El pasado 21 de marzo moría en el hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria una niña de dos años originaria de Mali. Tras ingresar en estado crítico el martes 16, su pequeño cuerpo no pudo resistir las secuelas de la infernal travesía que sufrió junto a su madre y su hermana. Embarcó en busca de una vida mejor y un futuro, pero lo que encontró fue la muerte.
Un viaje de sufrimientos a merced de los elementos y de las mafias
Lamentablemente esta tragedia no es más que la punta del iceberg de un drama social de grandes proporciones. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, denuncia que solo el año pasado 1.717 personas perdieron la vida intentado llegar al Estado español, la cifra más alta desde que existen registros[1]. Y la tragedia continúa. Contando la muerte de la pequeña maliense, en estos momentos según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 31 inmigrantes han fallecido en la ruta canaria en lo que va de 2021, aunque todos los organismos sospechan que los datos son incompletos.
En 2020 llegaron a Canarias 23.023 personas, la mayoría marroquíes (11.998) y senegaleses (4.539). Miles de hombres, mujeres y niños huyen de la pobreza, la guerra y la barbarie; empeñan los ahorros de su vida para pagar a las mafias que organizan el viaje y que tienen claros vínculos con los Estados desde donde parten.
Durante el camino, que algunos emprenden por tierra, se exponen a enfermedades, violencia, explotación, muchas mujeres y niñas sufren agresiones sexuales y se ven expuestas a un alto riesgo de ser secuestradas por las redes de trata de personas. Los que viajan por mar, durante la travesía que puede superar los 1.000 kilómetros, con hasta 10 o 12 días a bordo de embarcaciones precarias, no preparadas para la navegación en mar abierto, sufren quemaduras de gasolina, hacinamiento, hambre, hipotermia, contraen enfermedades como la sarna o son víctimas de naufragios en los que muchos encuentran la muerte.
Pero conseguir desembarcar por fin en las playas o puertos españoles no supone que acabe esta tortura.
Del muelle de Arguineguín a las “prisiones” a cielo abierto
En el verano y otoño de 2020 el muelle de Arguineguín, un dique de apenas 3.600 metros cuadrados, se convirtió en un insalubre campamento en el que miles de inmigrantes estuvieron hacinados durante meses, malviviendo y durmiendo a ras de suelo dentro de unas carpas miserables[2]. El desmantelamiento del que ya ha pasado a la historia como el muelle de la vergüenza, no ha supuesto la solución del problema. Las “alternativas” puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez solo están consiguiendo enquistar la situación.
A la absoluta falta de medios tanto humanos como materiales, y la ausencia de instalaciones, el Ejecutivo respondió en un primer momento y de forma provisional derivando a los migrantes a instalaciones hoteleras vacías, para seguidamente poner en marcha el plan estratégico que habían diseñado: construir nuevos campamentos repartidos por todo el archipiélago y en los que confinar a miles de personas, la inmensa mayoría a la espera de ser expulsados.
Así, en la isla de Gran Canaria están instalados el Canarias 50, antigua sede del regimiento de infantería, y el de Barranco Seco, un antiguo polvorín del ejército. En el puerto de Las Palmas han habilitado una nave propiedad de Bankia, y en esta ciudad han montado tiendas de campaña en el patio del antiguo colegio León, situado en el humilde barrio de El Lasso. En Tenerife se encuentra el campamento de Las Canteras, un antiguo acuartelamiento, y a cuatro kilómetros del municipio tinerfeño de La Laguna, el campamento Las Raíces. Por último, en Fuerteventura ha sido habilitado el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) El Matorral. Instalaciones que —dicho sea de paso— a pesar de estar en desuso desde 2012 generaron hasta 2019 al menos 4,1 millones de euros en gastos de comida, médicos o mantenimiento del centro.
La situación en la que se encuentran los cerca de 9.000 migrantes repartidos en estos campamentos es absolutamente deplorable. La mayoría de los Centros de Atención Temporal (CATE) consisten en un conjunto de tiendas de campaña montadas a cielo abierto en las que miles de personas conviven en condiciones de habitabilidad insalubres. El denominador común, en mayor o menor grado, es la falta de comida, duchas escasas y con agua fría, humedad interior, goteras en las tiendas, catres de lona, con una manta por persona que en ocasiones hay que racionar... todo en terrenos que se convierten en barrizales cuando llueve.
“Entre vómitos, basura y sin asearse: así están los migrantes en el CATE de Barranco Seco”[3]. Este era el título de un artículo de la web de la Cadena ser del 18 de enero, pero que serviría para describir las condiciones del resto de estos nuevos centros.
En el campamento Canarias 50 se produjo en febrero una fuga de aguas fecales. Grupos de migrantes acamparon fuera del recinto en señal de protesta.
Las denuncias se multiplican. Los propios trabajadores de ACCEM han denunciado la nefasta gestión de la acogida que esta ONG está llevando a cabo. La falta de medios ha generado una importante oleada de solidaridad entre muchos vecinos de las localidades cercanas a los campamentos, que tratan de ayudar suministrando mantas, comida, ropa de abrigo, etc.
La situación en el campamento Las Raíces es insostenible. 1700 migrantes se hacinan en estas instalaciones en condiciones deplorables. En febrero decenas lo abandonaron durante unos días indignados por la insalubridad del recinto. La empresa Serunion[4] —encargada del servicio alimentario — ha sido denunciada por la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife por la mala calidad y la escasez de comida que suministra. Tal es así que, el pasado 13 de marzo, un grupo de migrantes tuvo que ser atendido por una intoxicación alimentaria.
La citada Asamblea de Apoyo ha tenido que alzar la voz contra las agresiones que los vigilantes privados de la empresa de seguridad Segurmaxim, contratada en el campamento de Las Raíces, han llevado a cabo contra los migrantes[5]. El grado de degradación existente provoca problemas de convivencia a los que la Delegación del Gobierno responde con cargas policiales, palos y pelotas de goma.
El último episodio, provocado por la escasez y la mala calidad de la comida, se produjo el martes 6 de abril. La policía irrumpió en el recinto cargando brutal e indiscriminadamente contra los internos causando numerosos heridos.
La Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife lleva semanas exigiendo el cierre inmediato de este campamento.
Los derechos democráticos más básicos de los migrantes son conculcados en todo momento. El plazo máximo de internamiento de 72 horas es superado con creces, llegando a superar en muchos casos las dos semanas. El escaso número de abogados encargados de prestar atención legal a los miles de migrantes —muchos de los cuales proceden de zonas en guerra— hace misión casi imposible cumplir con los trámites para pedir asilo político.
Y por si no fuera suficiente la humillación y el trato degradante que sufren, en numerosas ocasiones los niños son separados de sus progenitores. La madre de la niña maliense que murió estuvo recluida en el CATE de Barranco Seco durante dos días, mientras su hija se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. Solo la iniciativa del personal sanitario permitió que, finalmente, pudiera acompañarla durante sus últimas horas.
Canarias: un gran campo de concentración de migrantes
En noviembre pasado, Médicos del Mundo denunciaba: “La gestión por parte del Gobierno de esta crisis de acogida parece ir dirigida a convertir Canarias en un gran centro de retención que evoca las situaciones vividas en otras partes de Europa como Lesbos o Lampedusa”[6].
En abril, cinco meses después, no queda la menor duda de que esta es la política del Gobierno de Pedro Sánchez: aplicar la misma estrategia frente a la inmigración que en Ceuta y Melilla —ambas ciudades autónomas son utilizadas como dique de contención para que los inmigrantes no lleguen a Europa—, e idéntica a la que llevan a cabo, por ejemplo, los Gobiernos griego e italiano. El objetivo es seguir a rajatabla la reaccionaria, racista e inhumana política migratoria de la Unión Europea.
La administración levanta, de forma consciente, innumerables barreras para poder solicitar asilo político y los traslados de migrantes a la península se hacen con cuenta gotas. Se trata de ejercer un férreo control migratorio para confinar a los migrantes lejos del continente, evitar su tránsito por el resto de los países europeos y concentrarlos en campamentos en condiciones infrahumanas, a la espera de ser expulsados a sus países de origen.
Una vez más la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez contradice en los hechos el barniz progresista, solidario y de izquierdas con el que pretende presentarse. La realidad es que su política es hermana gemela de la practicada en su día por Rajoy, por Trump en la frontera con México, Salvini en Italia o cualquier formación política perteneciente a la derecha más recalcitrante.
Rafael Lara, miembro de APDHA, es contundente: “El Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores Gobiernos del Partido Popular” (El País, 22/03/21). El escándalo es tan grande que el propio defensor del pueblo ha declarado que “Canarias se ha convertido en un lugar de privación de derechos para miles de personas migrantes” (El País, 3/03/21).
Por su parte, la oposición manifestada por Unidas Podemos es timorata y no va más allá de un ejercicio retórico: “Unidas Podemos ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigirle actuaciones ‘urgentes’ ante ‘la dramática situación que viven las personas migrantes en Canarias’” o “Fuentes de Unidas Podemos aseguran que ya han enviado otros escritos de este tipo al ministro, pero que no han recibido respuesta” (El País, 11/02/21).
No cabe duda de que de esta forma es imposible forzar al PSOE, y por extensión al Gobierno, a que lleve a cabo una política de izquierda. El fracaso está asegurado. Solo organizando la lucha en las calles se puede lograr ese objetivo. En esta pelea, debe colocarse como primera exigencia la dimisión de los ministros Grande-Marlaska y José Luis Escrivá, los principales responsables de la aplicación, con gran diligencia, de esta política aberrante.
Estas medidas racistas, además de estar lejos de suponer ninguna solución, crean las condiciones para que se desarrollen problemas y conflictos de convivencia en las zonas donde estos campamentos están instalados, además de ser el caldo de cultivo para que los grupos de extrema derecha esparzan su demagogia racista.
Estas insalubres instalaciones contribuyen a deteriorar, todavía más, las escasas, insuficientes y deficientes infraestructuras con las que cuentan las localidades y barrios donde han sido levantadas. Sin ir más lejos, el ya citado campamento del antiguo Colegio León, en Tenerife, se encuentra en una zona con un alto índice de paro y escasos servicios públicos. Cuando lo cerraron hubo protestas vecinales, a las que el Ayuntamiento respondió con la promesa de que sería reabierto tras unas obras de remodelación que nunca se produjeron. Su utilización ahora como alojamiento de migrantes ha creado malestar entre los vecinos que ven confirmado su cierre definitivo como centro educativo.
A la vez, hay decenas de inmigrantes expulsados o que han huido de los CATE — hastiados por las deplorables condiciones en las que allí se encuentran— viviendo en las calles, entre las rocas, en playas o portales. Indudablemente esta situación degrada todavía más la vida en esos barrios, crea tensión social y es el contexto buscado por grupos xenófobos y racistas para intervenir. Ya se han dado episodios de agresiones a migrantes cuando salen a pasear, lanzamiento de piedras al interior de los recintos y amenazas, protagonizados por una minoría muy agresiva, que se siente impune.
El capitalismo y los Gobiernos del sistema responsables de este crimen
No, los responsables de las malas condiciones de vida en los barrios obreros, de la falta de centros educativos, de instalaciones sanitarias, de zonas deportivas y verdes, de que el acceso a la vivienda digna sea un lujo cada vez más inalcanzable para la mayoría, del alto índice de desempleo, etc, no son los migrantes, como vocifera la demagogia reaccionaria de la extrema derecha.
Son los recortes y las privatizaciones en beneficio de un puñado de capitalistas que se enriquecen a costa de los recursos públicos, de explotar a los trabajadores nativos e inmigrantes y a los que esa misma derecha representa y defiende.
Por su parte, los dirigentes reformistas de la izquierda política y sindical, con su política de paz social, su colaboración de clases y su capitulación ideológica, en lugar de organizar la lucha de los trabajadores y la juventud contra los prejuicios racistas y defender una vida digna para todas las personas, independientemente de su origen; en lugar de explicar que ni los controles de fronteras, ni los muros y concertinas, ni las deportaciones o “devoluciones en caliente”, ni las leyes de extranjería o el endurecimiento de las políticas de asilo van a terminar con las políticas de austeridad, con los recortes sociales ni los ataques a los derechos democráticos que estamos sufriendo, se hacen eco en esencia del discurso de la derecha y utilizan los mismos métodos que esta, tratando en realidad a los inmigrantes como criminales peligrosos, con lo que en la práctica alimentan el racismo, dando alas a la extrema derecha.
En esta época de profunda crisis del sistema capitalista es necesario levantar y luchar con un programa socialista que combata los ataques, los recortes y la precariedad, un programa que expropie a los grandes capitalistas, que ponga bajo el control de los trabajadores toda la riqueza para que esta pueda ser utilizada en beneficio de todos. Solo de esta forma quedará demostrado que hay riqueza suficiente para que todos, nativos y extranjeros, podamos alcanzar una vida digna, libre de opresión y racismo.
[1] Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021: Más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a España en 2020, la cifra más alta de la historia En la medida que no hay datos oficiales son las ONG las que realizan sus propios cálculos. Eso explica la disparidad de cifras; así para la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), fueron 1.179 las personas muertas o desaparecidas en 2020; por su parte la ONG “Caminando frontera” calcula que fueron 2.170.
[2] Arguineguín, Gran Canaria: el muelle de la infamia
[3] Entre vómitos, basura y sin asearse: así están los migrantes en el CATE de Barranco Seco
[4] Esta empresa ha sido denunciada en numerosas ocasiones y en todo el Estado por servir comida en mal estado y escasa allí donde da servicio, que suelen ser hospitales y colegios públicos. Aun así sigue siendo contratada por las distintas administraciones.
[5] La Asamblea de Las Raíces denuncia agresiones de vigilantes a los migrantes
[6] Médicos del Mundo denuncia la situación inhumana de los migrantes en Canarias
