El poder judicial, al servicio de la clase dominante

Tras once años de procedimientos e investigaciones judiciales, el pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo ratificaba la condena impuesta por la Audiencia Nacional en 2018 al Partido Popular por beneficiarse de una trama corrupta. Una sentencia que además acredita la existencia de una caja B de la que el principal partido de la derecha española se ha estado beneficiando durante al menos los últimos veinte años.

El alto tribunal además confirma las condenas (con importantes ajustes en algunos casos) a los principales cabecillas de la trama, como Rafael Correa o Luis Bárcenas, extesorero nacional del partido.

Sin embargo, estando probada la existencia de una caja B, la sentencia, aunque parezca increíble, señala que “no se puede afirmar que el PP se financiara ilegalmente” y que a pesar de que se lucró gracias a esta red, “ignoraba el origen ilícito de los fondos”. ¿Por qué había entonces una caja B, es decir, una contabilidad paralela y oculta? ¿Cuál era el fin de la misma si era todo legal? Evidentemente esta argumentación se cae por su propio peso, y es un nuevo ejemplo, como en el caso de Bankia, de qué intereses defienden los magistrados del Tribunal Supremo. 

Nuevo salvavidas judicial al Partido Popular

Lo cierto es que, a pesar de las condenas a determinados individuos de la trama, el Tribunal Supremo juega la carta de no inculpar directamente al partido en esta sentencia. De esta forma levanta una barrera de protección hacia las anteriores ejecutivas nacionales del PP bajo el mandato de Aznar, Rajoy y a la actual dirección encabezada por Casado.

No es la primera vez que la judicatura acude al socorro del PP. En primer lugar la separación de la podrida trama de corrupción del partido en distintas causas ha permitido desvincular de la Gürtel datos tan relevantes como son los llamados “Papeles de Bárcenas”, donde se vincula de forma directa, con nombres y apellidos, a la cúpula del PP con el dinero “donado” por parte de grandes empresarios a cambio de licitaciones de contratos públicos. Entre los implicados directos de estos papeles se encuentra un tal “M. Rajoy”, a quien la “justicia” se niega sin ningún rubor a identificar como Mariano Rajoy.

Otra de las causas juzgadas por separado y estrechamente vinculada a la “Gürtel”, a los “Papeles de Bárcenas” y que bien podría inspirar un guion de Hollywood es la “Kitchen”, una trama parapolicial urdida en los despachos del Ministerio del Interior bajo el mandato de Rajoy y de su entonces ministro Jorge Fernández Díaz, cuyo objetivo era arrebatar toda la información comprometedora para el partido y sus dirigentes de las manos de Bárcenas. Esta causa podría afectar también a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

A todo esto se le suma la destrucción ordenada por el PP de los discos duros utilizados por Bárcenas probablemente repletos de pruebas incriminatorias. Respecto a esto, el magistrado Eduardo Muñoz de Baena tampoco vio indicios de delito, ni de intento flagrante de destrucción de pruebas, en el hecho de que dichos discos duros hubieran sido borrados 35 veces, rayados y machacados con un martillo.

Negando con descaro la realidad, la judicatura intenta desvincular al Partido Popular, como organización, y a su dirección de la enorme y podrida maquinaria de corrupción afincada en la calle Génova. El PP es el principal partido de la burguesía de este país, los casos de corrupción que le han salpicado le han supuesto un gran desprestigio. Para los capitalistas es clave recomponer su reputación y esta sentencia va en esa dirección.

En uno de sus párrafos la sentencia dicta: “no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de los delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión” y añade después: “la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia sino que presupone esta última”.

¡Qué escándalo! El Tribunal Supremo hace malabares con las leyes para declarar que el Partido Popular es inocente, aun a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas incriminatorias.

Es cierto que se ha condenado a toda una serie de individuos de segunda fila del PP, pero no es menos cierto que la cúpula nacional del partido ha salido indemne una vez más dejando al aparato intacto. Tanto es así que la sentencia ha permitido al mismo Mariano Rajoy reafirmarse como ya hizo durante la moción de censura de 2018 en que esta sentencia “no condena al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros”.

Desgraciadamente, y a pesar de la desfachatez de sus declaraciones, tiene razón. Los principales dirigentes del Partido Popular, que evidentemente han sido conocedores y participes de la constante corrupción del partido, han salido indemnes.

Es más, gracias a esta sentencia, la derecha a través de su caverna mediática denuncia la moción de censura que tumbó a Rajoy y su Gobierno. Argumentan que como la “supuesta” financiación ilegal del PP fue uno de sus pilares, el Gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo.

El poder judicial ampara al PP, pero sobre todo está al servicio de la clase dominante

A pesar de que los juristas burgueses y la socialdemocracia en todas sus versiones insisten compulsivamente en que la justicia es independiente, esta sentencia demuestra una vez más que esto es completamente falso.

En primer lugar las conexiones directas de muchos jueces con el PP son más que evidentes.

Algunos ejemplos sirven para ilustrar esta afirmación. Los populares controlan 12 de los 21 puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es a su vez gran amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular (2008-2018), siempre en el centro del huracán de las tramas corruptas que golpean al PP y valedora del actual presidente de los populares, Pablo Casado; el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y juez encargado de presidir el juicio del procés, Manuel Marchena, rechazó en su día investigar el famoso caso de la concesión irregular de un máster universitario a Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Además en 2018 tuvo que declinar ocupar el cargo de presidente del CGPJ debido a la difusión de un whatsapp enviado por el senador popular Ignacio Cosidó en el que este se vanagloriaba de que el control del PP sobre dicho organismo se reforzaba con Marchena de presidente.

El “ilustre” juez García-Castellón —que achaca los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos a Pablo Iglesias— es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y es quien “investiga” desde hace tres años algunos de los casos de corrupción que afectan al PP, como la trama Púnica o el caso Lezo. El resumen de su labor al frente de estos asuntos se puede leer en el periódico digital elplural.com (7/10/2020): “lo que sí parece cierto es que en estos tres años los inquilinos de Génova 13 duermen con una dosis menor de orfidal”. Y así un largo etcétera.

No es para nada extraño, por tanto, el trato de favor que se da por parte del Tribunal Supremo al PP. La reciente absolución de Rodrigo Rato por la fraudulenta salida a bolsa de Bankia es otro claro ejemplo.

Este además contrasta radicalmente con la actitud del poder judicial hacia otros casos como el de los presos políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn y Raül Romeva, a los que se les revocó el tercer grado hace pocos meses. También difiere radicalmente del recibido por los raperos de “La insurgencia”, condenados a 6 meses de prisión, o Pablo Hasél, condenado a 9 meses de cárcel.

Pero más allá de la connivencia de muchos de los jueces que ocupan altos cargos en la judicatura con el PP, la cuestión central a señalar son lazos que unen al poder judicial con la burguesía.

Estos son múltiples y de acero. Son lazos familiares, ideológicos y de intereses materiales muy concretos los que convierten a los altos dignatarios de la judicatura en parte integrante de la clase dominante, cuya tarea es la de poner esta al servicio de los capitalistas. Esto, que es una realidad en todos los países capitalistas —por muy democráticos que se proclamen— es más cierto todavía en el caso del Estado español, con un aparato estatal y judicial heredado directamente de la dictadura franquista y que jamás ha sido depurado, lo que lo hace especialmente reaccionario.

Las decisiones que los altos organismos de la judicatura toman en cuestiones que la clase dominante considera esenciales, se adoptan con un único criterio: el de salvaguardar y defender sus intereses. Se trata de decisiones políticas que se deciden en foros y despachos alejados de los focos mediáticos y compuestos por personajes que nadie ha elegido. Una vez tomada la decisión, la labor de los jueces es darle forma jurídica.

La resolución del Tribunal Supremo exonerando de la Gürtel al PP como organización, es un claro ejemplo de esto que señalamos.

La “justicia” es independiente de la clase trabajadora, de las familias obreras y de los oprimidos en general, pero muy dependiente de los grandes banqueros y empresarios. Como se ha demostrado, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad de organización y presión.

El ejemplo del movimiento feminista es muy claro. Fue, por señalar un caso concreto, llenando las calles como se consiguió encarcelar a los violadores de la Manada.

El aparato judicial es uno de los pilares del corrupto régimen del 78 y es una de las columnas fundamentales sobre las que la burguesía española sostiene sus privilegios. La lucha por una sociedad en la que impere la justicia, está indisolublemente ligada a la tarea estratégica de acabar con el capitalismo, este sistema social injusto y cruel, y a la construcción de una sociedad socialista.