Miles de migrantes se hacinan desde el mes de agosto en el muelle de Arguineguín, situado en la localidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria). Este muelle, como explica José Javier Sánchez, subdirector de Migraciones de Cruz Roja, fue concebido como un punto de desembarco de personas migrantes para ofrecerles atención primaria y luego ser trasladados inmediatamente a centros de acogida. Pero el hecho es que se ha convertido en un insalubre y masificado “campamento” en el que se han llegado a concentrar más de 2300 hombres, mujeres y niños, sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene.
En un dique de apenas 3.600 metros cuadrados han estado malviviendo y durmiendo a ras de suelo dentro de unas carpas miserables casi tantas personas como las que viven en la localidad de Arguineguín.
Esta infamia alcanzó supunto álgido el pasado 17 de noviembre. Ese día, a primera hora de la tarde, entre 200 y 250 de estos migrantes fueron expulsados del muelle por la policía y posteriormente, como si de un paquete a devolver se tratara, trasladados en autobuses fletados por el Ayuntamiento de Mogán hasta la puerta de la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, sin comida, ni bebida y sin que nadie les ofreciera un lugar donde pernoctar.
El episodio ha destapado el drama humano que vienen sufriendo en Canarias miles de personas migrantes, a la vez que ha puesto al descubierto, una vez más, que el Gobierno PSOE-UP no ha cambiado ni una sola coma de la vergonzosa política migratoria que los anteriores Ejecutivos han venido aplicando desde hace muchos años.
Canarias se está convirtiendo en una nueva cárcel a cielo abierto
Distintas organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, llevan meses denunciando estas penosas condiciones sin que el Gobierno haya tomado medidas serias para acabar con esta situación.
Cuando la noticia de la expulsión de los inmigrantes del Puerto saltó a primera plana, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, justificó cínicamente esta medida con el argumento de que “ninguna persona puede ser retenida legalmente salvo por causa justificada, más allá de 72 horas”.
La realidad desmiente estas palabras, como ha señalado, entre otros, el juez Arcadio Díaz, titular del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas que supervisa el CIE de Gran Canaria. Este magistrado ha declarado con contundencia que ha encontrado a numerosos migrantes que llevaban más de 24 días en el muelle.
Ahora, cuando este escándalo humanitario se cuela en las portada de los periódicos y abre los telediarios, el Ejecutivo se ha visto obligado a mostrar su “preocupación” por el asunto y actuar. La cuestión es en qué sentido lo ha hecho.
El pasado miércoles por la noche se trasladaron los 200 primeros migrantes desde el muelle de Arguineguín al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, un antiguo polvorín a unos ocho kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, convertido en un campamento de carpas militares con capacidad para 800 personas.
Con esta medida el Gobierno no pone fin a esta vergonzosa situación, lo que hace es volver a confinar a cientos de personas que huyen de la guerra la pobreza y la represión, sin ningún derecho y en condiciones infrahumanas. Así el juez Díaz ya ha calificado este nuevo emplazamiento como una cárcel al aire libre.
No contentos con esta humillación que contradice todo el discurso gubernamental sobre los derechos humanos, el pasado miércoles 18 de noviembre, José Luís Escrivá, ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, declaró a la prensa sin el menor rubor: “Está claro que podríamos haber llegado antes y que podríamos haber tenido mayor capacidad de anticipación, pero lo importante es mirar hacia delante” y afirmó que estos migrantes maltratados son perfectamente "expulsables".
De la forma más cínica y frívola, el ministro Escrivá resuelve el drama que sufren miles de personas que llegan a nuestras fronteras, jugándose la vida, para acariciar un futuro para ellos y sus familias. Ninguna diferencia con la práctica y el discurso de los Gobiernos precedentes. Una vergüenza que no se puede disimular.
El capitalismo y los Gobiernos del sistema responsables de este crimen
En lo que va de año han llegado a Canarias 16.760 personas migrantes, con picos de 2.000 en un solo fin de semana.
La razón por la que se producen estas llegadas masivas de migrantes son claras y conocidas. Cientos de miles de personas se juegan la vida cruzando desiertos y el mar Mediterráneo, sufriendo todo tipo de calamidades, violaciones, esclavitud, arrojados a manos de grupos mafiosos con evidentes vínculos con los Estados desde donde parten, como Marruecos, con los que contraen deudas casi de por vida, huyendo de la miseria, la guerra, la barbarie y la falta de futuro.
En concreto, los migrantes que están llegando a Canarias en esta oleada son en su mayor parte de nacionalidad marroquí y senegalesa.
En estos países, donde imperan desde hace décadas regímenes dictatoriales y corruptos, la actual crisis económica está teniendo un efecto demoledor para la inmensa mayoría de la población, y especialmente para la juventud desheredada.
Paro crónico, descomposición social, pérdida de las fuentes de ingreso tradicionales, como la situación en la que se encuentra el sector pesquero, uno de los medios de sustento más importantes para gran parte de la población.
En Senegal, por ejemplo, los pescadores tienen que “competir” con los grandes buques pesqueros de grandes empresas chinas, turcas o de la UE que esquilman unos caladeros ya bastante agotados por la sobrepesca a las que estas los someten. Los barcos industriales han doblado su presencia en la zona en la última década. Lo mismo ocurre en las costas del Sáhara Occidental en manos marroquíes, duramente golpeadas por la crisis del sector y el poder de unas mafias que cuentan con la ostensible protección de la policía y el aparato del Estado.
En los últimos días la actividad diplomática del Gobierno PSOE-UP ha registrado gran intensidad. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, viajó a Canarias y desde allí anunció que el Ejecutivo va a multiplicar las gestiones diplomáticas para aumentar las devoluciones y frenar en origen la salida de cayucos y pateras.
Con ese fin se trasladará en breve la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, a Senegal, como ya lo ha hecho el ministro Marlaska visitando a su homólogo marroquí.
Cuando el Gobierno español o cualquier otro, habla de tomar medidas para frenar la inmigración en origen, no se refieren a impulsar iniciativas para garantizar unas condiciones de vida dignas a la población, ni a adoptar decisiones para acabar con la expoliación de recursos que las multinacionales de los países más desarrollados están llevando a cabo en las naciones de donde miles de personas se ven obligadas a irse.
Nada de eso. En el caso del Gobierno PSOE-UP, la manera en que ha abordado la situación es exactamente igual que la del Gobierno griego o el turco, cumpliendo con la legislación xenofoba y racista de la UE, y muy parecida a la de la administración Trump en la frontera con México.
Sin ir más lejos la política de expulsiones fulminantes de inmigrantes, las llamadas devoluciones en caliente, no ha dejado de ser uno de los ejes centrales de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez; política que, por cierto ha recibido un importante aval por parte de la “justicia” española y europea. El Tribunal Constitucional, con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha respaldado la reaccionaria ley de Seguridad Ciudadana prácticamente en todos sus extremos, incluidas las expulsiones en caliente de inmigrantes que intenten saltar las vallas de Ceuta y Melilla para entrar en territorio español.
Por parte del Ejecutivo de coalición solo encontramos medidas policiales, represivas y carcelarias, que no solucionan absolutamente nada, que violan todas las convenciones y acuerdos sobre el respeto de los derechos humanos, y aumentan el sufrimiento de miles de personas desprotegidas y golpeadas.
Canarias va camino de convertirse en otra “Lesbos”
El Ejecutivo de Pedro Sánchez combina la actividad diplomática, que en la práctica se reduce a exigir a los Estados de donde salen los migrantes más vigilancia y represión, con medidas encaminadas a convertir Canarias, Ceuta, Melilla y otras localidades receptoras en cárceles insalubres y sin derechos.
Grande-Marlaska, ha descartado tajantemente la posibilidad de trasladar migrantes desde Canarias a la Península, con el argumento de que ese movimiento podría favorecer el “efecto llamada”.
No hay ninguna diferencia entre estas medidas y estas declaraciones y las que podría adoptar y decir un representante del Gobierno de Rajoy, Aznar, Salvini, Trump o de cualquier formación política perteneciente a la derecha más recalcitrante.
Tan es así que estas vergonzosas declaraciones llevaron a la coordinadora autonómica de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, a pedir el cese de Marlaska, aunque fue inmediatamente desautorizada por el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien declaró que “entre socios de Gobierno no se piden dimisiones".
Con la negativa a trasladar migrantes a la península y la construcción de campamentos “provisionales” para confinarlos, el peligro de repetir en Canarias el modelo carcelario de Lesbos en Grecia y Lampedusa en Italia, es evidente.
Como podíamos leer en el diario digital público.es (20-11-2020): “Con cada nueva declaración política, la situación y la estrategia para hacer frente a la crisis migratoria se acerca cada vez más a lo visto en Grecia, en sus islas, con Lesbos como máximo exponente”*.
Nuevamente la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez contradice en los hechos el barniz progresista, solidario y de izquierdas con el que quiere cubrirse. La respuesta de Unidas Podemos, nuevamente, no pasa de inocuos y estériles brindis al sol, mientras en los hechos se supedita a las decisiones tomadas por el PSOE al frente de los ministerios de interior, justicia y exteriores.
Si esta es la forma con la que la formación de Pablo Iglesias pretende forzar al PSOE y por extensión al Gobierno a llevar a cabo una política de izquierda, el fracaso está asegurado. Antes al contrario, esta es la garantía para que la política del Gobierno sea, en lo fundamental, la defensa de los intereses de los más poderosos, mientras los más desfavorecidos son abandonados a su suerte.
Hasta el momento la inmensa mayoría de los más de 200.000 millones de euros movilizados por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, han ido destinados a garantizar los negocios y las ganancias de los grandes empresarios y banqueros. Mientras estos han recibido puntualmente una auténtica lluvia de millones, todavía son muchos los trabajadores y sus familias a los que no les han llegado las muy limitadas e insuficientes ayudas comprometidas. Y los migrantes son los más desfavorecidos entre los desfavorecidos.
Como estamos comprobando no es un problema de falta de recursos. UP debe dar un puñetazo en la mesa y exigir un giro de 180 grados tanto en la política del Gobierno hacia los inmigrantes como en otros aspectos esenciales.
Si los ministros del PSOE, que son mayoría, se niegan a hacerlo, la formación morada está en su derecho y es su obligación llamar a los millones de votantes de UP y del propio PSOE, a esos que hicieron posible con la lucha y con su voto que este Gobierno se formara, a la movilización para obligar al Partido Socialista a hacer una política auténticamente de izquierdas.
Basta de consentir y de mirar hacia otro lado cuando se aplasta la dignidad de los más oprimidos. La izquierda que consiente esto demuestra su bancarrota política y moral y hace el juego a los enemigos de los trabajadores.
*En 2015 el Gobierno griego construyó el campamento “provisional” de Moria, en la isla de Lesbos, para albergar a 3000 personas. En 2020, cuando fue destruido por un incendio, se hacinaban en él, en condiciones infrahumanas, más de 12000 personas.
