El 2 de abril el Gobierno anunciaba el decreto de ayudas para inquilinos afectados por la situación del coronavirus. El decreto contiene medidas absolutamente insuficientes y, en la práctica, supone garantizar la tasa de beneficios de los grandes tenedores de inmuebles y potenciar el negocio de la banca, que gestionará las “ayudas”, es decir, los préstamos a los inquilinos con avales públicos. Los que desde hace años hacen grandes negocios especulando con el precio de las viviendas en alquiler, vuelven a ser rescatados por el Estado y se garantizan sus negocios ante una perspectiva de impagos masivos entre los inquilinos fruto de la riada de ERTE y despidos.
La especulación de los fondos buitre y los grandes capitalistas dinamita los precios de los alquileres
Durante los últimos años hemos asistido a un burbuja especulativa en los alquileres que ha incrementado los precios exponencialmente, proporcionando beneficios multimillonarios a fondos de inversión, bancos, empresas y especuladores. La factura que las familias pagan por vivir de alquiler se ha disparado por primera vez por encima de los 17.000 millones de euros. Un proceso que coincide con la irrupción en el mercado inmobiliario de los fondos buitre, que compraron inmuebles a precio de ganga aprovechando la crisis del sector inmobiliario y que ahora los alquilan a precios prohibitivos. Hemos visto, incluso, cómo las administraciones públicas vendían viviendas de protección oficial sin que lo supieran los inquilinos, enfrentándose estos posteriormente a subidas de renta del 100%, del 200% o más.
Por otro lado, numerosos inversores-especuladores particulares han aprovechado esta burbuja para hacerse de oro, gracias a la desregularización del sector y los brutales recortes en los derechos de los inquilinos fruto de las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. A todo esto se suma la proliferación del negocio de pisos turísticos –en manos de grandes multinacionales– que ha disparado los precios del alquiler en muchas zonas del país, expulsando a muchas familias trabajadoras de sus barrios.
En la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) se cifra en 17.047,5 millones de euros los pagos que en 2019 supuso el alquiler de viviendas principales, un volumen de facturación que equivale a más de la mitad de los 31.625 que la Contabilidad Nacional atribuye al sector primario y la séptima parte del negocio inmobiliario en el país, que movió 115.266.
La cantidad que representa el pago de alquileres supera el PIB de comunidades como Cantabria (13.867) y duplica el de La Rioja (8.391), habiéndose incrementado 560 millones de euros respecto al año anterior y casi 1.700 en relación a 2016. Una constante revalorización de las rentas que ha hecho que la facturación subiera en once de los doce últimos años. El volumen de negocio para los especuladores ha aumentado un 22% los cuatro últimos años y la factura se ha doblado desde la época de la burbuja, cuando se situaba en 8.813 millones.
El fondo buitre estadounidense Blackstone se consolida como el mayor casero del Estado, con cerca de 30.000 viviendas en alquiler a través de sus Sociedades Cotizadas de Inversión Mobiliaria (SOCIMI). De las 70 SOCIMI existentes en el Estado español, hay cerca de 30 dedicadas al alquiler de vivienda, cuya cartera –sobre todo en Madrid y Barcelona– ya supera las 35.500 unidades. Bancos y fondos de inversión acaparan oficialmente cerca de 300.000 viviendas, aunque los datos resultan opacos, siendo probablemente muchas más.
La figura de las SOCIMI –auténtica triquiñuela financiera– supone un negocio redondo para los grandes inversores. Están exentas de pagar el Impuesto de Sociedades, buena parte también del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que cualquier particular debe pagar a la hora de adquirir una vivienda.
¡Qué cinismo el de estos parásitos! Mediante estas sociedades, los grandes inversores adquieren inmuebles a precios bajos sin pagar apenas impuestos y utilizan su creciente control del mercado para impulsar una tendencia al alza de los precios de los alquileres, una auténtica “gallina de los huevos de oro” en estos momentos. Ningún Gobierno, autonómico o central, ni ningún Ayuntamiento les ha puesto impedimento alguno. Como mucho hemos escuchado algunas palabras de algunos dirigentes mostrando su desaprobación ante este tipo de prácticas…
¿Por qué el decreto del Gobierno no sirve para proteger los derechos de los inquilinos?
El decreto anunciado por el Ejecutivo del PSOE-Unidas Podemos es un fraude que no soluciona ni de lejos la dramática situación que enfrentan miles de familias en situación de vulnerabilidad. Diferentes portavoces de sindicatos de inquilinos de todo el Estado han sido unánimes en sus valoraciones: “Las medidas que pretende tomar el Gobierno no solo son insuficientes, sino que aseguran que las grandes sociedades tenedoras de inmuebles no pierdan un solo mes de alquiler, muy por encima de su valor real”.
El decreto no cubre ni a las personas que comparten piso, ni los contratos finalizados desde que comenzó el estado de alarma, tampoco los contratos anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, ni los contratos de renta antigua. Estos últimos afectan fundamentalmente a gente mayor, precisamente la franja más vulnerable en la situación de pandemia, y ¡quedan fuera del decreto de ayudas!
Por otro lado, la suspensión de los desahucios será solo para personas vulnerables, mientras los servicios sociales den una solución y como máximo durante 6 meses, haya o no alternativa habitacional. Desde 2013 se han producido 250.000 desahucios a familias en régimen de alquiler, cifra que ahora se multiplicará exponencialmente. ¡Qué tipo de solución es esta ante la crisis que ya sufríamos y la que se avecina!
Otra de las medidas “estrella” de este decreto es la de solicitar una rebaja o aplazamiento en caso de que el propietario sea un gran tenedor o entidad pública, y la persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad (menos de 1.613 € por unidad familiar y que los gastos de vivienda y suministros superen el 35% de sus gastos). En este caso el inquilino puede solicitar o bien una rebaja del 50% en la renta o bien una moratoria de 4 meses del pago del alquiler.
Como han denunciado los diferentes Sindicatos de Inquilinos, es muy difícil saber si tu casero es un gran tenedor (toda persona, física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros o superficies construidas de más de 1.500 metros cuadrados). Para poder averiguarlo el inquilino debe acudir físicamente al registro de la propiedad, algo imposible en situación de pandemia, o recurrir a un servicio privado online. Por otro lado, la ingeniería empresarial, montando diferentes empresas para gestionar un parque de viviendas, permite poder salvar este obstáculo. En definitiva, un auténtico camino de obstáculos que dificultará enormemente acogerse a la supuesta ayuda.
Si se logra contactar con el propietario y no hay acuerdo, que sería lo más probable, es el propietario quien elige a qué modalidad se acoge, si a la moratoria o la rebaja. Obviamente, el propietario optará por la moratoria, que le permitirá cobrar más adelante la totalidad de las mensualidades, con su actual precio inflado de mercado. Pero incluso la quita del 50%, teniendo en cuenta los precios desorbitados de los alquileres, permitiría en muchos casos garantizar beneficios. Por otro lado, quienes no tengan ingresos, ¿cómo pagarán incluso ese 50%? ¡Los que se han lucrado con la especulación son los que ahora deberían pagar!
En el resto de casos, es decir si no se trata de grandes tenedores de vivienda, cuando inquilino y propietario (sea persona física o jurídica) no lleguen a ningún acuerdo, el Gobierno –acogiéndose a este decreto– abrirá una línea de microcréditos sin comisiones ni intereses, que el inquilino podrá devolver en un plazo de seis años.
Esta medida es, probablemente, una de las más vergonzantes de este decreto. Supone entre otras cosas un fabuloso negocio para la banca, que será quien gestionará los créditos avalados por el Estado. Por un lado, se fomenta el endeudamiento de familias que ya han acreditado su situación de vulnerabilidad, que arrastrarán durante años una deuda a devolver junto al alquiler. Por otro, la emisión de estos créditos es, en la práctica, un auténtico regalo de dinero público a una parte del sector privado y de los especuladores inmobiliarios, que tanto dinero han hecho durante todos estos años, y que seguirán recibiendo íntegramente sus alquileres utilizando entre otras cosas la ingeniería empresarial para hacerse pasar por pequeños propietarios. No solo no se protege a los “más vulnerables”, sino que será un mecanismo más para hundir en la miseria a miles de familias, mientras los especuladores seguirán llenando sus bolsillos.
Este Gobierno que se pretende de izquierdas solo está dando migajas a los más humildes, vendiendo medidas caritativas para limpiar sus conciencias como si fueran grandes medidas sociales, que no resuelven los graves problemas que enfrenta la clase trabajadora y la inmensa mayoría de la población. Un Gobierno de izquierdas tendría que enfrentarse a los grandes poderes económicos, apoyándose en la movilización de los trabajadores, y expropiar sin indemnización el parque de viviendas de los bancos, fondos de inversión, inmobiliarias y grandes empresas, y de aquellos entramados empresariales que disfrazan sus fortunas inmobiliarias mediante la ingeniería empresarial. La realidad es que sí hay suficientes viviendas, miles de ellas vacías, y necesidades sociales que cubrir, pero bajo el capitalismo decenas de miles de personas se ven amenazadas con quedarse en la calle.
La huelga de inquilinos. ¡La lucha es el único camino!
Las diferentes plataformas organizadas en Sindicatos de Inquilinos de todo el Estado están dando pasos adelante, tanto en la denuncia de lo que supone este decreto como en acciones que ya están llevando adelante. La huelga de inquilinos planteada para el 2 de abril recibió en pocos días el apoyo de más de 12.000 firmantes.
A pesar de las dificultades para poder organizar un sector tan atomizado y en medio de un confinamiento, las diferentes plataformas han logrado sacar adelante una caja de resistencia en la que ya cuentan con más de 33.000 euros, marcándose un objetivo de 100.000 en base a aportaciones de los propios inquilinos. Al mismo tiempo han logrado recabar 65.000 firmas exigiéndole al Gobierno la suspensión del pago de los alquileres durante la situación de crisis por el Coronavirus.
De nada sirve pedirles “por favor” a los grandes propietarios de inmuebles que sean conscientes de la situación de vulnerabilidad de los inquilinos, como hiciera en carta pública Ada Colau junto con UGT y CCOO. Los capitalistas se guían por su ansia de beneficios, independientemente de las necesidades sociales y de que existan los recursos para cubrirlas, como ocurre en el caso de la vivienda.
La experiencia histórica demuestra que con la movilización se pueden arrancar concesiones parciales que sirvan para mitigar, al menos temporalmente, las deficiencias en nuestras condiciones de vida como demuestra la experiencia de la lucha contra los desahucios durante los últimos años o el desarrollo de movimientos de afectados por las hipotecas o de sindicatos de inquilinos.
También tenemos experiencias históricas como la lucha en Madrid en la década de los setenta del siglo XX, que dirigida por diferentes asociaciones y comités vecinales obligó a que en treinta barrios se construyeran 39.000 viviendas para alojar a una población de alrededor de 150.0000 personas.
Por lo tanto, la lucha de los afectados junto al resto de la clase obrera en cada barrio o ciudad, sí sirve. Es necesario impulsar un frente unitario en defensa de los derechos de los inquilinos en cada barrio y municipio que una a los comités de afectados por impago de alquileres, amenazas de desahucio, sindicatos de inquilinos y asociaciones de afectados por las hipotecas.
Hay que partir en cada barrio y cada municipio de las necesidades reales existentes y exigir al Ayuntamiento y a los Gobierno autonómicos y central que suministre los recursos necesarios para crear un parque de vivienda pública suficiente, que permita un régimen de alquiler a un precio en el que la cuota mensual no supere el 10% del salario.
Por un plan que garantice vivienda digna y asequible para las familias trabajadoras
Los centenares de miles de jóvenes y trabajadores que hemos perdido el empleo, o vemos recortados nuestros ingresos sin poder hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca debemos organizarnos para exigir:
1) Suspensión del pago de los alquileres y las hipotecas para todos los inquilinos que no pueden hacer frente al pago de los mismos.
2) Expropiación inmediata y sin indemnización de las decenas de miles de viviendas en manos de fondos buitre, bancos y empresas especuladoras.
3) Obligación de que todos los inmuebles vacíos sean puestos en alquiler a precios asequibles. Si el propietario se niega, expropiación. Indemnización únicamente para los casos de pequeños propietarios en situación de necesidad comprobada.
4) Nacionalización de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias.
5) Nacionalización de la tierra en manos de grandes propietarios y terratenientes sin indemnización. ¡Basta de especular y destruir el medio ambiente!
6) Constituir una gran empresa pública de la construcción, que ponga sus capacidades y recursos a disposición de los Ayuntamientos, Comunidades Autonómicas y Gobierno, atendiendo a criterios adecuados de calidad de la construcción y respeto del medio ambiente. Esta empresa pública debería poner la seguridad laboral como una de sus máximas prioridades y acabar definitivamente con las lacras de precariedad, subcontratación y todo tipo de irregularidades que hoy caracterizan al sector de la construcción.
7) Acometer un plan de construcción de vivienda pública de calidad ofertada en alquiler a la población a precios asequibles (no mas del 10% del salario de cada solicitante) para luchar contra la especulación. Esto también serviría para satisfacer otras necesidades sociales como la construcción de polideportivos, centros de salud, colegios, etc.
8) Participación de los movimientos y sindicatos de inquilinos, sindicatos de clase y del conjunto de la clase trabajadora en el desarrollo de los planes urbanísticos y en la planificación del uso del suelo y la construcción de viviendas y equipamientos.
9) Para garantizar que los planes de vivienda y equipamiento no son asfixiados financieramente por la gran banca y reciben los fondos necesarios para su desarrollo es imprescindible la nacionalización inmediata de la banca y el sistema financiero. Solo con esta esta medida se permitiría una movilización eficiente de los recursos económicos para ponerlos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales, ayudar a quienes no pueden pagar el alquiler, o quienes han suscrito un crédito hipotecario y no pueden hacer frente al pago del mismo. Permitiría también rebajar la presión hipotecaria hasta un punto compatible con unas condiciones de vida dignas y garantizar la permanencia en la vivienda a pesar de sucesos y contratiempos que puedan limitar la capacidad de pago de las familias.
