El pasado jueves 30 de enero, los telediarios se llenaron con las imágenes de los cerca de 10.000 manifestantes que llenaban las calles de Don Benito (Badajoz) coincidiendo con el inicio de la feria del campo “Agroexpo”, y que fueron duramente reprimidos por la policía antidisturbios. En esa movilización, terratenientes del campo extremeño beneficiarios de las subvenciones estatales y europeas, compartían espacio con pequeños agricultores y cooperativistas golpeados por la crisis de los precios agrarios y la dictadura de los grandes monopolios del sector agroalimentario.

Desde ese momento, las movilizaciones convocadas por la patronal ASAJA, junto a organizaciones más vinculadas al movimiento sindical y de la izquierda como UPA y la COAG, se han ido sucediendo por toda la geografía. La ultraderecha de Vox y el PP no ha perdido la oportunidad para orientar las protestas contra el Gobierno de coalición, a a la vez que desparraman toda su demagogia reaccionaria como si los intereses de los pequeños propietarios, los cooperativistas y los jornaleros (muchos de ellos inmigrantes), fueran los mismos que los motivos que llevan a los grandes y medianos propietarios, y a los terratenientes de toda la vida a salir a la calle pancarta e mano.

Para meter más presión a favor de estos últimos, el presidente de Extremadura y dirigente del PSOE en la comunidad, Guillermo Fernandez Vara, planteó que uno de los problemas del sector agrario residía precisamente en las recientes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Este elemento, que es una de las caras públicas del ala más a la derecha de su partido, un españolista furibundo, y que disfruta de un salario mensual oficial de 6.300 euros, ha optado por posicionarse abiertamente con la patronal del campo haciéndose eco de su discurso, la misma patronal que lleva más de un año bloqueando la aplicación del SMI y que condena a una situación insostenible a 65.000 trabajadores y trabajadoras que tienen que sobrevivir con salarios inferiores a 900 euros mensuales.

El campo: otra víctima de la dictadura de los monopolios

No hay duda de que los grandes monopolios que controlan el sector agroalimentario, no sólo la distribución y comercialización sino la compra de la producción en origen, ha visto incrementadas de forma espectacular sus cifras económicas. El volumen de negocio del sector es de 107.000 millones de euros anuales (más del 10% del PIB), cifra que sitúa a España en el quinto puesto de la UE tras Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. El gasto total de los hogares del estado español en alimentación ascendió a 68.538 millones de euros durante el año 2018, pero en el transcurso de la última década, las exportaciones del sector se han incrementado un ¡97.5%! alcanzando la cifra de 50.349 millones de euros.

Así se entiende los grandes intereses que están en juego. Los grandes monopolios del sector se están haciendo de oro. En el caso de Mercadona batió su propio récord en 2018: sus ventas se incrementaron un 6% en 2018 hasta los 24.305 millones, y sus beneficios ese mismo año fueron de 593 millones de euros. La empresa valenciana posee ya 1.500 supermercados y planea la apertura de otros 200 más: su cuota de mercado, según estudios de distintas consultoras, puede rondar cerca del 27 por ciento del total.

La otra grande es Dia, con 4.151 tiendas en y una facturación bruta en 2019 de 5.199 millones de euros. Es la segunda por beneficios con una cuota del entorno del 7 por ciento, y crecerá más tras la compra de Supermercados El Árbol y de 160 supermercados de Eroski. Carrefour y Eroski les siguen con una parte del pastel del 8 y 7 por ciento respectivamente. Alcampo por su parte tiene una participación que ronda el 4 por ciento y Lild, que crece año tras año, se aproxima al 3,5.

Estas cifras dan idea de la extrema concentración y el carácter monopolístico del sector. Estas fuerzas pueden decidir sin ninguna cortapisa la política de precios. No tiene nada que ver con lo señalado por el ministro de Agricultura respecto a que nada se puede hacer para fijar precios mínimos debido a la “libre competencia”. La realidad es otra: no hay libre competencia, hay control monopolístico del sector, lo que no sólo implica precios extremadamente bajos, sino unas condiciones salariales y laborales miserables y de semiesclavitud, no sólo para los jornaleros sino para todos los trabajadores del sector en su conjunto.

Todo esto explica que durante 2019 el precio que se ha pagado al productor en origen y el que finalmente paga el consumidor en un supermercado se haya incrementado de media un 450%, llegando en algunos casos como el de la patata al 700%. Este margen especulativo es un beneficio integro para la gran industria del sector que controla la distribución y comercialización.

Tampoco podemos olvidar que esta industria agroalimentaria, y los sectores que se lucran con ella, están detrás de la sobreexplotación de los acuíferos y los recursos hídricos, que están provocando una catástrofe ecológica en el Estado español de grandes dimensiones. Paralelamente a esta situación, un puñado de grandes familias terratenientes recibe decenas de millones de euros en subvenciones provenientes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, con el agravante de que para obtener la mayoría de estas subvenciones no es necesario producir nada ya que son dependientes de la superficie en propiedad y no de la producción de la tierra.

¡Por un campo con condiciones salariales y laborales dignas!

Extremadura es el territorio con una distribución de la tierra más desigual de toda Europa, 42.000 hectáreas de terreno están en manos de cinco grandes propietarios mientras que el 92% de la población extremeña mayor de edad no tiene ni un centímetro cuadrado de tierra.

A su vez, ocupa uno de los primeros puestos de desigualdad social: casi 90.000 extremeños y extremeñas tienen que recurrir a bancos de alimentos, el 43% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social y el 38,8% tiene una renta inferior al umbral de la pobreza.

Dada esta terrible situación, no es casualidad que sectores de la patronal agraria golpeadas por las grandes multinacionales intenten pescar en río revuelto, arrastrando a sectores de pequeños propietarios muy golpeados.

Pero no podemos olvidar que esta patronal del campo, parasitaria y reaccionaria, es la que contribuye a que las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras del campo sean de completa miseria. ASAJA, una de las organizaciones patronales que ha estado promoviendo las movilizaciones, recientemente ha hecho llamamientos a no pagar el SMI a los trabajadores del campo y sigue queriendo precarizar aún más el sector.

Ninguna mejora podrá venir de los mismos que nos oprimen y nos explotan día a día, que han mantenido sus posiciones de privilegio a costa del sufrimiento de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en jornadas de sol a sol a cambio de un mísero salario, y que abusan descaradamente de nuestros hermanos de clase inmigrantes que son los que se llevan la peor parte.

Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del campo deben convocar movilizaciones que realmente respondan a las aspiraciones de los jornaleros y pequeños propietarios, rompiendo inmediatamente con estos elementos patronales que solo buscan seguir enriqueciéndose a nuestra costa.¡Nacionalización de los grandes monopolios del sector agroalimentario para poder establecer precios justos para los productores y asequibles para toda población! ¡Expropiación de la propiedad latifundista y reforma agraria integral, para dignificar seriamente las condiciones de los jornaleros, acabar con el paro, el PER y el caciquismo! Este es el programa que debería aplicar este Gobierno de coalición y no las constantes cesiones a los grandes poderes económicos del sector a los que nos tiene acostumbrados el PSOE.

Solo la movilización independiente de los trabajadores agrarios con un programa de clase, sin patronos ni terratenientes, podrá transformar la situación del campo.