El Gobierno de coalición ha echado a andar en un contexto de polarización y crisis social aguda, y su política estará mediatizada por las duras presiones de clases antagónicas.
¿División de tareas?
De un lado, las aspiraciones de la base social y electoral del PSOE y Unidas Podemos: los millones de jóvenes, trabajadoras y trabajadores, pensionistas... movilizados estos años en las calles y en las urnas, esperan y necesitan una mejora real de sus condiciones de trabajo y de vida. La masiva huelga general en Euskal Herria del 30 de enero es una muestra de que la clase obrera no dará al nuevo Gobierno ningún cheque en blanco.
Por el otro lado, los grandes poderes económicos y la burguesía europea no van a consentir que el Consejo de Ministros apruebe ninguna medida que contravenga sus intereses de fondo. Su agenda de austeridad está encima de la mesa para cumplirla.
Estas presiones contradictorias no han tardado en hacerse visibles. Mientras el 21 de enero Pablo Iglesias participaba en el barrio obrero de Vallecas en un homenaje a los abogados laboralistas y los jóvenes manifestantes asesinados por los fascistas y la policía durante la llamada semana negra de enero de 1977, Pedro Sánchez viajaba a Davos para intervenir en el Foro Económico Mundial, entrevistarse con representantes de fondos de inversión, bancos y grandes empresas y garantizarles que no tienen nada que temer por las medidas que su Gobierno vaya a tomar.
La burguesía europea está siguiendo atentamente al nuevo Ejecutivo para que mantenga la política de austeridad y recortes y, lamentablemente, el Gobierno de coalición ha confirmado que se plegará a sus requerimientos. Bruselas ya ha exigido que el déficit presupuestario español en 2020 se reduzca en 8.000 millones de euros. A la vez, el 1 de enero entró en vigor la reforma del artículo 135 de la Constitución –acordada por Zapatero y el PP de Mariano Rajoy en 2011– que prioriza el pago a la banca de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del Estado. Paradójicamente será este Gobierno, con cinco ministros de Unidas Podemos, el primero que tendrá que gestionarlo.
Como muchas fuentes reconocen, el margen de maniobra que imponen las reglas presupuestarias es mínimo. El incremento de los ingresos del Estado a través de la subida de impuestos previstas, en un contexto de clara desaceleración económica, es totalmente insuficiente incluso para cumplir con los modestos objetivos del programa del Gobierno de coalición.
Por otro lado, la reforma laboral de 2012 ha provocado el colapso de la negociación colectiva. En noviembre de 2019 los trabajadores cubiertos por convenios colectivos eran 9,21 millones, la cifra más baja en veinte años. La pérdida de derechos laborales, los bajos salarios y la precariedad laboral han posibilitado que los empresarios amasen enormes beneficios.
Cambiar drásticamente esta situación y tomar medidas de calado exige romper con la austeridad y confrontar con firmeza contra los capitalistas y sus organismos internacionales.
Primeras medidas del Gobierno PSOE-UP
El Gobierno ha tomado sus primeras decisiones: subida de un 0,9% de las pensiones, incremento salarial del 2% a los funcionarios y aumento del SMI hasta los 950 euros. A pesar de haber sido presentadas a bombo y platillo como una ruptura con la etapa anterior dominada por los recortes, lo cierto es que estas medidas están muy lejos, incluso, de los ya de por sí modestos objetivos recogidos en el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Las plataformas de pensionistas de Euskal Herria recordaron al Gobierno que el programa de la coalición recoge el incremento del IPC real, y que el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas siempre sería mayor para dignificarlas. Por otro lado, la subida salarial de los funcionarios del 2% contrasta con el 20% de poder adquisitivo perdido desde 2010. Respecto al SMI, la cuantía de la subida pone en serio peligro –como reconoció la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– el objetivo de llegar al final de la legislatura a los 1.200 euros; a esto habría que añadir que siguen siendo multitud los mecanismos con los que cuentan los empresarios para no pagar esa cantidad.
La patronal ha pactado la subida del SMI a cambio de que el Gobierno confirmara oficialmente que no derogaría la reforma laboral del PP, salvo algunos de sus aspectos más lesivos como el despido por baja médica. Tampoco derogarán las sucesivas reformas de las pensiones que ampliaron la edad de jubilación, y fuentes de Moncloa hablan de lograr un amplio “consenso” con la derecha para una nueva ley educativa que reemplace a la LOMCE…
En definitiva, comenzamos la legislatura con medidas que se quedan muy lejos de lo prometido, y retrocesos políticos claros que tendrán el efecto de envalentonar aún más a la derecha. Si el Gobierno piensa que el camino es no provocar a la reacción renunciando al programa prometido, o ir “poco a poco” garantizando la paz social, la lucha de clases les va a dar un baño de realidad.
Acoso de la derecha
El Gobierno de coalición PSOE-UP no era la apuesta de los capitalistas. No podemos olvidar que el proceso de grandes movilizaciones iniciado en 2011 es lo que ha determinado el vuelco del tablero político y la formación de un Gobierno de esta naturaleza. En estas condiciones la burguesía está gestionando una situación que le ha venido impuesta por el desarrollo de la lucha de clases. Y no lo hace de forma unánime.
Vox y el PP, apoyándose en un amplio sector de la clase dominante y del aparato del Estado, han dejado claro que no darán ninguna tregua. En su punto de mira se encuentran los derechos democráticos y sociales conquistados por la clase obrera, el movimiento de las mujeres y la juventud. El llamado pin parental es una prueba acabada, lo mismo que su campaña permanente de criminalización contra el pueblo catalán. La reacción no dudará en utilizar todos los medios a su alcance en el parlamento, en el aparato del Estado y mediante la movilización en la calle, para acosar y debilitar al Gobierno y seguir aglutinando a su base social de apoyo.
Al mismo tiempo, cada vez son más los capitalistas que están optando por cercar al Gobierno por otros medios. El discurso de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha cambiado significativamente, sustituyendo el tono beligerante por un talante más moderado y de colaboración. El 10 de enero, Garamendi insistía en Radio Euskadi en la legitimidad del Gobierno y pedía a la oposición que fuera “fuerte y contundente pero leal porque la crispación y el enfrentamiento social no son buenos”. Después de confesar que había felicitado a Pablo Iglesias, incidía en que “es momento de sentarse en las mesas” y ofrecer al Ejecutivo “colaboración con sentido de Estado y lealtad institucional”, aunque también recalcó que “veremos de las promesas electorales qué se puede hacer y qué no”.
El PSOE —que copa los ministerios clave y gestiona la inmensa mayoría del presupuesto del Estado— ha dado suficientes pruebas de “responsabilidad” para gozar de la confianza del Ibex35. No es ninguna casualidad que Pedro Sánchez haya situado a Nadia Calviño al frente del poderoso Ministerio de Economía: su papel es el de blindar las políticas que garanticen los intereses de las grandes empresas, la banca y la UE.
Los dirigentes del PSOE parecen encantados con los ministros de Unidas Podemos y Pedro Sánchez los ha cubierto de elogios en la reunión de la Ejecutiva socialista. Esto es algo que debe hacer reflexionar a los activistas de la izquierda que con su esfuerzo han dado la batalla en las calles todos estos años.
Nada más lejos de nuestra intención que tener una actitud sectaria. Es necesario plantar cara a la derecha y hacerlo con todas las consecuencias. Por eso cuando Pablo Iglesias y Garzón se justifican en sus concesiones aludiendo a la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno y a su peso minoritario dentro del Ejecutivo, no hacen más que meterse en un callejón sin salida. Este camino les lleva a la política del “mal menor”, y a entrar en conflicto con su base natural de apoyo. En este sentido, ha sido muy significativa la nefasta oposición de UP a la reciente huelga general en Euskal HerrIa.
Las lecciones de la historia están para tomarlas en serio. Llevar a cabo políticas en beneficio de los trabajadores, de la juventud, de los colectivos más desfavorecidos, incluso aunque sean tímidas reformas, exige confrontar con los grandes poderes económicos y la reacción, organizando e impulsando la lucha de la clase obrera y la juventud en las calles. Solo así se podrá superar esa supuesta “debilidad parlamentaria” que, por supuesto, no refleja la auténtica correlación entre las clases.
“No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos”, insistía Pablo Iglesias al recibir la cartera de vicepresidente del Gobierno. Millones de trabajadoras y trabajadores hemos tomado nota y tendremos muy en cuenta esta recomendación.
