. Esto, además de insuficiente, es una maniobra para desactivar a los sectores de estas comarcas, que son los que más activamente se están movilizando, para a continuación ejecutar el plan inicial de cerrarlos.

Pero en todo caso demuestra una cosa muy importante: la movilización les está haciendo daño, y por eso se ven obligados a hacer concesiones. Debemos continuar por este camino, el de una estrategia de movilización contundente en la calle, que tenga como primer paso la organización de una huelga general de la sanidad gallega, y como objetivo echar abajo esta ley y al gobierno de Feijóo.

¡Por una sanidad 100% pública digna, gratuita y universal!